Con los comicios municipales que se realizarán este domingo 10 de diciembre, Venezuela va a las urnas por tercera vez en menos de cinco meses.
Procesos electorales incómodos para la mediocracia global
El 30 de julio de este año se realizaron las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con una participación de 8 millones 89 mil votantes, lo cual representó un 41,53% del padrón electoral.
Este proceso tuvo un importante significado político ya que cerró de forma definitiva la agenda de violencia y caos promovida por dirigentes de oposición con respaldo y financiamiento de las potencias occidentales. Más de 140 asesinados, cientos de heridos y daños millonarios a bienes públicos y privados en distintas ciudades, fueron el saldo de esa maniobra que intentaba desplazar al chavismo del poder por vías anticonstitucionales.
La ANC fue propuesta por el presidente Nicolás Maduro en el mes de mayo como un mecanismo político y electoral para estabilizar a Venezuela y darle una salida pacífica al conflicto. Aunque la oposición venezolana solicitó sanciones a Estados Unidos y la Unión Europea (UE) para, entre otras cosas, deslegitimarla internacionalmente, la ANC se instaló y comenzó a tomar decisiones en función de consolidar la estabilidad política.
El 12 de agosto haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, la ANC ordenó adelantar las elecciones de gobernadores para el 15 de octubre. En medio de disputas internas y un fuerte rechazo de sus seguidores, a quienes habían convencido de que asistir a comicios con el Consejo Nacional Electoral (CNE) vigente significaba respaldar a «la dictadura», las principales toldas opositoras inscribieron sus candidatos.
Con una participación electoral del 61,14% del padrón electoral, el chavismo obtuvo 18 gobernaciones (54% de los votos) y la oposición sólo cinco (45% de los votos). Los estados Miranda, Lara y Amazonas, reconocidos bastiones opositores, pasaron a manos del chavismo. Tratando de evitar el balde de agua fría de los resultados, la vocería opositora cantó fraude, efecto que duró pocos días por la ausencia de pruebas y poco respaldo internacional, salvo los predecibles pronunciamientos del Departamento de Estado y la UE.
Las disputas se agudizarían días después en la MUD, toda vez que cuatro gobernadores de Acción Democrática se juramentaban ante la ANC mientras Primero Justicia y Voluntad Popular tildaban la acción como «una traición».
El 26 de octubre siguiente, la ANC ordenó nuevamente que las elecciones de alcaldes se realizaran el 10 de diciembre, pues los cargos municipales ya se encuentran vencidos, al igual que el de gobernadores antes de la elección, según lo estipula la Constitución venezolana.
EEUU y Luis Almagro recriminaron a la oposición su participación en las elecciones regionales, por lo que su plana mayor optó por no asistir a los siguientes comicios municipales. Aunque los dirigentes de las principales formaciones político-electorales afirmaron que sancionarían a militantes que se inscribieran en el proceso, no pudieron evitar que en más de 300 municipios del país opositores de distintos partidos entraran a la contienda.
Más de 5 mil candidatos, según el CNE, se enfrentan en las elecciones municipales. Dado que las organizaciones del chavismo van con un solo candidato en casi la totalidad de los municipios, la gran mayoría de los candidatos (un promedio de 14 por municipio) son del bando opositor. Hace días recientes, el dirigente Enrique Márquez de Un Nuevo Tiempo y representante ante la Mesa de Diálogo de República Dominicana, confirmó que la tarjeta de su partido sirvió para inscribir candidatos de Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular que no tenían el respaldo de sus direcciones nacionales.
«La dictadura», medios, calendario electoral y lo que se dice de la democracia venezolana
Luego de que, por causas de fraude, el referéndum revocatorio fuera suspendido por 12 tribunales judiciales del país, el discurso de «la dictadura» en Venezuela dejó de ser retórica de un segmento radical de la oposición venezolana para convertirse en un discurso de la propaganda global contra el país.
Las protestas violentas que sacudieron a Venezuela durante cuatro meses tenían como una de sus excusas principales que el CNE no había oficializado un calendario electoral para las elecciones regionales y municipales para 2017. Un argumento totalmente falso puesto que la autoridad electoral ya había fijado que las elecciones serían este año, específicamente para julio y diciembre.
