Capitalismo y corrupción: un problema sistémico y sistemático

El término corrupción, en su sentido más amplio, se refiere a las estrategias privadas que subvierten los intereses colectivos de determinadas comunidades y encontraremos casos tan antiguos como la propia historia.

 

Ya en la Biblia, son varias las referencias a la corrupción de los reyes, de sus amigos, de los príncipes y de los recaudadores de impuestos.  El derecho griego fue el primero en abordar el tema de la corrupción y el derecho romano, el primero en tipificarla.  En el siglo XVI las denuncias de Martín Lutero contra la corrupción en el seno de la Iglesia Católica por medio de la venta de indulgencias motivaron el llamado «cisma» que daría origen a las vertientes protestantes.

 

Sin embargo, justamente porque la corrupción estuvo siempre directamente asociada a las estrategias de poder, obviamente que en cualquier época o lugar es muy difícil denunciarla e incluso tener claridad sobre dónde empiezan y dónde terminan los actos corruptos.  La historia demuestra con muchos ejemplos que el desarrollo del capitalismo está asociado a la constitución de lazos de corrupción entre los grupos políticos que comandan a los Estados nacionales y los grupos privados que tienen el poder económico.

 

La corrupción en el seno de las potencias capitalistas

 

El investigador Eric Williams reveló que el negocio del tráfico de esclavos hacia el Nuevo Mundo fue fundamental para el proceso de acumulación primitiva del capitalismo de Inglaterra y que su elevada rentabilidad amplió la corrupción en el sistema político británico a través de la compra de escaños en el parlamento y garantizando títulos de nobleza a los comerciantes de esclavos[1].  También en el ascenso de Estados Unidos a la condición de potencia capitalista, se documentaron amplios expedientes de corrupción[2].  En 1887, por ejemplo, durante una huelga de los trabajadores ferroviarios, los dueños de los ferrocarriles, William Vanderbilt y Jay Gould, que habían apoyado la elección del Presidente Rutherford B. Hayes, fueron recompensados con las tropas del ejército para reprimir a los huelguistas al costo de cien muertos.

 

Desde aquella época fue común la intervención militar estadounidense en otros países para defender intereses de las empresas de EEUU.  Como afirmó el general Smedley Butler, que sirvió por 33 años y combatió en Filipinas, China y Centroamérica: «La mayor parte de este tiempo no he sido más que un matador con clase a sueldo de la gran empresa, Wall Street y la banca. Dicho en pocas palabras, he sido un chantajista, un gangster del capitalismo» refiriéndose a las intervenciones militares que comandó a favor de intereses de petroleras estadounidenses en México, del National City Bank en Cuba y en Haití, del Brown Brothers International Bank en Nicaragua, de empresas azucareras en la República Dominicana y de la Standard Oil en China[3].

 

Asociadas a las estrategias expansionistas del imperialismo estadounidense, prácticas corruptas se generalizaron entre los diferentes segmentos del sector público de aquel país.  Congresistas, presidentes de la república y miembros de las fuerzas armadas a menudo eran recompensados financieramente por empresas.

 

En 1954, Allan Welsh Dulles, Director General de la Central Inteligence Agency (CIA), también accionista de United Fruit Co, patrocinó con recursos públicos un golpe de Estado en Guatemala, derribando al Presidente Jacobo Arbénz por haber implantado una reforma agraria considerada perjudicial para los intereses de la empresa.  Los desdoblamientos políticos de aquella intervención llevaron al genocidio de más de 200 mil guatemaltecos, la gran mayoría indígena, a cargo de los diferentes gobiernos dictatoriales que se sucedieron[4].  La reciente guerra contra Irak siguió en el mismo sentido para atender intereses de empresas petroleras estadounidenses, como la Halliburton en la cual el vicepresidente, Dick Cheney, tenía participación.

