La humanidad nació en África y desde allí se fue moviendo por el mundo a través de exploraciones, nomadismos, invasiones, peregrinajes, expediciones comerciales y colonizaciones. Dicen que desde ese sur, cálido y rico, los bípedos siguieron hacia Asia y después a Europa. Luego, supuestamente hace unos 15 mil años a través del estrecho de Bering, llegaron los humanos a América.
Al momento de la Colonia existía una población americana que algunos consideran que por sus rasgos debe ser de origen asiática y que fue calculada por Dobbyns, Borah y Sulmich de 90 a 150 millones de personas, mientras que para Sapper, Spinden, Rivet y Denevan solo alcanzaba las 60 millones de personas como máximo, al momento en que Cristóbal Colon pisó el continente.
Con ello en cuenta, la historia de la humanidad es la historia del movimiento independientemente de lo que digan las autoridades, y que existan naturales o imaginarias fronteras. También es la sucesión de actos, con forma de ley o no, que han arrasado con los pueblos que consiguen o que impiden que otras personas se acerquen a sus pueblos, dividiendo a los humanos entre ciudadanos y extranjeros.
Desde esa idea, en el marco del momento más álgido para temas migratorios en el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, nos proponemos analizar la emigración venezolana, sus promotores y causas, así como quiénes se benefician de ella. Para hacerlo, partiremos desde el corazón de un «país portátil», un país escala, donde muchos ciudadanos tienen otras nacionalidades y que su historia ha sido ejemplo de una tierra abierta a todos los que quieran pisarla.
Venezuela país de inmigrantes
Venezuela, al despertar de la Guerra de Independencia, era un país con una población bastante reducida, calculada en 1839 por Agustin Codazzi en 945 mil 348 habitantes, y a la misma fecha, por Juan Manuel Cajigal, en 1 millón 147 mil 760. La cual se reduciría nuevamente al fuego de la Guerra Federal y que, junto a su crecimiento natural, se vio completada por grandes oleadas de inmigrantes llegadas al país buscando fortuna, para protegerse de la Segunda Guerra Mundial, o por las promesas de la explotación petrolera.
Por ello, el siglo XX fue para Venezuela un periodo de intensa inmigración, el cual los estudiosos han ido dividiendo en razón de su intensidad o por el origen de quienes llegaron a la Patria. Así, desde aquellos programas del siglo XIX que trajeron una población mayoritariamente europea a la que invitaron a producir, dejando pruebas vivas como la Colonia Tovar, le sucederían períodos de gran intensidad como los años que siguieron la muerte de Juan Vicente Gómez, o el final de los años sesenta.
Siendo tan favorable el espíritu nacional a la inmigración, que en 1999, en una norma constitucional, el país redujo los requisitos para nacionalizarse de los extranjeros que, estableciéndose en el país, poseyeran alguna de las nacionalidades de origen de las principales colonias formadas en Venezuela.
Con estos datos en mente, queremos adentrarnos en el tema de la emigración venezolana que ocupa los diarios del mundo, pues en el ámbito jurídico existen distintas categorías cuya realidad está claramente diferenciada. Por ejemplo, la facilidad y naturalidad con la cual ciudadanos venezolanos con otra nacionalidad pueden establecerse por primera vez o regresar a sus países de origen frente a las categorías propias del derecho de los migrantes en la que veremos refugiados, asilados o migrantes económicos, cada uno con sus propias prerrogativas y dificultades.
¿Cuántos venezolanos se han ido?
Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la República Bolivariana de Venezuela tenía al 30 de octubre de 2011 una población de 28 millones 946 mil 101 habitantes. Como en Venezuela no se han hecho declaraciones oficiales que determinen el número de personas que han emigrado, las estimaciones que pueden traerse son las que han publicado agencias internacionales u organizaciones no gubernamentales.
Para entenderlas, hemos de considerar que pese a ese silencio, ha habido acciones del Estado que permiten visualizar que existe una población emigrante que tiene una dimensión suficiente para ser parte de la agenda nacional. Así valoramos, al menos, las declaraciones del presidente de la República Nicolás Maduro Moros, de abril del año en curso donde anunció el Plan Vuelta a la Patria. Así como observar que no pueden hacerse estimaciones que fijen la población emigrante con el simple dato de personas que han salido del país, por ejemplo, que han cruzado el puente internacional Simón Bolívar, en tanto muchos no se radican en la nación neogranadina.
