REFORMA RURAL INTEGRAL
1 Hacia un nuevo campo colombiano
En pocas palabras Colombia tomaraÌ en pocos diÌas una decisioÌn histoÌrica. AprobaraÌ o desaprobaraÌ mediante el voto popular el acuerdo final para la terminacioÌn del conflicto y la construccioÌn de una paz sostenible. La pregunta que cada ciudadano encontraraÌ en el tarjetoÌn tendraÌ solo dos opciones de respuesta: SiÌ o No. Por eso, como señaloÌ la Corte Constitucional en su sentencia sobre el plebiscito, las personas tendraÌn que ponderar su decisioÌn tomando el acuerdo como un todo, con todos los matices, criÌticas y beneficios.
El gobierno y las Farc reconocen en este punto que el problema agrario ha gravitado en el conflicto armado durante el uÌltimo siglo y ha incidido en la persistencia de la violencia. Por ello coinciden en que resolverlo es esencial para construir una paz estable y duradera.
En el acuerdo se hace una propuesta integral de desarrollo rural, con eÌnfasis en el territorio, dirigida a superar la brecha de pobreza y desigualdad que hoy existe en las regiones tanto en lo social como en lo econoÌmico y poliÌtico. Por esta razoÌn no se limita a dar acceso a la tierra aunque este aspecto es su columna vertebral, sino que reconoce la necesaria intervencioÌn en infraestructura, comercio, educacioÌn, participacioÌn, ciencia y tecnologiÌa, etceÌtera.
Ninguno de los aspectos acordados pone en cuestioÌn ni a la agroindustria, ni a la gran propiedad, ni mucho menos a la propiedad privada.
Por el contrario, establecen la necesidad de aclarar tiÌtulos y propiedades sobre el suelo para lograr un verdadero desarrollo econoÌmico.
No obstante, siÌ hace especial eÌnfasis en la necesidad de democratizar el acceso y uso de la tierra, pues hay suficiente evidencia de que la desigualdad en el campo es un obstaÌculo para el desarrollo y modernizacioÌn del paiÌs. TambieÌn resalta la economiÌa campesina, al reconocer que ha sido duramente golpeada por el conflicto y que es esencial para la produccioÌn de alimentos y la superacioÌn de la pobreza rural.
LOS ACUERDOS NO PONEN EN CUESTIOÌN NIALA AGROINDUSTRIA NIALA PROPIEDAD PRIVADA. POR EL CONTRARIO, BUSCAN ACLARAR LOS TIÌTULOS DE PROPIEDAD SOBRE LA TIERRA COMO BASE DE UN VERDADERO DESARROLLO ECONOÌMICO RURAL.
LAS CLAVES DEL ACUERDO
1. DEMOCRATIZACIOÌN DEL ACCESO Y USO DE LA TIERRA.
El acuerdo contempla tanto la entrega gratuita de predios como los subsidios para la compra y creÌditos especiales, a traveÌs de los siguientes instrumentos:
Fondo de tierras. El eje de este punto son 3 millones de hectaÌreas para campesinos que carecen de ella o tienen muy poca. Estas tierras son inembargables e inalienables por siete años (ver recuadro).
FormalizacioÌn de los tiÌtulos. MaÌs del 60 por ciento de los predios rurales en Colombia tienen propiedad informal o carecen de tiÌtulos. El acuerdo busca que esa situacioÌn, que ha dado pie al despojo y a muÌltiples conflictos, se supere. La meta es formalizar 7 millones de hectaÌreas. AsiÌ mismo mantener el programa de restitucioÌn de tierras y crear una jurisdiccioÌn agraria para proteger los derechos de propiedad.
Catastro rural. Aunque este ha sido un plan del gobierno desde hace años, no se habiÌa logrado en parte justamente por el conflicto. El catastro ordena el sistema de propiedad y puede tener un gran impacto en las finanzas de los municipios, ya que a traveÌs de este se establece el impuesto predial. Actualmente, el recaudo de este gravamen en el sector rural es iÌnfimo. En los acuerdos se habla de que el predial debe ser progresivo y equitativo, es decir, que quien maÌs tiene maÌs paga. Esto contribuye a combatir el latifundio improductivo. El acuerdo se pone como meta siete años para que esteÌ terminado el catastro rural.
7 MILLONES DE HECTAÌREAS EN TIÌTULOS DE PROPIEDAD FORMALIZADOS ES LA META ESTABLECIDA EN LOS ACUERDOS
Delimitar la frontera agraria y proteger las aÌreas de intereÌs ambiental. El conflicto armado fue una de las causas de que se corriera la frontera agraria con la depredacioÌn del bosque que ello implica. El acuerdo busca cerrar esa frontera y que se defina un uso maÌs racional de la tierra, a traveÌs de figuras de ordenamiento territorial como las zonas de reserva campesina que ya se encuentran o las que se creen. Estas zonas existen desde hace maÌs de dos deÌcadas y estaÌn contempladas por la ley.
2. PROGRAMAS ESPECIALES DE DESARROLLO RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL
Se crearaÌn 16 programas de desarrollo rural en subregiones fuertemente golpeadas por el conflicto.
Abarcan las zonas rurales de maÌs de cien municipios con altos iÌndices de pobreza, con menos presencia institucional y con economiÌas iliÌcitas por superar. Son programas intensivos de reconstruccioÌn material y social, con eÌnfasis en la reconciliacioÌn y con alta participacioÌn de las comunidades en su diseño y ejecucioÌn.
3. PLANES DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y FORMALIZACIOÌN LABORAL
AsiÌ como los programas anteriores estaÌn focalizados en zonas especialmente golpeadas, habraÌ planes sectoriales de impacto nacional para superar la pobreza y el atraso en infraestructura, salud, educacioÌn, asistencia teÌcnica y para mejorar la calidad del empleo en el campo.
4. SEGURIDAD ALIMENTARIA
En el sector rural existe el hambre y es donde mayor impacto tienen la pobreza y la indigencia. TambieÌn se haraÌ eÌnfasis en la economiÌa familiar para mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas que habitan el sector rural.
LA ECONOMIÌA CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA ES FUNDAMENTAL PARA ERRADICAR LA POBREZA Y DESIGUALDAD RURAL.
LOS DESAFÍOS
1. EL DINERO Y LOS TIEMPOS
El desafiÌo de sacar a las familias campesinas de la pobreza es monumental y todo dependeraÌ de doÌnde se comience y cuaÌles metas se tracen de corto, mediano y largo plazo.
2. SE NECESITA A LOS PRIVADOS
El Estado no tiene los recursos para un desarrollo rural integral dado el atraso de deÌcadas. Por lo tanto requiere inversioÌn privada y extranjera, lo cual genera resistencias en algunos sectores y comunidades. Se trata maÌs de tener reglas claras que de demonizar su participacioÌn. A propoÌsito, ya estaÌ diseñado un paquete de incentivos tributarios para que las empresas inviertan en las regiones por recuperar en el posconflicto.
3. EL ACUERDO NO MENCIONA ACTIVIDADES RURALES DIFERENTES A LAS AGROPECUARIAS
Actividades rurales diferentes como la mineriÌa, el turismo, el petroÌleo, etceÌtera, muy a pesar de que la MisioÌn Rural y el informe del PNUD sobre la Colombia rural demuestran que hay actividades diversas en este sector. Es decir que queda pendiente un ordenamiento territorial del paiÌs que sirva de marco a este acuerdo agrario.
¿De doÌnde saldraÌn las hectaÌreas para el Fondo de Tierras?
Este tema es tan complejo que va a ser necesario que el Estado tenga que comprar tierras si quiere entregarlas a los campesinos.
COLOMBIA es uno de los paiÌses con mayor desigualdad en el mundo en la tenencia de la tierra. Los estudios nacionales e internacionales encuentran en la concentracioÌn de la propiedad rural un obstaÌculo para el desarrollo y modernizacioÌn del paiÌs, y un factor asociado a la duracioÌn del conflicto.
Para democratizar la tierra el acuerdo busca crear un fondo de 3 millones de hectaÌreas para asignar de manera gratuita, o bien con subsidios o bien con creÌditos a campesinos pobres. Esas tierras tendraÌn varias fuentes.
La primera seraÌn los baldiÌos de la NacioÌn. En Colombia quedan pocos baldiÌos sin ocupar, sin embargo, el Estado deberaÌ recuperar muchas de sus tierras usurpadas por privados. Pero eso ha sido hasta ahora un camino largo y tortuoso. Adicionalmente el gobierno no sabe cuaÌntos baldiÌos hay.
Una segunda fuente seraÌn las tierras sometidas a la extincioÌn de dominio de actividades ilegales. Esta figura ya existe pero ha sido aplicada de manera muy precaria hasta ahora, ha habido corrupcioÌn en estos procesos y la cantidad de recursos juriÌdicos que se interponen han hecho muy difiÌcil su recuperacioÌn. El reto es acelerar y darle transparencia a estos mecanismos.
