Desde Caracas

Caracas amaneció el 23 de julio con la incertidumbre que traen los apagones. La mayoría de las zonas de la capital ya había recuperado el sistema eléctrico, y la mañana estuvo marcada por cortes de algunas horas en diferentes sectores. El día fue declarado no laborable por parte del gobierno, el servicio de metro inhabilitado debido a la inestabilidad eléctrica, y los movimientos fueron los que suceden a los apagones: compras de comida y carga de gasolina.

A las 14, el ministro de la Energía Eléctrica, Freddy Brito, información acerca de la recuperación al “ciento por ciento de la carga en la mayoría de los estados del país”. Menos de 24 horas para Caracas y el país: el apagón había sucedido a las 16,45 del día anterior. Aunque la realidad de la capital contrasta con la de muchos estados: en la primera los apagones han sido contados desde principio de año, mientras que, en estados como Zulia, Lara o Táchira, los cortes de luz son diarios.

El ministro para la Comunicación, Jorge Rodríguez, denunció que el evento ocurrido se debió a un ataque: “Los primeros indicios recibidos de la investigación orientan a la existencia de un ataque de carácter electromagnético que buscó afectar el sistema de generación hidroeléctrica de Guayana, principal proveedor de este servicio en el país”.

Según el ministro, se trataría así de un nuevo ataque al sistema eléctrico nacional, como ya lo había denunciado el gobierno nacional las veces anteriores, en particular en el apagón más grande que comenzó el pasado 7 de marzo y se prolongó durante varios días. Rodríguez anunció que la recuperación sería rápida debido a que, luego de los supuestos ataques, habían sido instrumentados “protocolos de protección y seguridad”.

La oposición acusó, por su parte, al gobierno de ser responsable de lo sucedido. El mismo mensaje partió desde Estados Unidos, donde, por ejemplo, el senador republicano Marco Rubio, operador en la estrategia contra el gobierno de Nicolás Maduro, afirmó que la causa del apagón era «el régimen”.

En las calles existió cierta tensión por el corte generalizado, debido en particular a la hora del apagón -coincidente con los regresos a las casas y la progresiva llegada de la noche- el impacto en los transportes y las incertidumbres propias y de familiares. Junto con eso se vio calma, resignación, conversaciones en esquinas de barrios populares. Caracas mostró cierta costumbre ante la dificultad: el gobierno activó los servicios de emergencia de transporte y se generaron filas de carros en los puntos de la ciudad donde se sabe que existe señal de telefonía cuando ocurren apagones.

En ese contexto Juan Guaidó cumplió este 23 de julio seis meses de su autoproclamación. Convocó a una sesión pública de la Asamblea Nacional en uno de los puntos habituales de concentración del antichavismo en Caracas. La concurrencia a la actividad fue pequeña, representativa de los sectores tradicionales de la derecha venezolana con su ausencia de sectores populares.

Allí Guaidó anunció que la aprobación del ingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), el acto de defensa mutua interamericana del cual Venezuela se retiró en el 2012 junto a Bolivia, Nicaragua y Ecuador. El TIAR, abre entre sus posibilidades el pedido de la conformación de una coalición de fuerzas interamericanas para llevar adelante una intervención militar.

Esa aprobación ha sido un pedido constante desde varias semanas atrás por parte de los sectores de la oposición que solo ven una salida a través de una acción de fuerza militar extranjera. Guaidó mantuvo un discurso oscilante respecto a las implicaciones del TIAR, planteándolo como posible herramienta para una acción de fuerza a la vez que como un instrumento para fines únicamente diplomáticos y económicos.

La aprobación del TIAR por parte de un poder público en una arquitectura de intento de golpe de Estado se dio en el marco de los diálogos de Barbados que se mantienen. El gobierno y la oposición ya han realizado cuatro encuentros públicos desde mayo, dos en Oslo, y dos en la isla del Caribe, con la mediación central del gobierno de Noruega, que ha insistido en reiteradas oportunidades en la necesidad de la discreción acerca de los contenidos.

Aún no se sabe cuáles serían los puntos posibles del acuerdo en caso de lograrse. Uno de los nudos centrales de diferencia reside en la permanencia de Nicolás Maduro al frente de la presidencia. Elliot Abrams, enviado especial de EEUU para el caso Venezuela, declaró en una entrevista el domingo pasado que: “No es posible que haya elecciones libres y justas con Maduro en la presidencia (…) aceptar elecciones y permitir que Maduro se mantenga hasta ellas equivale a renunciar al cambio”.

El discurso de Abrams ratifica no solamente la necesidad de que Maduro no se presente a unas eventuales elecciones presidenciales, sino que se retire antes de las mismas. El presidente instó por su parte a la maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela a prepararse para unas elecciones que, desde hace varios meses, anunció que serían para elegir un nuevo poder legislativo. Ningún dirigente del chavismo ha asomado la posibilidad de elecciones presidenciales hasta el momento, y Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, afirmó su desacuerdo respecto a esa posibilidad.

Los elementos se desarrollan en simultáneo con Barbados: el apagón producto de un nuevo ataque como denunció el gobierno, la carta del TIAR, el avión norteamericano de reconocimiento que incursionó el viernes en área internacional de dominio venezolano sin autorización y fue interceptado por dos Sukhoi, la reciente reunión del Movimiento de Países No Alineados donde 120 gobiernos reconocieron a Maduro y se opusieron al bloqueo norteamericano. Los diálogos no detienen las demás variables que a su vez sirven para construir la correlación de fuerzas para un posible acuerdo.