En otros tiempos, las élites tomaron la corrupción como bandera e hicieron de Venezuela un país propicio para la privatización de los recursos públicos. Totalmente distinto al empuje procesal que actualmente lleva a cabo el Ministerio Público con apoyo del Presidente de la República.
Tal vez no haya tema tan sensible en la historia política venezolana como la corrupción. Los grandes escándalos por corrupción durante los 100 años de la Venezuela exportadora de petróleo no tuvieron quién los fiscalizara, a pesar de que el país ha contado con una estructura punitiva eficaz sólo para quienes pudieran pagarla.
La asunción del Estado autocrático de Juan Vicente Gómez, caracterizado por una corrupta política de concesiones, se tomó como una herramienta eficaz para obtener los favores políticos de las grandes transnacionales del petróleo. A su vez, la amplia circulación de dinero proveniente de la industria extractivista erosionó la impronta productiva y estimuló la propagación de la especulación y la corrupción financieras.
Posteriormente el puntofijismo perfeccionó las sutilezas (a veces demasiado cruentas y visibles) de la corrupción, época supuestamente democrática en la que se tomaba la caja chica del Estado para enriquecer a diversos sectores privados, que se rotaban los favores recibidos dependiendo de quién ocupara la Presidencia de la República. Por esto el escritor venezolano José Ignacio Cabrujas calificó al petroestado nacional como un campamento: quien ocupe la tienda, tiene en sus manos el dinero proveniente del petróleo.
El siguiente dato es demoledor: según el Ministerio Público venezolano entre 1966 y 1996 los ingresos de la nación alcanzaron los 260 mil millones de dólares; casi la mitad fue desviada hacia los bolsillos de una pequeña élite política e importadora a través de la malversación de fondos públicos, lavado de divisas, sobrefacturaciones en compras oficiales, empresas fantasmas, compras fraudulentas, banqueros sin escrúpulos, jueces complacientes, fiscales silenciados, tráfico de influencias, extorsiones, asesinatos selectivos. Las amantes con poder también son otro capítulo interesante en la historia de la corrupción en Venezuela.
Bien documentados los orígenes privados de la corrupción pública en Venezuela, hay que tomar en cuenta la grave lesión que recibió la tesorería nacional por parte de quienes disolvieron el dinero que el petróleo aportaba al país en los corretajes financieros del capital privado nacional e internacional. Durante el puntofijismo la impunidad fue la prima más cercana de la corrupción.
Hoy en Venezuela el Ministerio Público encabezado por Tarek William Saab da algunas respuestas a la población en torno a tramas de corrupción que fueron denunciadas anteriormente vía medios de comunicación. La política de la renovada Fiscalía General de la República, contraria a la de la gestión anterior de Luisa Ortega Díaz (quien lideraba una red de extorsión en el seno de esta institución), se centra en individuos y grupos de poder que tomaron para sí lo que es del Estado y lo volvieron un arma para implosionar, debilitar, sabotear, corromper, las instituciones estatales nodales para la economía y las finanzas del país.
Un repaso por algunos casos de corrupción en la Cuarta República, conocidos por todos los venezolanos con memoria nacional, pone en contraste la actual cruzada que el Ministerio Público mantiene con respecto a la impunidad de las décadas anteriores.
El asesinato de Ramón Cardona: autopsia de la corrupción en la Venezuela Saudita
Gladys Jorge intentó demostrar ante los medios de comunicación que su esposo, el abogado venezolano Ramón Carmona, había sido asesinado por razones políticas y no por otras (robo o crimen pasional), como planteaba la Policía Técnica Judicial (PTJ).
28 de julio de 1978. Avenida Andrés Bello, Caracas. 2 y media de la tarde. Testigos en el terreno afirmaron que tres hombres salieron de una camioneta, intentaron hacer que el abogado se subiera al vehículo, y ante su negativa y consecuente forcejeo, recibió sendas ráfagas de ametralladora que dejarían el cadáver de Carmona en el asfalto y sangriento como en una película de gángsters estadounidenses.
