Joe Biden se ha jactado de su papel en la transformación de Colombia y Centroamérica a través de ambiciosos programas económicos y de seguridad. Colombianos y hondureños le cuentan a The Grayzone sobre el daño que sus planes han perpetrado contra sus sociedades.
Por Max Blumenthal
Traducido por Diego Sequera
Mientras hace campaña por ganar la nominación presidencial del Partido Demócrata, el antiguo senador y vicepresidente Joseph Biden ha publicitado el papel crucial que jugó en el diseño de las campañas de megadesarrollo y guerra contra las drogas que transformaron grandes extensiones del paisaje sociopolítico de Latinoamérica.
“Fui uno de los arquitectos del Plan Colombia”, se jactó Biden en una entrevista con CNN el 5 de julio, haciendo referencia al esfuerzo multibillonario de los Estados Unidos por terminar la guerra civil en Colombia con un enorme aumento al apoyo al ejército de ese país. De acuerdo a Biden, el plan era la panacea de soluciones para los problemas de Colombia, desde “policías sucios” hasta el conflicto civil.
Pero el plan de Biden para Colombia contribuyó directamente a transformar al país en un bastión hiper-militarizado de gobiernos de derechas, aumentando el poder y la presencia de sus -notoriamente brutales- fuerzas armadas, mientras fracasa miserablemente en los objetivos antinarcóticos y reformistas.
Han sido asesinados más de 50 defensores de derechos humanos en los primeros cuatro meses de 2019, mientras la producción de coca alcanza niveles récord de producción. Y tal como se lamentaron activistas por la paz colombianos a The Grayzone, los Estados Unidos siguen controlando por completo la fallida política anti-drogas de Bogotá, en gran medida gracias al Plan Colombia.
Biden también ha inflado su papel en la iniciativa llamada Alianza para la Prosperidad, aplicada en el Triángulo Norte centroamericano. El otrora vicepresidente fue tan central en la génesis del programa que se le conoce informalmente como el “Plan Biden”.
Vendido como la respuesta a la crisis de la migración infantil, la creación de Biden canalizó 750 millones de dólares mediante gobiernos de derecha, instalados por golpes militares orquestados por los Estados Unidos, para incentivar proyectos de mega-desarrollo y privatizar los servicios públicos.
The Grayzone visitó Honduras en julio y documentó mediante entrevistas a defensores de derechos humanos, estudiantes, activistas indígenas y ciudadanos de todo tipo de condición social, cómo la Alianza para la Prosperidad contribuyó a generar las condiciones para una rebelión nacional.
En meses recientes, profesores, doctores, estudiantes y campesinos han estado en las calles protestando contra los planes de privatización impuestos al país bajo la supervisión de Biden y sus sucesores.
“Biden está confiriéndose todo el cŕedito por hacer algo constructivo para detener la crisis migratoria mientras culpa a Trump por los campos de concentración [en la frontera entre Estados Unidos y México]. Pero son las políticas de Biden las que están expulsando a más gente de Centroamérica y está haciendo de la vida de los defensores de derechos humanos más precarias al defender entidades que no tienen interés alguno en los derechos humanos”, explicó Adrienne Pine, profesora de antropología en la American University e investigadora de referencia sobre la crisis social en Honduras en una entrevista a The Grayzone.
“Así que 750 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses que fueron supuestamente asignados para atender la migración infantil en realidad están empeorando las cosas”, agregó Pine. “Comenzó con menores sin compañía y ahora tienes niños enjaulados. En gran medida gracias a Biden”.
“Yo fui uno de los arquitectos del Plan Colombia”
En una entrevista con CNN el pasado 5 de julio, a Biden le preguntaron si favorecía la criminalización del ingreso de migrantes latinoamericanos a los Estados Unidos. Respondiendo con un “no” definitivo, Joe Biden manifestó que él mandaría “oleadas de gente a la frontera para realizar esas decisiones concretas” sobre quién recibe asilo.
Biden alegó tener el mejor registro en referencia a las causas originarias de la crisis migratoria, recordando cómo impuso una solución a la crisis migratoria centroamericana. “Haces las siguientes cosas para que tu país mejore para que la gente no se vaya, y los ayudaremos a hacerlo, tal como hicimos en Colombia”, dijo.
“¿Qué hicimos en Colombia? Fuimos hasta allá y dijimos, ok, y yo era uno de los arquitectos del Plan Colombia”, Biden continuó. “Dije, este es el asunto. Si ustedes tienen todos esos policías sucios, toda esa policía federal, les vamos a enviar a muestro FBI, nos dejan hacerlos pasar por un examen de detección de mentiras, permítannos decirles a quienes deben despedir y decirle a qué clase de persona deben contratar. Lo hicieron y comenzaron a cambiar. Podemos hacer tantas cosas si estamos comprometidos”.
