Nadie sabe con precisión cuántos casos de desaparición o asesinato de mujeres nativas ocurren en EE.UU. Algunos no se denuncian, otros no se documentan a fondo: no hay una base de datos gubernamental.
A finales de 2017, los indígenas nativos de EE.UU. representaban el 1,8 % de los casos de desapariciones en la base de datos del Centro Nacional de Información Criminal del FBI, a pesar de que esas personas constituyen apenas el 0,8 % de la población de EE.UU. Las mujeres nativas, en particular, constituyeron más del 0,7 % de los casos de desaparición –633 en total–, aunque no representan sino alrededor del 0,4 % de la población estadounidense.
En algunas reservas de EE.UU., las mujeres nativas son asesinadas a un ritmo que supera en más de 10 veces el promedio nacional. Un estudio de 2016 descubrió que más del 80 % de las mujeres aborígenes experimentan violencia en sus vidas.
«Estas mujeres no son solo estadísticas»
Ashley HeavyRunner Loring, una joven integrante de la reserva indígena de Blackfeet Nation (Montana), de 20 años, despareció alrededor del 8 de junio de 2017. Desde entonces, su hermana mayor, Kimberly, la ha estado buscando. Junto con sus familiares, ha realizado aproximadamente 40 búsquedas, pero no han podido cubrir toda la reserva, que alcanza a 1,5 millones de acres.
La desaparición de Ashley es solo un capítulo en la inquietante historia de mujeres y niñas indígenas desaparecidas o asesinadas. Nadie sabe con precisión cuántas son, porque algunos casos no se denuncian, otros no se documentan a fondo y no hay una base gubernamental de datos que rastree específicamente estos casos.
Para muchas comunidades nativas de Estados Unidos, el problema de las mujeres desaparecidas y asesinadas es profundamente personal. «No puedo pensar en una sola persona que yo conozca (…) que no tenga en esto algún tipo de experiencia», cita AP a Ivan MacDonald, cineasta y miembro de Blackfeet Nation. «Estas mujeres no son solo estadísticas. Son abuelas, son madres«.
El mismo patrón
MacDonald y su hermana, Ivy, produjeron recientemente un documental sobre las mujeres nativas de Montana que desaparecieron o fueron asesinadas. Una de esas historias es particularmente impactante. Su prima de siete años, Mónica, desapareció de una escuela de la reserva en 1979. Su cuerpo fue encontrado, congelado, en una montaña a unos 30 kilómetros de distancia, pero nadie fue arrestado.
Hay muchos episodios similares que siguen un patrón: una mujer o niña desaparece, hay una protesta en la comunidad, se lanza una búsqueda, se ofrece una recompensa. A veces logran una resolución rápida. Pero a menudo surge la frustración ante la falta de acción por parte de la policía tribal y las autoridades federales.
¿Por qué pasa esto?
«Todo se reduce al racismo«, argumenta MacDonald. «Podrías vincularlo a la pobreza o al consumo de drogas, o algunos de esos factores, [pero] al fin y al cabo, al gobierno federal realmente no le importa nada».
La policía tribal y los investigadores de la Oficina Federal de Asuntos Indígenas actúan como agentes del orden público en las reservas, que son naciones soberanas. Entre tanto, el FBI investiga ciertos delitos y, si hay pruebas suficientes, el Departamento de Justicia de EE.UU. procesa delitos mayores –como asesinato, secuestro y violación– que ocurran en tierras tribales.
El exfiscal federal del estado de Dakota del Norte, Tim Purdon, llama a eso «matorral jurisdiccional» , sujeto a diferentes leyes según el crimen y todavía más: desde el dónde ocurrió (en una reserva o no) hasta si un miembro de la tribu es la víctima o el perpetrador. Los casos de personas desaparecidas en las reservas pueden ser especialmente difíciles.
Sarah Deer, profesora de la Universidad de Kansas, ofrece otra explicación para los desaparecidos y asesinados: las mujeres nativas, según ella, han sido consideradas como invisibles y desechables en la sociedad, y esas vulnerabilidades atraen a los depredadores. «Hay un grupo muy marginado, y el sistema legal no parece tomar iniciativas proactivas para proteger a las mujeres nativas en algunos casos», explica la catedrática, con particular refererencia a las mujeres que pudieran tener problemas de adicción, trastornos psicológicos u otros tipos de enfermedades.
La culpa es de la propia mujer
Tales actitudes han impregnado las reservas, donde la policía tribal carece de recursos, personal y capacitación, y las familias se quejan de que los oficiales no toman en serio los informes de mujeres desaparecidas, por lo que se retrasan las búsquedas en las primeras horas críticas.
Carmen O’Leary, directora de la Sociedad de Mujeres Nativas de las Grandes Llanuras, asegura que en muchos casos los agentes de la policía «avergüenzan a las personas que denuncian» desapariciones, diciendo que la desaparecida seguramente «estaba bebiendo» o «se fue con un hombre». De acuerdo con la activista, «muchas veces las familias asimilan ese tipo de vergüenza» y llegan a pensar que de alguna manera fue culpa de la propia mujer. En otros casos, algunas familias comienzan sus propias investigaciones.
‘Acta de Savanna’
Savanna LaFontaine-Greywind, una mujer nativa-norteamericana de 22 años, fue asesinadaen 2017 en la ciudad de Fargo (Dakota del Norte), cuando estaba embarazada de ocho meses. Su cuerpo fue encontrado en un río, envuelto en plástico y cinta adhesiva. Un vecino suyo le había abierto el vientre y sacado su bebé. La niña sobrevivió y vive con su padre. El vecino, que se declaró culpable, fue sentenciado a cadena perpetua, sin libertad condicional.
La víctima dio nombre a un proyecto de ley federal destinado a abordar tales circunstancias. La demócrata Heidi Heitkamp presentó el año pasado, en el Senado, lo que llamó ‘Acta de Savanna’. La legisladora contó las historias de otras cuatro mujeres nativas de su estado, cuyas muertes no fueron resueltas. Tras mostrar sus fotos en una pizarra gigante, denunció incidentes desproporcionados de violencia que pasan «desapercibidos, no denunciados o no informados».
El proyecto de ley tiene como objetivo mejorar el acceso de las tribus a las bases de datos federales de información criminal. También exige al Departamento de Justicia desarrollar un protocolo para responder a casos de indígenas desaparecidos y asesinados, y al gobierno federal para proporcionar un informe estadístico anual a ese respecto.