Arrodillamiento y traición El montaje judicial contra Santrich

Y la rodilla en el suelo para el oro yanqui”

Jorge Eliécer Gaitán

 

El pasado 9 de abril, poco después de conmemorar en la Casa Museo Rafael Uribe Uribe los setenta años del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, y participar de un sentido homenaje a las millares de víctimas del genocidio gaitanista, nos enteramos a través de las redes sociales de la captura, con vicios de legalidad, del ex comandante de las FARC Jesús Santrich, tras ser allanada su residencia ubicada en el Barrio Modelia de Bogotá. Según trascendió más tarde en los medios masivos de comunicación el CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones dependiente de la Fiscalía General de la Nación) daba cumplimiento así, a una orden internacional de captura emitida por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, la cual sindica al ex guerrillero del cargo de conspiración para exportar 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, bajo circunstancias que involucran a otros ciudadanos colombianos también detenidos allí.

“Fuenteovejuna todos a una”

Pocas horas después el presidente de la república, Juan Manuel Santos se dirigía a la nación para informar de los hechos, anunciando que “como resultado de rigurosas investigaciones tiene pruebas contundentes y concluyentes que demostrarían la responsabilidad del señor Seuxis Hernández conocido como ‘Jesús Santrich’ en delitos de narcotráfico cometidos después de la firma del acuerdo”. Según su declaración, estas supuestas pruebas habrían sido facilitadas por el Fiscal General de la Nación, quien también intervino para decir que el Tribunal de Nueva York contaba con una “copiosa prueba que da cuenta de estos delitos de narcotráfico, de pruebas electrónicas, de pruebas documentales, videos que dan cuenta de la intervención de todos estos sujetos en actividades de narcotráfico”, para finalmente enfatizar que los hechos mencionados ocurrieron después de la firma de los Acuerdos de paz de La Habana.

De inmediato hubo pronunciamientos de los diferentes candidatos presidenciales quienes -como ha sido usanza en este país cuando se trata de juzgar a personas que han ejercido la oposición política y social- se apresuraron a emitir la condena mediática contra el líder del partido político de las FARC. Algunos, como el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, en un tono cargado de odio y retaliación invitaba a las autoridades a “actuar con firmeza e investigar qué otros cabecillas de esa organización siguen con esos vínculos criminales”. Por su parte Germán Vargas Lleras de Cambio Radical advertía que “si Santrich siguió narcotraficando (sic) después de diciembre 31 del año 2016, perderá los beneficios, procede la captura y la solicitud de extradición”. Palabras más, palabras menos, los demás aspirantes a la primera magistratura se manifestaron en términos similares, esto es que el ex jefe guerrillero debería demostrar su inocencia y que de no hacerlo, la extradición sería el camino inexorable para hacer justicia.

De estas consideraciones no escapó ni siquiera el candidato alternativo Gustavo Petro quien afirmó tajantemente que “Si la JEP confirma los hechos y soy presidente, Santrich será extraditado”. Por supuesto, no pretendo concluir de ello que el candidato del movimiento Colombia Humana, está situado en la misma orilla de quienes han instigado la guerra interna en el país. Sólo que su postura es una sintomática expresión de una izquierda que parece haber renunciado a plantear posturas éticas y humanistas en aras de un pragmático cálculo electoral, cuyo caudal cree ensanchar cuando asume posturas “políticamente correctas”. Someter a un ciudadano colombiano a la Justicia de los Estados Unidos, a sabiendas que constituye una flagrante violación de la soberanía nacional, y que este aparato judicial no actuará en derecho, aleja al ex alcalde de Bogotá, de la figura de Jorge Eliécer Gaitán (con la que algunos han querido asociarlo, no sin cierta ingenuidad). Este último al denunciar en el Congreso de la República, las responsabilidades del gobierno conservador y su aparato represivo en la masacre de las Bananeras (1928) no vaciló en levantar su dedo acusador hacia el país del norte, y develar que “El suelo de Colombia fue teñido en sangre obrera para complacer las arcas ambiciosas del oro americano”.

