Sirios observan explosiones en la ciudad de Kobane luego de que se intentara instalar un gobierno paralelo en su país. (Foto: AFP)
La política intervencionista de Estados Unidos en los asuntos internos de otras naciones ha sido una constante en todas las regiones del mundo. Se fundamenta en la seguridad nacional de ese país, no rindiéndole cuenta a su población y territorio sino a las corporaciones globales que la financian.
Lo que hoy aplican en Venezuela es la conjugación de otras operaciones contemporáneas en la región del Medio Oriente y los Balcanes. La experiencia sistematizada y convertida en manuales pasó a ser admitida por políticos locales del antichavismo. Secuencia cronológica que nos lleva al acto de autoproclamación presidencial del estrenado líder de la oposición Juan Guaidó, con la sensación de estar repitiendo escenarios, con otros actores.
Es necesario el repaso, de forma que valoremos los resultados de concederles la oportunidad de construir Estados artificiales a las potencias occidentales.
Los regímenes provisionales son el puente para inducir las políticas neoliberales, de libre mercado, que le garantizan a las corporaciones el control de regiones estratégicas y del comercio mundial de mercancías. Esto en la cara más amable del capitalismo, mientras que su alter ego instala las estructuras profundas del poder donde el crimen organizado, la trata de personas, el tráfico de drogas y armas conviven libremente.
Sub-estados africanos y el control de los recursos naturales
El caso de Libia, por lo crudo del desenlace, es una referencia obligatoria. Funcionó en 2011 con la estrategia de armar un gobierno en el exterior, dotarlo de recursos y convulsionar la opinión pública con propaganda anti-Gadaffi. Al cabo de unos meses, se reconocía diplomática y políticamente al Consejo Nacional de Transición, dando paso a la nefasta intervención militar de la OTAN y la instalación de miles de milicias enfrentadas entre sí, que segregaron al país.
Después de la fractura institucional no fue asunto de primer orden para los actores extranjeros involucrados en promover el reconcilio nacional. Mientras las partes beligerantes se volcaron a convertir el tráfico de armas, contrabando de petróleo, entrenamiento de mercenarios y la esclavitud en actividades rutinarias de la economía informal, el Departamento de Estado norteamericano se encargaba de administrar los activos congelados de Trípoli en cuentas extranjeras.
Libia era una zona que contrastaba con el resto del mapa continental, pero el restablecimiento del orden democrático la puso a tono con el destino de sus connacionales que desde la década de 1960, sufren los estragos de la mutilación prematura que planificó la CIA a movimientos panafricanos en su intento por unificar un criterio propio de identidad africana.
En los países del viejo continente se instalan figuras que permiten el control de estructuras criminales paralelas apoyadas por empresas multinacionales y organismos no estatales. Nigeria, República Democrática del Congo, Liberia, Sierra Leona, Angola, todos países del África subsahariana sumergidos en conflictos que se enmarcan en la lógica neoliberal y la intermediación de los Estados en el saqueo de recursos.
Roger Morris, ayudante directo de la administración de Henry Kissinger en asuntos de política exterior durante los años de 1970, confirmó que, con algunas excepciones puntuales, Estados Unidos estuvo detrás de todos los golpes de Estado que se efectuaron en África a partir de la década de 1960.
Desde entonces, las poblaciones han asistido a un carnaval de regímenes depuestos, gobiernos interinos y dictaduras con genocidios y matanzas generalizadas como telón de fondo, sin que esto hiciera mucho ruido en la comunidad internacional, a pesar de ser escenarios donde se midieron los bloques confrontados de la Guerra Fría.
Coltán, uranio, diamante y petróleo son los recursos que condicionan el destino político de África. Las redes de tráfico ilícito de estos rubros son administradas por comandos político-militares que resguardan las minas y pozos de empresas petroleras y mineras. Las corporaciones obtienen beneficios al extraer la materia prima y al proporcionar armamento a los custodios locales.
Comerciar con armas es política de doble rasero para Estados Unidos. Además del lucro que obtienen del gasto militar, condicionan la venta a factores que inclinen la balanza a los objetivos estratégicos en el continente. Halliburton, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Raytheon son contratistas militares que nutren el belicismo.
A ese común denominador fue relegado Libia.
