Mediante sesión del parlamento de Venezuela, inhabilitado hasta ahora de sus funciones por mantenerse en desacato frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se ha aprobado dar pie y continuar las discusiones en el marco de una destitución forzada del presidente Nicolás Maduro de su cargo.
Esta decisión viene precedida luego de que en días recientes el llamado «Tribunal Supremo de Justicia en el exilio», un grupo de juristas venezolanos nombrados «magistrados» por el Parlamento en desacato, asumieran abrir un juicio al Presidente y determinar instantáneamente su destitución desde su situación de instancia paralela e ilegal en Colombia.
Un hecho inédito en la política venezolana y en el mundo desde el punto de vista jurídico e institucional. Esta particularidad sólo se explica en medio de la trama de asedio político a Venezuela y a sus autoridades nacionales, respaldada y promovida por Estados Unidos.
El planteamiento «efectivo» del «juicio»
La conclusión del «TSJ en el exilio» refería la destitución de Maduro y su orden de captura, que está planteada por y para instancias internacionales como Interpol, claramente controlada por EEUU. Esta declaración dejó anunciada la evidente inefectividad de dicha orden en Venezuela, dadas las irregularidades y violaciones claras a la Constitución de este acto, por desarrollarse desde una instancia ilegal, fuera del territorio venezolano y sin derecho a la defensa de Maduro.
No obstante, diseñada desde instancias extranjeras, esta estrategia se proyectó como un soberbio paso adelante en la creación de un expediente judicial contra Maduro que, en efecto, se había legitimado en el frente externo venezolano con patrocinio claro de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la persona de Luis Almagro y con el apoyo del senador norteamericano Marco Rubio, piezas claves de la operación de cambio de régimen contra nuestro país.
En ciernes y luego de la decisión del «TSJ en el exilio», el Parlamento venezolano había eludido dar este debate. Al menos hasta este martes 17 de abril.
En una sesión con suficiente quórum, con 107 diputados y con menos de la mayoría calificada (que es de 112 de 167 curules), esta sesión se desarrolló dando vuelta de hoja a algunas claras posturas divididas entre los partidos de la oposición que no convalidaban estas condiciones para «enjuiciar» al Presidente, y los que sí han asumido con vehemencia la «aventura» de violentar las leyes venezolanas.
La conclusión de este debate difirió una decisión definitiva que quedó relegada para nueva discusión dentro de una semana, dando cuerpo y continuidad al «antejuicio». Con la presencia de 107 diputados (tras la incorporación de dos diputados del Gran Polo Patriótico), el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, anunció que existen méritos suficientes y se autoriza continuar el proceso judicial al presidente Nicolás Maduro por el caso Odebrecht, donde es señalado por la ex fiscal venezolana y prófuga de la justicia, Luisa Ortega Díaz, de cometer actos de corrupción y extorsión y concierto para delinquir.
La conspiración puertas afuera asume las riendas
Aunque los diputados antichavistas declaran que este acto no tendrá efectividad en Venezuela, han dejado claro que es el frente externo antichavista el que ejercería las presiones para darle cuerpo.
La trama de asedio a Venezuela en su variante judicial parece completarse más todavía
Vale la pena destacar el contexto en el cual ocurre esta maniobra. Ésta se define por una inflexión en los sistemas de la política exterior estadounidense, ejerciendo presiones desbocadamente en todos sus frentes en simultáneo, y particularmente en el caso de Venezuela, apuntando sanciones y presiones políticas, diplomáticas y económicas. El «juicio» a Maduro entonces parece ser un mecanismo de legitimación «por instituciones venezolanas» de acciones coercitivas que ya están en curso, y otras que podrían sobrevenir.
Es preciso subrayar la presión que ejercen los interlocutores antichavistas en el extranjero contra los diputados en Venezuela para que ejecuten la decisión del TSJ ilegal. Julio Borges y Antonio Ledezma son los principales lobbistas y promotores de las sanciones, cumplen un rol de legitimación de las decisiones fraguadas desde los burós estadounidenses, y este último personero sería un eventual «presidente de la transición en el exilio» si la Asamblea Nacional concreta la referida encomienda de «destituir» a Maduro.
La peligrosidad de esta maniobra necesariamente invoca a recordar otros contextos. La creación de instancias paralelas y supuestas destituciones a los liderazgos políticos en funciones son componentes elementales y complementarios de tramas bélicas. O por lo menos así fue en Libia. A más de siete años del asedio, Libia vio proclamarse a tres facciones paralelas a Gadaffi disputándose el poder, desde el exilio en Malta, y en suelo libio en Benghazi y Trípoli.
El peligro de una activación de una cacería internacional contra Maduro, cuestión «legitimada» desde el frente externo, es también un precedente nefasto para el creciente proceso de judicialización de la política en Latinoamérica.
La cacería institucional contra líderes de izquierda como Lula da Silva, Cristina Fernández y ahora Rafael Correa, viene en escalamiento y es otro componente de la interrupción de la política como hecho. Lo inédito contra Maduro es la ejecución de un «juicio internacional» sin entes que estén habilitados para eso, o que «tribunales legítimos en el exilio» lo depongan de su cargo. Un precedente absurdo pero de un calado enorme como variante de la judicialización de la política, ahora en su presentación externa.
A sabiendas de que las elecciones presidenciales del 20 de mayo pueden concluir con un victoria de Maduro, y el poco margen de maniobra de poderes transnacionales para llevar a la región por el derrotero del cerco financiero y diplomático total, la maniobra del «TSJ en el exilio» podría significar para EEUU una oportunidad de escalar sus presiones contra el país, cabildear el caso venezolano en instancias internacionales como el Consejo de Seguridad de la ONU bajo la narrativa de «Estado fallido» y fabricar un clima de desconocimiento a las instituciones venezolanas en la región que contribuya a su plan de intervención por vías «humanitarias».
Cada vez más la política estadounidense en el mundo pierde sus formas galantes y se deslinda de apariencias. En Latinoamérica hay una clara ruptura de los esquemas institucionales aupada por la actual política exterior de la Casa Blanca, y se socavan de manera abierta incluso los marcos institucionales que el mismo EEUU ayudó a crear. Ya no importan las maneras. La política queda suspendida y pierde sentido.
La pérdida sin tapujos de las formas y mecanismos en la misma OEA para aplicar acciones coercitivas contra Venezuela, que se han acelerado desde 2014, cuando por solicitud del mismo secretario general Luis Almagro se patrocinó sin éxito la aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra nuestro país, dio pie a lo que hoy presenciamos. La tendencia al día de hoy sólo se ha incrementado. Adquiere tonalidades más lúgubres y sólo profundiza la creación de un marco de inestabilidad política a escala regional.
Aunque el juicio a Maduro sea ilegal y sumamente inconsistente, esto ahora parece lucir cada vez menos relevante. La trama de asedio a Venezuela en su variante judicial parece completarse más todavía.