El rescate de los rehenes de la residencia del embajador japonés en el Perú es considerado uno de los mejores del mundo. | Fuente: Foto: AFP
La noche del 17 de diciembre de 1996, miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) tomaron 800 rehenes. La crisis duró más de 4 meses.
El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) fue una organización terrorista fundada en 1984 y liderada por Víctor Polay Campos hasta su recaptura y encarcelamiento en julio de 1992. Posteriormente, Néstor Cerpa Cartolini asumió la conducción. En un primer momento, buscó «denunciar la política económica» de los gobiernos y hacer ver al pueblo «la necesidad de emprender la guerra revolucionaria» como «único camino para la solución de fondo de la explotación y la opresión».
Su desarrollo como organización. La primera acción armada pública de este grupo ocurrió en mayo de 1982. Cinco subversivos, al mando de Polay Campos, asaltaron un banco en el distrito limeño de La Victoria. Un policía que resguardaba la entidad financiera hirió mortalmente a Jorge Talledo Feria, miembro del Comité Central.
En julio de 1985, al asumir el Gobierno el Apra, el MRTA le dio un año de «tregua», que aprovechó para organizar cuadros guerrilleros en la selva del departamento del Cusco, centro que fue desarticulado un año después por las fuerzas del orden. Luego de este revés, trasladaron su centro operativo a las zonas cocaleras de los departamentos de Junín, Huánuco y San Martín, donde establecieron una alianza con los barones del narcotráfico.
Más presencia operativa. En el período de la denominada «Guerra Revolucionaria del Pueblo», experimentó un crecimiento en su estructura política y militar: en 1984 se registran 19 actos terroristas; cinco años después asciende a 580 acciones.
Recomposición de la dirigencia. El febrero de 1989, la estructura fue golpeada duramente luego de que su secretario general, Víctor Polay, fue apresado en la ciudad de Huancayo. La caída causó serios problemas a la dirección subversiva. En esas circunstancias, Néstor Cerpa Cartolini asumió la conducción del MRTA.
Con la intención de liberar a sus militantes detenidos, los terroristas planificaron la construcción de un túnel de 332 metros de longitud que culminó en los primeros días de julio de 1990. El 9 de ese mes, 47 emerretistas, entre dirigentes y militantes, fugaron a través de él.
Retroceso político. A inicios de la década de los noventa, los militantes sostenían que la corriente socialista atravesaba una crisis profunda por los acontecimientos internacionales (caída del Muro de Berlín, la derrota del Frente Sandinista en Nicaragua, entre otros). Y en cuanto a la escena nacional, señalaron que las acciones de Sendero Luminoso habían desprestigiado lo que llamaban la «violencia revolucionaria».
Además de ello, el grupo subversivo sufrió duros fracasos en sus actividades operativas a causa de la aplicación de la nueva estrategia contraterrorista para la Pacificación Nacional, que emprendió el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000)
Toma de residencia de embajador japonés. El 17 de diciembre de 1996, 14 miembros al mando de Cerpa Cartolini tomaron la residencia del embajador japonés en Lima y capturó a 800 rehenes (congresistas, ministros, embajadores, etc.) pertenecientes a la vida política y económica del país. La finalidad de esta arriesgada incursión era chantajear al Gobierno para lograr la liberación de 400 de sus militantes condenados por delitos de terrorismo.
El mismo día de la toma, liberaron a todas las mujeres y niños que se encontraban retenidos, quedando un total de 72 rehenes en su poder. El 22 de abril de 1997, después de largas conversaciones y debido a la decisión del MRTA de rehusarse a permitir visitas médicas a los rehenes, las Fuerzas Armadas realizaron operaciones militares de rescate y lograron sacar con vida a 71 rehenes, lamentándose la pérdida de vida de uno de los rehenes y de dos oficiales. En la acción murieron los 14 miembros del MRTA.
Vulneración de DD.HH. En su informe final, la Comisión de la Verdad y de la Reconcilición concluyó que la agrupación terrorista fue responsable de 1.8% de las violaciones a los derechos humanos cometidos en el Perú durante los años 1980 y 2000.