Ni qué decir de las posturas de algunos analistas políticos, académicos y columnistas, que ya sea por convicción o por conservar sus cargos burocráticos y seguir figurando como “orientadores de opinión pública” en los medios de (des)información, revisten su análisis de una pretendida “objetividad”, la cual se expresa en una insulsa política de simetrías. Así, reclaman un “proceso justo” para Santrich, pero al mismo tiempo alaban el funcionamiento de las instituciones que imparten justicia en Colombia, y aplauden la “rápida” y “eficaz” actuación de sus entes judiciales ¿acaso se están refiriendo a esa misma justicia, sometida a las directrices norteamericanas, que ha estado en contubernio con el terrorismo estatal y que decenio tras decenio ha garantizado impunidad a los autores de delitos de lesa humanidad y a los asesinos de millares de líderes de la oposición política, desaparecidos y asesinados por el sólo hecho de pensar diferente o habitar en zonas de conflicto?

Ceguera colectiva

Lo que causa mayor inquietud en la captura de Jesús Santrich con fines de extradición, no es la injerencia de los Estados Unidos que durante décadas ha atizado, alimentado y financiado el conflicto social y armado colombiano; tampoco el arrodillamiento ante la potencia imperial de un fiscal que ha litigado defendiendo los intereses de reconocidas empresas transnacionales; mucho menos la traición de unas élites gobernantes que históricamente han incumplido sus compromisos, tras pactar con quienes se han movilizado por las vías pacíficas o a través del ejercicio del derecho a la rebelión armada para transformar situaciones de injusticia. Lo que verdaderamente genera preocupación es la ceguera de una sociedad doblegada por el miedo y la indolencia, que concede credibilidad a absurdos montajes judiciales como el que ahora se hace para golpear aún más el proceso de paz, y enviar un mensaje al resto de integrantes de las FARC, en el sentido de que éstos no contarán con protección ni transparencia jurídica alguna.

Esta situación nos recuerda los dolorosos años del terrorismo estatal argentino, cuando amplios sectores de la sociedad de todos los estratos, condiciones y profesiones, terminaron avalando con su silencio, la “lucha antisubversiva” emprendida por la última dictadura cívico-militar-eclesiástica (1976-1983), que segó la vida de cerca de 30 mil personas ¿No está sucediendo en Colombia algo similar con las mal llamadas “ejecuciones extrajudiciales” (asesinatos a sangre fría cometidos por agentes estatales) y los “falsos positivos judiciales” que hoy día mantienen privados de la libertad a centenares de universitarios y egresados de las Universidades públicas, como en los casos emblemáticos del estudiante de sociología Mateo Gutiérrez, y de los sindicados de cometer el repudiable atentado en el Centro Andino de Bogotá?. Que esta franja de la juventud crítica permanezca injustamente encerrada en estos calabozos de la ignominia, es la mejor garantía para que los verdaderos autores de estos bárbaros actos puedan seguir actuando en la impunidad.

Y es que cuando los comunicadores de la gran prensa escrita y hablada se refieren al caso de Jesús Santrich, lo hacen atropellando el derecho constitucional de “presunción de inocencia”, y asumen las funciones de sanedrines que -en el colmo del cinismo- acusan al ex guerrillero de haberle dado “una bofetada al proceso de paz” y “traicionar la confianza de la sociedad”, como si ésta no hubiese sido traicionada desde sus inicios por el mismo gobierno, con el asesinato cada tres días de un líder social o defensor de derechos humanos, con los cerca de 600 presos políticos que se hallan en las cárceles por incumplimientos a la ley de amnistía o con el más de medio centenar de ex combatientes de las FARC que han sido asesinados. Todo ello, en situaciones verificables, ocurridas tras la firma de los Acuerdos de paz.