Por ello es importante tomar en cuenta que no todas las personas que salen de un territorio son emigrantes porque pueden ser turistas, o personas que realizan actos de comercio o de su vida cotidiana en dos territorios fronterizos. También hay que considerar que no todas las personas que emigran tienen el mismo estatus.
Según la Organización de las Naciones Unidas, un migrante es alguien que «ha residido en un país extranjero durante más de un año independientemente de las causas de su traslado, voluntario o involuntario, o de los medios utilizados, legales u otros». Son, entre todos los migrantes, personas con características jurídicas relevantes para el Derecho Internacional quienes sean refugiados o asilados.
Un refugiado es «una persona que se encuentra fuera de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada, u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y, en consecuencia, requieren protección internacional. La definición de refugiado se puede encontrar en la Convención de 1951 y en los instrumentos regionales relativos a los refugiados, así como en el Estatuto del ACNUR». Mientras que un asilado es «una persona que solicita la protección, el amparo y la asistencia de un segundo país cuando se han visto obligadas a huir de su país de origen por diversas razones, generalmente relacionadas con la violación de uno o varios de sus derechos fundamentales».
Sin entrar en ninguna de estas dos categorías, que son aquellas que interesan al Derecho Internacional Humanitario, quedan los migrantes económicos. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) califica como tal a «todas aquellas personas que se mueven de sus países por conveniencia personal y como resultado de una decisión tomada libremente». En tal virtud, su recepción va a estar condicionada por no considerarse que su vida esté en peligro, a que la persona cumpla los requisitos que ponga el país de destino o que este quiera, por convenio o gracia, relajar las exigencias para que los extranjeros puedan ingresar, permanecer, desarrollar actividades, residir en su territorio u obtener su nacionalidad.
Según una publicación del periódico The Economist, del 20 de agosto de este año, la emigración venezolana podría sobrepasar el éxodo que ha provocado la guerra de Siria, considerando que tan sólo en el año 2017 emigraron 1 millón 642 mil 442 personas del país. Lo cual coincide en grandes rasgos con lo publicado en julio de 2018 por el Panam Post, que refirió que la OIM estima que entre 2015 y 2017 la cantidad de venezolanos en el exterior pasó de 700 mil personas a más de un 1,5 millones regadas por el mundo.
Estos números si bien son importantes, deben ser leídos en su contexto, donde aparecen en primer lugar como bastante inferiores a las declaraciones hechas por algunos voceros de oposición que estimaron en millones, a veces señalando que son 2 millones, otros que son 4 millones de personas las que han emigrado. Luego, observando los números de emigrantes de algunos otros país de la región.
Por ejemplo, según datos publicados en 2013, el número de personas de origen mexicano en Estados Unidos asciende a 33.6 millones de personas, incluidos 11.6 millones que nacieron en México, de acuerdo con estadísticas divulgadas por la Oficina del Censo estadounidense. Mientras que, según declaraciones del Presidente de la República, en 2015 había 5 millones 600 mil colombianos establecidos en Venezuela.
A falta de declaraciones oficiales, salvo las estimaciones de la OIM antes referidas, que coinciden con las recogidas en prensa que indican que la ONU (sin precisar cuál agencia) ha estimado que 1,6 millones de venezolanos han salido del país. Por lo cual, nosotros podemos evidenciar que existe una salida de venezolanos que tiene importancia en relación a nuestra población total, que incide en las nuevas configuraciones de la economía y que, además, ha generado que existan venezolanos que, encontrándose en la búsqueda de nuevas oportunidades, han quedado expuestos a riesgos que antes no conocieron, como las deportaciones en caliente en los Estados Unidos de Norteamérica, o las redes de trata que se desarrollan principalmente desde Colombia, o a tratos crueles y degradantes en muchos países del continente.
Espejos para emigrantes: de la Patria Grande al problema venezolano
Mirando desde España el tratamiento de los inmigrantes en Europa, Adela Cortina inventó una palabra que ahora ocupa buena parte de los titulares de estudios sociales. Para ella, el rechazo de los inmigrantes en sus países de tránsito o destino no es una muestra de «xenofobia» o «racismo», sino que se les odia porque son pobres. A esto ella lo llamó «aporofobia».
Me gusta partir de esta idea porque nosotros vimos cómo la llegada de venezolanos, por ejemplo a Panamá, no causó molestias en los tiempos de la gran bonanza económica, cuando nuestros connacionales iban a establecer inversiones y negocios, o sucursales de centros comerciales y restaurantes. El problema vino apareciendo en la medida en que, en las últimas horas del cadivismo, los venezolanos llegaban sin ánimos de consumir sino de guardar el dinero del viaje, y empezaron a instalarse para trabajar en lo que consiguieran.
