La Asamblea Nacional se encuentra en desacato desde 2016 (Foto: Miguel Gutiérrez / EFE)
15 de enero 2019
Los diputados de la oposición están en la tarea de aterrizar la maniobra de decretar la figura de vacío de poder desarrollando las acciones dentro del marco jurídico que delineen los argumentos para anular al gobierno nacional.
Por ello se efectuó la discusión de anteproyecto de Ley de Estatuto de Transición, documento que aún no figura entre las leyes del portal web de la Asamblea Nacional (AN).
¿Cuáles son las principales aspectos que se discuten dentro de la AN? Lo correspondiente a las vías para materializar la toma del poder. Sólo por anuncio no revocan el mando de Nicolás Maduro.
Luego de que en un primer intento Guaidó invocara la «restitución del orden constitucional», se abrió el escenario para concretar la transición.
Una comisión especial fue delegada a evaluar este anteproyecto de ley, días previos a la juramentación del presidente Nicolás Maduro. Juan Miguel Matheus, parlamentario que presentó el texto, se apoya en el artículo 233 de la Constitución sobre un abandono de cargo que no aplica, como punto de partida para crear el estatuto, figura que permita la transición y exponga los ámbitos que se abordarían, incluyendo los pasos a seguir para esa toma del poder.
En este sentido, la ley de transición pone tres ámbitos centrales. El primero (ya en curso) es el desconocimiento de la Asamblea Nacional a las elecciones celebradas el 20 de mayo de 2018 y la representación presidencial vigente, tomándose la atribución de «única autoridad jurídica» en el país.
El respaldo de los organismos internacionales y países de la región es el rasgo esencial de este ámbito en la ruta que lleva a la instalación de un gobierno paralelo.
El Consejo de Seguridad Nacional, en voz de John Bolton, sale a confirmar la autoría intelectual de la Casa Blanca en la maquetación del marco legal que ampare a la AN en búsqueda de su legitimación.
En un comunicado del asesor, confiere respaldo a la AN. Detalla además el soporte logístico vía agresiones financieras afirmando que seguirán «utilizando todo el peso del poder económico y diplomático de los Estados Unidos para presionar a favor de la restauración de una democracia venezolana que revierta la actual crisis constitucional».
Instancias como la OEA y los países más hostiles contra Venezuela ya tienen definido su papel en la legitimación de un gobierno paralelo, pero queda la interrogante de las naciones que se decantan por temperaturas tibias al momento de definir posturas diplomáticas extremistas.
La otra dimensión que contempla el estatuto abarca las acciones para irrumpir en el poder y desplazar al alto mando político nacional que califican de «usurpadores».
Entra allí la conformación de un «Consejo Nacional para la Transición Democrática». Los integrantes, designados por la AN, se encargarán de coordinar las acciones que produzcan el quiebre político.
Lo que deja ver el documento sobre estas medidas para cesar la supuesta usurpación es que apuntan a determinar el proceso para asignar a nuevos funcionarios en los Poderes Públicos con el aditivo de conceder «incentivos jurídicos» a los funcionarios que desconozcan al Estado venezolano, haciendo especial énfasis a los que integran la FANB.
Para cerrar la restitución, se relata en la ley que se realizarán elecciones «una vez se recuperen las condiciones de integridad electoral y con ellas, la confianza del ciudadano en el voto».
Esto se lograría al designar a cinco nuevos rectores del Poder Electoral, tal y como versa el artículo 17 del documento que también comprende la designación del Defensor Público y del Contralor General de la República.
Se centralizan, de este modo, esfuerzos aislados anteriores por instalar estructuras simultáneas como el «Tribunal Supremo de Justicia en el exilio». Los magistrados de este paratribunal se reincorporarían al Poder Judicial según el anteproyecto de ley.
CONFISCACIÓN DE LOS ACTIVOS NACIONALES: OBJETIVO FUNDAMENTAL DEL ESTATUTO DE TRANSICIÓN
Proclamarse como representante del país ante la comunidad internacional, y que sea validado, permitiría seleccionar a miembros de misiones diplomáticas y organismos multilaterales que presionen en la agenda de confiscar activos de la nación venezolana, agudizando el bloqueo financiero que aplica Estados Unidos.
En el artículo 9 del texto legal se enumeran las actuaciones «legítimas» que comprenden la apropiación de cuentas bancarias, el pago de facturas por parte del gobierno y la gestión de la deuda pública externa, permitir la intermediación de factores externos para atender la mediatizada «crisis de refugiados».
La colaboración en la lucha contra la corrupción acompañada del oportuno expediente armado contra Venezuela es la excusa para que los diputados construyan el puente jurídico necesario que canalice esos recursos nacionales incautados en el exterior a las nuevas instituciones paralelas que Estados Unidos avala.
Sobre ello el secretario de Estado, Mike Pompeo, celebró la creación de un Fondo de Recuperación de Activos producto de la corrupción, propuesto desde las filas de Voluntad Popular en la AN.
Pompeo, quien además ha mantenido comunicaciones con Guaidó, se refirió a Venezuela diciendo que era hora de «comenzar la transición ordenada hacia un nuevo gobierno». El Departamento de Estado trabaja diligentemente para consolidar la instauración del gobierno paralelo.
¿POR QUÉ LA FANB ES (NUEVAMENTE) CONVOCADA A LA AGENDA GOLPISTA?
La ruta ahora se aboca en conseguir un consenso de aprobación por el resto de naciones que garanticen la autoridad en cuestiones de decisiones sensibles soberanas y el deterioro del gobierno venezolano.
Usando como único modelo de referencia la experiencia en Libia con la instauración del «Consejo Nacional de Transición Libio» y su reconocimiento en la Asamblea General de las Naciones Unidas, puede que en el intento de materializar esta acción se trate de cuidar las formas, aminorando las reacciones negativas en la comunidad internacional, teniendo en cuenta el rechazo a las políticas intervencionistas que Estados Unidos recibe.
A Estados Unidos le toca atar los cabos sueltos en función de establecer sólidas relaciones con facciones neurálgicas del Estado para hacer irreversible el derrocamiento del gobierno venezolano. De ahí que el documento redactado por la AN se esfuerce en recalcar el reconcilio con detractores de las instituciones militares que colaboren en el proceso de transición.
Las actuales atenciones de los actores políticos de oposición en convocar a la FANB con mayor ímpetu que nunca ratifican esa urgencia.
Julio Borges✔@JulioBorges
La escalada violenta, que hasta ahora se proyecta con el apoyo de Brasil y Colombia, de tener un ejército compuesto por figuras disidentes de la FANB, alentaría el relato de lo nacional en un intento por disimular la marcada intrusión extranjera.
El turbio resultado libio que produjo una inmediata rectificación de las potencias, sobre todo Rusia, en el desarrollo de la guerra siria, no da espacio a errores en los pasos a seguir con respecto a Venezuela. La lección aprendida por parte de los países que conforman el mundo multipolar no permitiría una actuación unilateral propia de una hegemonía que actualmente está debilitada.