Con la arrogancia de un alto oficial colonial con salacot distribuyendo instrucciones sobre quién contratar y despedir para sus dósiles súbditos, Biden presidió un plan que fracasó estrepitosamente en sus objetivos declarados, mientras transformaba a Colombia en un bastión hiper-militarizado de la influencia regional estadounidense.
Plan Colombia: “Vienen a pedirte piden pan y les das piedras”
El Plan Colombia fue originalmente concebido por Andrés Pastrana, el presidente colombiano en 1999, como un plan de resolución de conflicto y desarrollo alternativo para su país asolado por la guerra. Consideraba llamarlo “Plan para la Paz de Colombia”.
Esta propuesta fue rápidamente secuestrada por la adiministración de Bill Clinton, con Joe Biden haciendo lobby en el senado para un plan de militarización puño de hierro. “Tenemos una obligación, por los intereses de nuestros hijos y los del hemisferio, para mantener la democracia más antigua en su lugar, y darles la oportunidad de combate para evitar convertirse en un narcoestado”, dijo Biden en un derecho de palabra en junio del 2000.
Cuando el primer borrador formal del Plan Colombia fue publicado, se hizo en inglés, no en español. El espíritu original de construcción de paz fue completamente minado en el documento por Biden, cuyo vigoroso maniobreo turbio aseguró que casi el 80 por ciento del plan de 7.5 mil millones de dólares fuera destinado a los militares colombianos. 500 efectivos militares estadounidenses fueron rápidamente despachados a Bogotá para entrenar al ejército.
“Si usted lee el Plan Colombia original, no el que fue escrito en Washington sino el Plan Colombia original, no hay ninguna mención a las ofensivas militares contra los rebeldes de las FARC”, se quejaba en el 2000, el antiguo número dos de la embajada estadounidense en Bogotá, Robert White. “Más bien al contrario. [Pastrana] dice que las FARC son parte de la historia de Colombia y un fenómeno histórico, dice, y deben ser tratados como colombianos”.
White se lamentó de cómo Washington había abusado de la confianza de los colombianos: “Vienen a pedirte pan y les das piedras”.
El Plan Colombia fue mayormente implementado bajo la supervisión del presidente línea dura, Álvaro Uribe. En 1991, Uribe fue colocado en una lista de “narcotraficantes colombianos importantes” de la DEA, en parte debido a la ayuda que le suministró al capo de la droga Pablo Escobar para obtener licencias para el uso de pistas de aterrizaje cuando Uribe era el jefe del Departamento de Aeronáutica Civil.
Bajo Uribe, químicos tóxicos fueron rociados por el ejército a lo largo de todo el campo colombiano, envenenando los cultivos de campesinos empobrecidos y desplazando a millones.
Seis años después de que Bill Clinton le diera inicio al Plan Colombia, independientemente de cómo, incluso el zar de la droga John Walters se vio forzado a silenciosamente a admitir en una carta al Senado que en los Estados Unidos el precio de la cocaína había bajado, el flujo de droga hacia los Estados Unidos había aumentado, y la pureza, incrementado.
Mientras tanto, un informe de la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU descubrió que el cultivo de coca había alcanzado niveles inéditos en Colombia en 2018. En otras palabras, miles de millones de dólares habían sido despilfarrados, y una sociedad de por sí agitada había quedado desolada.
Para los militares y las fuerzas paramilitares de ultraderecha que habían apoyado el mandato de líderes como Uribe y el actual presidente ultraconservador, Iván Duque, el Plan Colombia ofrecía un sentido de impunidad casi total.
La depravación del ejército del país se expuso estruendosamente con el escándalo de los llamados “falsos positivos” revelado en 2008. El incidente comenzó cuando oficiales del ejército llevaron bajo engaño a 22 trabajadores rurales a una ubicación lejana, los masacraron, y luego los vistieron con uniformes de las FARC.
Fue un intento explícito por aumentar el número de bajas de las FARC y justificar que continúe fluyendo la ayuda en contrainsurgencia de los Estados Unidos bajo el Plan Colombia. Los oficiales que supervisaron la masacre cobraron recompensas y fueron ascendidos.
Los académicos colombianos Omar Eduardo Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Benavides demostraron en un estudio meticuloso que los “falsos positivos” reflejaban “una práctica sistemática que implica comandantes de brigadas, batallones y unidades tácticas” en la muerte de más de 10 mil civiles. De hecho, bajo el Plan Colombia, el incidente distaba de ser una atrocidad aislada.