Kosovo: modelo de instituciones criminales para exportar
Mientras en los países africanos el suministro indiscriminado de armamento favorece las situaciones bélicas e impiden el reconocimiento de una autoridad común, en circunstancias específicas la industria militar corta ese flujo, otra vez, para inducir tendencias. Algo que ocurrió en la balcanización del Estado yugoslavo.
El caso del desmembramiento de la República de Yugoslavia exhibe una imagen perfecta de cómo la instalación de gobiernos extranjeros vinculados al gran capital trae consigo los vicios criminales del libre mercado que alteran para siempre la sustancia de la sociedad.
Tras la intervención militar de la OTAN, en Kosovo se comprobó que lo fáctico puede superponerse perfectamente a lo teórico y jurídico si las condiciones lo permiten. Estados Unidos consigue la proclamación unilateral de independencia de una porción estratégica en los Estados otrora yugoslavos.
Esto, luego que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara la presencia internacional de seguridad militar y civil bajo la figura de misión de Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK). Esta figura fungió a partir de 1998 hasta 2008 como administrador territorial extranjero, imponiendo agentes no vinculados al territorio a los espacios institucionales. En ese periodo, se promovió la autoproclamación de independencia de Kosovo, desplegando su personal a construir, organizar y supervisar las instituciones de esa nueva etapa democrática.
De conocimiento público es el pretexto que utilizaron los países integrantes de la Alianza Atlántica, liderados por Estados Unidos, para intervenir militarmente Yugoslavia. El terreno fue abonado previamente con medidas coercitivas al sistema nacional económico que generó el colapso de las regiones. Conjuntamente armaron mediáticamente un conflicto étnico-nacionalista que fue minando la cohesión de la región más estable de Europa Oriental.
Ahora se sabe que el objetivo geopolítico de Estados Unidos era adueñarse de una zona estratégica para el control de los flujos comerciales energéticos entre el Medio Oriente y Europa, así como del tráfico ilegal de opiáceos provenientes de Afganistán. De hecho, tan pronto terminó el bombardeo con uranio empobrecido de la OTAN en 1999, el Pentágono tomó una porción de 1 mil hectáreas dentro de Kosovo para instalar la base militar Camp Bondsteel. El negocio fue cerrado con la transnacional Halliburton, que alcanzaba su primer contrato logístico militar gracias a la devastación de una nación.
El dominio del cartel de drogas en el paso euroasiático financió las bases operativas orientadas a mitigar la influencia de los sistemas socialistas ruso y chino en el sudeste europeo para permitir el ingreso a multinacionales y bancos occidentales con sus regímenes económicos de libre mercado. Se instalaron laboratorios para ensayar las revoluciones de color y formar yihadistas que luego se exportaron al resto de la región balcánica, Europa y Medio Oriente.
A su vez, la gestión de los pasos de las autopistas que conectan tanto al occidente europeo como a China con los productores petroleros de los países árabes también buscaba debilitar a sus enemigos comerciales.
Las provincias de la extinta Yugoslavia hicieron la transición inmediata a Estados mafiosos y narcotraficantes. Según estimaciones de la propia UNMIK, las actividades delictivas en Kosovo representaban para 2008, entre el 15 y 20% del PIB, cifra considerable teniendo en cuenta que buena parte de la economía se sostiene por ayuda exterior.
Altos funcionarios del moderno «Estado» kosovar ostentan una tenebrosa suma de denuncias que los conecta con la estructura del crimen organizado. El Consejo de Europa expuso pruebas que acusaban a Hashim Thaçi, ex primer Ministro de Kosovo y miembro del Ejército de Liberación de Kosovo (organización terrorista financiada por Estados Unidos), de liderar las empresas ilícitas que operaban tras bastidores de la guerra. Entre ellas una red criminal que extraía órganos a prisioneros de guerra para venderlos a la mafia internacional.
Administrar el tráfico de órganos, de armas y de drogas es la colaboración de las élites con las redes trasnacionales delictivas que le pagaron la independencia.
¿Qué asoma la restauración democrática empujado por Estados Unidos?
No es casual que el golpe de Estado en marcha en Venezuela convoque a operadores con experiencia en destrucción de naciones enteras para incrementar las ganancias de las corporaciones.
