Contra el ajuste, la represión y la impunidad

A 42 años del Golpe genocida, iniciado aquel 24 de marzo estamos en esta Plaza del pueblo y en todas las del país para repudiar el terrorismo de Estado.

Venimos nuevamente a repudiar los crímenes de lesa humanidad: las miles de desapariciones forzadas, los asesinatos, las presas y presos políticos; las torturas; el robo de bebés; el funcionamiento de cientos de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio; la censura; la mentira organizada; la pobreza programada; una Guerra por Malvinas con delitos de lesa humanidad; la deuda externa que causó hambre por décadas; el exilio al que fueron obligadas miles de personas; el terrorismo de Estado. Hace un año, frente a esta misma Plaza alertamos acerca del negacionismo impulsado por funcionarios del Gobierno, que ha tenido diversos intentos para abrir la puerta a la impunidad. Venimos entonces aquí, también para recordarles a los negacionistas, una vez más, que los desaparecidos son 30.000 y nos faltan a todos.

Estamos acá, en unidad, porque nuestro país nos necesita así para defender nuestros derechos. Estamos en esta Plaza, de marchas y actos, bombardeada, caminada por las Madres, Abuelas, Padres y Familiares en pleno genocidio. Acá vinimos los primeros años a gritar: ¡APARICIÓN CON VIDA! Y volvimos a hacerlo el año pasado, con mucho dolor, ante la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

Hoy nos convocan a esta plaza los despidos masivos, la miseria planificada, la entrega del país a los buitres, la persecución de los pueblos originarios; la persecución a militantes; las presas y presos políticos; la impunidad para los genocidas, la violencia institucional, la represión a la protesta social, la censura a la prensa; y la defensa de todos los derechos de las mujeres, lesbianas, travestis y trans.

Los argentinos y argentinas vivimos un plan económico que aumenta la riqueza de pocos y la pobreza de muchos. Este Gobierno impulsa una reforma laboral en contra de los derechos del pueblo, cuyo modelo ya vivimos en la década del 90 basado en los preceptos de Martínez de Hoz. Su resultado es flexibilización laboral, explotación, desocupación y más desigualdad. Mauricio Macri queremos decirte: ¡basta de ajuste, represión e impunidad! Frente a este atropello son contundentes los mensajes de las trabajadoras y trabajadores en cada acto, como lo siguen siendo los reclamos de las y los docentes por una paritaria nacional digna y justa. No podemos vivir en un país con hambre, represión y genocidas sueltos. No vamos a permitirlo.

El pañuelazo blanco del año pasado contra el 2×1 a los genocidas fue un mensaje claro: el único lugar para un genocida es la cárcel. Esos que hoy caminan por las calles, o están en sus casas con el beneficio de la domiciliaria o la libertad condicional, 42 años atrás encabezaron una dictadura genocida que masacró a una generación y causó consecuencias que todavía perduran. Son culpables de un plan sistemático de exterminio desplegado en todo el país y la región, en lo que fue el accionar represivo del Plan Cóndor.

En la Argentina hubo más de ochocientos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, donde se cometieron delitos contra la humanidad como secuestros, torturas, desapariciones forzadas, vuelos de la muerte, delitos sexuales, robo de bebés, asesinatos y robo de bienes. En las cárceles, las presas y presos políticos también fueron víctimas de los delitos de la dictadura. En las calles, el horror, el miedo como política de Estado, la censura a la prensa como amenaza y persecución concreta, un plan económico de exclusión para la mayoría y de enriquecimiento abismal de una minoría, una deuda externa que empobreció a generaciones, fueron crímenes contra todo el pueblo.

Miles de exiliados y exiliadas por la persecución y la muerte: el terrorismo de Estado estaba en todas partes. En las escuelas, las fábricas, los cines, la televisión, la radio, los diarios, los bares, las universidades. Pasaron 42 años de aquella madrugada entre el 23 y el 24 de marzo en la que los genocidas empezaron a decidir sobre la vida y la muerte del pueblo. Comunicados numerados para informar el horror; la cúpula de la Iglesia sentada en la misma mesa que Videla y los grupos económicos como Clarín, La Nación, La Nueva Provincia o la Editorial Atlántida; la Sociedad Rural Argentina, Ledesma, Ford, Fiat, Mercedes Benz, La Veloz del Norte, Acindar, Dálmine-Siderca y Loma Negra; la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica; la corporación judicial cómplice rechazando miles de hábeas corpus; y el “no te metás” como campaña del miedo, fueron las formas cotidianas de ese terrorismo de Estado. Un Mundial de Fútbol a medida del silencio, una Guerra por las Malvinas como intento de continuar un proyecto de muerte.