Una tercera fuente seraÌn la expropiacioÌn con indemnizacioÌn por razones de intereÌs puÌblico y la extincioÌn del dominio por viÌa administrativa por razones de improductividad. Este punto ha generado malos entendidos porque algunos creen que se trata de acabar con el latifundio, lo que no estaÌ pactado aunque siÌ hace parte de los propoÌsitos de las Farc. Ambos recursos existen desde hace muchas deÌcadas en Colombia, pero tampoco han sido faÌciles de aplicar, especialmente porque es difiÌcil probar cuando hay improductividad.
Un cuarto recurso seraÌ la redefinicioÌn de reservas forestales, pues en el paiÌs muchas de ellas en la praÌctica ya no lo son, debido a que hay personas asentadas y produciendo. Esto maÌs que dotar de tierras al fondo serviriÌa para legalizar tiÌtulos hoy en el limbo.
Una uÌltima fuente seraÌn las donaciones, pues no se descarta que algunos quieran aportar asiÌ al posconflicto. Pero este es un interrogante sin respuesta y en todo caso no seriÌa muy significativo.
Dado que el gobierno se compromete a entregar 3 millones de hectaÌreas y que estos instrumentos para la creacioÌn del fondo, aunque loables, estaÌn rodeados de incertidumbre histoÌricamente las instituciones no han podido aplicarlos con celeridad, se preveÌ que el Estado tenga que comprar tierras. Se cree, incluso, que uno de los rubros maÌs altos del acuerdo seraÌ este y hay dudas sobre su financiacioÌn.
PARTICIPACIÓN POLÍTICA
2.Apertura democrática para construir la paz
El acuerdo reconoce que para construir y consolidar la paz en los proÌximos años se necesita ampliar la democracia para permitir a los partidos poliÌticos, movimientos sociales y nuevas fuerzas, en especial de oposicioÌn, participar en las elecciones y distintos espacios de contienda poliÌtica sin que sean estigmatizados, perseguidos, amenazados o asesinados. Se trata de fortalecer el pluralismo a traveÌs de una apertura basada en tres pilares fundamentales: la participacioÌn ciudadana, las garantiÌas para la competencia electoral y el debate puÌblico, y una mayor representatividad de quienes hasta ahora han estado excluidos del ejercicio poliÌtico.
El trasfondo de esta apertura democraÌtica es proscribir para siempre la violencia de la poliÌtica y sentar las bases para una reconciliacioÌn en esta materia. En ese sentido construir un clima propicio para que opciones diferentes, de izquierda o de derecha, nacionales o locales, sectoriales o amplias ingresen a la vida puÌblica con todas las garantiÌas.
El acuerdo busca tambieÌn fortalecer los movimientos sociales y partidos poliÌticos, asiÌ como a las nuevas fuerzas que surjan en el traÌnsito de los miembros de la guerrilla a la vida civil.
Se fomentaraÌn la inclusioÌn y el respeto al opositor poliÌtico y se crearaÌ una legislacioÌn que permita mayor acceso de estos movimientos y partidos a recursos econoÌmicos y espacios de participacioÌn como los medios de comunicacioÌn.
EL ESTATUTO DE LA OPOSICIOÌN Y LA REFORMA ELECTORAL SON LOS DOS DESAFIÌOS DEL ACUERDO YA QUE AMBOSHAN SIDO UNA VIEJA PROMESA INCUMPLIDA
LAS CLAVES DEL ACUERDO
1. DERECHOS Y GARANTIÌAS PLENAS PARA EL EJERCICIO DE LA OPOSICIOÌN POLIÌTICA
Estatuto de la OposicioÌn. Para garantizar que los partidos poliÌticos y movimientos sociales opositores participen en los espacios democraÌticos, y para proteger la integridad y la vida de sus integrantes, los negociadores acordaron crear el Estatuto de la OposicioÌn. Para ello se instauroÌ una comisioÌn con presencia de todos los partidos y movimientos poliÌticos con personeriÌa juriÌdica, y con voceros designados por las Farc, para que defina los lineamientos que deberaÌ tener el Estatuto de OposicioÌn que se presentaraÌ al Congreso.
Sistema Integral de Seguridad. Se crea este sistema para proteger a quienes estaÌn en el ejercicio de la poliÌtica, dependiente directamente de la Presidencia de la RepuÌblica. ContaraÌ con mecanismos de alertas tempranas para detectar de manera raÌpida los posibles casos de estigmatizacioÌn y persecucioÌn poliÌtica, y con un programa de proteccioÌn especializada de los miembros del nuevo movimiento poliÌtico que surja de las Farc, asiÌ como liÌderes que se encuentren en alto riesgo de sufrir alguÌn atentado por sus actividades.
16 SERAÌN LAS CURULES EN LA CAÌMARA QUE TENDRAÌN LAS REGIONES MAÌS GOLPEADAS POR LA GUERRA, POR DOS PERIODOS
2. MECANISMOS DEMOCRAÌTICOS DE PARTICIPACIOÌN CIUDADANA
GarantiÌas para los movimientos sociales. Este aparte se enfoca en las garantiÌas que el Estado colombiano otorgaraÌ a los movimientos y organizaciones sociales. Se acordoÌ que se presentaraÌ ante el Congreso un proyecto de ley en el que se reglamente el derecho de reÌplica de estos grupos cuando sean difamados por las distintas instancias gubernamentales, se establezcan mecanismos de asistencia teÌcnica y legal para el fortalecimiento de los movimientos sociales, y se incentiven mecanismos de financiacioÌn para proyectos de estas organizaciones. AdemaÌs, el gobierno se compromete a facilitar el acceso de los movimientos sociales a los medios de comunicacioÌn comunitarios, regionales y nacionales.
Se acaba la estigmatizacioÌn. El acuerdo contempla el diseño de campañas que prevengan la estigmatizacioÌn contra estas organizaciones e incentiven la reconciliacioÌn, el pluralismo y la tolerancia. Todas estas acciones estaraÌn coordinadas por el Consejo Nacional para la ReconciliacioÌn y la Convivencia conformado por representantes del gobierno, del Ministerio PuÌblico, de los partidos y movimientos poliÌticos, de las Iglesias, de las minoriÌas eÌtnicas, entre otros.
El acuerdo hace especial eÌnfasis en garantizar el derecho a la movilizacioÌn y a la protesta y en la manera como la fuerza puÌblica resguarda y contiene estas manifestaciones, asiÌ como en el fortalecimiento de las estrategias de planeacioÌn participativa, control y veeduriÌa ciudadana que las organizaciones sociales pueden establecer a las instituciones poliÌticas.
PARA SENTAR LAS BASES DE UNA RECONCILIACIOÌN DURADERA, EL ESTADO COLOMBIANO DEBERAÌ FOMENTAR EL PLURALISMO POLIÌTICO, FORTALECER LAS GARANTIÌAS DE PARTICIPACIOÌN Y LUCHAR CONTRA LA PERSECUCIOÌN DE LIÌDERES DE MOVIMIENTOS Y PARTIDOS POLIÌTICOS
3. MEDIDAS PARA PROMOVER EL PLURALISMO
El tercer eje de este acuerdo busca promocionar el pluralismo poliÌtico y aumentar el acceso de los distintos partidos a los oÌrganos de representacioÌn locales regionales y nacionales, con los siguientes instrumentos, entre otros:
Mantener las personeriÌas juriÌdicas. Se pactoÌ el compromiso de promover una reforma para que el umbral en las elecciones del Congreso deje de ser requisito para que los movimientos conserven su personeriÌa juriÌdica, y realizar una campaña de cedulacioÌn masiva en zonas marginadas del paiÌs.
Promover una reforma del reÌgimen y la organizacioÌn electoral, a traveÌs de una misioÌn electoral especial, y conformar un Tribunal Nacional de GarantiÌas Electorales y de tribunales especiales seccionales en las circunscripciones con mayor riesgo de fraude. Esa reforma se ha tratado de hacer durante maÌs de una deÌcada y no ha sido posible.
Nuevas curules para las regiones. Se crearaÌ una circunscripcioÌn transitoria especial de paz con 16 cupos en la CaÌmara de Representantes por dos periodos electorales destinados para las regiones maÌs golpeadas por el conflicto. PodraÌn competir por ellas solo movimientos que no participan en la circunscripcioÌn ordinaria (ver recuadro).
LOS DESAFÍOS
1. EN COLOMBIA HA SIDO DIFIÌCIL REFORMAR EL SISTEMA ELECTORAL
a pesar de que es uno de los puntos maÌs deÌbiles de la democracia nacional. AsiÌ mismo durante dos deÌcadas ha sido imposible sacar adelante el Estatuto de la OposicioÌn. Ambas reformas estaÌn en manos de los partidos poliÌticos y el acuerdo de paz es una oportunidad para que estos logren consensos en esta materia. Sin embargo, no seraÌ faÌcil ya que la implementacioÌn de los acuerdos de La Habana se haraÌ en plena campaña electoral, y en medio de una gran polarizacioÌn.
