El uribismo está en todo su derecho de defender a quien quiera, pero cerrar las filas en favor de un magistrado tan cuestionado como Jorge Pretelt, sobre todo ahora que el Centro Democrático está tan preocupado por la impunidad y la corrupción, puede ser un acto suicida.

Se necesita de un alto grado de cinismo para defender a capa y espada a un magistrado de la Corte Constitucional que ni siquiera quiso retirarse de la corte para asumir sus procesos y que se mantuvo hasta hoy aferrado a su puesto como si la Corte Constitucional fuera un circo. Pero además, hay que reconocerle al uribismo que para defender sin desfallecer a un magistrado denunciado por haber presuntamente recibido plata para favorecer una tutela, que tiene investigaciones en la fiscalía por despojo de tierras y un proceso pendiente ante los jueces agrarios por restitución de tierras, se necesitan más de tres huevitos.

Lo que sí no puede ser admisible, desde ningún punto de vita, es que se le permita al procurador Alejandro Ordoñez, un funcionario que está encargado de velar por los derechos y garantías de todos los ciudadanos, utilizar todo el poder de la Procuraduría para ponerlo al servicio de la defensa del magistrado Pretelt.

Desde diciembre del año pasado, Ordoñez le pidió a la cámara la nulidad del proceso contra el magistrado por falta de garantías y de manera olímpica, decidió no asistir al debate del jueves argumentando que el Congreso no le había respondido la carta.

Realmente donde más ha estado activo es a la hora de utilizar la férula que le funciona: sus investigaciones disciplinarias. Hace dos meses, le abrió una al director de la Unidad de Tierras, Ricardo Sabogal, por haber actuado de manera indebida en un proceso que tiene el magistado Pretelt ante la Unidad. La investigación contra el funcionario la abre el procurador por que acepta una queja presentada por el magistrado Pretelt en la que señala a Sabogal por  â€œdar declaraciones irresponsables y completamente parcializadas ante los medios de comunicación informando sobre un proceso administrativo de restitución de tierras en su contra, campaña de persecusión que fue apoyada por la Doctora Paola Cadavid, directora la unidad de restitución de tierras en Antioquia”.

Lo que el magistrado denomina como “una campaña de persecución” en su contra, y que amerita la apertura de investigación por parte de la Procuraduría, es un entrevista que Sabogal da en El Tiempo en la que anuncia el inicio del proceso de recuperación de 5.000 hectáreas en el Urabá, entre las cuales hay algunas del magistrado Petrelt. En la entrevista se le pregunta si van a ir por algunas tierras del cuestionado magistrado y Sabogal responde: “Sí, iremos por algunas tierras de Pretelt”.

Para el procurador esta declaración de Sabogal es totalmente parcial y motiva una apertura de investigación disciplinaria. Pregunta: ¿qué quería el procurador Ordoñez que dijera el director de la Unidad de Restitución de Tierras?  Que por ser el magistrado Pretelt, la Unidad tendría que abstenerse de investigar y de proceder como lo manda la ley? ¿Es eso lo que quiere el procurador? ¿Quién dijo que la Procuraduría debe ser la encargada de velar por los derechos de los presuntos despojadores?

Contrario a lo que han dicho los defensores a ultranza del magistrado Pretelt, su investigación por restitución no es un montaje, como tampoco lo es la que se le sigue por la presunta coima de fidupetrol. Esta investigación la heredó la Unidad de Restitución de Tierras, por cuenta de la Ley de Justicia y Paz y del gobierno Uribe en 2005, que permitió las primeras reclamaciones luego de que un fallo de la Corte Constitucional le ordenó a los victimarios restituir las tierras despojadas a las victimas. Sabogal tuvo conocimiento de esas reclamaciones en una zona denominada el 35, donde según la Unidad de Restitución de Tierras, hay predios de los familiares de los Castaño Gil, de Mono Leche, de Juan De Dios Usuga, y de Sor teresa, entre otros.(Ver Mapa de linderos)

En esa misma zona, aparece como propietario de dos predios la familia de Pretelt. Uno de ellos, conocido como La Corona, fue comprado, mediante la escritura N1513 del 11 de agosto del 2003 ante la notaria segunda del Circulo de Montería, a la esposa de Pretelt, Marta Ligia Patrón López, quien luego se lo vende a su esposo y registra La Hacienda La Corona. Falta saber cómo hizo el magistrado Pretelt para solucionar el tema de los linderos con semejantes vecinos, sin conocerlos. El proceso por estos predios está ya ante los jueces agrarios y deberá definirse en los próximos meses.

El urbismo puede, repito, pegarse un tiro en el pie defendiendo a un magistrado con tantas investigaciones y cuestionamientos. Pero que el que el procurador Ordóñez vaya en su socorro de manera tan descarada y le abra una investigación a un funcionario como Sabogal por haber cumplido la ley, en tanto que pide la nulidad del proceso contra el magistrado ante el congreso por cuenta del caso de Fidupetrol, es una demostración de poder peligrosa.

Quien realmente ha tomado partido abiertamente en este asunto de Pretelt es el procurador Ordóñez, pero me imagino que esta peligrosa extralimitación de funciones, que tanto se le critico al exfiscal Montealegre, no le preocupa al uribismo ni siquiera ahora que anda tan obsesionado por hablar de impunidad y de corrupción.