Además, expresamos nuestro repudio al acuerdo firmado por el Gobierno para favorecer los intereses británicos en el Atlántico Sur en contra de los intereses argentinos, violando la Constitución Nacional y leyes vigentes. ¡Defendemos nuestra soberanía! ¡Las Malvinas son Argentinas!

Al mismo tiempo, en las calles de la Argentina y en la prensa del mundo, comenzaba la resistencia de los pañuelos blancos. Las Madres, Abuelas, Familiares salieron a las calles a preguntar dónde estaban los desaparecidos y sus hijos nacidos en cautiverio. A ellas les dijeron “locas”. Más de 40 años después, siguen siendo un ejemplo internacional de la lucha por los derechos humanos y están acá, en esta Plaza, una vez más, de pie.

Hoy mientras intentan imponer el miedo, mientras aumenta la represión, seguimos defendiendo a la política como herramienta de transformación de la realidad. Por eso, en esta plaza recordamos las militancias de los 30.000 en las organizaciones del Peronismo Revolucionario: UES, Montoneros, FAP, Sacerdotes por el Tercer Mundo y FAL; la tradición guevarista del PRT, Ejército Revolucionario del Pueblo; y las tradiciones socialistas y comunistas: Partido Comunista, Vanguardia Comunista, PCR y PST; las luchas en las Ligas Agrarias y en los ingenios azucareros, el Rosariazo, el Cordobazo, y las comisiones internas en las fábricas, el movimiento sindical, estudiantil y popular, y tantos espacios en los que miles de compañeras y compañeros lucharon por ideales de libertad, igualdad, solidaridad y justicia social.

Acá estamos, luchando, con este pueblo que siempre sale a las calles cuando tocan sus derechos. Por eso, porque hoy tenemos un Gobierno cuyo único plan es avasallarlos, en esta Plaza, frente a la Casa Rosada, gritamos:

¡Marchamos contra el ajuste, la represión y la impunidad. Por una democracia sin presas y presos políticos ni genocidas sueltos!

Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia no sólo deben continuar, sino también profundizarse, pero desde el 10 de diciembre de 2015 a esta parte, fueron blanco de una agresión deliberada del poder ejecutivo. Desde la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Claudio Avruj, se vaciaron áreas vinculadas a políticas de Memoria, Verdad y Justicia, y se despidió a parte de las trabajadoras y trabajadores que las sostenían. También fueron desmanteladas las Direcciones de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad y el Banco Central dedicadas a buscar documentación de la dictadura, y corre el mismo riesgo el equipo de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Pero los retrocesos no se dan solamente en el ámbito del Poder Ejecutivo, sino también en el Legislativo y el Judicial.

Tenemos que denunciar, una vez más, que el Congreso de la Nación no ha puesto en funcionamiento la comisión bicameral para investigar la participación civil, mientras que en Casación, la Sala III, integrada por Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques anularon la condena a Marcos Levin, empresario de La Veloz del Norte. También seguimos esperando que la Corte se pronuncie sobre el fallo del 2×1.

Nos sigue preocupando la demora para los procesos judiciales: la falta de constitución de Tribunales para juicios de lesa humanidad; la distancia entre audiencia y audiencia en los juicios que ya están en instancias orales. Hemos luchado por décadas para que los criminales de lesa humanidad lleguen a la justicia, necesitamos celeridad en estos procesos. Los juicios a los genocidas se constituyeron en un ejemplo ante el mundo, con todas las garantías constitucionales respetadas para los imputados y sin tribunales especiales. Es necesario que continúen en todo el país, porque ya son parte del pueblo argentino.

Hace unos meses, el Gobierno y la Corte Suprema intentaron instalar la impunidad a los genocidas con el 2×1. No pudieron. Se vino el pañuelazo: un millón de personas en todas las plazas del país lo frenamos y dijimos bien fuerte: ¡Nunca más un genocida suelto!

Hoy, queremos aprovechar esta plaza para reivindicar la lucha de todos aquellos que se movilizaron y se movilizan contra el silencio y por la vida. ¡Gracias! ¡Luchar vale la pena, claro que sí!

