El miércoles 20 de diciembre la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) emitió un decreto de supresión de las alcaldías metropolitanas existentes en Venezuela, a saber, la que corresponde al área metropolitana de la Gran Caracas y la que se enmarca en el Alto Apure, al sur de Venezuela.
En el uso de sus facultades como instancia plenipotenciaria y acorde a sus atribuciones de reformar las instancias del Estado venezolano, la ANC ha hecho una modificación puntual pero importante en el entramado de instituciones que conforman el Poder Ejecutivo.
Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC, afirmó que con el paso de los años la figura de la alcaldía metropolitana «perdió vigencia, solapó funciones, se apartó del camino y la orientación político-territorial y administrativa que se había indicado en la ley».
Por otro lado, justificó que con la medida tomada por la ANC se busca atender el clamor de los trabajadores de ambas alcaldías suprimidas para preservar sus derechos.
Algunas consideraciones elementales sobre política pública
Los modelos de gestión articulada e intergubernamental en Venezuela tuvieron un experimento en las alcaldías metropolitanas, especialmente en la de la Gran Caracas y a la vista de sus resultados, ha fracasado. Es decir, la figura de una instancia moduladora, articuladora, que adecúe el desarrollo de la gestión pública por acción acompasada de varios municipios en un delimitado ámbito territorial, fue pensada desde la Constitución Bolivariana de 1999 con el mejor espíritu: una visión de ejes territoriales con instancias intergubernamentales que superaran la dispersión administrativa y que favorecieran la resolución de importantes demandas poblacionales.
Pero es necesario admitir que esta particular experiencia, que fue diseñada acorde a las experiencias en gestión de políticas públicas en otros países, fracasó en Venezuela al chocar con la realidad y la subjetividad del hecho político. Una profunda segmentación y delimitación política entre los partidos y líderes en municipios, marcada por una fuerte polarización que en 18 años inhibió el desarrollo armónico en proyectos y visiones comunes sobre la política pública, y por otro lado, la persistencia del «caudillismo» local como vieja forma de hacer política, viejo referente sociocultural que mantiene en una lógica semifeudal a muchos enclaves municipales.
Una señal que anunciaba este desfase del modelo metropolitano de gestión se vio una vez ascendiera Antonio Ledezma a la Alcaldía Metropolitana de la Gran Caracas. Por cualidad administrativa a esta, le correspondía servir de embudo de recursos a municipios y tuvo que activarse la figura de Alcaldía de Distrito Capital, que aparecía señalada en la Constitución, para otorgarle la facultad de asignar recursos a la única alcaldía bajo su sombra, la Alcaldía del Municipio Libertador, una vez quedaron expuestas serias intenciones de Antonio Ledezma de cercenar recursos a la gestión de Jorge Rodríguez, alcalde de Libertador.
La visión de estas «alcaldía de alcaldías, o feudo de feudos» perdió efecto
Ledezma, cortado con la misma tijera de otros políticos opositores al chavismo, se rehusó a reconocer a Miraflores, se apartó de los esfuerzos por acompasar su gestión a la política nacional, empleó su cargo con muchos fines excepto el de modular la gestión unificada de los municipios en la Gran Caracas, pues el cargo, desde tiempos de Juan Barreto hasta Ledezma, se asumió como una prebenda política electoral, de posicionamiento de los funcionarios electos y no como una instancia administradora.
Con Ledezma se va el proyecto Metropolitano, una vez cayera en desfase por su uso para desestabilizar al poder público nacional, su inoperancia, su ausencia total de visión administrativa articuladora, su incapacidad de modular una gestión compartida de los municipios en el territorio, que ni aún desde las identidades políticas comunes de los alcaldes de Chacao, Baruta y El Hatillo (históricamente opositores al chavismo), se logró efectuar una visión inteligente y coordinada de las gestiones municipales.
El desgobierno del estado bolivariano de Miranda, cuya dirección estuvo a cargo de Henrique Capriles Radonski en los últimos años, fue otro elemento conexo que confinó a importantes municipios mirandinos -pero que integran la Gran Caracas- a un obstracismo administrativo, al uso de las alcaldías como instancias exclusivamente proselitistas y a consolidarse como un caldo de inoperancia incapaz de satisfacer demandas locales.
Desde estas instancias la relevancia administrativa de la alcaldía metropolitana, consolidada como un ente acéfalo, sin sujeción a la política pública nacional, sin apresto operacional, sujeta a las dispersiones de los municipios y relegada a los desvaríos de los funcionarios que ocupan sus cargos, la visión de estas «alcaldía de alcaldías, o feudo de feudos» pierde efecto, pierde peso en el hecho político real, terminan siendo políticamente incongruentes.
Lo sano entonces en momentos de reestructuración del Estado ha sido suprimirlas para repensar el modelo de gestión del poder público local, bien sea para crear fórmulas sustitutivas o aquellas que devengan de nuevos modelos de gestión del poder en el territorio.
La ANC es un poder supraconstitucional, con atribuciones y facultades para realizar reformas al Estado venezolano en términos de su organización político-territorial. Algunos abogados afiliados a la oposición venezolana han expresado que el decreto de la ANC es «inconstitucional» según los artículos 171 y 172 de la Carta Magna, donde supuestamente la decisión debe ir a referéndum. Sin embargo, en ninguno de los dos artículos se coloca como condición previa la consulta popular para suprimir estas instancias, siendo sólo aplicable para la constitución de los mismos cuando varios municipios así lo decidan, de acuerdo a la ley orgánica que rija.