Control de cambios y saqueo del tesoro

Por: Luis Britto García

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En Venezuela 97,5% de las divisas provienen de las exportaciones que
hace el Estado, única entidad competente para ejercer la industria
petrolera.

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Ése es el botín que intentan confiscar corruptos, especuladores y
burguesía parasitaria, con algún éxito, pues entre 2003 y 2014 fueron
transferidos  329.756 millones de dólares del Tesoro Público a un
sector privado incapaz de producir lo que el país necesita o de
importarlo en forma no especulativa.

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Es  ingenua  ilusión pensar que un sector privado capaz de generar
sólo el 2,5% de las divisas que ingresan al país creará la bonanza con
esa magra porción del circulante, o que reingresará a Venezuela las
ingentes cantidades de dólares que le ha transferido el sector
público.

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Por el contrario, tras la apropiación de las divisas procedentes del
ingreso petrolero, el sector privado inmediatamente las exporta, razón
por la cual Hugo Chávez Frías debió establecer en febrero de 2003 un
control de cambios, para evitar que la fuga de capitales dejara
nuestras reservas de divisas   exhaustas y que  el país quedara
incapacitado de cancelar sus compromisos internacionales.

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A tal efecto,  Chávez sancionó el DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE
LEY DEL RÉGIMEN CAMBIARIO Y SUS ILÍCITOS, reformado en varias
oportunidades, norma en  la cual  dispone restrictivamente cuáles
órganos del Estado pueden vender divisas a los particulares, para qué
finalidades, a qué precio, con cuáles trámites, y las sanciones a ser
aplicadas en caso de infracción.

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A pesar de haber sido violada con inusual y escandalosa frecuencia,
esta Ley permitió que se evitara la fuga de  422.669 millones de
dólares  entre 2003 y 2014 y que  hasta el presente conservemos unos
8.756  millones de dólares en las reservas, que impiden que el país
sea declarado en “default” o quiebra.

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Esa restricción en el otorgamiento de divisas por el Estado fue
siempre considerada fundamental. “Ni un dólar más para los golpistas”,
precisó Chávez al sancionarla. “Si quitamos el control de cambios nos
tumban”, reiteró Aristóbulo Isturiz en 2016. En el discurso de
presentación del decreto que deroga dicha Ley, el presidente de la
Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello advierte el 3 de
agosto a los aprovechadores de  divisas a tasa preferencial: “Produce,
porque yo no te voy a dar dólares para que los mandes para afuera”.
“Que no haya manera de entregarles dólares a esta gente, bajo ninguna
figura”. “El Estado no los va a seguir alimentando, ni le va a seguir
entregando dólares a las grandes familias para que hagan desastres”.

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Pero la nueva Ley que “deroga el decreto con rango valor y fuerza de
ley del régimen cambiario y sus ilícitos” en ninguna parte de su texto
establece la prohibición para el Estado de entregar divisas a los
empresarios, anticipada por Chávez y anunciada por Diosdado Cabello.
Simplemente despenaliza los ilícitos que se pudieran cometer en tal
otorgamiento, mas no lo ilegaliza ni veta en forma clara. Vale decir:
elimina los tipos delictivos, pero  no veta el delito mismo. Elimina
las penas por el robo, pero no lo prohíbe. Por otro lado, tampoco
aclara si el dólar podrá ser utilizado como moneda legal, ni si se
podrá exigir el pago de obligaciones en dicha divisa y no en su
equivalente en bolívares a particulares y sobre todo al Estado.

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Por estas inexplicables omisiones, se podría interpretar que el Estado
puede entregar según su arbitrio a los particulares las divisas que
estos soliciten, sin que sea posible tachar de ilícito cambiario
ninguna conducta de funcionarios al otorgarlas ni de particulares al
recibirlas. Asimismo, por la vía de irresponsables contratos en que la
administración se obligara a cancelar en divisas, se podrían disipar
nuestras reservas a favor de una mafia de privilegiados.

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Es por tanto absolutamente indispensable que una norma clara,
explícita y expresa  de la Asamblea Nacional Constituyente convierta
en Ley las palabras de Chávez y de Diosdado Cabello en el sentido de
que el Estado por ningún concepto  entregará más divisas a los
empresarios, para evitar que en pocos días éstos apropien y exporten
el resto de las reservas internacionales, Venezuela entre en default y
sea víctima de un nuevo saqueo cuando  sus enemigos intenten el cobro
compulsivo repartiéndosela.