Alertamos sobre el uso de las prisiones domiciliarias como una forma solapada de impunidad. El Gobierno intenta otorgar este beneficio a los genocidas de forma indiscriminada, sin hacer una evaluación caso por caso. En la actualidad, 580 represores gozan de este privilegio, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dependiente de Germán Garavano, mediante el Servicio Penitenciario Federal, busca ampliar ese número. De esta forma, quieren beneficiar a genocidas como Astiz, el Turco Julián y el Tigre Acosta. Fue la lucha del pueblo la que posibilitó que se revocara el privilegio que permitió que el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz pasara el verano en una casa con pileta en Mar del Plata, en tanto seguimos exigiendo saber qué pasó con Jorge Julio López y exigiendo el Juicio y Castigo a todos los culpables.

Mientras hay presos comunes hacinados en las cárceles, hay 100 genocidas que viven en una cárcel vip en Campo de Mayo. El mismo lugar donde en dictadura funcionó un centro clandestino de detención y una maternidad clandestina. Esos sitios contienen pruebas de los delitos cometidos por los dictadores y sus cómplices, y deben ser preservados como prueba de estos crímenes. Es por eso que resulta una ofensa que el presidente Mauricio Macri pretenda convertirlo en un Parque Nacional.

Con la complicidad del Poder Judicial, desde que asumió este Gobierno fueron sobreseídos de las causas Herrera de Noble, Mitre, Magnetto, Blaquier, Massot. La Justicia los sobreseyó y el Gobierno no apeló esas decisiones, en sintonía con el paradigma ideológico que quieren imponernos.

El año pasado logramos sentencias históricas en Mendoza, donde se condenó a la corporación judicial que también fue la dictadura; en Tucumán, por el Operativo Independencia, aunque el fallo no haya alcanzado todo lo esperado; y en esta ciudad, por la Megacausa ESMA, donde se condenó por primera vez el accionar criminal de los vuelos de la muerte.

Queda mucho pendiente sobre el juzgamiento de esos juicios de lesa humanidad, como también de los cometidos en el marco de la Guerra por las Malvinas. Seguimos acompañando el reclamo de los ex combatientes para que sean juzgados esos delitos y se logren las identificaciones de todos los que fueron enterrados sin nombre.

También queremos destacar que cuando hay voluntad política, los derechos humanos pueden ser políticas de Estado. Así quedó demostrado durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, donde muchas de nuestras banderas se hicieron realidad. Hace 14 años, un 24 de marzo, Néstor Kirchner bajó los cuadros de Jorge Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar. Esos genocidas murieron juzgados y condenados a prisión perpetua y en una cárcel común gracias a la lucha del pueblo. Por eso, le reiteramos al Gobierno que no permitiremos ni un retroceso en Memoria, Verdad y Justicia.

¡Ni un genocida más suelto!

Ya llevamos 42 años buscando a nuestras nietas y nietos desaparecidos. Hemos resuelto 127 casos, pero aún son cientos los hombres y mujeres que viven con su identidad falseada. Somos muchas las familias que necesitamos saber dónde están, qué hicieron con los niños secuestrados junto nuestros hijos e hijas, y con los cientos de bebés nacidos en cautiverio. Las restituciones nos han traído la certeza de sus nacimientos, pero el siniestro plan de robo y sustitución de identidad aún nos impide hallarlos. Necesitamos la ayuda de toda la sociedad para encontrarlos. Es deber de todos como ciudadanos de este suelo, saber qué pasó con ellos y ellas. Hasta que el último de esos niños -hoy hombres y mujeres- no aparezca, la identidad de todos y todas está en duda. Nuestra sociedad debe construir su identidad desde la verdad. Es imperioso que quienes tengan algún dato sobre un posible hijo o hija de desaparecidos, lo acerque a Abuelas. Ya no hay tiempo para secretos familiares guardados bajo siete llaves, o momentos especiales para contar lo que hace décadas nos incomoda. Anímense a decir lo que saben, porque detrás de ese rumor puede estar la libertad de uno de nuestros nietos. Hoy buscamos a hombres y mujeres de alrededor de 40 años, muchos de ellos madres y padres, por eso la identidad de sus hijos también está afectada y también tienen derecho a conocer su origen, su historia. La identidad es un derecho, que entre todos debemos garantizar.

Y así como denunciamos una connivencia de un sector del Poder Judicial con la impunidad, también queremos destacar a todos aquellos funcionarios judiciales, que aún bajo presiones y amenazas, continúan avanzando en aquello que consideran justo. No es casualidad que el Gobierno nacional persiga a los jueces y fiscales del Poder Judicial que han investigado y avanzando en las causas de lesa humanidad. La presión ejercida mediante la apertura de procesos ante la justicia y ante el Consejo de la Magistratura es inaudita, luego de 35 años de democracia. Queremos una Poder Judicial independiente y a la altura de las conquistas en materia de derechos humanos de nuestro pueblo.