2. LA ESTIGMATIZACIOÌN
es una herencia cultural y poliÌtica de la guerra, aunque las medidas que se señalan en el acuerdo son importantes como un principio para superarla. Sin embargo, este seraÌ un trabajo de largo plazo que requiere un gran esfuerzo de la sociedad en su conjunto, y tambieÌn de las Farc, cuya herencia poliÌtica estaÌ ligada al estilo vertical propio de la guerra.
3. MECANISMO DE PARTICIPACIOÌN DE LA MUJER.
Si bien en este punto del acuerdo los negociadores reconocen la importancia de promover la participacioÌn en la vida poliÌtica de las mujeres y rechazan cualquier forma de discriminacioÌn contra ellas, no queda claro coÌmo se haraÌ efectiva esta participacioÌn.
4. SIGUEN OTRAS EXPRESIONES ARMADAS ILEGALES.
En muchas zonas golpeadas por el conflicto se mantendraÌn vigentes otros grupos armados. Mientras no se complete el proceso de paz con otras guerrillas o de sometimiento de grupos criminales todos los objetivos en materia de apertura democraÌtica seraÌn de difiÌcil implementacioÌn en las regiones.

Las circunscripciones para la Paz
LiÌderes campesinos y de las viÌctimas del conflicto podriÌan ser beneficiarios de las curules especiales que tendraÌ la CaÌmara de Representantes.
Para promover la participacioÌn democraÌtica, fortalecer la deÌbil presencia institucional y garantizar la integracioÌn poliÌtica de las zonas afectadas por el conflicto, los negociadores acordaron crear 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP) para elegir igual nuÌmero de representantes a la CaÌmara por dos periodos electorales.
Estas circunscripciones contaraÌn con reglas especiales para inscribir y elegir a los candidatos, que deben habitar la regioÌn, y tendraÌn una financiacioÌn especial. Algunas de estas reglas contemplan que quienes se inscriban, deben vivir en la regioÌn, o ser desplazados en proceso de retorno. Se busca tambieÌn garantizar que sean especialmente representativas del sector rural. En la praÌctica esto significa que los campesinos y las viÌctimas de base podriÌan tener presencia importante en el Congreso por primera vez.
Las regiones elegidas son aquellas donde hay mayor presencia de las Farc y eso sin duda genera la sensacioÌn de que son otras curules para ellas. Sin embargo, estos cupos estaÌn sometidos a la competencia electoral, y en la mayoriÌa de las regiones no solo hay movimientos afines a la izquierda sino grupos independientes y de otras corrientes. Adicionalmente se espera que con el acuerdo para finalizar la guerra surjan nuevas agrupaciones y liderazgos.
El espiÌritu de las circunscripciones es promover la participacioÌn de liÌderes poliÌticos y sociales, que tradicionalmente han estado ausentes de la contienda poliÌtica por motivos de persecucioÌn o porque consideran que el sistema poliÌtico estaÌ capturado por grandes varones electorales. En este punto no se señala ninguna restriccioÌn para que participen excombatientes de la guerrilla.
TambieÌn es necesario activar los mecanismos de verificacioÌn y de vigilancia electoral propuestos en los acuerdos para que estas curules no sean presa de las redes tradicionales de corrupcioÌn o de otros grupos armados. Por eso el reto durante su implementacioÌn deberiÌa ser que cumplan realmente la funcioÌn principal de profundizar la representatividad y la democracia en zonas con poca presencia institucional y afectadas por el conflicto armado.
CESE AL FUEGO Y REINCORPORACIÓN
3. Fin del conflicto
El acuerdo final logrado en La Habana busca la terminacioÌn del conflicto armado. Pero esto no significa solo silenciar los fusiles de las Farc. Se trata de sentar las bases para una convivencia civilizada, para un ejercicio de la poliÌtica sin armas y para un clima de seguridad y tranquilidad que permitan el debate democraÌtico abierto y pluralista en cada rincoÌn del paiÌs, especialmente en regiones donde por maÌs de medio siglo ha reinado la violencia o el constreñimiento de los derechos y libertades.
Parte esencial para sentar las bases de esa paz estable y duradera es la manera como se deÌ el traÌnsito de la guerrilla a la vida civil. Esto es un proceso largo y complejo, que implica retos institucionales enormes, y que se debe dar de manera simultaÌnea e integral.
Se puede decir que este proceso de paz tiene dos grandes momentos: los primeros seis meses, en los que se haraÌ el cese bilateral y definitivo del fuego y de hostilidades, y las Farc dejaraÌn las armas; y los años posteriores, que pueden ser una deÌcada o quizaÌs maÌs, en los que se espera haya una reincorporacioÌn de los guerrilleros de las Farc a la sociedad tanto en lo econoÌmico como en lo poliÌtico y lo social.
Ambos momentos necesitan amplias garantiÌas, mucha transparencia de las partes, e involucran esfuerzos del Estado muy importantes.
Para que el cierre de la guerra tenga eÌxito, y se cauterice la vena abierta del reciclaje de la violencia, tanto la guerrilla como el Estado tienen retos enormes. Porque este acuerdo requiere de la voluntad y la buena fe de cada combatiente, y de la eficacia y coordinacioÌn del Estado en su integridad: involucra a las Fuerzas Militares y de PoliciÌa; a los alcaldes y gobernadores, al Congreso, a la FiscaliÌa, por mencionar apenas unos de ellos.
Este punto del fin del conflicto es posiblemente el maÌs largo de todo el texto definitivo, el que maÌs anexos y protocolos contiene. EstaÌ minuciosamente diseñado y en tal medida es muy exigente en su cumplimiento pues varios procedimientos y momentos se entrelazan y son interdependientes.
Uno de los elementos maÌs novedosos e interesantes de este acuerdo es que contaraÌ con monitoreo y verificacioÌn tanto nacional como internacional en todos sus aspectos. En uÌltimas, este punto del fin del conflicto es la garantiÌa de que la guerra realmente termine. Y cada colombiano podraÌ estar pendiente de que se cumpla iÌntegramente en sus contenidos, que se resumen en los siguientes puntos.
EL GOBIERNO NACIONAL Y LAS FARC SE COMPROMETEN A CONSTRUIR UNA NUEVA CULTURA QUE PROSCRIBA LA UTILIZACIOÌN DE LAS ARMAS EN EL EJERCICIO DE LA POLIÌTICA
LOS PUNTOS CLAVES
1. CESE AL FUEGO Y DE HOSTILIDADES BILATERAL Y DEFINITIVO
El diÌa de la firma protocolaria del acuerdo final, que seraÌ antes del plebiscito, se considera el DiÌa D para poner en marcha el fin del conflicto. Para entonces ya debe estar en terreno el mecanismo tripartito de monitoreo y verificacioÌn. En este mecanismo participan por lo menos 500 observadores internacionales, casi todos militares de AmeÌrica Latina asignados como misioÌn poliÌtica del Consejo de Seguridad de la OrganizacioÌn de las Naciones Unidas. Es decir que le rinden cuenta directamente al secretario general de esa organizacioÌn y a la Asamblea. Este componente internacional coordina todo el mecanismo de monitoreo, y tiene la misioÌn de ser el verificador uÌnico de la dejacioÌn de armas. Conforman las otras partes del mecanismo 263 guerrilleros de las Farc y 263 miembros del gobierno, la mayoriÌa tambieÌn militares, entre los que hay varios generales de la mayor antigüedad y experiencia. Todos actuaraÌn desarmados. Este mecanismo tripartito tendraÌ una oficina central en BogotaÌ y ocho regionales y mantendraÌ canales abiertos de informacioÌn y comunicacioÌn con las comunidades.
Este cese tiene como objetivo facilitar la ubicacioÌn de los combatientes de las Farc en 22 zonas veredales que no exceden los 120 kilómetros cuadrados cada una, y otros seis puntos campamentarios. Están pensadas apenas por 180 días, el tiempo en el que se cumplirá el cronograma de dejación de armas.
Existen 24 protocolos escritos que determinan aspectos puntuales del cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Uno de ellos establece las reglas del cese, que contienen todo lo que las Farc y las Fuerzas Armadas tienen prohibido hacer a partir del DiÌa D. EstaÌ claro que todas las actividades ilegales quedan prohibidas, asiÌ como cualquier constreñimiento a la libertad.
Otro de los protocolos determina coÌmo funcionaraÌn estas zonas veredales. EstaÌ claro que la vida de las comunidades no cambiaraÌ en absoluto. Las autoridades civiles se mantendraÌn vigentes alliÌ. Y dentro de las zonas, las Farc no podraÌn usar armas ni uniformes. No obstante, dentro de cada zona habraÌ uno o varios campamentos donde estaraÌn los guerrilleros. En esos campamentos ellos siÌ tendraÌn sus armas, mientras las dejan; no podraÌn entrar civiles.
La solucioÌn de problemas y controversias que surjan durante el periodo del cese de hostilidades seraÌn tramitadas por el mecanismo en el menor tiempo posible y de abajo hacia arriba, de lo local a lo regional, o lo nacional si es necesario.
