El acusado era el Gral. Torres Escalante pero los protagonistas son Jaime Granados y el defensor Fernando Rodríguez en nombre de los campesinos asesinados
A las 11 del día del 10 de julio del 2018, en el piso 12 del edificio donde funciona el tribunal de Justicia Especia para la Paz en Bogotá, por primera vez un colombiano se sometía a seis magistrados de la JEP.
Los periodistas, atribulados, llegaban sobre la hora ya que a último momento se había aprobado que la audiencia fuera pública. El abogado Fernando Rodríguez, vestido con un sencillo saco de poliéster, jeans y zapatos Reebook negros, le inclinó la cabeza a su colega el penalista Jaime Granados, pero este no le respondió el saludo. Le puso distancia hasta en el lugar físico de la sala. Se sentó a unos cuantos metros suyo en una mesa junto a su defendido, el general Torres Escalante, quien manteníala cabeza erguida, la mirada desafiante, el pelo al cepillo y bigote recién despuntado. Parecía que no hubiera pasado un día desde las soleadas tardes en las que impartía órdenes desde la Brigada 16 en Casanare. Detrás de ellos la esposa del General lo miraba con los ojos aguados. El vestido marrón y el peinado en copete, recién hecho, no disimulaba su tristeza.
Frente a ellos estaban los seis magistrados de la JEP encargados de presidir la primera audiencia: Jorge Miller Hormiga Sánches, Sandra Castro, Claudia Saldaña, Mauricio García, Pedro Díaz, quien presidía ese comité, y Heidy Patricia Baldosea. Los seis vestían túnicas negras con mangas de ribetes verdes.
Jaime Granados sacó su maletín Louis Vouitton, su pluma negra con ribetes dorados marca Montblanc y empezó a tomar apuntes mientras la magistrada Claudia Saldaña habla de los beneficios de la JEP.
Del otro lado, Fernando Rodríguez, en representación de Daniel y Roque Julio Torres, los dos campesinos asesinados por uniformados del Batallón 16 de Casanare en marzo del 2007 en la vereda Aguazul, escribía en un sencillo computador marca ACER. Su trabajo durante 20 años ha estado centrado en la defensa de colombianos humildes, sin capacidad de contratar grandes defensores a quienesla Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos, asiste en sus casps. Este abogado de 55 años, graduado de la Universidad Libre de Bogotá, tomó el crimen de los Torres desde que sus familiares los reportaron en marzo del 2008. Vive modestamente en un apartamento al Sur de Bogotá y su ingreso, en contraste con los encumbrados penalistas bogotanos, no supera los $4 millones mensuales. Su satisfacción es distinta.
Fernando Rodríguez tomó la palabra para excusar ante los magistrados de la JEP la ausencia de la viuda de Daniel Torres Arciniegas, Angela Torres, quien, poco después del asesinato tuvo que abandonar la finca El Triunfo donde vio asesinar a su esposo y a su hijo. Las amenazas le llegaron de la misma Brigada 16 de donde salieron los asesinos de sus queridos familiares. Ahora vive en algún barrio de Bogotá con sus dos hijos sobrevivientes, lejos del calor de su anhelado Casanare. Con las manos vacías y solo con los recuerdos de su finca hecha a punta de sudor y azadón.
En el otro costado de la sala el General Torres Escalante no levantaba su mirada de una carpeta con papeles cuidadosamente marcados. A veces se acercaba a su abogado y le hablaba al oído. Una ayuda se hacía más evidente cuando la magistrada Claudia Saldaña, quien lideró el proceso, interrogaba al general. No respondía sin antes consultar a Granados quien incluso le señalaba el momento para suspender la lectura de su declaración.
Se trató de una audiencia premiliminar, la primera en la historia de la JEP, que no llegó a mayores. Esta terminó a las 12 y 30 del día con la declaración de inocencia del general. Argumentó que los terribles hechos habían ocurrido a sus espaldas, y que aunque la orden de asesinar a los Torres había salido de la Brigada 16, no lo involucraba como línea de mando porque esta se había obedecido sin su consentimiento.
El abogado Rodríguez estaba tranquilo. Sabe que hay pruebas tan fuertes en la Fiscalía que al General, irremediablemente, terminará aceptando su responsabilidad. Igual tiene en mente la carta de la Corte Penal Internacional para que se imparta justicia. Le duele la manipulación que puede estar haciéndose de una instancia tan especial como la JEP para evadir la justicia ordinaria. La razón resultaría sencilla: de resultar culpable el general, juzgado por el tribunal de paz, pagaría 20 años de cárcel, mientras que por la otra vía su castigo sería el doble. Un cálculo prosaico que el abogado Rodríguez encuentra injustificado.
Al finalizar la audiencia, el abogado Jaime Granados, uno de los más mediáticos del país, que contrasta con la discreción de Rodríguez, improvisó una rueda de prensa. Quiso exaltar la valentía de su defendido a la hora de enfrentar a la justicia. Al general lo esperaba su celda, y no hizo otra cosa que aprovechar el momento con su esposa a quien cogida de la mano acompañó hasta el asensor privado del piso 12. Salió rodeado por media docena de hombres que lo protegían incluso de los periodistas. Por las escaleras y en silencio, acompañado por dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección, Fernando Rodríguez descendía por las escaleras. Antes de retirarse intentó volver a saludar a su colega Jaime Granados quien, cobijado en los flashes de los periodistas, lo ignoró nuevamente.
Se habían conocido en un escenario totalmente distinto, en el calor de Yopal hace dos meses. Entonces fue cordial y hasta lo trató como colega mientras preparaban la audiencia. Ahora, en la JEP eran dos rivales intentando convencer a una rígida corte de seis magistrados.