Los dos falsos positivos por los que la JEP juzgará al general William Torres

El 11 de agosto del 2006 el campesino Daniel Torres Arciniegas de 38 años y su hijo Roque Julio de 16 años, se presentaron en la Brigada 16 de Casanare. Su intención era denunciar el horror vivido en su vereda Aguazul. Su vecino Hugo Araque había sido asesinado por unos uniformados que, según los testigos, pertenecían al Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez. Su hijo Roque Julio lo había visto todo. La versión del ejército era distinta. Decían que Araque había sido dado de baja en un tiroteo entre los uniformados y con la guerrilla del ELN.

Roque era un testigo privilegiado que había visto la manera como los soldados habían atado al campesino a un árbol para después matarlo a balazos.

Los asesinatos no pararon. Dos días después padre e hijo Torres vieron desde detrás de una piedra, cómo a otro vecino, Fredy Sanabria un par de uniformados le dispararon cuando salía de su finca después de una fiesta a compartir con otro vecino enfermo un plato de comida. Estos pertenecían a la Fuerza de Tarea Oro Negro de la Brigada 16, comandada por el entonces teniente coronel William Henry Torres Escalante, quienes se habían quedado viendo de arriba abajo a Sanabria. Los Torres vieron cuando lo mataron a sangre fría. Le pusieron una pistola al tiempo que lo señalaban de pertenecer al Frente José David Suarez del ELN quienes extorsionaban a ganaderos de Aguazul y Mani. Esta vez la declaración decidió entregársela a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP).

La Fiscalía, días después del hecho, determinó que la pistola de Sanabria nunca había sido disparada. Cuatro años después el Juzgado Administrativo de Yopal señaló al Ministerio de Defensa y al Ejército nacional por este asesinato que obedeció “al afán de los militares en reportar resultados satisfactorios a sus superiores (…) simulando un combate y segando la vida de un civil”.

Valientes y sin temor a la presión del ejército en plena política Seguridad Democrática en el segundo gobierno de Álvaro Uribe, mientras era Comandante de las FFMM Mario Montoya, Daniel y Roque Julio volvieron a denunciar. El 12 de noviembre del 2006 soldados de la Fuerza de Tarea Oro Negro llegaron hasta su finca El Triunfo y los amenazaron primero con llevarlos presos y luego con matarlos si seguían hablando. A los Torres no los calló nadie. Daniel denunció penalmente al ejército por si algo le pasaba a él o a su hijo.

Daniel Torres sabía que su vida corría riesgo como la de todos en el Casanare donde mandaban la guerrilla del Eln y los paramilitares. Por esto fue precavido y decidió dejar por escrito la amenaza que lo rondaba: “si me pasa algo al único que le echo la culpa es al Ejército, porque de pronto quieran vengarse porque yo declaré la verdad”. En efecto. Siete meses después fue encontrado asesinado en su finca El Triunfo, junto a su hijo Roque Julio.

Pasaron los meses y la calma pareció regresar a El Triunfo. Pero todo fue una ilusión. Bernabé Castro, señalado por el ejército de pertenecer al ELN, llegó a la finca con varias heridas de machete. Los Torres lo acogieron sin saber que les estaba tendiendo una trampa. Los soldados comandados por el subteniente Diego Cerón, de la misma Brigada 16 del Casanare, llegaron casi de inmediato y sacaron al supuesto guerrillero en uno de los caballos de la finca. La coartada estaba cantada. Una vez llegó a la base, el 4 de marzo del 2007, Castro señaló a Daniel Torres de ser el jefe de milicias de la cuadrilla José David Suarez y mano derecha del jefe alias Almeida.

Tal como lo había presentido, siete meses atrás, La sombra de la muerte se posó sobre los Torres.

El 16 de marzo del 2007 el ejército reportó la muerte de dos supuestos integrantes del ELN. Eran Daniel y Roque Torres.

La operación fue ejecutada por el grupo especial Delta 6 al mando del Subteniente Marco García Céspedes, también perteneciente a la Brigada 16.  Seis años después, en mayo del 2012, el oficial confesó el crimen ante la Fiscalía: “el 15 de marzo de 2007 fui llamado al COT, eso es de comunicaciones (sic), en donde se iba a planear una operación dirigida hacia la vivienda del señor Daniel Torres (…) De acuerdo a lo que planeó, por orden directa del comandante de la Brigada, en ese entonces coronel Torres Escalante, se trataba de ir y dar de baja estas dos personas”. Según la extensa declaración juramentada de García, el jefe y autor intelectual de la operación le habría dado una calurosa felicitación (sic) al subteniente y sus hombres por la ejecución de los Torres.

A pesar de las pruebas, la investigación de la Fiscalía contra Torres Escalante fue lenta. La primera vez que rindió un interrogatorio fue ocho años después, en diciembre del 2015. Pocos creían que sería juzgado un hombre que a lo largo de su carrera había tenido 13 condecoraciones y realizado estudios en Brasil y los Estados Unidos; quien además había estado al frente del Comando Conjunto No 2 del Sur Occidente donde permaneció hasta enero del 2016, un retiro voluntario que le mereció una condecoración por parte del Alcalde de Cali Maurice Armitage. La tranquilidad se le acabó definitivamente en marzo desde ese mismo año. Estaba a cargo de la oficina de memoria histórica de las Fuerzas Militares cuando le llegó la medida de aseguramiento firmada por el entonces fiscal Eduardo Montealegre. El General López Escalante se entregó ante las autoridades.

Los hechos atroces, conocidos como falsos positivos o muertes extrajudiciales, resultaron innegables para el general Henry William Torres Escalante. Con el peso de su conciencia y la documentación aportada por la Fiscalía, el brigadier general decidió comparecer ante la Justicia Especial para a la Paz. Su defensor es el abogado Jaime Granados. Será el primer colombiano en ser escuchado para ser juzgado por el tribunal creado por el Acuerdo de paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno Santos.