El fiscal Néstor Martínez: un fouché criollo

Suponer que Jesús Santrich, un hombre forjado en las luchas estudiantiles universitarias, se haya colocado él mismo la soga al cuello, tratando de enviar toneladas de cocaína a los Estados Unidos, es un insulto a la inteligencia. Santrich hace parte de una generación de jóvenes idealistas y rebeldes que como Antonio Larrota, Hernando González Acosta, Federico Arango Fonnegra, Francisco Garnica, Carlos Pizarro, Alfonso Cano, entre muchos otros más, abandonaron las aulas universitarias para luchar por una patria mejor. Que compartamos o no ese camino, ése es otro debate. Lo que sí hay que dejar en claro, es que desde los discursos y las actuaciones oficiales, históricamente se ha pretendido despojar a la insurgencia armada de su proyecto político, para presentarla como una banda de criminales dedicada a actividades ilegales como el secuestro y el narcotráfico, negando los fines altruistas que motivaron a muchos de esos hombres a ingresar a sus filas. Tesis que, vale la pena anotar, han prosperado gracias a la censura y persecución de quienes hemos asumido perspectivas críticas frente a estas visiones hegemónicas; así como a la autocensura de un significativo sector de la academia, que se ha escudado cómodamente en una supuesta “neutralidad valorativa”.

Contrasta sí, la estatura moral de Jesús Santrich y su vocación humanista, con la oscura y tenebrosa carrera del hoy Fiscal general de la Nación, Nestor Humberto Martínez, quien siendo hijo de uno de los precursores del humorismo y periodismo crítico en Colombia, jamás tuvo que padecer las censuras y los silenciamientos a que fue sometido su padre por los gobiernos de turno, ya que desde muy temprano supo acomodarse camaleónicamente en los diferentes ambientes en que se ha desenvuelto la fauna política colombiana. Por eso no sorprende verlo en la Junta Directiva del Banco de la República bajo la presidencia de César Gaviria; como Ministro de Justicia durante el gobierno de Ernesto Samper o como Ministro de la Presidencia bajo el segundo mandato de Juan Manuel Santos. De él podría decirse que ha sido una especie de Fouché criollo, aquel político francés a quienes sus contemporáneos, ya fuesen realistas, republicanos o bonapartistas no escatimaron adjetivos para describirlo como “traidor de nacimiento, miserable, intrigante, de naturaleza escurridiza de reptil, transfuga profesional, alma baja de esbirro, abyecto moral” (Cfr. Zweig. Fouché el Genio Tenebroso)

Lo cierto es que, a diferencia de Jesús Santrich quien renunció a sus comodidades materiales y tomó el camino de las armas como vía para expresar su rebeldía e inconformismo frente a una sociedad profundamente injusta y excluyente, el Fiscal Néstor Humberto Martínez, supo comprender –al igual que su mentor francés- el valor del oro, ese metal precioso que según Shakespeare “honra al ladrón y le da rango, pleitesía e influencia”. Por ello su carrera política ha ido de la mano con sus labores como asesor legal de Luis Carlos Sarmiento Ángulo (Una de sus empresas Estudios y Proyectos del Sol, Episol, es la principal socia de Odebrecht en dos casos de soborno); como empresario de la palma y el caucho; como abogado defensor de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), siendo socio fundador junto con su hijo, de la firma DLA Piper Martínez Neira, la cual surge de la asociación entre la firma global DLA PIPER y la firma Colombiana MNA Martínez Neira Abogados, que ha realizado asesorías legales en sectores como el bancario y financiero, corporativo y comercial, infraestructura, tributario, hidrocarburos y energía, entre otros más. De allí que se le conozca como “el abogado de los ricos”.