Desde el asesor de seguridad nacional John Bolton y su prontuario de acusaciones infundadas a Irak y Cuba, hasta el enviado a «restaurar la democracia» Elliot Abrams y su relación con el escándalo Irán-Contra. Incluso en los cargos inferiores, el grupo seleccionado está muy bien cuidado. Los últimos encargados de negocios que se enviaron a Venezuela trabajaron en sitios de conflicto geoestratégico: Lee McClenny, que estuvo en el cargo entre 2014 y 2017, fue jefe de prensa de la OTAN durante los bombardeos en Kosovo; y el actual, James Story, se desempeñó como alto representante del Equipo de Combate de Regimiento Aerotransportado Rakkasan desplegada en Afganistán en 2010.
Las recientes decisiones tomadas por la Casa Blanca para enfrentar al país evidencia que el objetivo está orientado a devolverle el bastión más sólido de resistencia a las multinacionales. El Departamento de Estado armó al «gobierno interino» y la primera orden fue elaborar un instrumento en apariencias legal, que garantizara la apropiación de los hidrocarburos a capital privado estadounidense, requerimiento que fue atendida por el «presidente» autoproclamado Juan Guaidó al declarar que iba a crear una nueva ley de hidrocarburos que otorgara licitaciones de proyectos de gas natural y crudo convencional, beneficiando directamente a la transnacional ExxonMobil.
En paralelo, Estados Unidos fue tomando medidas de embargo contra PDVSA y su filial en suelo norteamericano Citgo. Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, informó el bloqueo de activos valorados en 7 mil millones de dólares que además traerá pérdidas proyectadas en 11 mil millones.
Agreden gravemente a una nación que depende en exclusiva de la entrada de divisas por la estatal PDVSA. Pero más allá del daño es reapropiarse del suelo que antes pudieron perforar para extraer recursos energéticos sin pedir permiso al Estado venezolano.
La intervención de Bolton en la cadena de televisión Fox confirma lo dicho: «Estamos conversando con las principales compañías estadounidenses ahora (…) Marcaría una gran diferencia para Estados Unidos económicamente si pudiéramos tener empresas estadounidenses invirtiendo y produciendo el petróleo de Venezuela».
Venezuela, como país, es una piedra de tranca no solo por su actitud soberana con los recursos que posee o su compromiso con el mundo emergente multipolar, sino por los retardos que genera en el corredor de droga Colombia-Estados Unidos. Penetrar el territorio sería también garantizar el flujo libre de la cocaína producida en los departamentos colombianos hacia aguas caribeñas.
La clase corporativa aboga por un proceso de transición que permita el reordenamiento de las instituciones públicas delegando empleados fieles para tutelar sus funciones, con el perfil de los que administran las regiones sumisas. Grupos que entreguen los recursos tan fácilmente como lo hace África y que participe en las redes de narcotráfico y actividades irregulares derivadas, como la región de los Balcanes.
El proyecto de país que quieren destruir
Ya en su momento agrietaron el panafricanismo, el nacionalismo yugoslavo o el panarabismo, peligrosos programas que presentaban alternativas propias, distanciadas de la categoría tercermundista que les asignó Occidente. La herida fue lo suficientemente profunda como para descartar cualquier resurgimiento.
Sin embargo, las élites mundiales entendieron que el repliegue no duró mucho. Se estremecen ante la avanzada del mundo multipolar, a pesar de que en términos temporales todavía está en proceso embrionario. La violenta embestida contra Venezuela se comprende en ese contexto.
El chavismo coopera con los proyectos geopolíticos de China y Rusia, establece canales de intercambio comercial con otros países vetados por Estados Unidos y Europa, contribuye a la integración regional de las islas caribeñas, mientras soporta estoicamente el quiebre del proyecto latinoamericano que fundó.
La destrucción de la estructura institucional venezolana supondría un escenario penetrado por grupos parapolíticos, paraeconómicos y paramilitares (contratistas o grupos armados fascinerosos), o bajo la égida del Pentágono (al estilo colombiano), a lo largo y ancho del territorio para la facilidad del saqueo y el latrocinio con huellas occidentales, como ha sucedido en los ejemplos reseñados en esta nota.
Hugo Chávez se encargó de que la renta petrolera, las reservas de gas y de oro, los recursos minerales, fueran arrebatadas de las corporaciones para colocarlas a la entera disposición de un país que forja, en estado de permanente inestabilidad, un sujeto político con características propias, estrechamente vinculado al territorio y con conocimiento de su historia. Borrar esa corriente de pensamiento del mapa mundial es el punto de no retorno que se quiere alcanzar.