La viuda de Carmona acusó públicamente a la PTJ de haber sido la autora material del asesinato. ¿Pero quién el autor intelectual? ¿Cuáles los motivos? Tanto El Nacional como Radio Caracas y la revista Resumen, dirigida por Jorge Olavarría, documentaron con minuciosidad todos los pormenores del caso y fungieron incluso de fiscales ante la impunidad estatal.
El entonces presidente Carlos Andrés Pérez movió sus influencias en el sistema judicial venezolano, por intermedio de la relación clientelar entre el líder adeco David Morales Bello y una importante camarilla de jueces y fiscales, para detener las investigaciones pertinentes al caso. ¿Qué relación tiene el asesinato de Carmona con el Presidente de la República? ¿Por qué tanta diligencia por parte de Pérez?
Todas las evidencias develaron una compleja estructura de transacciones ilegales que incluía el uso del Estado para fines de enriquecimiento privado por parte de una red social encubierta cuyo centro era el propio presidente Pérez y su círculo cercano de «apóstoles» y amantes.
Para entender esta red habría que hablar de industriales italianos.
Renato Campetti fue un empresario que compró, junto con otros accionistas italianos, Playa Moreno, terreno de propiedad pública de 1.200.000 m² en la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta, gracias a la «permisología» del gobierno de Pérez para convertirlo en un centro turístico privado. Campetti formaba parte del círculo de confianza de Cecilia Matos, secretaria y amante de Pérez. Carmona fue abogado del rico italiano.
Por su lado, el grupo económico Di Mase, vinculado desde siempre a Acción Democrática, tenía fuertes intereses en la banca y era propietario de la ensambladora venezolana de la italiana Fiat.
Tanto Campetti como los hermanos Di Mase y el contratista Alberto Aoun fungieron de intermediarios en la compra del Estado venezolano de seis fragatas militares, barcos de guerra, vendidas por Cantieri Navali del Tirreno Riuniti, de Riva Tigroso, Italia. Esta transacción supuso un negocio de más de 600 millones de dólares. El antropólogo Fernando Coronil, en su análisis y crónica sobre el caso, descubrió que el informe anual de la Contraloría General de la República muestra que el Gobierno pagó por los barcos 100 millones de dólares más que su precio de mercado.
Parte de ese dinero (entre sobornos y sobreprecios), según el testimonio de Manuel Molina Gásperi, paró en los bolsillos de la mismísima Cecilia Matos.
Molina Gásperi fue el jefe de la PTJ durante el primer gobierno de Pérez, acusado por Gladys de Carmona de ser el autor intelectual del asesinato de su esposo, y apresado por hechos que no refieren directamente al homicidio del abogado y posteriormente puesto en libertad condicional.
Ramón Carmona y Manuel Molina Gásperi conocían el negocio que llevó a inflar la cuenta bancaria de Matos. Carmona y Molina estaban enfrentados.
El ex jefe de la PTJ declaró clandestinamente en 1979 ante medios de comunicación que el asesinato del abogado se había decidido «en el Palacio Presidencial, porque Carmona sabía demasiado» acerca de los negocios de Cecilia Matos con Campetti y los italianos de Riva Tigroso.
De más está decir que los detalles y alrededores del caso no fueron esclarecidos.
El chino expiatorio de Recadi
Con el llamado Viernes Negro en 1983, el saliente presidente Luis Herrera Campíns inauguró la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales (Recadi) para el control estatal de las divisas, incluida la imposición de una tasa preferencial para importaciones. Se supone que la medida ayudaría a frenar la fuga de divisas.