 

En la posguerra fueron muchos los casos de corrupción.  Un ejemplo notorio fue el de la empresa estadounidense Lockheed, hoy Lockheed Martin, fabricante de aviones militares.  Fue denunciada a principios de los años setenta por haber pagado sobornos a agentes públicos de diversos países entre las décadas de 1950 y 1970.  Se estima que en total los ejecutivos de la empresa gastaron cerca de 300 millones de dólares (3.600 millones de dólares en valores actualizados) en sobornos para que sus productos fueran adquiridos por diferentes gobiernos[5]. Entre ellos, ministros y/o jefes de Estado de Alemania Occidental, Italia, Japón, Arabia Saudita y hasta el Príncipe Consorte, Bernard, de Holanda.

 

A principios de los años noventa, la «Operación Manos Limpias» conducida por la justicia italiana reveló uno de los más famosos esquemas de corrupción de los últimos tiempos. En la operación estuvieron implicados empresarios, agentes públicos y políticos en prácticas de corrupción para dirigir licitaciones y contratos de obras públicas.  Más de seis mil personas fueron investigadas, incluyendo cuatro ex primeros ministros y se ordenó prisión a cerca de 1.300.  El impacto sobre la sociedad italiana y su clase política fue enorme.  Al menos cuatro partidos se extinguieron y la pérdida de confianza en los políticos abrió el camino para la ascensión del magnate y político neoliberal, Silvio Berlusconi, más tarde condenado por comprar servicios sexuales de una menor de edad y por haber sobornado a un senador.

 

Sin embargo, la corrupción no es exclusiva de las relaciones entre las esferas pública y privada. A menudo, la corrupción puede involucrar a actores privados, pero que lesionan lo público en general.  Vale recordar el caso protagonizado por Volkswagen en EEUU que vendió 11 millones de vehículos entre 2009 y 2015 con un software que adulteraba las medidas de emisión de contaminantes.  El delito, que contó también con la complicidad de las agencias reguladoras, fue más tarde reconocido públicamente por el presidente de la empresa, obligándola a gastar 6.500 millones de euros para lidiar con las indemnizaciones, multas y reparaciones[6].

 

En fin, no parece exagerado decir que independientemente del sistema político, del momento histórico o de los valores que orientan a cada sociedad, la corrupción siempre despunta cuando hay concentración de poder y, más que eso, se convierte en un estratagema para quien ya dispone de poder, conseguir aún más poder.

 

La corrupción funcional al capitalismo

 

No obstante, se debe resaltar que en el capitalismo la corrupción gana sentido distinto e incluso funcional.  El movimiento de concentración y centralización del capital ha sido acompañado de casos emblemáticos de corrupción, no raramente vinculados a estrategias competitivas de empresas de gran reputación internacional.  Como reveló el empresario Ricardo Semler, dueño de una empresa de bienes de capital en Brasil, «es difícil vender a muchas ensambladoras e incontables multinacionales sin antes dar propina al director de compras«[7].

 

La intensificación de la competencia intercapitalista lleva a la multiplicación de prácticas espurias de subordinación de los intereses generales de la sociedad a los del capital.  Cuando la única medida a ser considerada es el beneficio de las empresas y el pago de dividendos a los accionistas, no parece haber límites para los embustes de los CEO’s que comandan las grandes corporaciones.

 

Toda vez, desde el inicio de los ochenta con la reconfiguración procesada en el seno del capitalismo, se produjo un vertiginoso proceso de aumento del poder de las corporaciones internacionales en la misma medida en que declinó la capacidad regulatoria de los estados nacionales[8].  Con el avance del neoliberalismo y la intensificación de la globalización comercial y financiera, crecieron tremendamente las presiones para que los gobiernos nacionales, principalmente en la periferia, flexibilicen la protección y regulación de sus respectivos mercados internos, so pena de ser excluidos de las cadenas globales de valor, que ahora dictan la nueva división internacional del trabajo.

 

Ante tan enorme poder de las corporaciones, las instituciones públicas de regulación y control acabaron transformándose en objeto de negociación, algunas veces explícitas –como en los parlamentos cooptados por los lobbies y por el financiamiento privado de las campañas–, otras veces de forma ilícita por medio de la corrupción directa de los agentes públicos.

