Los regímenes de excepción son el tipo de sistema político que corresponde a los gobiernos de restauración liberal. En Argentina, en Brasil, en Ecuador, se revelan como el modelo político compatible con gobiernos que reaccionan en contra de los gobiernos populares, antineoliberales.
Son sistemas basados en la judicialización de la política, como forma de criminalizar a los líderes populares, así como a los movimientos sociales y a las formas alternativas de medios de comunicación. Una alianza entre los medios monopólicos de comunicación, los partidos de derecha, sectores del Poder Judicial y de la policía son el bloque político que implementa los regímenes de excepción.
Un rasgo típico de esos regímenes de excepción es la persecución a los líderes populares, por lo que representan como defensa de los programas antineoliberales, de extensión de los derechos sociales y políticos, de soberanía nacional, de crecimiento económico y de expansión del mercado interno de consumo de masas.
Típicos de la coyuntura política actual son los intentos de excluir a los líderes más populares que esos países han tenido en este siglo de la posibilidad de que puedan volver a ser candidatos a presidentes. Lo que ha pasado recién en Ecuador es una expresión más de que regímenes que adhieren a proyectos antipopulares y antidemocráticos tienen como obsesión excluir la posibilidad de enfrentarse a candidaturas que representan exactamente lo que ellos tratan de contradecir.
Lo que confirma que el gobierno de Moreno traiciona el mandato que ha recibido es que nada de lo que hace –incluso el referendo– estaba en su programa electoral y deja de defender lo que sí estaba en ese programa. Pone la responsabilidad de la situación económica en los supuestos gastos excesivos del gobierno de Rafael Correa, precisamente como dice la derecha ecuatoriana. Y como hacen las derechas de Argentina y de Brasil.
Para defender ese tipo de posición, no puede enfrentarse a Correa, que representa exactamente lo opuesto. Entonces tiene como objetivo central su exclusión como posible candidato que proponga el retorno del programa más exitoso de la historia de Ecuador.
Así como también la derecha boliviana se empecina en intentar que Evo Morales pueda ser candidato de nuevo. Sabe que no puede enfrentarlo en una campaña democrática, por eso le gustaría excluirlo. A la vez que desarrolla la campaña mediática –en la prensa tradicional y en internet– más sucia que Bolivia ha conocido, similar a la que hizo para el referendo con la absurda invención de una supuesta amante e hijo clandestino de Evo.
Trata de rebelar a sectores de clase media que se sienten incomodados por la afirmación de los derechos de la masa indígena del pueblo boliviano, por eso desarrolla campañas racistas, de discriminación, con mentiras y acusaciones falsas. Sabe que es la única manera de conquistar apoyos para disputar con Evo Morales, responsable del gobierno que ha transformado de la manera más extraordinaria a Bolivia.
De la misma manera, en Argentina se busca criminalizar a Cristina Kirchner, para intentar excluirla, vía judicialización de la política, de la posibilidad de que vuelva a disputar la presidencia del país y ejercer plenamente su liderazgo popular, sin las absurdas acusaciones con que intentan ensuciar su prestigio y su apoyo popular. Conforme el gobierno de Macri va perdiendo apoyo, resultado sobre todo de su política económica antipopular favorable a los bancos, necesita intensificar los ataques a Cristina, para buscar que no se imponga la comparación central en el país, entre el gobierno antineoliberal de ella y el gobierno neoliberal de Macri.
Lula es objeto de la más monstruosa campaña de persecución política, paralela al apoyo popular expresado en todas las encuestas, que lo convierte en el único líder brasileño en condiciones de pacificar el país y retomar un proyecto que ha hecho crecer la economía con una distribución de renta como Brasil nunca había conocido. Se suceden los procesos, al mismo tiempo que explotan los escándalos en torno a los mismos jueces que lo acusan, por recibir sobrepagos para vivienda –aun teniendo fastuosas casas propias–, como forma de superar el techo salarial que podrían recibir. Moro lo justifica como forma de aumentar los sueldos millonarios que ya tienen.
Se suman así las persecuciones a Lula, a Evo Morales, a Rafael Correa, a Cristina, como formas de intentar excluirlos de la disputa política via judicial e intentos de destrucción de imagen pública. Es otro rasgo de los regímenes de excepción que se han instalado en Argentina, en Brasil y que ahora surge en Ecuador y que es el proyecto de la derecha en Bolivia.
La izquierda, el movimiento popular, todos los que defienden la democracia en nuestros países, tienen que empeñarse a fondo en la resistencia en contra de los regímenes de excepción, en la denuncia de su carácter antidemocrático, en su objetivo de restauración neoliberal. De ese enfrentamiento depende el futuro del continente por mucho tiempo.