Las zonas veredales tendraÌn una franja de seguridad de un kiloÌmetro donde no puede haber ni Fuerzas Armadas ni guerrilla. MaÌs allaÌ de esa franja habraÌ presencia normal de militares y PoliciÌa.
LAS BASES PARA LA CONSTRUCCIOÌN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA REQUIEREN DE LA REINCORPORACIOÌN EFECTIVA DE LAS FARC-EP A LA VIDA SOCIAL, ECONOÌMICA Y POLIÌTICA DEL PAIÌS
2. DEJACIOÌN DE ARMAS POR PARTE DE LAS FARC
El proceso de dejacioÌn de armas seraÌ paulatino, rigurosamente vigilado y transparente. Las Farc deben entregar listados de sus armas y combatientes, con identificacioÌn exacta, que la ONU podraÌ confrontar con otras fuentes. El desarme tomaraÌ seis meses seguÌn un cronograma acordado asiÌ:
Al DiÌa siguiente del diÌa D, es decir, de la firma protocolaria del acuerdo de paz, se empiezan a despejar corredores para que los guerrilleros de las Farc caminen hacia las zonas de concentracioÌn.
El DiÌa D maÌs cinco diÌas, las Farc le deben entregar a la ONU la informacioÌn sobre todas las armas que tienen en su poder.
El DiÌa D maÌs 10 diÌas, las Farc entregaraÌn las coordenadas de todos los depoÌsitos o caletas donde se encuentra su armamento inestable (tatucos, minas, cilindros bomba, etceÌtera) e inicia el desplazamiento.
El DiÌa D maÌs 60 diÌas, debe estar destruido este armamento inestable. Ese diÌa tambieÌn deben estar almacenados en con- tenedores, bajo control de la ONU, todas las armas de apoyo (morteros, metralletas, granadas y municiones) y el armamento de las milicias.
El DiÌa D maÌs 90 diÌas, tres meses despueÌs de la firma el 30 por ciento de los combatientes de las Farc dejaraÌn todo su armamento en los contenedores bajo vigilancia de la ONU.
El DiÌa D maÌs 120 diÌas, cuatro meses despueÌs de la firma otro 30 por ciento dejaraÌ sus armas en los contenedores.
El DiÌa D maÌs 150 diÌas, cinco meses despueÌs de la firma el restante 40 por ciento de los combatientes de las Farc dejan sus armas.
El DiÌa D maÌs 180 diÌas, a los seis meses la ONU extrae los contenedores de las zonas, que en esa fecha dejaraÌn de existir. Estas armas seraÌn inutilizadas y luego se haraÌ con ellas o con sus materiales tres monumentos alusivos a la paz, uno en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, otro en Cuba en gratitud por su apoyo a las negociaciones, y otro en Colombia en un lugar auÌn por definir.
Mientras dure todo este proceso, 60 miembros de las Farc podraÌn moverse por todo el paiÌs, previa coordinacioÌn con el mecanismo de monitoreo, para realizar labores propias de la implementacioÌn de los acuerdos o la pedagogiÌa del proceso. Mientras no culmine el procedimiento de dejacioÌn de armas las Farc no podraÌn hacer poliÌtica.
TambieÌn podraÌn moverse a nivel regional diez guerrilleros de cada zona veredal bajo las mismas reglas. A su vez a estas zonas llegaraÌn los presos que recobren la libertad, ya sea bajo la figura del indulto o cuando se otorgue la amnistiÌa.
Una vez se apruebe el plebiscito, el gobierno presentaraÌ una ley de amnistiÌa que beneficiaraÌ a quienes dejen las armas si han incurrido en delitos conexos con la rebelioÌn. Quienes deban responder por criÌmenes de lesa humanidad o de guerra tendraÌn que comparecer ante la JurisdiccioÌn Especial para la Paz, tal como estaÌ expresado en el punto cinco de viÌctimas.
3. REINCORPORACIOÌN DE LAS FARC A LA VIDA CIVIL
El paso fundamental que dan las Farc al dejar las armas es convertirse en un partido poliÌtico, y como personas en ciudadanos iÌntegros. Luego de medio siglo de guerra, ese proceso necesita de una transicioÌn, que se calcula puede ser de una deÌcada, para que se consolide en lo poliÌtico y en lo personal. Durante ese lapso, el Estado deberaÌ garantizar una serie de condiciones para que el paso de la ilegalidad a la legalidad se consolide y sea irreversible. Eso es la reincorporacioÌn en todas sus dimensiones, como sigue.
REINCORPORACIOÌN POLIÌTICA Esta es la esencia del acuerdo de paz, y su mayor ganancia. Es pasar de que las Farc defiendan sus ideas a punta de fusil a que lo hagan a punta de argumentos. Es el fin uÌltimo de este proceso y por eso se acordaron medidas transitorias y excepcionales como las siguientes:
El partido que las Farc creen tendraÌ personeriÌa juriÌdica y actuaraÌ como cualquier otro partido, pero hasta julio de 2026 queda eximido de obligaciones como tener un determinado nuÌmero de afiliados, presentarse a certaÌmenes electorales y obtener un umbral miÌnimo de votos. TendraÌ ademaÌs las garantiÌas propias de la actividad poliÌtica como espacios en medios de comunicacioÌn y un esquema especial de seguridad.
Ese partido seraÌ financiado por el Estado por diez años con una suma equivalente al 10 por ciento del total del presupuesto que el gobierno asigna a los movimientos y partidos.
En las campañas de 2018 y 2022 los candidatos a la Presidencia y al Senado que inscriban las Farc tendraÌn financiacioÌn estatal.
El partido que las Farc creen deberaÌ competir por curules en el Senado y la CaÌmara de Representantes como los demaÌs. Pero por dos periodos constitucionales el Estado garantizaraÌ que obtenga cinco cupos en cada una de estas corporaciones, obtenga o no los votos necesarios.
La agrupacioÌn poliÌtica que surja de las Farc puede nombrar tres voceros para el Senado y tres para la CaÌmara para que actuÌen con voz, pero sin voto, mientras se discuten las leyes que desarrollan los acuerdos de paz.
El nuevo partido tendraÌ un cupo en el Consejo Nacional Electoral pero sin voto.
180 DIÌAS LUEGO DE LA FIRMA DEL ACUERDO FINAL LAS FARC HABRAÌN DEJADO TODAS SUS ARMAS EN PODER DE LA ONU
REINCORPORACIOÌN ECONOÌMICA El eje de la reincorporacioÌn econoÌmica de las Farc seraÌ una institucioÌn privada llamada EconomiÌas Solidarias de ComuÌn, EcomuÌn, pues su modelo promoveraÌ sobre todo los proyectos asociativos. Los excombatientes se afiliaraÌn de manera voluntaria a esta entidad.
Cada excombatiente de las Farc recibiraÌ 8 millones de pesos para invertir en un proyecto individual o colectivo. Si es colectivo el gobierno giraraÌ los recursos a EcomuÌn, luego de que el proyecto sea aprobado.
Durante maÌximo dos años los excombatientes recibiraÌn una asignacioÌn del 90 por ciento de un salario miÌnimo como un apoyo para su sobrevivencia mientras construyen un proyecto de vida propio. Si estudia y sigue la ruta de reintegracioÌn, que en Colombia estaÌ establecido por experiencia que puede durar hasta ocho años, la persona recibiraÌ otros incentivos, especialmente si estudia. AsiÌ mismo estaraÌn afiliados a la seguridad social del Estado.
Se crearaÌ un centro de pensamiento que contaraÌ con financiacioÌn estatal y que tambieÌn podraÌ obtener, igual que EcomuÌn, recursos de cooperacioÌn internacional o fruto de contrataciones.
Se crearaÌ una nueva institucioÌn llamada Consejo Nacional de ReincorporacioÌn, en la que participaraÌn el gobierno y las Farc para hacer seguimiento al traÌnsito hacia la vida civil.
Se le daraÌ un trato diferencial a los niños que hacen parte de las Farc. Se les trataraÌ como viÌctimas del conflicto y se buscaraÌ especialmente su reagrupacioÌn familiar.
4. GARANTIÌAS DE SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES
Con las Farc ya sin armas se deben crear las condiciones para que nunca maÌs se repita el conflicto, sacar las armas definitivamente de la vida poliÌtica y garantizar el monopolio de la fuerza por parte del Estado. El eje principal de este acuerdo es la promocioÌn de un pacto poliÌtico nacional que conlleve a la reconciliacioÌn y la convivencia paciÌfica. Es decir, que involucra no solo al Estado sino a toda la sociedad. Estos son algunos de los instrumentos que el acuerdo diseñoÌ para la convivencia.
Una comisioÌn nacional de garantiÌas del maÌs alto nivel para construir una poliÌtica puÌblica coherente y eficaz para el combate del crimen organizado y la proteccioÌn de liÌderes y ciudadanos que son blanco de la violencia, provenga de donde provenga.
