La investigación de la periodista Anya Parampil revela que José Ignacio Hernández cobró altos honorarios por dar información que fue utilizada por transnacionales para despojar a Pdvsa de miles de millones de dólares
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Una extensa y argumentada investigación elaborada por la periodista estadounidense Anya Parampil para el sitio web The Grayzone revela el entramado de corrupción y soborno en perjuicio del Estado venezolano en el que está incurso José Ignacio Hernández, quien hasta julio fungió como “procurador” del inexistente “gobierno” del diputado opositor Juan Guaidó.
Bajo el título “El escándalo de sobornos petroleros expone el doble juego corrupto del ‘procurador general’ de Guaidó”, la periodista corrobora como el abogado Hernández ha cobrado honorarios lucrativos como mercenario legal para los saqueadores corporativos de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
La investigación comprueba que el testimonio de Hernández fue comprado por gigantes petroleros extranjeros con interés en despojar a Pdvsa de miles de millones de dólares, en una demanda desestimada el año pasado por un tribunal de distrito de Florida sobre un caso de soborno multimillonario en marzo de 2018.
“El testigo experto que se presentó ante el tribunal para deslegitimar el caso del Gobierno venezolano fue Hernández, un abogado de la oposición”, indica.
Asimismo, Parampil puntualiza que Hernández también dio testimonio a favor de la empresa minera canadiense Crystallex para apoyar la lucha de la compañía contra el Gobierno de Venezuela y además “cosechó un pago de 163.000 dólares del Grupo Europeo OI a cambio de su testimonio contra Caracas. En el caso del Fondo Fiduciario para Litigio de Pdvsa que fue desestimado en 2019, se le pagó 350 dólares por hora por su análisis”.
Señala de igual forma que mientras usurpó el cargo de procurador general, Hernández emprendió varias acciones que apoyaron los argumentos legales de empresas contra el Gobierno Bolivariano, y debido a sus cuestionables maniobras legales Citgo Petroleum, el activo internacional más valioso de Venezuela, será liquidado para satisfacer las demandas de arbitraje multimillonarias contra Caracas.
Sobre este escándalo, en una declaración pública el 18 de junio de este año, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, acusó a José Ignacio Hernández de pertenecer a una organización criminal, liderada por los golpistas Juan Guaidó y Leopoldo López, para desfalcar las arcas del Estado venezolano en el extranjero, en connivencia con el Gobierno de Estados Unidos y su estrategia de presionar un cambio de régimen en el país para imponer una gestión afín a sus intereses corporativos.