Se persigue a quien piensa, opina o actúa distinto. En estos dos, años hemos visto y vivido en carne propia cómo han avanzado con el cercenamiento de la libertad de expresión. La modificación de la Ley de Medios, el despido de periodistas en medios públicos y privados, el cierre de medios de comunicación, a la par del aumento de la concentración en unos pocos, los mismos de siempre, son ejemplos de lo que sucede en nuestro país. Los medios que fueron órganos de propaganda del terrorismo de Estado, cuyos dueños fueron partícipes, siguen siendo hoy los voceros del negacionismo, la mentira y las operaciones de prensa. Son los mismos que con delitos de lesa humanidad se robaron la empresa Papel Prensa.

No debemos naturalizar estos hechos, como tampoco el intento de acallar las voces de todos aquellos periodistas que denuncian, investigan y son un grito ante tanto silencio hegemónico mediático. ¡Nunca más el silencio! Sigamos luchando por un país con libertad de expresión.

No podemos tolerar que se persiga y encarcele a opositores al Gobierno. Las y los militantes del campo popular que nos oponemos a este Gobierno somos víctimas de los ataques de los medios hegemónicos, de las denuncias infundadas, de la represión policial y amenazas, y de la persecución judicial.

Nos solidarizamos con todos aquellos que son perseguidos, simplemente por denunciar y oponerse a las políticas de la alianza Cambiemos. Y, en especial, queremos abrazar a las compañeras y compañeros de los sindicatos, que están siendo atacados: ¡Unidad, de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode! ¡Unidad de las trabajadoras, y al que no le guste, que se joda, que se joda!

También nos solidarizamos con las presas y presos políticos. Desde diciembre de 2015, la cantidad de presos por razones políticas ha aumentado. Compañeras y compañeros a quienes no se les ha probado ningún delito ni tienen condena, están privados de su libertad. En este país la ley no es igual para todos: tenemos un Presidente que asumió procesado y en libertad.

En esta Plaza del pueblo venimos a pedir la libertad de nuestras presas y presos políticos, porque no los olvidamos y queremos verlos pronto nuevamente luchando en las calles. Esta mañana, los compañeros Carlos Zannini y Luis D´Elía fueron liberados. Es un acto de justicia que nos alienta a seguir reclamando por todas y todos los compañeros. No aceptaremos la persecución desde el Gobierno Nacional a quienes fueron funcionarios como tampoco a los dirigentes sociales. También queremos exigir la libertad de quienes luchan por sus tierras ancestrales. Queremos afirmar que los compañeros que fueron detenidos durante la razzia posterior a la marcha contra la reforma previsional en diciembre pasado, son presos políticos de este Gobierno, porque los motivos para estar privados de su libertad no son jurídicos: son políticos. Están encerrados por su militancia y oposición al Gobierno antipueblo. Y estamos aquí para exigir la libertad y el desprocesamiento de los luchadores populares. ¡A los genocidas, la cárcel ya! ¡A los compañeros y compañeras, la libertad!

El 1º de agosto del año pasado, Gendarmería realizó un operativo violento e ilegal en el territorio de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia que se manifestaba en defensa de tierras ancestrales. Ese día tuvo lugar la desaparición de Santiago Maldonado que fue encontrado muerto casi 80 días después en el Rio Chubut. Pero no fue el río: fue el Estado, y el Gobierno es responsable. Por eso seguimos exigiendo que se investiguen todas las participaciones en el hecho, desde los gendarmes hasta el Presidente y que de una vez por todas sea apartada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Pablo Noceti, su jefe de Gabinete, quienes han demostrado que la única seguridad que pueden dar es la de atentar contra la vida desde el Estado. También repudiamos categóricamente el accionar de los medios dominantes, que instalaron operaciones de prensa para atacar a la familia Maldonado e intentar demonizar la lucha de las comunidades.

El 25 de noviembre pasado, la Prefectura asesinó a Rafael Nahuel con un tiro por la espalda. Él también defendía las tierras. A él también lo mató el Estado y luego intentaron culparlo. El mismo método represivo se repite ante las mismas luchas, para defender los intereses de los grupos económicos transnacionales, como el de Joe Lewis, amigo del Presidente Macri.

Acá, frente a la Casa Rosada, decimos: ¡¿qué hicieron con Santiago Maldonado?! ¡Justicia por Santiago y Rafael! ¡Juicio y Castigo a todos los culpables!