Por eso, si nosotros miramos el tiempo que hoy llama la izquierda «la década ganada» nosotros vamos a ver que la relación de los gobiernos progresistas tejió un sistema normativo que creía en la Patria Grande, la cual obtenía en el Mercosur espacios que buscaban establecer el derecho de los latinoamericanos de vivir en los territorios de los distintos países sin mayores requisitos. Este dato no es menor porque nos traerá a la mente cosas que no suelen asociarse, como la razón por la cual debía excluirse a Venezuela de ese espacio de integración.
Ese era el paso internacional previo que permitiría evitar la entrada o permanencia de venezolanos en los otros Estados miembros.
Colombia
Según la información publicada por The Economist, Colombia es el principal destino de los venezolanos que emigran. Esta información aparece sin que se distingan las distintas causas por las cuales pueden los venezolanos estar en Colombia, como, por ejemplo, si se trata de poblaciones que estaban refugiadas en Venezuela que regresaron en el marco del tan publicitado proceso de paz, o si se trata de guajiros que poseen la doble nacionalidad, o de personas que no se establecen el tiempo mínimo para ser considerados inmigrantes.
Así, es Colombia el país que de manera protagónica está solicitando y recibiendo ayuda internacional para «atender» a los inmigrantes venezolanos. En estos términos lo expresó Juan Manuel Santos el 13 de febrero de este año: «El presidente Juan Manuel Santos reconoció este martes que la situación seguirá agravándose y que el país necesita de la ayuda de otros Estados para poder atender la crisis a nivel social y económico que, inevitablemente, producirá la alta migración venezolana».
Santos, durante un saludo al cuerpo diplomático acreditado en Colombia (en la Casa de Nariño), aseguró que su gobierno está abierto a aceptar «las ofertas de ayudas económicas y de otra índole de la comunidad internacional, estamos en plena disposición de recibirlas, ya que las necesitamos pues infortunadamente este problema se agrava día por día». No obstante, aún no se hacen públicas las cuantías que se requieren.
Lo que ocurrió poco después, porque el 20 de marzo fue noticia que, en los términos del diario Tal Cual, que «Estados Unidos envía ayuda económica a Colombia para atender a migrantes venezolanos», por un compromiso inicial e inmediato de 2,5 millones de dólares que proveerá alimentación de emergencia y asistencia de salud para venezolanos vulnerables y las comunidades colombianas que los están recibiendo».
Lo cual ha de leerse con mucha cautela, porque el 19 de abril, el ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, anunció una propuesta en el FMI de rescate financiero a Venezuela de 60 mil millones de dólares para «estabilización macroeconómica», que se aplicaría cuando hubiera un gobierno dispuesto a tomar las «políticas económicas correctas». Con lo que hemos de observar que los programas de atención a los venezolanos se están haciendo en base al acuerdo entre Estados Unidos y Colombia de que los mismos serán cobrados al hipotético futuro gobierno que, en sus planes, sustituirá a Nicolás Maduro.
A su vez, la cobertura mediática del tema de la emigración venezolana ha estado fijada en esta zona, en especial, en el Puente Internacional Simón Bolívar, llegando incluso a radicarse algunos programas internacionales de atención a los inmigrantes. Así, en junio del año en curso fue noticia que habían llegado a Colombia los «cascos blancos» argentinos, con la intención de realizar en Cúcuta un plan para atender a los venezolanos.
Sin embargo, estos aportes no han significado que a los venezolanos les sean garantizadas buenas condiciones de acogida en Colombia, puesto que siguen siendo rechazados, fichados ante la policía y maltratados según reportaba Madelein García para Telesur el 15 de abril de este año. De igual forma, desde este portal hemos hecho seguimiento de la situación de la trata de venezolanas que se viene dando en Colombia.
En relación a malos tratos, a finales del año 2017 se hicieron varias denuncias incluso en medios de oposición sobre algunos casos que habían sido referidos en redes, precisando de antemano que esto deriva de «las malas actitudes de algunos venezolanos que cometen delitos fuera de nuestras fronteras como: robos, tráfico de drogas y otros, ha sido detonante para que crezca la xenofobia contra sus compatriotas».