Se crean varios instrumentos para desmantelar las organizaciones criminales. En primer lugar, una unidad especial de investigacioÌn adscrita a la FiscaliÌa General. En segundo lugar un cuerpo elite de la PoliciÌa para combatir a estas organizaciones. En tercer lugar, un observatorio que haga un seguimiento permanente a la evolucioÌn de este fenoÌmeno. Y en cuarto lugar se busca que el Estado tenga herramientas juriÌdicas para ofrecerles a estos grupos un sometimiento a la justicia, maÌs no una negociacioÌn poliÌtica como la que se ha hecho con las Farc.
Otro gran eje es la creacioÌn de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la poliÌtica, que sirva para proteger a todos los movimientos y partidos. En particular se crearaÌ un programa especial para la proteccioÌn de los exintegrantes de las Farc que contiene varios instrumentos, entre ellos un cuerpo de escoltas mixto del que haraÌn parte policiÌas y exguerrilleros y que estaraÌ adscrito a la Unidad de ProteccioÌn Nacional.
Se crearaÌn programas de convivencia y de proteccioÌn especial para los territorios, comunidades y organizaciones maÌs vulnerables o en riesgo.
LOS DESAFIÌOS
1 El mayor desafiÌo proviene de una compleja realidad nacional en la cual se tendraÌ que implementar este punto del acuerdo. En los territorios hay presencia de bandas criminales y el ELN, lo cual haraÌ difiÌcil todo, desde el cese del fuego hasta garantizar la seguridad de los excombatientes de las Farc.
2 La reintegracioÌn llega en un momento deÌbil para las finanzas puÌblicas y aunque su costo no es el maÌs oneroso de los acuerdos, siÌ se requiere cumplir muy raÌpidamente las expectativas de quienes dejan las armas, pues eso evitaraÌ un reciclaje de la violencia.
3 El ingreso de las Farc a la vida poliÌtica, en interaccioÌn con otros aspectos del acuerdo de paz, especialmente con los temas de justicia y reparacioÌn a las viÌctimas, tiene que hacerse de manera armoÌnica para no generar un desbalance que sea percibido como una injusticia con quienes han sufrido la violencia o quienes han luchado por espacios en la democracia paciÌficamente con menos garantiÌas, como las minoriÌas poliÌticas o grupos eÌtnicos.
LAS FARC DEBEN ENTREGAR LISTADOS DE SUS ARMAS Y SUS COMBATIENTES, CON IDENTIFICACIOÌN EXACTA, QUE LA ONU PODRAÌ CONFRONTAR CON OTRAS FUENTES
¿Por queÌ curules y plata para las Farc?
Del eÌxito de la reintegracioÌn depende en buena medida la sostenibilidad del acuerdo de paz.
El acuerdo de reincorporacioÌn poliÌtica les da a los miembros de la guerrilla una verdadera oportunidad para entrar al juego democraÌtico con garantiÌas. Aunque para muchos sectores estas garantiÌas son gabelas o conquistas inmerecidas, en realidad, el acuerdo procura darle seriedad a las posibilidades de las Farc en la competencia electoral en un sistema que tiene muÌltiples falencias y desequilibrios. AsiÌ mismo darles incentivos para permanecer en la civilidad. No hay que olvidar que el surgimiento de las Farc estaÌ asociado a un pacto de paz hecho hace medio siglo que excluyoÌ a sectores poliÌticos como los comunistas, que encabezaba el fundador de las Farc, Manuel Marulanda VeÌlez.
La financiacioÌn estatal al partido y candidatos de las Farc tiene sentido porque aunque es un misterio cuaÌnta plata tienen las Farc y doÌnde la tienen invertida, permite blindarse contra la llegada de recursos ilegales a sus campañas. TambieÌn les garantiza equidad por una deÌcada pues es muy improbable que en el corto plazo reciban aportes de empresarios, como los demaÌs partidos.
La representacioÌn en el Congreso con diez curules garantizadas (cinco en Senado y cinco en CaÌmara) por dos periodos, tiene un factor de reparacioÌn dado que la uÌltima vez que las Farc intentaron hacer poliÌtica legal fue durante el proceso de paz de Belisario Betancur, cuando crearon la UnioÌn PatrioÌtica, movimiento que fue exterminado. El otro factor importante es que despueÌs de 50 años de estar en las montañas, los guerrilleros de las Farc necesitan aprender a hacer poliÌtica y foguearse en la arena puÌblica. Por eso ellos deben competir por ellas y solo si no las consiguen el gobierno se las asigna a quienes obtuvieron maÌs votos.
DROGAS ILÍCITAS
4. SolucioÌn al problema de las drogas iliÌcitas
Desde hace cuatro deÌcadas el narcotraÌfico se convirtioÌ en uno de los motores del conflicto armado en Colombia. Todos los grupos ilegales han recurrido a eÌl para financiarse, y es una actividad que ha permeado la economiÌa, la poliÌtica y la vida social y cultural. El paiÌs ha intentado resolverlo de muchas maneras, pero especialmente por la viÌa policial y judicial. Solo ahora los paiÌses, con Colombia a la cabeza, comienzan a discutir en el mundo nuevos enfoques para enfren- tar este problema global.
La produccioÌn de drogas iliÌcitas es una actividad que involucra a muchas personas y segmentos de la sociedad. Colombia las sufre todas, desde los cultivos de uso iliÌcito, hasta su produccioÌn, comercializacioÌn y consumo. Gran parte de estas actividades tienen lugar en regiones con fuerte presencia de las Farc afectadas por el conflicto. Los negociadores reconocen que los cultivos iliÌcitos no son una causa de la guerra, pero tambieÌn que esta actividad iliÌcita y la violencia social y poliÌtica se retroalimentan. Por eso el acuerdo de paz reconoce que el fin del conflicto armado entre esa guerrilla y el gobierno es una oportunidad para buscarle una solucioÌn al problema.
El acuerdo apuesta por un viraje en el tratamiento de este fenoÌmeno, pues su columna vertebral es la sustitucioÌn de los cultivos de uso iliÌcito, con planes de desarrollo participativos e integrales. Busca cambiar el tratamiento a los consumidores, para priorizar la prevencioÌn del consumo y la salud puÌblica.
TambieÌn se busca desarticular toda la cadena de valor del narcotraÌfico al combatir maÌs efectivamente a las organizaciones criminales dedicadas a eÌl, incluidas las actividades como el lavado de activos, el traÌfico de precursores y la lucha contra la corrupcioÌn.
Propende por mantener un enfoque en derechos humanos que preste especial atencioÌn a los campesinos que cultivan y a los adictos. Adicionalmente, reconoce los usos ancestrales de las plantas donde se extraen las drogas iliÌcitas y no niega que estos cultivos puedan ser utilizados para fines meÌdicos y cientiÌficos.
Si bien el acuerdo reitera la importancia de la cooperacioÌn internacional en la lucha contra este flagelo, enfatiza que las poliÌticas que aplique el gobierno deben regirse por los principios de igualdad soberana y no intervencioÌn.
EL FIN DEL CONFLICTO DEBE REPRESENTAR UNA OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR UNA SOLUCIOÌN CONJUNTA E INTEGRAL AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILIÌCITAS
AdemaÌs concluye que el eÌxito de estas poliÌticas depende de su perspectiva territorial y la participacioÌn activa de la ciudadaniÌa.
LOS PUNTOS CLAVES
1. PROGRAMAS DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO
Con el fin de encontrar una solucioÌn sostenible y definitiva a este tipo de cultivos, y de generar condiciones materiales e inmateriales de bienestar, se acordoÌ que el gobierno nacional cree y ponga en marcha el nuevo Programa Nacional Integral de SustitucioÌn de Cultivos de Uso IliÌcito (PNIS), a cargo de la Presidencia de la RepuÌblica. Este programa busca que las comunidades tengan un papel activo en definir las soluciones. La decisioÌn de los cultivadores de abandonar los cultivos y el compromiso de la sustitucioÌn voluntaria son los principios fundamentales para generar confianza y encontrar las alternativas productivas que permitan fortalecer la economiÌa de las familias.
Las comunidades, los municipios y el gobierno deberaÌn apoyar los planes de desarrollo alternativo, ademaÌs de instalar la infraestructura baÌsica que permita a los campesinos, recogedores y cultivadores superar la pobreza y tener condiciones de vida dignas. Esto implica que mientras que los campesinos se comprometen a sustituir los cultivos, a no resembrar y a no estar vinculados a la comercializacioÌn, el gobierno deberaÌ, ademaÌs de invertir para desarrollar estas zonas, dar asistencia alimentaria hasta por un año, crear huertas caseras, entregar animales menores y promover proyectos de ciclo corto para generar ingresos raÌpidos. TambieÌn se plantean estos beneficios para los raspachines.
En cuanto a las comunidades o cultivadores con los que no se llegue a acuerdos para erradicar los cultivos, o quienes reincidan, el Estado procederaÌ a la erradicacioÌn, preferiblemente manual, pero no se cierra la puerta a que se haga con fumigaciones.
