El día 4 de agosto del año en curso, faltando sólo tres días para que Juan Manuel Santos entregara la presidencia de Colombia a Iván Duque, se llevó a cabo un intento de magnicidio contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.
A pocas horas del atentado las primeras investigaciones condujeron a Colombia y el presidente Maduro señaló públicamente la responsabilidad del saliente presidente Santos.
No sería la primera vez que Santos realiza actos de guerra violando territorios de países vecinos a Colombia, pues cabe recordar que fue él mismo quien como Ministro de la Defensa dirigió el bombardeo contra territorio ecuatoriano en el 2008 en el marco de la «Operación Fénix».
Juan Manuel Santos pareció quedar atrapado entre dos sucesos históricos: el fin de su mandato la primera semana de agosto y el anuncio de nuevas medidas económicas por parte del presidente venezolano la última semana de julio.
Una de las decisiones que más revuelo causó en los medios colombianos fue el anuncio de nuevos precios y regulaciones en la venta de gasolina, cuya primera víctima serían los intereses económicos de las mafias colombianas vinculadas al contrabando de extracción de combustible desde Venezuela. Pero también sufriría el Estado colombiano todo, que ha establecido mecanismos para beneficiarse directamente de esta actividad ilícita y amortiguar con ella la debacle socio económica en la que ha sumido a los pueblos de la frontera con Venezuela y especialmente al de Cúcuta, capital del departamento del Norte de Santader y la más grande de las ciudades que colindan con Venezuela, cuya economía se activa mayoritariamente parasitando la economía venezolana.
Casi cuarenta años de contrabando de combustible de Venezuela hacia Colombia
El contrabando de extracción de gasolina desde Venezuela, no se origina con la llegada al poder del Comandante Hugo Chávez, por el contrario, es durante este período que ha comenzado a ser denunciado y enfrentado incluso desde sus complicidades internas.
Según una publicación del Banco de la República de Colombia, esta actividad ha logrado permanecer desde comienzos de los años ochenta, apoyada por dos elementos: los subsidios que en materia de combustibles ha otorgado el gobierno de Venezuela y los márgenes de utilidad que ha brindado el negocio. También señala que su actividad económica se concentra mayoritariamente en la ciudad de Cúcuta.
Ya para el año 1999, por ejemplo, los cálculos del propio gobierno colombiano decían que el 70% de los conductores cucuteños llenaban los tanques de sus vehículos en los centros de expendio de Venezuela o con gasolina venezolana que obtenían de alrededor de 5.000 pimpineros en las calles de Cúcuta, quienes en promedio vendían a diario entre 20 y 25 galones cada uno, es decir, que se comercializaban diariamente más de 100.000 galones de combustible venezolano en Cúcuta producto del contrabando.
Uribe, la legalización del contrabando de extracción y el paramilitarismo
El ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, cuyo mayor mérito fue la legalización del paramilitarismo y sus negocios en ese país, es también el mentor de la legalización del contrabando de extracción de Venezuela hacia Colombia.
En el año 2006, terminando su primer mandato, Uribe resolvió legalizar el combustible que entra irregularmente al país bajo el eufemismo de «formalización». El «próspero negocio» de casi 40 años, tenía para ese año 12.000 familias que participaban sólo en la ciudad Cúcuta, según datos de la Secretaría de Hacienda de Norte de Santander. La «formalización» de este negocio consistió en autorizar unos lugares llamados «Puntos de Recolección», donde se autoriza la compra de la gasolina que viene de Venezuela.
De ahí el combustible pasa a unos sitios conocidos como Centros de Acopio, donde se marca la gasolina con algunos químico, para evitar que ésta se distribuya en el interior del país, y la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian), la legaliza y cobra los impuestos de rigor, lo que aumenta su valor.
Luego el producto pasa a las estaciones de servicio, las que finalmente la distribuyen al usuario final. Este modelo se puso en marcha en La Guajira, Arauca y por supuesto en Cúcuta. Lo paradójico es que si la gasolina se vende en los puntos de recolección, no es ilegal, pero si se comercializa en la calle, es contrabando.
Este negocio se ha convertido en una fuente de ingresos para los paramilitares colombianos que forman parte de las mismas mafias de que controlan el sicariato y la extorsión en el estado Táchira. Con este negocio y con el lavado de capitales que permite, se alimenta también la invasión paramilitar a Venezuela desde el año 2002.
Esta medida es una de las varias que se han venido denunciado desde Venezuela sobre cómo el Estado colombiano ha generado mecanismos para aprovechar el contrabando de extracción con doble propósito económico y político.