 

En Brasil, es notoria la expresión «crear dificultades, para vender facilidades», es decir, crear reglas y normas que dificultan el cumplimiento de la ley pero que pueden ser «flexibilizadas» mediante soborno.  En los países desarrollados, sin embargo, las desviaciones se dan cada vez más por vía inversa, particularmente, en cuanto a reglas y normas bancarias que son tan simples y desburocratizadas que facilitan sobremanera el flujo y depósito de «dinero sucio».  Es el caso del sigilo bancario suizo que hace extremadamente difícil identificar cuentas y depositantes que dejan sus dineros por allá o de la figura del trustee que rige en las islas de Jersey y Guernsey (canal de la Mancha), donde el depositante no se identifica y los recursos quedan en el nombre de terceros que reciben una comisión por el «servicio»[9].

 

Evasión de divisas

 

El poder corruptor del dinero también se hace presente en las estrategias de evasión de divisas que se generalizaron alrededor del planeta en las últimas décadas, ampliando la economía subterránea que desvía dinero a los «paraísos fiscales» u «off-shores«.  Los casos recientes de los esquemas de evasión de los «Panamá papers», «Swiss leaks / HSBC» y «Paradise papers» son reveladores de la participación de parte de las élites de países europeos y latinoamericanos con esas prácticas lesivas[10]. También es emblemático el caso de la City londinense, motor económico de una de las más consagradas democracias de Occidente, que es responsable del 24% de las operaciones financieras “offshore” que se dan en el mundo actual[11].

 

En España, el Partido Popular (PP) adoptó esquemas corruptos para financiar a sus dirigentes y al partido.  Según la legislación española, el financiamiento de campañas se realiza con recursos públicos.  Sin embargo, se permite a individuos donar a partidos con valores limitados a 60 mil euros.  El tesorero del PP, Luis Bárcenas, administró entre 1990 y 2008 una «Caja 2» por un valor de 8 millones de euros procedentes de donaciones ilegales de empresas a cambio de contratos públicos.

 

También en Estados Unidos, los casos de fraude financiero y de corrupción se multiplicaron a la par de las sucesivas olas de desregulaciones que ocurrieron desde principios de los años 1990, principalmente a partir de la gestión de Bill Clinton (1994 – 2000).

 

Uno de los casos más notorios fue el de la empresa Enron que actuaba en los sectores de energía y comunicaciones.  El esquema se inició con la desregulación del sector energético estadounidense y contó con la complicidad de Arthur Andersen, la más antigua firma de auditoría y contabilidad de EEUU, además de grandes instituciones financieras como Citibank, JP Morgan, Chase, Merrill Lynch, Goldman Sachs, entre otras.  El objetivo era multiplicar el valor de las acciones de la empresa y así embolsar cientos de millones de dólares en el mercado de capitales.  Para inflar el precio de las acciones, diversas ilegalidades puso en práctica el directorio como, por ejemplo, ordenar que algunas líneas de transmisión fueran desactivadas por algunas horas, generando un desequilibrio entre oferta y demanda para provocar aumentos del precio de la energía y valorizar las acciones.  Con ellas en alza, los directores no sólo atraían a nuevos inversores en el mercado de capitales, sino que aprovechaban para vender sus posiciones y ganaban millones de dólares en la bolsa de valores. Además, al mismo tiempo que inflaba artificialmente sus ganancias, Enron ocultaba del balance algunos miles de millones de la deuda que poseía, de tal manera que parecía una empresa sólida y altamente lucrativa.

 

En 2001, cuando el fraude fue revelado, las acciones cayeron de US $ 86.00 a US $ 0.30 y la compañía fue a la bancarrota.  Los empleados de la empresa cuyas jubilaciones estaban vinculadas a las acciones vieron que sus pensiones se volvían polvo, con una pérdida que alcanzó los 1.200 millones de dólares.  Diversos fondos de pensiones que habían invertido en los papeles del gigante energético perdieron otros 2.000 millones de dólares, comprometiendo las jubilaciones de miles de personas repartidas por el país.  Arthur Andersen fue a la quiebra y los bancos que participaron en la estafa tuvieron que indemnizar a sus clientes con algunas decenas de millones de dólares.