96 MIL HECTAÌREAS DE CULTIVOS DE COCA EXISTEN EN LA ACTUALIDAD, SEGUÌN LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO
2. PROGRAMAS DE PREVENCIOÌN DEL CONSUMO Y SALUD
El acuerdo se basa en la idea de que la poliÌtica frente al consumo tambieÌn tiene que ser una prioridad y una poliÌtica para el Estado. Por eso, ademaÌs de atacar la siembra, los negociadores de La Habana proponen crear un Programa Nacional de IntervencioÌn Integral frente al Consumo de Drogas IliÌcitas, que trate a los consumidores como un problema de salud puÌblica, se respeten sus derechos humanos y todo con un enfoque diferencial de geÌnero. AdemaÌs un Sistema Nacional de AtencioÌn a las Personas Consumidoras de Drogas IliÌcitas, que se encargue de rehabilitar y resocializar a los adictos.
3. SOLUCIOÌN AL FENOÌMENO DE PRODUCCIOÌN Y COMERCIALIZACIOÌN DE NARCOÌTICOS
Frente a la produccioÌn y comercializacioÌn de narcoÌticos, los acuerdos plantean una poliÌtica maÌs efectiva y severa contra el crimen organizado, las organizaciones criminales, el lavado de activos y la corrupcioÌn.
AquiÌ se contempla cualificar el personal dedicado a investigar y judicializar los delitos relacionados con el narcotraÌfico, asiÌ como fortalecer y ampliar la cooperacioÌn regional e internacional para identificar los sistemas y rutas de comercializacioÌn de las organizaciones criminales.
AdemaÌs, el gobierno se compromete a conformar una comisioÌn de expertos nacionales e internacionales para diseñar un Estatuto de PrevencioÌn y Lucha contra las Finanzas que reforme o fortalezca la normatividad referida a esta materia y a la extincioÌn de dominio. TambieÌn a que Colombia lideraraÌ la construccioÌn de nuevos consensos internacionales frente a este problema.
EL CONFLICTO INTERNO EN COLOMBIATIENE UNA LARGA HISTORIA QUE ANTECEDE Y TIENE CAUSAS AJENAS A LA APARICIOÌN DE LOS CULTIVOS DE USO ILIÌCITO DE GRAN ESCALA
LOS DESAFIÌOS
1 El gobierno se compromete a tramitar ajustes normativos para que los pequeños cultivadores no sean sometidos a acciones penales o a la extincioÌn de dominio. Ellos tienen dos años, a partir de la entrada en vigencia de la nueva norma, para expresarles a las autoridades su decisioÌn de renunciar a cultivar o mantener los cultivos iliÌcitos. Este enfoque tiene el objetivo de concentrar la accioÌn judicial en las organizaciones de narcotraÌfico. Establecer la diferencia entre unos y otros requeriraÌ del instrumentos judiciales muy precisos.
2 Si bien Colombia ha gastado miles de millones de pesos en luchar contra el narcotraÌfico, la meta de superar la eliminacioÌn de cultivos iliÌcitos, que hoy llegan a 100.000 hectaÌreas, puede ser muy costosa. Pocos cultivos o actividades rurales pueden generarles a los campesinos ingresos como los que da la coca en el corto plazo.
3 El precio del doÌlar, la globalizacioÌn y la presencia de otros grupos armados en el paiÌs, como las bandas criminales, le plantean muchos desafiÌos a este acuerdo.
El dilema de las fumigaciones
En el acuerdo hay un cambio de enfoque y se prioriza la sustitucioÌn voluntaria de cultivos. La fumigacioÌn es el uÌltimo recurso.
COLOMBIA lleva maÌs de 30 años fumigando los cultivos de coca como estrategia principal para combatirlos. Ha sido una herramienta efectiva pero controvertida por su impacto ambiental y social. El acuerdo de La Habana prioriza por primera vez otra estrategia: la sustitucioÌn y la erradicacioÌn voluntaria y concertada. No obstante, el Estado se reserva el derecho de fumigar en caso de que sea necesario. SeguÌn la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en un informe de junio de este año, el aÌrea dedicada a cultivos de hoja de coca pasoÌ de 69.000 hectaÌreas en 2014 a 96.000 en 2015, justo el año en el que el Consejo Nacional de Estupefacientes suspendioÌ las fumigaciones aeÌreas con glifosato por razones de salud puÌblica. Sin embargo, este aumento desmedido llevoÌ, en mayo de este año, a reanudar las fumigaciones con glifosato, pero desde el terreno.
Existe una controversia abierta sobre el impacto real de la fumigacioÌn aeÌrea en la reduccioÌn de cultivos, pues durante los años que estos bajaron maÌs tambieÌn se estaba erradicando manualmente. El propio gobierno admite que sin sustitucioÌn y sin desarrollo rural todo esfuerzo de erradicacioÌn, aeÌrea o manual, resulta inocuo.
Expertos explican que los cultivos han crecido no solo por el alto precio del doÌlar, sino por las conversaciones de paz, ya que la perspectiva de que programas gubernamentales ofrezcan sustituir los cultivos iliÌcitos ha funcionado como incentivo para tener maÌs hectaÌreas.
En todo caso, el paiÌs ha entendido en estas tres deÌcadas que el cultivador es el eslaboÌn maÌs deÌbil de la cadena y que el combate al narcotraÌfico se deberiÌa centrar maÌs en los eslabones donde hay mayor valor agregado como el comercio transnacional y el lavado de activos.
Ahora, hay evidencia de que gran parte de la produccioÌn de drogas iliÌcitas se estaÌ quedando en el paiÌs, en el llamado microtraÌfico, y que el consumo interno estaÌ disparado. Como se ve, este no seraÌ para nada un tema faÌcil de resolver sobre todo cuando no depende solo de Colombia sino de la comunidad internacional.
VÍCTIMAS Y JUSTICIAS
5. Acuerdo sobre las viÌctimas del conflicto
Sistema integral de verdad, justicia, reparacioÌn y no repeticioÌn, que incluye la JurisdiccioÌn Especial para la Paz.
Uno de los dilemas más difíciles que debe afrontar una sociedad al transitar de la guerra a la paz es cómo juzgar las atrocidades cometidas por los actores que están sentados en la mesa dispuestos a dejar la violencia. Esto es particularmente difícil en conflictos largos, donde hay diversas responsabilidades y se han degradado los métodos bélicos. Sobre todo en el mundo moderno, pues desde hace casi dos décadas existen instrumentos de justicia global para evitar que los crímenes que ofenden a la humanidad, aun los cometidos en contextos de guerra, queden en la impunidad.
Sin embargo, la comunidad de naciones ha entendido que la paz es un ideal y que, en aras de lograrla, es posible construir instrumentos de justicia que permitan avanzar hacia ella. Si las sociedades solo tuvieran como respuesta ante la guerra el castigo a quienes participaron en ella, el mundo sería un campo de batalla perpetuo. Por eso existe la justicia transicional, que busca satisfacer integralmente los derechos de las víctimas mientras permite dejar atrás el conflicto. Esta justicia se apuntala en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.
En ese marco, este acuerdo contiene elementos nuevos que se probarán por primera vez y combina diferentes instrumentos. Su columna vertebral es la verdad. Y mezcla elementos de la justicia restaurativa y retributiva. Finalmente se pretende que víctimas y victimarios se acerquen en un nuevo contexto de restablecimiento de relaciones.
El sistema integral busca sobre todo el reconocimiento de las víctimas, y de las responsabilidades por parte de quienes han cometido crímenes atroces. También busca garantizar la seguridad jurídica a quienes participen en él. Es, en últimas, un instrumento que pretende cerrar el ciclo de violencia del país sin impunidad.
Reconocer y reparar a las víctimas contribuirá a la reconciliación de toda la ciudadanía colombiana
LAS CLAVES DEL ACUERDO
1. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición
Este es un órgano independiente, temporal y extrajudicial que debe contribuir a esclarecer lo que ocurrió en el conflicto y dar una explicación sobre ello. Sus reportes y audiencias por lo tanto, no podrán ser prueba judicial para nadie que comparezca ante él. Debe promover el reconocimiento a las víctimas y el reconocimiento de responsabilidad de quienes estuvieron directa o indirectamente en la guerra.
La comisión estará conformada por 11 personas de las más altas calidades y de orígenes plurales, elegidas por el mismo mecanismo que seleccionará a los magistrados que harán parte de la Jurisdicción Especial para la Paz de la que se habla más adelante. También tendrá un presidente elegido por el mecanismo.
El mandato de la comisión es por tres años y debe tener despliegue en las regiones donde el conflicto ha sido más fuerte. Así mismo, tendrá enfoque de género y étnico. Sus audiencias deben ser públicas y estar orientadas a que la sociedad se reconcilie. Al final debe producir un informe para el conocimiento público.
2. Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto
Es un organismo de alto nivel de carácter humanitario y extrajudicial que debe coordinar todas las acciones necesarias para la búsqueda de personas. En caso de que esas personas hayan fallecido, la unidad debe localizar y hacer entrega digna de los restos o de toda la información posible sobre qué ocurrió con ellas. La unidad no puede sustituir ni impedir las acciones judiciales que haya en estos casos. El director será escogido por el mecanismo pactado para la selección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz.