El lucrativo negocio «formal» del contrabando del combustible
Al amparo de esa resolución uribista nacen cooperativas como la Cooperativa Multiactiva de Pimpineros del Norte, COOMULPINORT, la cuál está registrada en la Cámara de Comercio de Cúcuta e irónicamente se define como una entidad sin ánimo de lucro.
Esta cooperativa posee además una planta que tiene una capacidad de almacenar 800 mil galones de combustible y permite que los llamados pimpineros asociados ingresen al mercado formal el producto del contrabando siempre que este entre en unidades menores a 20 galones.
Así el combustible que se consigue en Venezuela tripicla su valor al ser vendido en Colombia y aún así cuesta casi la mitad del combustible colombiano. Esta cooperativa alentada por Uribe, según los cálculos hechos por ellos mismo, ingresan ilegalmente casi 15 millones de litros de gasolina venezolana en el norte de Santander cada mes.
El año pasado el contrabando de gasolina hacia Colombia por la ruta que termina en Cúcuta fue de tal magnitud que una medida del gobierno del Norte de Santander estuvo a punto de cerrar uno de los centros de acopio de las cooperativas de pimpineros por la presunta violación en la capacidad de almacenamiento autorizada, la cual está estipulada de 400 mil galones, cuando en realidad estaban almacenando un millón 600 mil galones.
En el año 2015, el experto petrolero venezolano David Paravisini, denunció que diariamente se «bachaqueaba†a Colombia» 45 mil barriles de gasolina, lo que constituye el 55% del consumo de combustible de ese país. El 80% del contrabando es distribuido por tres empresas vinculadas al uribismo (Vetra, Pacific Rubiales y Petromagdalena), que junto a Ecopetrol, la petrolera estatal colombiana, comercializan como propia la gasolina venezolana, generando diariamente regresan a Venezuela millones de bolívares para financiar el golpe económico.
Lo cierto es que a pesar de que el presidente Santos y su gobierno, trataron en reiteradas ocasiones de negar estas medidas con las que el Estado colombiano se lucra a costa de la economía venezolana, las repercusiones del cierre de fronteras ordenado en 2015 por el presidente Maduro en la economía de Cúcuta y sus consecuentes reacciones sociales, evidencian tanto el abandono del gobierno colombiano a esa región como la dependencia económica del contrabando de extracción. Tal es el caso de las protestas de calle y huelgas de hambre que han protagonizado estos pimpineros.
Estos conflictos comenzaron a finales del mes de mayo de 2013, cuando el gobierno de Venezuela suspendió unilateralmente el suministro de combustible, dejando el suministro de Norte de Santander bajo la responsabilidad de las refinerías colombianas, ocasionando un aumento del consumo del combustible nacional y una crisis de abastecimiento de combustible en la región, según fuentes del propio Banco de la República.
Un trabajo de investigación de la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia, dice: «El negocio de la gasolina se ha vuelto tan rentable que las bandas criminales han dejado de traficar droga para dedicarse de lleno al contrabando de combustible. Este genera como ganancia más de 1.400 millones de dólares por año. Mucho dinero que se gana sin ser seguido por la DEA o a la Interpol, no hay que cultivar ni procesar ningún tipo de planta».
Todo esto suma al interés del gobierno colombiano por generar falsos positivos que le permitan continuar atentando contra la estabilidad del gobierno venezolano y da sentido a la respuesta de la Cancillería venezolana ante el más reciente intento de generar un falso positivo desde Colombia el pasado 19 de agosto.
En el comunicado el canciller Arreaza denunció la coincidencia de «que la acusación de las autoridades colombianas se dé cuando el gobierno venezolano pone en marcha el Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, cuyo éxito constituye una amenaza letal contra los intereses de las mafias colombianas del contrabando de combustible, productos de primera necesidad, tráfico de drogas y armas, como también contra las estructuras de los grupos que se han dedicado a atacar el sistema financiero y monetario de Venezuela desde territorio colombiano».
En síntesis: la paraeconomía que sostiene a buena parte del oriente colombiano, y en consecuencia, el abandono del Estado en esa zona, dependen del contrabando de gasolina desde Venezuela, un rentable negocio para grupos paramilitares y élites mafiosas. Por lo que no sorprende que utilizando una operación de bandera falsa o falso positivo para presionar hacia un conflicto con Venezuela, sea una carta tenteada por una oligarquía considera legítimo, casi un «derecho humano» sustraer la energía que le pertenece a su país vecino.