Por ahora, las tensiones en la frontera venezolana con Colombia y Brasil se han disipado de momento, más allá de las escaramuzas, luego del fracaso que supuso el ingreso de convoyes con «ayuda humanitaria» este 23 de febrero a través de los puntos de Cúcuta-Táchira y Paracaima-Amazonas.
La idea, probablemente imaginada por el enviado especial Elliott Abrams, consistía en escalar los hechos hasta el punto de una confrontación donde se pudiera criminalizar al gobierno de Nicolás Maduro mientras la agresión es claramente orquestada por Washington y Bogotá. Las varias versiones contrastadas confirman que operadores de fuerza irregular estuvieron detrás de la quema de los camiones en el puente fronterizo Francisco de Paula Santander. Sin embargo, este parece ser el «casus belli» como argumento para la intervención militar sobre Venezuela, análogo a las «armas de destrucción masiva» de Irak y el «bombardeo de Gadafi a la población» en Libia.
El próximo paso de la coalición hemisférica contra Venezuela fue la de convocar para este lunes 25 de febrero una reunión del llamado Grupo de Lima en Bogotá, que se dio como un procedimiento para que el vicepresidente estadounidense Mike Pence, quien asistió al cónclave, distribuyera las líneas de acción del asedio violento sobre la República Bolivariana.
En la reunión, en parte cubierta por medios corporativos dado que muchos de sus momentos se dieron en un estricto off the record, destacó sobre todo la falta de consenso en torno a una posible intervención militar liderada por el Pentágono y la agenda personal que, al parecer, tienen Iván Duque y Mike Pence contra el chavismo.
UNA AGENDA PREFABRICADA
Antes de la reunión, el prófugo de la justicia Antonio Ledezma emitió un comunicado en el cual exigió a su socio Juan Guaidó que pusiera sobre la mesa del Grupo de Lima la carta de la «intervención humanitaria basada en la Responsabilidad de Proteger (R2P)», un enfoque «jurídico» utilizado en los bombardeos a Yugoslavia y Libia para el armado de una coalición multilateral de intervención. Esto confirmó (una vez más) la voluntad de un sector del antichavismo de promover la «opción militar» estadounidense como la única posible.
Pte @jguaido Ud debe plantear hoy en Grupo de Lima y a la comunidad internacional, la necesidad que tiene Venezuela de ser rescatada de las garras de mafias que ejecutan exterminio. Es hora de invocar intervención humanitaria y R2P aprobado en ONU. Es hora de activar art 187CNBV.
Pese a estas exclamaciones, existe un sector muy ligado a las políticas estadounidenses que no apoya una operación de este tipo, claro, luego de haber emprendido una campaña criminalizadora contra el Gobierno Bolivariano y el chavismo en general. Tal es el caso de José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Rights Watch, en señal de un control de daños inédito debido a lo registrado por periodistas gubernamentales e independientes este 23 de febrero en las zonas fronterizas en el marco del reáliti show humanitario.
Mañana, durante la reunión en Bogotá, el Grupo de Lima debería descartar completamente la opción militar en Venezuela.
El derecho internacional no permite el uso de la fuerza en este caso. En particular, no se cumplen los requisitos jurídicos de la “responsabilidad de protegerâ€.
Asimismo, la Comisión Europea, a través de la portavoz comunitaria de Exteriores, Maja Kocijancic, expresó que su voluntad «es muy clara: hay que evitar la intervención militar».
Todas estas demostraciones discursivas no sólo ponen de frente el tema de invasión militar, tomando como precedente lo ocurrido en Libia luego de la aplicación del R2P bajo una cortina de mentiras mediáticas, falsos positivos y operaciones de bandera falsa, sino que demuestra la prefabricación de la agenda en la reunión del Grupo de Lima como un parteaguas que polariza las posturas en torno al conflicto venezolano.
Iván Duque en su discurso de hoy dio, precisamente, las coordenadas que el plan de agresión contra Venezuela tiene en su concepción, con el elemento de la guerra como una carta necesaria aun cuando es rechazada de antemano por numerosos actores en la región.
LOS DISCURSOS Y LAS IDEAS (VACÍAS)
Duque, Guaidó y Pence, en ese orden, dieron una nueva clase de vacío discursivo, sustentado en la ficción mediática, las operaciones psicológicas y la voluntad antipolítica.
El presidente colombiano, claro delfín del senador Álvaro Uribe Vélez, habló de los éxitos y continuación del «cerco diplomático» contra el Estado venezolano y dio su palabra enérgica sobre una medida contundente que provocaría el derrocamiento del chavismo en el poder, polarizando el escenario: «La situación que vive Venezuela no es un dilema entre guerra y paz. El verdadero dilema es la continuación de la tiranía o el triunfo de la democracia, los derechos humanos y las libertades».
Aunque las acciones coercitivas contra Venezuela claramente apuntan a una situación de guerra regional, Duque alega que: «Lo que ocurrió el sábado no es una derrota (23 de febrero), porque hoy estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso de entregar esa ayuda humanitaria».
¿Acaso se plantea una nueva operación similar en los puentes fronterizos, en connivencia absoluta con los generadores del golpe? Está por verse si una convocatoria de ese tipo tiene ya cabida en las bases de la oposición, que en escenarios de violencia pierde la movilización multitudinaria por el foquismo beligerante de mercenarios antigubernamentales (recordar 2014 y 2017).
