Por: Pasqualina Curcio
El desabastecimiento que desde mediados de 2012 ha padecido el pueblo venezolano no es consecuencia de las regulaciones de precios por parte del Estado. Al respecto, hay que recordar que la política de precios máximos fijados por el Estado, especialmente en los bienes de primera necesidad, data del año 2003. La primera pregunta que nos hacemos es por qué, 10 años después de su implementación, sería esta política de control la causante de la escasez en Venezuela.
Por otra parte, los precios de los productos regulados, especialmente los alimentos, han sido revisados y ajustados anualmente desde el año 2003, y ante eventuales rezagos de los precios no se registró, durante este período, disminución de producción, ni escasez. Debemos mencionar también el caso de muchos bienes, muy demandados por los venezolanos, que a pesar de no estar regulados sus precios, igualmente están escaseando, por ejemplo la margarina, los granos, las caraotas, la mayonesa.
Las propias empresas productoras y distribuidoras de alimentos han estado comunicando desde 2012 y hasta inicios de 2016 que no han disminuido su producción, por el contrario, en algunos casos la han aumentado. Así lo manifestó, por ejemplo, la principal empresa productora de harina de maíz precocida, la cual “abastece†el 60% del mercado nacional. En marzo de este año comunicó que registraron incrementos del 8% de sus niveles de producción. Situación que también se evidencia en los reportes quincenales de la empresa.
Es el caso que si no habían disminuido la producción es porque los precios máximos fijados por el Estado les permitía cubrir los costos, de lo contrario, y por el principio de racionalidad de los agentes económicos, en condiciones de pérdidas no hubiesen aumentado los niveles de producción.
Sin embargo, y a pesar de que la producción se mantuvo desde 2012 y hasta por lo menos marzo de 2016, el pueblo venezolano ha padecido serias dificultades para acceder a los alimentos, estos no son hallados en los establecimientos en los cuales regularmente se adquirían, sino que deben hacerse largas colas para adquirirlos a precios regulados o comprarlos a precios desproporcionados en los mercados ilegales. En otras palabras, aunque se producen, no son distribuidos como regularmente se hacía antes de 2012. Esta situación fue más notoria desde junio hasta el 6 de diciembre de 2015, momento en que se celebraron las elecciones parlamentarias.
La gráfica siguiente muestra que desde diciembre de 2014, siguiendo con el ejemplo de la harina de maíz precocida, la producción se mantuvo relativamente igual hasta marzo de 2016, sin embargo, el consumo en el segundo semestre de 2015 disminuyó. Resalta la disminución importante del consumo en noviembre de 2015 (quince días antes de las elecciones) a pesar de que la producción se mantuvo.
No fue sino hasta justamente después de las elecciones, la semana siguiente, que el consumo comienza a recuperarse, incluso superó los niveles de producción. Pareciera que este producto, el cual fue fabricado, hubiese quedado en los almacenes durante el segundo semestre de 2015. La disminución del consumo entre junio y diciembre de 2015 no se debe a que disminuyó la demanda de este bien, ya que por una parte eran interminables las colas para adquirirlo, y por la otra es ingrediente principal de la famosa hallaca navideña.
Sin embargo, no se perdió esa cosecha, a partir del 7 de diciembre comenzamos a consumir lo que estuvo “resguardado†los últimos meses de 2015.
En abril de 2016 fueron creados los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, a partir de esa fecha y hasta ahora, comenzó a disminuir la producción de harina de maíz. La cual, a pesar del incremento de precios en mayo, de 19,00 a 190,00, es decir, de 900%, no se ha recuperado ubicándose en los niveles históricos más bajos. La reducción de la producción, según los propios informes de la empresa, ha sido del 40%. Lo que nos indica que a pesar de un incremento de los precios en tales magnitudes, muy por encima de los niveles de inflación, la producción no aumentó, por el contrario disminuyó.
Con un aumento del 900% en los precios y una disminución del 40% de la producción, la empresa no solo mantiene sus niveles de rentabilidad, sino que estos son mayores. Con la diferencia de que a pesar de mayores ganancias, hay menor cantidad de harina de maíz para el pueblo venezolano.
Nuevas presiones han comenzado a notarse para que haya un nuevo ajuste de los precios de todos los alimentos regulados. El argumento actual es básicamente el mismo, que los precios no cubren los costos de producción. A eso agregan el hecho de que el precio actual de 190,00 bolívares, siguiendo con el ejemplo de la harina, está muy por debajo del precio del mercado ilegal. Y es que por supuesto que tiene que estarlo, en los mercados ilegales los precios siempre son mayores.
La referencia para la revisión y ajuste de los precios no debe ser el de los mercados ilegales, en el cual, por cierto, solo compra un pequeño porcentaje de la población. El resto trata de adquirirlos a precios regulados. Un aumento del precio de la harina de maíz precocida a 770 equivale a 305%, que al sumarlo al 900% de incremento en mayo representa más del 1.000%, es decir, muy por encima de la inflación.
No hay garantía de que nuevos incrementos de los precios de los bienes regulados deriven en un mayor abastecimiento, como no la hubo tampoco en mayo de este año a pesar del aumento, por ejemplo, de 900% del precio de la harina de maíz y de muchos otros productos cuyos precios fueron incrementados.
Insistimos en que la causa del desabastecimiento no es la regulación de los precios, no es un asunto de contabilidad, ni económico, ni de ingeniería de costos. Si así fuese, sería muy sencillo resolver el problema del desabastecimiento, simplemente se trataría de una reunión con las empresas responsables, literalmente responsables, para calcular el precio máximo que le permita obtener sus niveles de ganancia y estas abastecerían el mercado.
La causa del desabastecimiento es política. El objetivo es que los bienes de primera necesidad, asociados a la salud y a la vida del pueblo venezolano no lleguen de manera oportuna y suficiente a los anaqueles, más aún si estamos en vísperas de procesos electorales o momentos de coyuntura política.
Un nuevo ajuste de los precios de todos estos bienes que han estado escaseando desde 2012 solo contribuirá, por una parte, a garantizar mayores ganancias a todas aquellas empresas “responsables†de la producción y distribución de estos bienes, pudiendo estas disminuir su producción sin afectar sus niveles de rentabilidad. Por la otra, a que recaiga el financiamiento de esas ganancias adicionales, sobre el propio pueblo que se ha visto obligado, por estas mismas empresas, a superar obstáculos para adquirir los productos a precios regulados.