¿Qué diablos pretende el fiscal ordenando citar a funcionarios de la JEP, para que respondan por su supuesta colaboración en algo que no es, ni se aproxima a un delito?
Cuando a finales de 1992 llegué al sur de Bolívar, me encontré con Pastor Alape. Un hombre que sabía moverse con sobrada habilidad en medio de aquel clima ardiente de selvas, bajos, ciénagas, bocachicos por montón y auténticas nubes de mosquitos. Que conocía la historia de la región al detalle, al igual que cada curva del río Magdalena y los afluentes que lo enriquecían.
Por él conocí muchas cosas. La leyenda de los yariguíes, cómo y quiénes fundaron el Cuarto Frente de las Farc en Puerto Boyacá, la forma como el Ejército y los paramilitares se habían tomado después esa región. Pastor era un ribereño puro, esa mezcla curiosa de antioqueño, santandereano y costeño que confluyó en Barranca, y que determinó el talante de la gente del Magdalena Medio.
Gente trabajadora, franca, abierta, alegre, solidaria, rebelde. Los años setenta y ochenta dejaron allá una impresionante ola de desplazamientos y masacres. La familia de Pastor había sido una de las miles que sufrieron la persecución contra comunistas y la Unión Patriótica. Una de sus hermanas fue martirizada cruelmente antes de ser picada por los asesinos.
Nada tiene de extraño que buena parte de aquella familia se hiciera revolucionaria. Algunos de ellos en las Farc. No se trataba de una decisión personal, sino el producto de poderosas fuerzas sociales que conducían a la confrontación a gentes nobles y pacíficas. Muchos murieron, otros desaparecieron o pagaron largas penas de prisión. Unos pocos sobrevivieron.
Pastor ingresó al Cuarto Frente y años después fue trasladado a las unidades de Manuel Marulanda y Jacobo Arenas en el oriente del país. Tiempo después, los viejos lo destinaron a conformar la tríada que dirigiría el naciente Bloque Oriental, al lado de Timoleón Jiménez y Jorge Briceño, el Mono. De allá pasó a comandar el Bloque del Magdalena Medio tras su fundación.
Iniciadas las conversaciones de paz en La Habana, marchaba hasta el Chocó y Urabá a hacerse cargo de la recomposición del Bloque Iván Ríos. Pronto ganó el respeto y la admiración de guerrilleros y población civil, tal como le había sucedido años atrás en el Magdalena Medio. La Mesa de La Habana terminó por arrastrarlo a hacer parte de las conversaciones de paz y el Acuerdo.
Desde entonces encabeza el componente Farc del Consejo Nacional de Reincorporación, CNR, una alta instancia creada con el objeto de coordinar la reincorporación de los exguerrilleros, que tiene también su componente del gobierno nacional, ese sí con poder de decisión y veto. Ahí se ha valido de su mejor arma, la dialéctica, que le ha permitido ganar con justicia numerosos debates.
Las Farc se comprometieron a que nunca más emplearían el alzamiento
y hay que cumplir.
En eso se empeña Pastor, sin ser siempre comprendido.
A veces se pierde. Una maraña de leyes, decretos y resoluciones se atraviesan a las aspiraciones de la exguerrilla, para no hablar de la hostilidad abierta que a veces surge como acantilado insuperable. Las Farc se comprometieron a que nunca más emplearían el alzamiento y hay que cumplir. En eso se empeña Pastor, sin ser siempre comprendido.
Lo escuché responder a los señalamientos de nepotismo en el reciente pleno del Consejo Nacional de los Comunes. Dijo que en tiempos de la guerrilla, hablar de tener familia en filas era motivo de orgullo. Para algunos hoy, eso debiera ser motivo de vergüenza o reproche. Varios sobrinos suyos, exguerrilleros sobrevivientes, hacen parte de su escolta personal, algo apenas lógico.
Lo peor que puede hacer el partido Farc es enredarse en disputas domésticas. Taras ideológicas y políticas generan posiciones inesperadas. Ambiciones y resentimientos originan rencillas y corrientes. Lo verdaderamente importante es la dirección del torrente, hacia donde se dirige el grueso de la organización, las propuestas al país.
En eso debemos ocuparnos. Que la derecha y los grandes medios se encarguen de lo contrario. Agigantar diferencias, escandalizar con pequeñeces. Como esa de que debemos condenar a los que abandonaron los ETCR. Tal y como están las cosas, no vemos ninguna razón para ello. No somos un partido que obre por cuenta de las especulaciones de otros.
Los Acuerdos no dicen que es obligación permanecer en esos espacios. Los exguerrilleros estamos facultados para movernos libremente por cualquier parte del país, como ciudadanos corrientes. Solo viola los Acuerdos quien que no comparece a una citación de la JEP, abandona el país o comete realmente delitos. En ninguno de los casos en mención existe prueba en ese sentido.
Si retirarse de los ETCR no es ilegal, ni viola los acuerdos, ¿qué diablos es lo que pretende el Fiscal Néstor Humberto Martínez, ordenando citar a algunos funcionarios de la JEP, para que respondan por su supuesta colaboración en algo que no es, ni se aproxima a un delito? Está claro que su interés es solamente armar jaleo mediático. Enturbiar la JEP.
Despedazar una nueva opción política que comienza a ser respetada por su actuación impecable en el Congreso de la República. ¡Qué mezquindad, por Dios!