La principal justificación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para exigir la aplicación de la Carta Democrática y expulsión de Venezuela de la OEA, tiene como argumento central que el país atraviesa una «crisis humanitaria» por culpa de las políticas de un régimen autoritario, que no permite elecciones libres que le devuelvan el poder al pueblo.
Esta cantaleta la ha repetido en foros y eventos pagados por corporaciones estadounidenses sin que se le caiga una pizca de vergüenza a la hora de invisibilizar otras situaciones de mayor gravedad en países de la región. Pero este interés selectivo de Luis Almagro con respecto a Venezuela forma parte de una agenda de mucha mayor envergadura: su manipulado informe sobre Venezuela presentado el 14 de marzo utiliza como fuente a la ONG International Crisis Group, financiada por Exxon Mobil, y como plataforma para proyectar los falaces argumentos del informe, al Instituto Americano de la Empresa, también financiado por otra poderosa petrolera con claros intereses en los recursos energéticos venezolanos.
En Misión Verdad nos hemos tomado el tiempo de recordarle a Luis Almagro la gravedad (humanitaria, económica y democrática) que acontece en otros países de la región, los cuales paradójicamente cuadran mucho mejor con su sesgado enfoque con respecto a la situación de Venezuela. Todo lo que denuncia sobre nuestro país, en medio de datos inconsistentes y medias verdades, cuadra a la perfección con lo que acontece hoy por hoy en otros países de la región.
Brasil: el caso de la dictadura que recorta derechos con el apoyo de la OEA
Como sabemos, el actual gobierno brasileño es producto de un golpe de Estado orquestado por el poder legislativo y judicial (influenciado por sectores antigubernamentales y Estados Unidos) contra Dilma Rousseff, presidenta electa por 54 millones de ciudadanos. Por ende, el denunciado «secuestro de las instituciones por parte del régimen» de Luis Almagro con respecto a Venezuela, se aplica más bien en Brasil.
En Brasil ni le «devolvieron el poder al pueblo para que eligiera sus representantes», ni tampoco han atendido el mandato democrático de los millones de brasileños que votaron por Dilma Rousseff para impedir la aplicación de un ajuste neoliberal en el país.
Los golpistas, en las primeras de cambio, realizaron una reforma constitucional exprés que congeló por 20 años el gasto del Estado en educación, salud y planes sociales, aparte de recortar jubilaciones y leyes laborales, sin que se consultara al país a través de una figura parecida a la del reférendum que exigen en Venezuela. Luis Almagro no sólo evitó condenar el golpe de Estado en su momento, sino que actualmente apoya que millones de brasileños se queden sin trabajo, sin seguridad social y pasen hambre. Que sientan en el estómago el látigo del neoliberalismo.
Luis Almagro omite las marchas de 200 mil personas en contra de la dictadura de Temer, tampoco denuncia la gravedad con la que se desenvuelve la situación política, social y económica del país. Alienta, más bien, que en Brasil se violen todos los derechos básicos que dice defender, a tal punto que no desperdicia sonrisas al reunirse con los golpistas y gestores de este saqueo, como el ex canciller de Brasil José Serra.
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Colombia: asesinatos políticos y desnutrición infantil de un gobierno de pocos partidos
Al chavismo se le culpa de ser un régimen autoritario que no garantiza los derechos básicos ni la pluralidad política de su población. Aun cuando el Estado venezolano da garantías a los partidos políticos de oposición para que puedan renovarse, ejerciendo legalmente su rol de oposición en el país, aunque se esfuercen en denunciar que buscan ser eliminados por «la dictadura».
Sin embargo el caso psiquiátrico de la MUD no es motivo de esta nota, sino los países donde de verdad gobiernan históricas oligarquías, dejando las elecciones y el sistema democrático como un saludo a la bandera. Sin capacidad por parte de la población para poder decidir sobre el rumbo político del país. Uno de ellos es Colombia, donde ante la mirada de la OEA han gobernado los mismos partidos y políticos de la oligarquía a lo largo de su vida política, tal como se ve en este gráfico.
Nunca en la historia de Colombia las históricas oligarquías gobernantes han permitido el ascenso de un partido alternativo al poder, al punto de tener como objetivo político exterminar la Unión Patriótica, que estuvo cerca de conseguir este objetivo en décadas pasadas.
Lo que nos lleva a la línea actual de tiempo en la que se ubica Luis Almagro como supuesto defensor de las garantías políticas de América Latina, cuando la historia parece volver a repetirse con el proceso de paz con las FARC. Ya que sólo entre 2016 y 2017 han sido asesinado a 130 dirigentes sociales, 80 de los cuales perdieron sus vidas desde la firma de los acuerdos de La Habana.
Almagro obviamente no ha emitido ningún tipo de condena al Estado colombiano, ni tampoco se ha mostrado costernado porque al 40% de colombianos no les alcance para comer, ni afligido porque el país el año pasado haya registrado el lamentable récord de 46 niños fallecidos por desnutrición.
México: del gobierno de los narcos a la crisis humanitaria
Tranquilamente se puede decir que en México suceden las mismas cosas que en Brasil y en Colombia, ya que ni bien llegado Enrique Peña Nieto a la presidencia sancionó una reforma constitucional para privatizar el petróleo, que no fue consultada a su pueblo (e incluso este año generó protestas con el famoso gasolinazo).
Pero el punto no es este, ni los dos descarados robos electorales de 1986 y 2006 para que no gobernaran otros que no fueran el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, sino que paradójicamente lo que especula Almagro sobre Venezuela ocurre en México, cuando se refiere a un país rico en recursos naturales gobernado por «una mafia que no garantiza los derechos básicos de su población».
Ya que este país, con una de las riquezas petroleras, agrícolas y minerales más grandes del mundo, no puede garantizarle el alimento a 27 millones de personas, arrojando a la pobreza a uno de cada dos mexicanos, de acuerdo al informe de Desigualdad de la Oxfam de 2015. La falaz crisis humanitaria denunciada por Luis Almagro en Venezuela la tiene en carne y hueso en México, cerca de su oficina en Washington.
Pese a eso, ni Luis Almagro ni ninguno de los ex secretarios de la OEA, favorecidos por Washington, han tenido intenciones de aplicarle la Carta Democrática. Ya sea por acción u omisión, o por el simple hecho de estar ocupado por el principal promotor de este tipo de mecanismo para saquear países: los Estados Unidos.
Otros ejemplos y algunas conclusiones sobre el doble estándar
Con total normalidad en América Latina abundan los casos de violaciones sistemáticas a la Carta Democrática, bajo el interesado enfoque que se le pretende aplicar a Venezuela. Desde la descarada violación a la Constitución del presidente hondureño Orlando Hernández para presentarse a un segundo mandato hasta la inexistencia de un sistema democrático en Chile, donde gobiernan sólo dos partidos desde la salida de Pinochet del poder.
Con este sentido fue creada la OEA: para avalar intervenciones contra países soberanos que no entreguen sus recursos naturales y para proteger a los países saqueados por las corporaciones, aunque violen derechos humanos y destruyan al país (y a su gente) económica y políticamente. Luis Almagro trata de que esa «tarea histórica» no le quede grande, estar a la altura de lo que representa verdaderamente la OEA.