Las caras de la extradición

Para nadie es un secreto que en Colombia la extradición, presentada como una “herramienta eficaz para el combate del narcotráfico”, no ha pasado de ser en la práctica un instrumento represivo y de chantaje para los connacionales que han asumido el derecho a la rebelión, pese a que la norma constitucional prohíbe de manera perentoria la extradición de colombianos por delitos políticos. Esta situación se ha visto agravada, por la utilización de pruebas falsas elaboradas por los servicios de inteligencia y la Fiscalía General de la Nación, y las sistemáticas afectaciones al debido proceso y al derecho universal a la defensa. Una clara ilustración de esto, fue la extradición a los Estados Unidos del líder guerrillero Simón Trinidad, con el aval de la Corte Suprema, sobre la base de cargos infundados de narcotráfico. Por su parte, a Nayibe Rojas (Sonia), también guerrillera de las FARC, le estamparon la huella digital de una ciudadana acusada de narcotráfico para justificar su extradición, tal como lo denunciara en su momento el secretariado de esta organización que hoy ha hecho su tránsito a partido político.

Durante el gobierno de Álvaro Uribe la extradición de varios jefes paramilitares, constituyó una estrategia utilizada para evitar que el país conociera la verdad sobre los crímenes de Estado. Ahora, con la extradición de Jesús Santrich se busca silenciar a un caracterizado dirigente de las FARC, que se ha distinguido por su postura abiertamente crítica frente a los incumplimientos del gobierno, y que en los próximos meses ocuparía una silla en la Cámara de Representantes. Aunque en este momento el partido de las FARC no representa una amenaza electoral para la clase política tradicional, la casta dirigente colombiana sigue aplicando su consigna de eliminar sistemáticamente a su contradictor, justificando, además, tal accionar criminal. En la historia nacional abundan los ejemplos: al ex guerrillero gaitanista Sául Fajardo, lo asesinaron en las puertas de la cárcel Modelo, aduciendo que preparaba una supuesta fuga; a Guadalupe Salcedo, comandante supremo de las guerrillas llaneras lo acribillaron en las calles de Bogotá, propalando luego la falsa versión de que su muerte fue producto de un enfrentamiento con la policía que el ex guerrillero liberal propició tras consumir bebidas embriagantes; y ahora, nos pretenden convencer que como “una contribución a la paz de Colombia” Jesús Santrich debe ser extraditado por delitos de narcotráfico.

El presidente Juan Manuel Santos hace parte de este juego político. Su pantomima de “apóstol de la paz” no logra ocultar a los ojos de los colombianos sus perversidades e incumplimientos con la palabra empeñada. No hay que olvidar lo sucedido –en plenos diálogos de paz- con el guerrillero Jairo Martínez quien murió en un bombardeo, luego de retornar al país para adelantar actividades encargadas por la Mesa de La Habana. En la actual fase de implementación de los Acuerdos, la actuación del ejecutivo no ha sido diferente: las fallas e inoperancias de los Acuerdos, lo han sido, también por sus calculadas decisiones y orientaciones trazadas. Pero recordando a Cervantes “la verdad adelgaza, y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira, como el aceite sobre el agua” el respaldo del presidente Santos a los bombardeos de EU, Francia y Gran Bretaña contra Siria no es más que otra confirmación de estas sabias palabras.

Las élites dominantes en este país tienen la fuerza y el poder de construir las verdades oficiales y llevar a Santrich a un amañado tribunal de justicia, para que éste lo condene; sin embargo está claro que no podrán arrebatar su dignidad, como no han podido hacerlo con los centenares de presos políticos que mantiene hoy el Stablisment tras esos muros de iniquidad. Y es que el ex guerrillero de las FARC, encerrado en una cárcel de máxima seguridad, estigmatizado por los medios de comunicación, mancillado incluso por algunos de sus antiguos compañeros de armas, adelantando una delicada huelga de hambre pese a sus serios quebrantos de salud, personifica la conciencia moral del país nacional que nos hablaba Gaitán, de esa generación de hombres y mujeres que han demostrado que vale más el grito de un rebelde que la súplica de mil esclavos.

Miguel Ángel Beltrán Villegas, Profesor Universitario. Ex preso político.