El gobierno de Jaime Lusinchi mantendría Recadi como fórmula monetaria. La segunda administración de Carlos Andrés Pérez lo desmontó. El 23 de febrero de 1989, unos días antes del Sacudón venezolano, el ex Presidente de la República anunció a medios de comunicación que había ordenado a los ministros de la Secretaría, Hacienda y Relaciones Interiores, «abrir una rápida, exhaustiva y determinante investigación sobre un posible fraude a la Nación, derivado de la sobrefacturación de importaciones con dólares preferenciales, autorizados por Recadi a varias empresas del sector privado durante 1988, y cuyo monto podía ascender a 2 mil 500 ó 3 mil millones de dólares».
Para el 10 de abril de 1989 se reportaba que el monto alcanzaría los 50 mil millones de dólares. Según la siguiente tabla compartida por el periodista Ernesto Navarro, la cantidad sería mucho mayor.
Reseña Navarro en torno a la trama que Recadi era «utilizado por funcionarios públicos, empresarios, políticos y particulares para traficar influencias, otorgar y recibir privilegios, ventajas económicas, evadir leyes, responsabilidades, lucrarse en grupo e individualmente de las mayorías populares. El nombre de Blanca Ibáñez, secretaria privada del presidente Lusinchi, será uno de los más relacionados con este caso».
Carlos Tablante, del Movimiento al Socialismo (MAS), ante la Cámara de Diputados del extinto Congreso nacional acusó a cinco empresas de «aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, utilización de dólares preferenciales para fines distintos a los declarados, sobre facturación de importaciones y soborno» en Recadi. Las empresas eran:
- Distribuidora Nueva Zelandia C.A.
- Maquinarias Royal C.A.
- Maquinarias Europa, C.A.
- Maquinarias Victoria.
- Maquinarias Onix.
Las empresas pertenecían «a los ciudadanos chinos Ho Fuk Shum y Ho Fuk Wing, ambos con domicilio social falso y actividades comerciales totalmente desconocidas», dijo Tablante en su alocución del 26 de marzo de 1989.
Las investigaciones se concentraron en tres frentes específicos: investigación inmediata de las últimas gestiones cumplidas por los más recientes directores de Recadi, Ana Teresa Herrera Balduz y Edgalia Bastardo de Leandro; la administración de divisas para el Puerto Libre de Margarita; y la actuación de las empresas verificadoras internacionales: Caleb Brett, Bureau Veritas y Société Généralé Surveillance.
A principios de mayo de 1989, el juez Luis Guillermo Larriva López, encargado del caso, dictó autos de detención contra los presidentes de las tres empresas extranjeras verificadoras de las importaciones y contra dos chinos nacionalizados venezolanos (Ho Fuk Shum y Ho Fuk Wing) por el delito de «aprovechamiento fraudulento» de dinero del Estado. También apresaron a tres empleados del Banco Ítalo Venezolano.
Estas fueron las primeras y últimas detenciones en torno al caso Recadi.
Por ello mismo, sorprendieron las declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Salvaguarda, Guillermo Urbina Cabello, sobre el caso Recadi del 12 de abril de 1989: «En estos casos, cuando están implicados sobre todo altos funcionarios públicos, es muy difícil, por no decir imposible, comprobarles la comisión de un acto de corrupción, porque son personas generalmente universitarias, ilustradas y con cierta cultura que, además, para cometer estos delitos, se asesoran por abogados, auditores, contabilistas, economistas… son los llamados ladrones de cuello blanco».
Resalta el hecho de que Urbina Cabello junto a otro miembro del Tribunal Superior de Salvaguarda resolvieron cerrar la averiguación penal contra la empresa Interamericana de Aviación y su presidente, Julio Mendoza Silva, «por considerar -y esta fue la primera decisión en el caso Recadi en contra o a favor de algún particular- que hasta el presente no se ha ocasionado ningún daño al patrimonio público en el otorgamiento de dólares preferenciales, dado que el Fisco Nacional puede ejecutar la fianza otorgada. Por tanto, este otro hecho denunciado no reviste tampoco ningún ilícito penal», decía la ponencia.