La violencia institucional hoy es una política de Estado, desplegada por el país, refrendada por un Presidente que felicita a un policía que ejerce la pena de muerte, como lo hizo con Luis Chocobar. Es inadmisible ese mensaje en democracia, como también lo es el accionar de Nicolás González Montes de Oca y Mauro Díaz Cáceres, integrantes de la Policía de Tucumán que asesinó a Facundo Ferreira. Decimos una vez más: ¡Basta de matar! ¡Ni un pibe ni una piba menos!

Conocemos lo que es tener familiares desaparecidos. Por eso, con profundo dolor queremos desde aquí acompañar a las familias de los tripulantes desaparecidos del ARA San Juan. Estamos cansados de que así como sucedió con la familia Maldonado, hoy el Gobierno nacional nuevamente destrate a las familias, oculte la verdad y ampare a los responsables de la tragedia del submarino. Basta de silencios cómplices. Dígannos qué pasó, dónde están esos cuerpos, y quiénes son los responsables de esta tragedia.

Todas estas situaciones son algunas de las que tenemos en el país, en el que se vulnera a diario el Estado de Derecho. Buscan que el miedo discipline a la sociedad para que no salgamos a las calles a defender nuestros derechos. Para eso usan la represión: así fue con la Escuela itinerante de la lucha docente, con la protesta contra la reforma previsional antipueblo, así lo hacen de manera permanente con las comunidades originarias y con las mujeres organizadas. No lo vamos a permitir. Ya conocemos cómo es una sociedad con miedo, pero también sabemos que, aunque intenten instalarlo, este pueblo dijo NUNCA MÁS.

Seguimos defendiendo la Patria Grande, esa por la que lucharon los 30.000 y seguimos luchando. Por eso, repudiamos el terrorismo de Estado en México donde aumentan las desapariciones forzadas y asesinatos. En Brasil expresamos nuestro más enérgico repudio y pedimos el esclarecimiento del asesinato de Marielle Franco, Anderson Pedro Gomes y de Paulo Henrique Dourado Teixeira en un país militarizado por el gobierno de Temer, quien llegó al poder a través de un golpe parlamentario. Acompañamos al pueblo colombiano en su búsqueda de paz, y exigimos al gobierno de Santos el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Nos proclamamos solidarios con los pueblos de Nuestra América en la lucha por su autodeterminación y nos reconocemos en la resistencia contra la agresión imperialista de los pueblos de Venezuela y Cuba.

Repudiamos el discurso xenófobo y discriminatorio que se intenta imponer desde los medios de comunicación hegemónicos locales y desde el Gobierno hacia los nuestras hermanas y hermanos latinoamericanos que vienen a nuestra patria en busca de mejores condiciones para ellos y sus familias. Somos parte de la Patria Grande que soñaron Bolívar, San Martín, O’ Higgins, Artigas y Juana Azurduy. ¡Migrar es un derecho humano!

Expresamos nuestro profundo rechazo a la cesación del Refugio Político a Galvarino Sergio Apablaza Guerra, víctima por décadas de persecución política en Chile. Exigimos al Gobierno nacional respeto a la ley argentina y a la Convención Internacional sobre el Estatuto de Refugiados y condenamos la expulsión y el decreto discriminatorio firmado por el presidente contra Apablaza.

A 42 años del Golpe cívico-militar, denunciamos el mismo plan económico y sostenemos la misma lucha. Por eso, HOY MARCHAMOS CONTRA EL AJUSTE, LA REPRESIÓN Y LA IMPUNIDAD. POR UNA DEMOCRACIA SIN PRESAS Y PRESOS POLÍTICOS NI GENOCIDAS SUELTOS!

Ante un Gobierno que vulnera los derechos del pueblo, seguimos respondiendo con lucha, compromiso y solidaridad. Vamos a seguir en las calles, las plazas, las luchas. Vamos a seguir gritando ¡PRESENTES! por los 30.000, porque detrás del negacionismo está el intento de olvido, y detrás del intento de olvido está la intención de desmovilizarnos. No nos han vencido: ¡estamos acá, en unidad, con el pueblo, con las banderas de los 30.000 en alto!

¡LIBERTAD A LAS PRESAS Y PRESOS POLÍTICOS!

¡RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS NIETOS Y NIETAS!

¡JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y PARTÍCIPES CIVILES!

¡BASTA DE AJUSTE Y REPRESIÓN AL PUEBLO!

¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!

¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!

¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!

Abuelas de Plaza de Mayo

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas

H.I.J.O.S. Capital

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

APDH La Matanza

Asociación Buena Memoria

Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte

Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz

Fundación Memoria Histórica

Liga Argentina por los Derechos del Hombre

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos