Por William Urquijo Pascual, Resumen Latinoamericano*, 20 de diciembre de 2019.
Venezuela vivió durante 2019 un complejo escenario político marcado por la ratificación del mayoritario respaldo popular a la Revolución bolivariana, frente a la suma de fracasos de un sector radical encabezado por un personaje nombrado Juan Guaidó.
El desconocido diputado por el estado de Vargas -hoy La Guaira- ganó notoriedad al ser elegido el 5 de enero por la mayoría opositora como presidente de la Asamblea Nacional, parlamento declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia desde 2016 por sus constantes violaciones del orden constitucional.
Con un expediente de líder elaborado de la noche a la mañana gracias a un poderoso músculo mediático, y en virtud de una aberrante interpretación de la Constitución, el 23 de enero Guaidó se autoproclamó ‘presidente encargado’ de la nación, en un acto de usurpación calificado por las autoridades como intento de golpe de Estado.
La autoproclamación del cabecilla de Voluntad Popular -partido de extrema derecha con un abultado prontuario de violencia política- contó con el apoyo inmediato de Estados Unidos, entre otros países plegados a los intereses hegemónicos de la Casa Blanca, en una postura que condujo a Caracas a romper relaciones con Washington.
Con el reiterativo discurso de ‘cese de la usurpación, gobierno de transición, y elecciones libres’, Juan Guaidó se granjeó en los inicios cierto respaldo de sectores de la población adversos al proceso revolucionario, pero esa popularidad cedió de forma paulatina hasta prácticamente disolverse.
La inexistencia de un programa político acorde a las necesidades y las demandas del país, los constantes llamados a la violencia y al cambio de régimen por vías anticonstitucionales, unido a una postura entreguista y sonados escándalos de corrupción dieron al traste con el prestigio artificial del autoproclamado.
AYUDA HUMANITARIA, CORRUPCIÓN Y PARAMILITARISMO
El fallido intento de ingresar una supuesta ayuda humanitaria el 23 de febrero, a través de la frontera entre Venezuela y Colombia, marcó un capítulo importante en la agenda de la extrema derecha para alcanzar el llamado ‘cese de la usurpación’, eufemismo para referirse al derrocamiento del Gobierno legítimo de Nicolás Maduro.
Calificada por las autoridades bolivarianas como un intento de intervención en territorio venezolano -con apoyo logístico, material, mediático y financiero de Washington y Bogotá-, la operación involucró a grupos de choque que generaron graves episodios de violencia en el occidental estado de Táchira.
Además de constituir un fracaso para la oposición en el orden táctico y estratégico, la falsa operación de ayuda humanitaria dejó consecuencias nefastas para el ‘autoproclamado’, al salir a la luz en meses posteriores actos de corrupción y sus profundos nexos con paramilitares colombianos.
En junio, el medio PanAm Post reveló la implicación de delegados nombrados por Guaidó en la malversación de millones de dólares destinados a pagar el hospedaje y la alimentación de militares desertores en la ciudad de Cúcuta, tras los referidos hechos reportados en la frontera colombo-venezolana.
A finales de noviembre, el pretendido presidente encargado anunció la destitución de su representante en Bogotá, Humberto Calderón Berti, a raíz de la denuncia presentada por este ante la Fiscalía colombiana por manejos irregulares de fondos procedentes de activos expropiados a Venezuela como parte de las medidas coercitivas de Estados Unidos.
Tales recursos provendrían de los activos ilegalmente expropiados a empresas como Monómeros Colombo-Venezolanos, filial en Colombia de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven), y Citgo Petroleum, propiedad de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, con la complicidad de las autoridades de ambas naciones.
A mediados de diciembre, el Ministerio Público de Venezuela abrió una investigación ante las denuncias procedentes de diversos sectores de la Asamblea Nacional contra el dirigente opositor y su entorno.
El mencionado escándalo de corrupción acabó de echar por tierra la credibilidad de Guaidó, que ya había sufrido otro golpe demoledor al salir a la luz sus vínculos con la banda paramilitar colombiana Los Rastrojos, a raíz de la publicación de una serie de fotos que mostraban al diputado con integrantes de ese grupo criminal.
Vinculados a los delitos de narcotráfico, asesinato y extorsión, estos individuos habrían ayudado a Guaidó a trasladarse a territorio colombiano en vísperas de la falsa operación de ayuda humanitaria, y las instantáneas constituían una especie de seguro para los criminales.
De acuerdo con las denuncias formuladas por el Ejecutivo bolivariano, las fotos demostraron además que el gobierno de Iván Duque delegó en ese grupo paramilitar los arreglos para la entrada a Colombia de Juan Guaidó, quien tenía prohibido la salida de Venezuela como medida preventiva, a causa de otro proceso impulsado en su contra.
GOLPISMO E INTERVENCIÓN EN LA HOJA DE RUTA
El 14 de diciembre el Gobierno de Venezuela denunciaba que un comando terrorista integrado por miembros del partido de derecha Voluntad Popular -al cual pertenece Guaidó- y funcionarios policiales planificó tomar dos instalaciones militares en el estado de Sucre.
De acuerdo con la denuncia formulada por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, las acciones violentas tenían la intención de distraer la atención de la opinión pública del escándalo de corrupción que involucra al presidente de la Asamblea Nacional en desacato.
Rodríguez señaló como principales cabecillas de la acción al propio Guaidó y al dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López, quienes también lideraron el 30 de abril último el asedio a la base aérea Francisco de Miranda, como parte de un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro.
En esa ocasión, un grupo reducido de militares se dirigieron al distribuidor Altamira, en la autopista Francisco Fajardo de Caracas, junto a los mencionados cabecillas opositores, desde donde anunciaron a sus partidarios tomar las calles de Caracas para iniciar una nueva intentona golpista contra el Ejecutivo bolivariano.
Planes violentos contra la paz de la nación que fracasaron ante la sólida cohesión de las autoridades, los sectores populares y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), institución esta última que ha reiterado el respaldo incondicional al proceso revolucionario.
A pesar de los constantes llamados a la sedición en las filas de la FANB, la unión cívico-militar dio al traste durante 2019 con las pretensiones de la extrema derecha de ocasionar un cambio de régimen por vías anticonstitucionales.
Una oposición que traicionó procesos de diálogo, conspiró en el robo de los activos y Venezuela en el extranjero, y abogó incluso por promover una intervención armada en el país mediante los pretendidos intentos desde el seno del Legislativo de aprobar el retorno del país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
El ‘mandato interino’ de Guaidó solo trajo como resultado el fortalecimiento de la unidad de las fuerzas revolucionarias, que ante cada provocación interna o externa salieron a marchar por millones en defensa de un proyecto social que se resiste a claudicar.
Ni siquiera los funestos atentados de marzo contra el sistema eléctrico nacional, que hicieron colapsar los servicios públicos y llevaron al límite la capacidad de resistencia de la población, minaron en modo alguno la fortaleza de la Revolución bolivariana.
‘Y es que Maduro sigue ahí -al decir de la escritora venezolana Carola Chávez-, no podía ser de otro modo, él es el Presidente. Y el chavismo, sigue aquí, clarito: esa señora en cualquier barrio, ese hombre magro, curtido, en el confín de algún campo, los primeros en recibir los golpes de la guerra (…); ahí de pie, orgullosos, defendiendo a Nicolás’.
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