24 MAGISTRADOS TENDRAÌ LA JURISDICCIOÌN ESPECIAL DE PAZ. CUATRO DE ELLOS PODRAÌN SER EXTRANJEROS. SERAÌN SELECCIONADOS POR UN MECANISMO INDEPENDIENTE EN EL QUE PARTICIPAN EL PAPA, LA ONU Y LA CORTE SUPREMA
3. Jurisdicción Especial
 para la Paz
Esta jurisdicción especial está creada para investigar, juzgar y sancionar de acuerdo con las normas colombianas, y con los estándares internacionales, todos los crímenes cometidos en el contexto del conflicto y de esta manera satisfacer los derechos de las víctimas.
Los jueces. La jurisdicción está encabezada por un tribunal de 24 magistrados colombianos y extranjeros que juzgarán los delitos más graves y representativos. Los magistrados deben cumplir los más altos requisitos de probidad e independencia y serán elegidos por un organismo conformado por el papa, el secretario general de la ONU, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Instituto de Justicia Transicional (ICTJ) y la Comisión Permanente del Sistema de Universidades del Estado.
Quiénes serán juzgados. En primer lugar, a la jurisdicción podrán ir los miembros de grupos guerrilleros que suscriban un acuerdo final de paz con el gobierno, una vez hayan dejado las armas. Segundo, los agentes del Estado que hayan cometido delitos en el contexto y en razón del conflicto armado. Guerrilleros y militares serán tratados de manera equilibrada pero diferencial. En tercer lugar también pueden comparecer las personas que sin formar parte de los grupos armados hayan participado como financiadores o colaboradores voluntarios, y hayan tenido responsabilidad en la comisión de los crímenes más graves y representativos.
La verdad exhaustiva. Quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o de guerra tendrán que reconocer toda la verdad ante la Jurisdicción Especial de Paz. Quienes lo hagan de manera exhaustiva tendrán una ruta que conduce a sanciones con restricción de la libertad de cinco a ocho años. Quienes no lo hagan, tendrán una ruta que conduce a un proceso de investigación y acusación, que puede resultar en exoneración o en condena con penas de hasta 20 años. Estos delitos objeto de este tribunal son, entre otros, el genocidio, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad como por ejemplo el secuestro de civiles, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores. El tribunal recibirá los procesos que ya se adelantan en la Fiscalía y demás órganos de justicia y control.
La amnistía. Existirá una sala de amnistía e indultos para los guerrilleros y otra de definiciones jurídicas para los militares y civiles cuando se trate de delitos no considerados internacionales o que son conexos con el delito político. Si se aprueba el acuerdo en el plebiscito, de inmediato el gobierno radicará un proyecto de ley de amnistía cuyo contenido fue pactado en La Habana, y que corresponde con los lineamientos que establecen los protocolos de Ginebra. Esta ley convertiría algunos delitos hoy considerados ordinarios, como el constreñimiento, la falsedad en documento público, algunos homicidios en combate, en conexos con la rebelión y, por tanto, objeto de amnistía. También las actividades ligadas al narcotráfico cuando se demuestre que se encaminaron a financiar al grupo armado y no al enriquecimiento personal.
Sanciones, restricción y cárcel. Las sanciones para quienes reconozcan toda la verdad serán de mínimo cinco años y máximo ocho años, y contemplan la restricción efectiva de la libertad de residencia y movimiento, condiciones que serán determinadas por el tribunal. El desminado, la reconstrucción de pueblos, de sustitución de cultivos ilícitos son algunas de estas contribuciones a la reparación. Por el contrario, quienes reconozcan la verdad de manera tardía pueden recibir penas efectivas de prisión de hasta ocho años. Y quienes definitivamente no reconozcan nada y sean condenados pueden ir a prisión hasta por 20 años. De acuerdo con el trato diferencial pactado, los militares podrán pagar sus sanciones en guarniciones militares y no cárceles ordinarias como ocurre ahora.
Derechos políticos. Ninguno de los condenados por el tribunal tendrán restricciones para participar en política.
Tribunal de cierre. Contra las decisiones del tribunal no se podrá interponer ningún recurso. Adicionalmente, en algunos casos este podrá revisar sentencias ya existentes.
8 años de restricción de la libertad es la sanción máxima que impondrá el tribunal a quienes contribuyan con la verdad exhaustiva. Quienes lo hagan de manera tardía o sean vencidos en juicio recibirán penas privativas de la libertad
4. Reparación integral
El país ya tiene desde hace más de una década programas de reparación a las víctimas del conflicto, pero el acuerdo profundiza el desarrollo de estos con medidas tanto simbólicas como materiales. Es decir, que van desde actos públicos de reconocimiento de las responsabilidades, hasta acciones concretas como el desminado, la reconstrucción de pueblos y la entrega de cuerpos.
La reparación colectiva se fortalecerá y se enlazará con los programas de desarrollo rural, de restitución y retorno de desplazados. Adicionalmente se fortalecerá la dimensión psicosocial.
Las Farc se comprometieron a contribuir con la reparación material de las víctimas.
5. Garantías de No Repetición
Todo el acuerdo de paz de La Habana está encaminado a garantizar que no haya repetición del conflicto armado, y por eso se ocupa de problemas estructurales como la tierra, la política, el problema de las drogas, la justicia y la reincorporación. En cada uno de ellos hay medidas encaminadas a generar condiciones para construir una cultura de paz, de reconciliación, de respeto a los derechos humanos y la no violencia. El punto tres profundiza en esta materia.
No se pueden amnistiar e indultar los crímenes de lesa humanidad, ni los crímenes de guerra
LOS DESAFÍOS
¿Cómo priorizar? Resarcir el sufrimiento de las víctimas de 50 años de conflicto no es fácil, por ello todos los organismos del sistema integral de justicia tendrán que priorizar y adoptar caminos de selectividad cuyos criterios son difíciles de establecer. La Comisión de la Verdad tendrá que concentrarse en unos periodos y desechar otros; el tribunal tendrá que concentrarse en lo más grave y representativo, y en quienes tienen mayor responsabilidad.
1. La dialéctica entre derechos de las víctimas y reconciliación.
En el mundo entero hay controversia respecto a qué tanta verdad y justicia se requiere para cerrar un conflicto. La creación de un clima de reconciliación es esencial para que los instrumentos de la justicia transicional cumplan su cometido.
2. La probidad de sus protagonistas
Gran parte de la credibilidad que tengan la Comisión de la Verdad y el Tribunal de Paz dependerá de las personas que lo compongan. Si bien el mecanismo diseñado para esta elección es suficientemente plural, deberán ser muy asertivos en su elección.
3. La pedagogía sobre la justicia transicional.
Tendrá que ser permanente ya que por su novedad no es de fácil asimilación para un país con heridas abiertas y en el que política y justicia se entremezclan constantemente de manera riesgosa.
¿Hay impunidad?
La justicia transicional no puede ser vista como la justicia penal ordinaria. Está pensada para superar la guerra y satisfacer a las víctimas.
Colombia tiene uno de los mayores índices de impunidad en el mundo. Esto es particularmente preocupante respecto a los crímenes cometidos durante el conflicto armado, muchos de los cuales han terminado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El fin de la guerra ofrece una oportunidad para superar esta impunidad. Sin embargo, en ninguna parte del mundo se ha visto que se use el derecho penal ordinario para transitar de la guerra a la paz. La experiencia en otros países ha sido la creación de comisiones de la verdad, que dejan la sensación de que hubo impunidad o simplemente amnistías que en el mundo contemporáneo son insostenibles.
Esta es la primera vez, luego de la firma del Estatuto de Roma, que un país se dota de un sistema integral como el aprobado en La Habana, especialmente porque nunca antes un gobierno y un grupo insurgente habían creado de común acuerdo un tribunal para que los juzgue a ellos mismos.
El sistema de justicia cumple lo que manda la Corte Penal Internacional: que haya investigación, que se juzgue y que se sancione. Respecto a la sanción, el Estatuto de Roma dice que debe ser proporcional a los crímenes cometidos, pero en ningún momento habla de que deba haber cárcel o prisión. No obstante, la restricción de la libertad debe ser seria. Es por ello que los negociadores tanto del gobierno como de la guerrilla consideran que lo pactado se ajusta a los estándares internacionales. Pero, además, consideran que por primera vez realmente se podrá superar la impunidad y que se satisfarán los derechos de las víctimas.
VERIFICACIÓN Y REFRENDACIÓN
6. Implementación, verificación y refrendación
Si el pueblo refrenda favorablemente el acuerdo para el fin del conflicto, empieza el proceso de implementación tal y como está contemplado en el texto concertado en La Habana. En realidad, la fase de la negociación, que duró cuatro años y acaba de terminar, estaba destinada a ponerle fin al conflicto. Sin embargo, lo que sigue en adelante no es solo llevar a la práctica de manera técnica y verificable el acuerdo, sino construir una cultura de paz en los territorios. Esta tarea durará muchas décadas e involucrará a las nuevas generaciones.