De hecho, el único que permaneció tras las rejas fue Ho Fuk Wing, mejor conocido en la historia de Venezuela como «el chinito de Recadi». Fuk Wing fue el chino expiatorio que necesitaba el puntofijismo en su enfoque «gatopardista» de la política: que cayera un individuo sin mayor importancia para la trama de corrupción más escandalosa hasta esos momentos era una victoria acotada a la impunidad campante de los criminales con levita y paltó, un blanqueamiento de capital político que no duraría sino unos pocos años más.
Los lobos del Banco Latino
Entre 1993 y 1995 se dio la famosa crisis financiera en la que el Estado venezolano intervino 16 bancos en quiebra cuyos activos representaban 48,4% del sistema financiero local y concentraban más de 50% de los depósitos. Además, se produjo una fuga de capitales estimada en 3 mil 730 millones de dólares.
Pedro Tinoco hijo fue presidente del Banco Latino y uno de los «apóstoles» más poderosos de Carlos Andrés Pérez. En la década de 1990 fungió como presidente del Banco Central de Venezuela, mientras se conservaba como el principal accionista del Latino.
Siendo el principal responsable de la entidad reguladora de la moneda venezolana, aprobó el libre albedrío de su próspero banco permitiendo el aumento desproporcionado de los intereses por depósitos y ahorro bancario, con el objetivo de captar ahorristas y en consecuencia el dinero de la población que acudiera a los servicios financieros del Banco Latino.
Explica Franco Vielma que la misión de Tinoco y otros muchos banqueros de la época «consistía en amasar inmensas cantidades de capital con un solo propósito: centrifugar el dinero venezolano y adquirir con él (es decir con plata que no era de ellos, sino de los ahorristas) inmensas cantidades de dólares al Estado y a los tenedores que los ofrecían en el mercado paralelo de la época».
Sigue Vielma: «De esa manera los bancos se capitalizaron con divisas que luego fugaron del país. En simultáneo, este grupo de bancos y banqueros detonaron una ‘insolvencia masiva‘, tanto en dólares como de capital en bolívares -de los ahorristas- en los bancos. Decretaron un corralito financiero y se impuso el verdadero pandemónium. Por avaricia y por actuar a sus anchas dominando la política monetaria estatal, los banqueros reventaron una crisis donde millones de personas perdieron sus ahorros, sin quien respondiera por ellos y sin anunciar reparaciones. Eran aquellos tiempos ‘cuando éramos felices y no lo sabíamos’, tiempos en los que tener el dinero en el banco era un verdadero riesgo de perderlo».
Lo que ocurrió posteriormente, la fuga de todos los banqueros a Miami, Panamá o Costa Rica, conformó una página más de impunidad en torno a la corrupción financiera en nuestro país. Todos, incluidos los recordados Orlando Castro (Banco Progreso) y Gustavo Gómez López (Banco Latino), alegaron ser víctimas de componendas o de persecusión política.
La quiebra generó suicidios y pérdidas cuantiosas a personas naturales y jurídicas. La crisis se agudizó en un primer momento con el auxilio financiero del Estado a los banqueros, dinero que el Estado generó de la nada, sin respaldo y que aceleró la crisis monetaria.
La fuga del «auxilio» se produjo nuevamente con la reproducción del robo sistemático, pues las condiciones de ingobernabilidad y libre albedrío monetario persistían. Los ahorros de personas naturales no recibieron reparaciones o fueron reparados luego de años, cuando las devaluaciones e inflación habían restado valor a esos ahorros. Incluso muchas de esas reparaciones pendientesse hicieron en el primer gobierno de Hugo Chávez en respuesta a una demanda de justicia por un gran número de personas afectadas.
El total de las «ayudas» entregadas por el Gobierno nacional de entonces a la banca comercial fue de aproximadamente 1 billón 272 mil millones de bolívares, anota Vielma.