Lo cierto es que a Duque parece preocuparle públicamente que no se fortalezca «la legitimidad del dictador Maduro» y que no se note demasiado que plantea una acción militar contra Venezuela.
De igual manera, Guaidó apeló al sentido binario en la toma de decisiones en el seno del Grupo de Lima: «El dilema es entre democracia y dictadura. Entre masacre y salvar vidas».
El de Voluntad Popular fue enfático trasladando, obviamente, la culpa de la quema de «camiones humanitarios» en la frontera colombo-venezolana al chavismo, el cual, según él, sólo se escuda en «grupos armados irregulares», sugiriendo que la FANB toda terminaría desertado al lado del golpismo.
Mientras el prófugo de la justicia daba su discurso y Mike Pence se preparaba para el suyo, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra cuatro gobernadores chavistas, quienes son responsables de puertos marítimos comerciales, en una agresión análoga en lo financiero a un bloqueo naval.
Con su estilo teocrático, el vicepresidente estadounidense se refirió a las últimas acciones financieras de Washington, anunció la entrega de 56 millones de dólares al Grupo de Lima y mostró a Donald Trump como un «gran adalid de la libertad». Dio su espaldarazo a Guaidó y mencionó, como lo harían sus precedores en el micrófono, los hechos del 23 de febrero como una muestra de que esta es una lucha «entre democracia y dictadura».
Por ello pidió a los países de la coalición regional que «congelara los activos de funcionarios venezolanos y los transfiriera a Guaidó», para luego reclamar a los miembros de la FANB que aceptaran la «generosa amnistía» de la Asamblea Nacional.
Basándonse en los falsos positivos y banderas falsas en las fronteras, expresó su apoyo a la Casa de Nariño en torno a su beligerancia, desplazando toda culpa de provocación a Venezuela: «Colombia es nuestro socio más importante en la región, y cualquier amenaza a su soberanía y seguridad enfrentará la determinación de los Estados Unidos».
Esto sólo puede significar el respaldo propicio a una intervención militar internacional con los dos actores más agresivos de la región: Colombia y Estados Unidos.
La nomenclatura expresada («amenaza regional»), que terminó minando la declaración del Grupo de Lima, es tomada del Comando Sur norteamericano, cuyos informes senatoriales desnudan las intenciones de intervenir en Venezuela, caracterizándolo de narcoestado forajido que tiene alianzas con organizaciones que la Casa Blanca denomina terroristas como el ELN colombiano y el Hezbolá libanés.
El uso creciente de nombrar al chavismo organizado como «paramilitares» o «grupos armados irregulares» sólo enfocan esa caracterización como un móvil suceptible de ser erradicado por la «seguridad de la región».
EL MANEJO DE LAS EXPECTATIVAS
Las declaraciones de los distintos representantes nacionales en el Grupo de Lima dieron a entender que es preferible manejar otras acciones a la de la intervención militar sobre Venezuela, lo que terminó plasmándose en la declaración final de la reunión; más bien se decantan por la «presión diplomática y financiera».
De hecho, el vicepresidente de Brasil, el general Hamilton Mourao, expresó, en el contexto de la reunión, que su país no se involucraría en una aventura militar auspiciada por Estados Unidos. Además, el Ministerio de Defensa brasileño informó que llegó a un acuerdo con su institución homóloga en Venezuela para evitar nuevos episodios de violencia, en la que grupos irregulares antichavistas atacaron a los cuerpos de seguridad venezolanos.
Cada «Día D» planteado por la dirigencia opositora es contraproducente al no definirse las circunstancias esperadas. Lo hemos visto en los últimos años, en los que prometió a la base de sus seguidores un ahora sí definitivo derrocamiento del chavismo en el poder estatal. De esta manera han perdido sucesivamente capital político a sus aspiraciones.
Que Guaidó y su equipo hubieran desistido del plan «entrega de ayuda humanitaria» trajo un inmenso rechazo en quienes depositaron su confianza de que, por fin, la anhelada intervención militar llegaría con banderas y sonrisas estadounidenses.
El anuncio de que Washington convocó una nueva sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para hablar del tema Venezuela trajo una nueva oleada de rechazos a los movimientos de los golpistas y halcones de la guerra, pues es sabido que asimismo tanto Rusia como China gozan del poder de veto ante una escalada militar contra un aliado estratégico en la región latinocaribeña como lo es Venezuela.
Muy probablemente Estados Unidos intente alargar el efecto Guaidó al llevar el caso de los «camiones humanitarios» al Consejo de Seguridad de la ONU, alegando crímenes de lesa humanidad mostrando la imágenes del 23 de febrero como un logro para presionar por un mayor aislamiento contra el país.
Por otra parte, el titular del Consejo de las Américas, Eric Farnsworth, sostieneque una acción militar rompería «la coalición internacional contra la República Bolivariana».
Un signo evidente de que aún una intervención militar carece de los apoyos necesarios, y que a la luz pública, necesita ser fabricada dado el cáracter contraproducente que representa para la mayoría de los países del Grupo de Lima, que hasta el día de hoy le sacan el cuerpo a esta iniciativa.