 

En 2008, a pesar de las modificaciones en la legislación de Estados Unidos para evitar nuevos fraudes de ese tipo, el mundo se sorprendió con esquemas mucho más sofisticados de operaciones con derivados financieros. Contando con la colaboración de diferentes actores e instituciones estadounidenses, se engendró un proceso de especulación con títulos hipotecarios que culminó en brutales pérdidas para los contribuyentes de aquel país y para una inmensa cantidad de prestatarios que perdieron sus casas.

 

El colapso de 2008 generó una multimillonaria socialización de los daños, conducida por el Federal Reserve Bank, sin que los responsables de alto rango sufrieran mayores sanciones, ni fueran denunciados por actos de corrupción[12]. Por el contrario, los ejecutivos de los bancos y las autoridades gubernamentales continúan ocupando cargos de asesoría en instituciones financieras, agencias de regulación y universidades, en el país y en el exterior, con abultadas remuneraciones.

 

Consideraciones finales

 

No existen datos precisos sobre los valores relacionados con la corrupción, pero existen estimaciones a partir de la identificación de los flujos financieros que escapan al control de las autoridades, que permiten evaluar que los fraudes fiscales y de las instituciones financieras representan en promedio el 70% del total de los flujos de dinero ilícito, siendo el tráfico de drogas el segundo mayor, con un volumen cercano al 12%.

 

A pesar de algunas medidas moralizadoras que se han adoptado para mitigar el avance de la corrupción a escala mundial, los valores relacionados con el lavado de dinero han crecido en los últimos años.  En 1988, se “lavaron” US $ 340 mil millones, o el equivalente al 2% del PIB mundial.  En 1996, esa cifra saltó a US $ 1.100 millones, equivalentes al 3,5% del PIB mundial y en 2005 el valor efectivo se duplicó, aunque en términos porcentuales del PIB mundial se quedó en el 3%[13].  (Traducción: ALAI)

 

Referencias bibliográficas

 

BATISTA, Paulo N. O Consenso de Washington: uma visão neoliberal dos problemas latino-americanos. In: Barbosa Lima Sobrinho et al. Em Defesa do Interesse Nacional: Desinformação e Alienação do Patrimônio Público. São Paulo: Paz e Terra, 1994. Disponible en: https://goo.gl/1CtJpX

 

BELLUZZO, Luiz G. M. O capital e suas metamorfoses. São Paulo: Ed. UNESP, 2012.

 

________; GALÍPOLO, Gabriel. Manda quem pode, obedece quem tem prejuízo. Campinas: Facamp, 2017.

 

GRANDIN, Greg. A Revolução Guatemalteca. São Paulo, Editora UNESP, 2002.

 

MOURA, Denise. BBC Brasil, 4/11/2012.

 

SCHNEIDER, Friedrich. Financial Flow of Organized Crime and Tax Fraud in Developed Countries: an empirical investigation. In Edelbacher, Maximilian; Kratcoski, Pete C.; Dobovsek, Boran. In Corruption, Fraud, Organized Crime and the Shadow Economy. Florida: CRC Press, 2016.

 

SEMLER, Ricardo. Nunca se roubou tão pouco. Jornal Folha de São Paulo. São Paulo:  21/11/2014. Disponible en: https://goo.gl/1Bp6fU

 

STONE, Oliver e KUZNICK, Peter. A história não contada dos Estados Unidos. Barueri: Faro Editorial, 2015.

 

 

Kjeld Jakobsen es Doctor en Relaciones Internacionales y miembro del Grupo de Coyuntura de la Fundación Perseu Abramo del PT.

 

Marcelo P. F. Manzano es economista y profesor universitario.