No obstante, el acuerdo es la primera piedra para esa construcción de paz o su hoja de ruta. Llevarlo a la práctica es un desafío monumental para el Estado y la sociedad y de su éxito dependerá que la paz sea realmente sostenible en el tiempo, y que llegue a cada rincón del país. Los primeros años son cruciales y pondrán a prueba la capacidad de transformación que tienen el pueblo colombiano y sus líderes. También las posibilidades de reconciliación.
El acuerdo traza una ruta de implementación y verificación conjunta entre el gobierno y la guerrilla, basada en la buena fe y en mecanismos que brindan transparencia. Durará diez años y tiene un enfoque muy territorial, por lo tanto debe tener alto impacto en las regiones que sufrieron la guerra y mucha participación de esas comunidades.
Los diez años contemplados para implementar el acuerdo serán un tiempo excepcional de transición y de cambios sociales, culturales e institucionales. Dado que el acuerdo involucra no solo al gobierno actual sino a todas las entidades del Estado, es vital el compromiso de los líderes del país. Es decir que, más allá de la refrendación inmediata de los acuerdos en el plebiscito, se requiere durante la próxima década una pedagogía profunda y un consenso básico alrededor del acuerdo. Tal como se ha dicho en La Habana, esta es sencillamente una oportunidad.
Llevar a la práctica el acuerdo no solo implica cumplir los compromisos adquiridos en La Habana, sino construir una cultura de paz en los territorios, una ardua tarea que durará muchas décadas e involucrará a las nuevas generaciones.
1. Seguimiento a la implementación
Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias. Esta nacerá al día siguiente de la firma del acuerdo, conformada por tres representantes del gobierno y tres de las Farc. En principio funcionará hasta 2019, pero podrá prorrogar su existencia hasta por diez años.
La comisión deberá crear un plan marco por diez años, que será convertido en documento Conpes y que deberá ser incluido en los planes de desarrollo tanto nacionales como regionales.
El acuerdo de paz prioriza las leyes y normas que deben ser presentadas de manera inmediata en el Congreso o expedidas por el gobierno en los primeros 12 meses.
Se incluyó un capítulo étnico que garantiza que la implementación tome en cuenta de manera positiva a estos pueblos.
2. Verificación
Se acordó que habrá un mecanismo internacional de verificación como parte de la comisión de implementación. Conformarán este mecanismo los cuatro países que acompañaron las conversaciones de La Habana: Cuba, Noruega, Venezuela y Chile. También habrá dos personalidades internacionales que harán pronunciamientos periódicos sobre la implementación.
Se le solicitará a la ONU que una vez concluya la misión de verificación del cese del fuego y la dejación de armas establezca otra misión política que observe el proceso de reincorporación de las Farc.
Se solicitará acompañamiento de varias entidades internacionales expertas en cada una de las materias del acuerdo entre las que hay gobiernos y ONG.
3. Refrendación y blindaje
La implementación del proceso de paz necesita dos bendiciones para ser una realidad. La primera es la política. Esta se reflejará en las urnas el próximo 2 de octubre cuando los colombianos acudan a votar el plebiscito. La segunda es la jurídica. Se le ha denominado el “blindaje†pues es una forma de asegurar que el pacto se hizo para cumplirlo.
El plebiscito y el blindaje son dos figuras interdependientes que no pueden existir la una sin la otra. El primero, además de garantizar el respaldo ciudadano al acuerdo, pone en vigencia el Acto Legislativo para la Paz. Esta reforma constitucional abre el camino para que los acuerdos logrados en Cuba ingresen al ordenamiento jurídico colombiano. Así funciona:
PLESBICITO PARA LA PAZ
La fórmula elegida para refrendar los acuerdos de La Habana está consagrada en la Constitución de 1991, pero no se había usado hasta ahora. Este mecanismo de participación permitirá a los colombianos acudir a las urnas para respaldar o rechazar el proceso de paz. Solo habrá dos opciones para responder a una única pregunta: Sí o No. Y sobre estas dos posibilidades los partidarios de ambas posiciones adelantarán sus campañas en el próximo mes. Estos son los puntos fundamentales que regularán este proceso:
Umbral. Para que el plebiscito sea válido, el Sí o el No tienen que sacar una cantidad de votos mayor al 13 por ciento del censo electoral (un poco más de 4.500.000 personas). A esta fórmula se le ha llamado el umbral aprobatorio, es decir, que cualquiera de las opciones que alcance esa cifra ya produce resultados vinculantes.
Efectos. Si ninguna de las dos opciones (Sí o No) llega a tener esos 4.500.000 votos, el plebiscito deja de tener efectos jurídicos, el presidente podrá continuar el proceso, pero no se entiende que exista una refrendación popular. El problema práctico sería que no podría utilizar las herramientas del Acto Legislativo para la Paz como las facultades extraordinarias, el fast track, entre otros.
Gana el Sí. En el caso de que la votación del Sí supere el umbral y sea mayoritaria, los acuerdos de La Habana quedan refrendados. y se activa el Acto Legislativo para la Paz aprobado por el Congreso.
Gana el No. Si el rechazo a los acuerdos supera el umbral y es mayoritario, se “inhibirá la implementación del Acuerdo Finalâ€, según el fallo de la Corte Constitucional. Este punto es complejo pues esa sentencia solo le impide al presidente implementar el acuerdo derrotado en las urnas, pero técnicamente no le prohíbe adelantar el proceso de otra manera. Esto ha abierto el debate de si se puede renegociar lo ya acordado. El gobierno ha dicho que esa opción es inviable.
Funcionarios en campaña. El fallo del plebiscito avala la participación de los funcionarios que deseen apoyar tanto la postura del Sí, como la del No. La corte los autoriza a debatir, deliberar y expresar pública y libremente sus opiniones o posiciones frente al plebiscito.
12 meses es el lapso que el Estado colombiano espera tomar para convertir en leyes y normas los acuerdos
EL BLINDAJE JURÍDICO.
Los candados que se le pusieron al Acuerdo Final quedaron consagrados en el Acto Legislativo para la Paz. En esta reforma constitucional se plantean una serie de mecanismos que aseguran que sin importar los cambios políticos que puedan darse en el futuro, por ejemplo el cambio de presidente, todo lo que se pactó en La Habana, una vez aprobado el plebiscito, sea obligatorio en los años venideros. Estos son los principales:
El bloque de constitucionalidad. Aunque la figura es novedosa para el público general, es muy conocida en el mundo del derecho. Se refiere a un conjunto de normas y principios que por su carácter protector de los derechos humanos y por estar consagrados en un acuerdo internacional se entienden incorporados a la Carta Política de 1991. Así, el Acto Legislativo señala que una vez el acuerdo final haya sido firmado y entre en vigor ingresará “en estricto sentido al bloque de constitucionalidad, para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación†que se desarrollen a partir de lo pactado.
El acuerdo especial. Esta figura del derecho internacional está consagrada en el artículo 3 común a los protocolos de Ginebra. Estos acuerdos especiales que permitan humanizar la guerra o terminarla.
Así, en el texto final se estableció que “el Acuerdo Final será firmado como Acuerdo Especial (…) y depositado tras su firma ante el Consejo Federal Suizo en Bernaâ€. Este es un blindaje internacional al proceso que permite que ese documento tenga un carácter similar al de un tratado internacional.
La ley aprobatoria. La reforma constitucional autoriza al presidente para adelantar esta figura con relación al acuerdo especial. Esto quiere decir que Juan Manuel Santos deberá presentar al Congreso por medio de una ley ordinaria con el contenido de este para que se “incorpore al derecho internoâ€. Ese sería el procedimiento por medio del cual se asegura que lo pactado quede en el bloque de constitucionalidad, previa revisión de la Corte.
El ‘fast track’. Durante seis meses regirán unos procedimientos especiales para aprobar las leyes necesarias en el Congreso de manera más expedita. La iniciativa será exclusiva del gobierno, el trámite será preferencial y tendrá absoluta prelación, solo tendrá la mitad de los debates, no se puede hacer ninguna modificación sin el aval del gobierno, entre otros.
Las facultades presidenciales. Durante 180 días Juan Manuel Santos tendrá la posibilidad de expedir decretos con fuerza de ley que tengan como objetivo desarrollar el acuerdo final.
El acompañamiento internacional en la implementación y verificación, contribuirá fortalecer las garantías para el cumplimiento de los acuerdos
La Corte Constitucional: el actor clave
El blindaje de los acuerdos enfrentará su mayor desafío en el Palacio de Justicia. A la Corte Constitucional ha llegado una demanda al Acto Legislativo para la Paz. En manos de los nueve magistrados estará determinar si los elementos que el Congreso aprobó para facilitar el proceso se ajustan a la normatividad del país. Por otro lado, el rol de este organismo en lo que viene será igual de importante. El alto tribunal tendrá control automático, único y posterior a la entrada en vigencia de todas las leyes y reformas constitucionales que se adelanten para cumplir los acuerdos. También tendrá que revisar la ley aprobatoria del Acuerdo Especial y todos los decretos que expida el presidente bajo las facultades extraordinarias.