El 19 de enero de 1994 el gobierno de Ramón J. Velásquez, quien sustituyó al caído Pérez, rescató al Banco Latino a un costo de casi 1 mil 800 millones de dólares. En el Latino no solo estaban depositados ahorros de la población (1,2 millones de depositantes), sino también fondos del Estado, incluidos recursos de la agencia de regulación bancaria.
La cantidad de dinero en «auxilios financieros» entregados por el gobierno de Rafael Caldera a las instituciones afectadas alcanzó, a mediados de junio de 1994, más de 8 mil 500 millones de dólares, equivalentes al 75% del presupuesto nacional para ese año.
La población, e incluso el mismo Estado venezolano, veía frente a sí cómo grupos oligopólicos se apropiaban de su dinero y los fugaba fuera a grandes centros del capitalismo financiero, fuera a paraísos fiscales. El neoliberalismo sin adjetivos.
Comparaciones clave
Sin duda los casos de corrupción que ilustran esta investigación tienen características comunes con las actuales tramas descubiertas por el Ministerio Público en estructuras como Cadivi/Cencoex y PDVSA.
- Sus orígenes se caracterizan por la inserción de individuos y grupos en las estructuras del Estado que tuvieron por objetivo captar, privatizándolo, dinero de la renta petrolera.
- Se utilizaron las figuras de empresas fantasmas para cobrar sobrefacturación en compras públicas y otras irregularidades en beneficio del desfalco.
- El tráfico de influencias y extorsiones de jueces, fiscales y agencias de seguridad estatales se unifican en redes que congregan a entidades privadas como firmas de abogados, bancos, personas jurídicas.
- La fuga de capitales es una característica vital de estos casos de corrupción.
- La captación de renta petrolera por miles de millones de dólares es el fin último de los criminales de «cuello blanco».
- El único dato diferencial entre los casos del puntofijismo y los ahora investigados por la Fiscalía General es que éstos últimos tienen a la corrupción como herramienta para flagelar, con alevosía, los cimientos del Estado-nación venezolano al mismo tiempo que provee riqueza personal.
En ninguno de los casos comentados hubo objetivo alguno de lograr que se hiciera justicia o determinar qué era lo que realmente había sucedido.
El mencionado antropólogo Coronil, con relación a este desconcierto, escribió en El Estado mágico: «Los escándalos eran expresión de una lucha de poder cuyo fin era recomponer una violación de las reglas o un desequilibrio específico por medios informales. Se movilizaba a la opinión pública para realinear las fuerzas en el seno de la clase dominante, no para alcanzar un resultado legal concluyente. Los lazos de reciprocidad existentes, construidos en torno de una compleja red de complicidad, servían como contención contra la formalización de la resolución de los conflictos mediante el sistema legal. El escándalo transformaba un caso en espectáculo. El espectáculo no producía los resultados de obligatorio cumplimiento que producen las decisiones legales, sino una representación, la ilusión de que había resultados».
Todo lo contrario, la presenta lucha contra la corrupción pretende resarcir los daños ocasionados por empresarios fraudulentos y funcionarios públicos, con una impronta de repatriar los capitales fugados y obtenidos de forma ilegal.
El balance hasta los momentos es una muestra de que el combate a la impunidad no se toma con ligereza: por los múltiples casos que incumben a PDVSA y sus filiales, incluidas las tramas descubiertas en la Faja Petrolífera del Orinoco, se encuentran detenidos 67 gerentes, 17 de ellos altos mandos, ex presidentes de la estatal petrolera y ex ministros (Eulogio Del Pino, Nelson Martínez); por el caso Cadivi-Cencoex son 209 las empresas investigadas, además de 21 empresarios detenidos por fraude cambiario hasta los momentos.
El mismo Fiscal General anunció que la cruzada apenas empieza. Con el apoyo irrestricto del presidente Nicolás Maduro y la población venezolana, la lucha contra la corrupción al estilo puntofijista parece cosa del pasado. La historia, esta vez, no parece repetirse: otros son los tiempos.