Julio Borges en febrero afirmaba que el Gobierno era una «dictadura», la cual «había tomado la decisión de no ir a elecciones» y en consecuencia las mismas servirían para «cambiar el rumbo» de Venezuela.
El alto nivel de violencia promovido en las calles sirvió la mesa para que la mediocracia global catalogara a Venezuela como un Estado que reprimía los derechos humanos, y a Julio Borges y a Freddy Guevara para solicitar sanciones ante EEUU y la UE. El Secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, el día que sancionó al presidente Nicolás Maduro (24 horas antes de las elecciones constituyentes) lo calificó de «dictador».
De esta forma, las sanciones financieras y económicas contra Venezuela se dieron bajo la excusa de que en Venezuela no había «democracia, Estado de derecho y elecciones», aun cuando el CNE había establecido que las elecciones de gobernadores y alcaldes se realizarían durante la segunda mitad de 2017.
Y efectivamente así fue: una vez instalada la ANC se convocaron los dos procesos electorales que desde finales del año 2016 había programado el CNE. Es decir, Julio Borges y otros dirigentes promovieron protestas violentas en las calles para unas elecciones a las cuales, ahora, ven contraproducentes asistir. Esto producto del rechazo de sus propias bases por haber incumplido sus promesas de sacar al chavismo del poder y luego asistir a las elecciones regionales bajo el CNE vigente.
Ahora para deslegitimar las elecciones, la oposición venezolana recurre a la retórica de la «ausencia de garantías» para el proceso, argumentando que la reubicación de centros electorales que estaban en zonas redisenciales víctimas del asedio de las guarimbas y la «falta de observación internacional» complican sus posibilidades de triunfo.
Sin embargo, la reubicación de centros (279 en total) se realizó tan sólo para el 2% del total (13 mil 599). Es decir, una afectación casi nula sobre sus posibilidades de votación a lo largo del país. Por otro lado la observación electoral solicitada por la oposición es la de la OEA, institución que ha legitimado fraudes electorales en Colombia, México, Haití y recientemente en Honduras.
El Consejo de Expertos Electorales de América Latina (Ceela) es la organización que ha fungido como visor internacional de los procesos electorales en Venezuela, en su amplia trayectoria ha trabajado junto a la OEA y la UE. Sobre los recientes procesos en Venezuela ha resaltado la confiabilidad y seguridad del sistema.
Para Luis Almagro y el lobby de congresistas republicanos del Sur de La Florida (Marco Rubio, Ileana Ros, entre otros) el Ceela no es un observador confiable aunque ha participado en elecciones (Nicaragua y Paraguay, por ejemplo) donde los resultados no han sido cuestionados por estos actores.
Resulta paradójico y hasta risible que actores políticos que pugnaron varios meses por la realización de elecciones, las cuales nunca estuvieron negadas por el CNE, vale destacar, huyan ante la oportunidad de aumentar la conquista de municipios y de imponerse como una mayoría electoral en las urnas. Tal parece que la consigna «Elecciones Ya» era más un medio que un fin en sí mismo, en la búsqueda de lograr sanciones que asfixiaran al país y les permitiera llegar al poder bajo una estrategia de demolición económica.
Venezuela, más allá de las elecciones tradicionales, es un hervidero político donde la participación se ejerce en distintos niveles de la sociedad, no sólo en el sistema clásico de partidos. Los consejos comunales, CLAP, UBCH, comunas, son solo algunos de los espacios donde el músculo de la participación política se ejerce cotidianamente y sobre problemas concretos.
«La dictadura» venezolana no sólo es única en el hemisferio por la cantidad de veces que en un año convoca a la población a elegir distintos cargos públicos, sino por lo que trascurre bajo esas urnas: un país movilizado políticamente para hacerle frente a sus dificultades.
Y aunque en apariencia estas elecciones sean de segundo orden, en realidad tienen una importancia cardinal: consolidar la victoria política del chavismo en 2017 sobre los planes que buscaban su aniquilamiento como fuerza política, sumar a la estabilidad política, inhibir la narrativa de «la dictadura» elevando el perfil de la ANC como herramienta de resolución de conflictos e imponer carácter y respeto para un intrincado 2018.
2017 fue el año donde buscaron destruir la Constitución, el Estado venezolano y al chavismo, todos los recursos y dispositivos se enfilaron en función de ello. Este domingo se demostrará, una vez más, que no pudieron lograrlo.