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En la tarde de hoy el Alcalde Mayor, Juan Barreto, en rueda de prensa desde su Despacho, se pronunció en solidaridad con las víctimas de la masacre de Yumare, haciendo un llamado a proseguir las investigaciones con el fin de enjuiciar a los culpables de este caso.
En el sitio estuvo presente el equipo de abogados que lleva el caso, Merly Morales, Aramita Padrino y Omar Ramírez, representantes de las víctimas, familiares y sobrevivientes de la masacre, quienes hicieron un balance de la situación legal de esta causa desde la interposición y admisión de esta Querella por el Tribunal Sexto de Control del Estado Yaracuy. Se ofrecieron detalles sobre la manera en que el gobierno de Jaime Lusinchi, en una operación exterminio dirigida por Henry López Sisco y Ramos Oviedo, prepararon la simulación de una emboscada a través de la infiltración de los agentes de la DISIP: Alirio y Norberto Rebanales, Bergenis Beracierta y Rafael Rojas, quienes se encargaron de llevar al sitio de los hechos a las víctimas, capturándolos, torturándolos y posteriormente asesinándolos. En la acción participaron 38 funcionarios de la DISIP y 7 del alto gobierno de la época.
El alcalde Barreto hace un llamado para que no queden en la impunidad estos crímenes, puesto que este es un caso entre muchos otros que han ocurrido en el país, como los de Cantaura y El Amparo, donde a su juicio es inconcebible que los criminales aún no hayan sido enjuiciados. Acompañado de un grupo de concejales informó que el Cabildo
Metropolitano emitirá una resolución de solicitud de justicia y de respaldo a las acciones judiciales emprendidas.
Por su parte la Doctora Morales, hizo referencia a la posibilidad de exhumar algunos cadáveres para una investigación más a fondo sobre el asunto. Informó que ya el caso cuenta con un Fiscal (Fiscal 4to del Estado Yaracuy, Dr. Omar González), quien ha estado trabajando arduamente desde que recibió las actuaciones por parte del Tribunal.
Tanto el alcalde Barreto como la abogada Morales deploraron las recientes y desafortunadas declaraciones rendidas por el Gobernador y precandidato opositor Manuel Sosales (involucrado en el golpe del 11 de Abril 2002 y firmante del Acta de Carmona), quién insólitamente se quejó y manifestó extrañeza de que se abriese este juicio después de 20 años, preguntándose por qué en lugar de esto no se persigue actualmente a secuestradores, guerrilleros, autores de robos, etc. Rosales exhortó, refiriéndose a los acusados y especialmente a López Sisco, “que los dejen tranquilos que sigan trabajandoâ€.
Edmundo Hernández, hijo de Dilia Rojas (asesinada en la masacre), junto con otros familiares de las víctimas y sobrevivientes, denunciaron intimidaciones por parte de personas relacionadas con López Sisco, aseverando ser objeto de intimidación a través de llamadas telefónicas anónimas con la intención de silenciarlos. Se tienen datos sobre recientes reuniones que han sostenido los responsables de los crímenes, los cuales estarían planificando acciones criminales en contra de los sobrevivientes y familiares. Al respecto, los afectados están solicitando medidas de protección por parte del Ministerio Público y apelan especialmente a la solidaridad de todos los sectores de la sociedad y del movimiento popular.
Hernández aclaró que la interposición de la querella es una iniciativa autónoma de los familiares y sobrevivientes, que ha sido apoyada ampliamente por el Gobernador del Estado Yaracuy y el Vicepresidente Rangél.
Se pudo saber que la “inteligencia socialâ€, a raíz de la publicación de la lista de los acusados, ha venido detectando la ubicación y actividades de los implicados, muchos de los cuales detentan cargos públicos en IPOSTEL, PDVSA, Hipódromo, MILCO, cuerpos policiales y hasta en los equipos de seguridad de altos funcionarios de gobierno. Se insta a continuar en esta labor colectiva de la sociedad en colaboración con la justicia y se hace un llamado a los funcionarios públicos para que revisen y depuren sus listas de personal de seguridad que representan un peligro para la seguridad colectiva y para el Gobierno Nacional.
Gonzalo Gómez, miembro del equipo publicador del Sitio Web Aporrea.org y de la coordinación de la ANMCLA (Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos), informó sobre la campaña denominada “Por Todas Nuestras Luchas†en conjunto con la UNT (Unión Nacional de Trabajadores), el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora y activistas estudiantiles del Frente Unido de Juventudes Revolucionarias que incluirá la difusión de noticias sobre este caso y la promoción de la Inteligencia Social para la ubicación de los responsables de los hechos, así como acciones de movilización, como parte de la lucha contra el sicariato, el paramilitarismo y la impunidad. En este sentido anunció que el tema de la justicia frente al caso Yumare estará presente como uno de reclamos contra la impunidad, por parte de los colectivos que acompañarán a una movilización sindical que promueven dirigentes de la UNT para el 19 de este mes. Señaló que los movimientos sociales unidos estarán muy pendientes para responder con contundencia, mediante la movilización, ante la continuación de las amenazas o de cualquier forma de violencia que pueda ser promovida por los criminales.