Lo cual ha querido presentarse como una situación aislada frente a una actitud de máxima apertura por parte del Estado y la población colombiana, usando como muestra de ello entre otras una sentencia de la Corte Constitucional, dictada el 12 de junio de 2018, en la cual se exhorta a las autoridades neogranadinas a hacerse cargo de la situación de los venezolanos que han ingresado en el vecino país, que fue estimada por la prensa venezolana como una muestra de humanidad.
Sin embargo, al revisar el fallo, lo que, en el caso particular, consideró el juzgador era inhumano porque estas personas son migrantes económicos que alegan por demás que no pueden ser atendidas en Venezuela por falta de insumos. Por ello, la Corte Constitucional ordenó que fueran atendidos pero no de manera plena y gratuita sino «progresiva, ya que requiere de esfuerzos complejos por parte del Estado y de la disponibilidad de recursos suficientes que no pongan en un mayor riesgo al sistema».
Es decir, que ha de priorizarse la atención de colombianos, y en la medida en que los recursos para atender a los primeros no se vean comprometidos, debe atenderse a los venezolanos que se encuentran en Colombia.
Las agencias internacionales intervienen
Fue en marzo de 2018 que se configuró como una línea recurrente de las agencias de la ONU hablar de la crisis migratoria venezolana. Este es un tema que paulatinamente ha venido desplazando de las primeras páginas el tema de las supuestas crisis humanitarias en el territorio nacional, producidas por las mismas oficinas. Lo primero que existió fue un documento del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) divulgado por el diputado a la Asamblea Nacional por Primero Justicia, Miguel Pizarro, acompañado del siguiente comentario: «Por primera vez en nuestra historia migrantes venezolanos son oficialmente reconocidos por el ACNUR como refugiados. Este régimen se ha encargado de acabar con los sueños y oportunidades de miles de personas».
Lo que generó rápidamente una aclaratoria hecha por Roberto Meier en su condición de vocero oficial del ACNUR, donde señaló que nunca se había planteado que se reconociera a los venezolanos la condición de refugiados, como lo afirmó Navarro, sino que se le exigía a los demás países (y no al Estado venezolano) que respetaran los términos de los acuerdos internacionales y se abstuviesen de actos de discriminación y políticas de deportación masiva de venezolanos. Política que algunos Estados, entre ellos Panamá, han venido aplicando. Lo cual, si fue afirmado ese mismo mes en una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que solicitó que se permitiera la entrada, sin examen de casos particulares, a los venezolanos que salían del país.
De igual forma, en agosto de 2018, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) representado por Filippo Grandi, y el director general de la OIM, William Lacy Swing, en un documento reseñado por NTN24, señaló el trato contrario a los derechos humanos que vienen recibiendo los venezolanos, indicando en específico que «Colombia, que ha recibido a más de un millón de venezolanos en los últimos 16 meses, y ha regularizado temporalmente a 820 mil de ellos, denunció la medida tomada por sus vecinos, alegando que ello favorece las migraciones clandestinas». Esto en relación a un exhorto que dichas oficinas hicieron a los demás países para mejorar el trato que vienen dando a los venezolanos.
Anuncio de una segunda parte
Pensar estos temas es recordar que, para poder intervenir un país, primero es necesario convencer a la opinión pública de que es un Estado fallido, que sus instituciones son terribles agencias del mal, y que la gente sufre. Con este guión preestablecido se han desarrollado un número importante de acciones que han consolidado un orden mundial en el que no podemos contar ni un solo año en el que haya existido paz y estabilidad.
Venezuela está, en el presente, en el corazón de dichas acciones, y para eso suceden simultáneamente muchas cosas: contamos movimientos extraños de ejércitos por nuestras fronteras, un bloqueo cuyo propósito fue aclarado el 25 de abril por Marco Rubio, quien declaró que «el objetivo [de las sanciones] es maximizar el dolor» y poner las cámaras en el ángulo que permitan demostrar que existe una «diáspora» ocasionada por la masiva violación de todos los derechos humanos en Venezuela, ahora, en especial los derechos económicos, sociales y culturales de la población.
También se necesita que la gente pierda noción de su propia existencia y valor, que les persiga la desgracia en su país y se les recomiende irse mientras las fronteras se les cierran, las visas se les agravan o los permisos de permanencia son cada vez más onerosos. Nos falta hablar de muchas cosas: Trinidad y Tobago, Ecuador, Brasil, Argentina y Perú nos ocuparán como parte de este tiempo donde se acrecienta la distancia entre el discurso y los hechos.