Perdiendo el derecho a la soberanía nacional colombiana
En una entrevista hecha en Bogotá este mayo, Ben Norton, de The Grayzone, le preguntó al líder social Santiago Salinas si existía alguna esperanza para una transformación política progresista desde la ratificación del Plan Colombia.
Organizador del grupo por la paz Congreso de los Pueblos, Salinas se encogió de hombros y exclamó “Ya quisiera yo”. Se lamentó de que muchas de las decisiones fundamentales se tomaran en Washington.
Salinas señaló la política anti-droga como ejemplo. “Pareciera que las decisiones sobre las drogas sobre qué hacer con ellas no tiene nada que ver con Colombia”.
“No hubo ninguna decisión soberana sobre este tema. Colombia no decide”, continuó. “Fue Washington quien le escribió el guión a Bogotá. Y el narcotráfico es de hecho una parte esencial del sistema financiero global”, agregó.
Pero Biden no había terminado. Luego de 15 años de miseria humana y miles de millones de dólares malgastados en Colombia, partió rumbo a la misión personal de exportar su programa favorito al Triángulo Norte centroamericano, azotado por el crimen y la corrupción.
Biden pone su mirada sobre Centroamérica, vendiendo la privatización masiva
En la entrevista que ofreció en julio a CNN, Joe Biden proclamó a su Plan Colombia como la inspiración para la Alianza para la Prosperidad que impuso sobre Centroamérica. Canalizando el espíritu de los tiempos coloniales una vez más, alardeó sobre imponer las políticas de Washington a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras.
“Haremos un trato con ustedes”, recordó Biden que le dijo a los líderes de esos países. “Hacen estas cosas para mejorar a su país y así la gente no se va, y nosotros los ayudamos a hacer eso”.
Biden anunció su atrevido plan en las páginas editoriales del New York Times en enero de 2015. Lo llamó “un plan conjunto para reformas políticas y sociales, una alianza para la prosperidad”. Vendido por el vicepresidente como la panacea para una crisis migratoria que viene deteriorándose, la Alianza para la Prosperidad fue una bendición para las instituciones financieras internacionales que prometieron profundizar los males económicos de los pobres de la región.
La Alianza para la Prosperidad “trató al gobierno hondureño como si fuera un vehículo transparente y puro al que se le podía llenar de oro y prosperidad que fluiría de adentro hacia afuera”, explicó Dana Frank, profesora de historia de la Universidad de California, Santa Cruz, y autora del libro La larga noche hondureña.
“En realidad, el Plan [Biden] enriquecería y fortalecería aún más al poder político de las propias élites cuya inmadura y deliberada subversión del imperio de la ley y destrucción de recursos naturales y de los derechos de las tierras de indígenas y campesinos, fueron los responsables por las condiciones nefastas hacia donde aparentemente se orientaba la propuesta”, agregó Frank.
En Honduras, el gobierno carecía de cualquier capacidad o voluntad para resistir el plan de Biden. Esto es porque el presidente electo del país, Juan Manuel Zelaya, había sido desplazado del poder en 2009 en un golpe orquestado por los Estados Unidos.
Tal como Zelaya le dijo a Anya Parampil para The Grayzone, la administración Obama estaba enfurecida por su participación en la Alba, un programa regional de desarrollo económico puesto en marcha por el para el momento presidente Hugo Chávez, que proveyó alternativas a las fórmulas neoliberales como el llamado “Plan Biden”.
Tras el golpe militar, se instaló una administración amistosa con las corporaciones para avanzar en los intereses de las instituciones financieras internacionales, y entrenadores estadounidenses llegaron a la ciudad para afilar los nuevos mecanismos de represión del régimen.
Bajo los auspicios de la Iniciativa Regional para la Seguridad Centroamericana, el FBI fue enviado para monitorear el entrenamiento de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional de Honduras (FUSINA), el principal brazo operativo del ejército hondureño y la base para la creación de la Policía Militar para el Orden Público (PMOP) que patrulla las ciudades como una fuerza de ocupación.
En un cable de octubre de 2014, la embajada estadounidense en Tegucigalpa reconoció que la PMOP estaba desgarrada por la corrupción y la propensión al abuso, e intentó distanciarse de la agrupación, aún cuando operaba bajo el paraguas de la FUSINA.
Este junio, la PMOP invadió la Universidad Autónoma de Honduras, atacando a estudiantes que protestaban la privatización de sus escuelas, hiriendo a seis.
La unidad de fuerzas especiales conocida como los Tigres, creada por la embajada estadounidense, le ha agregado una capa adicional de musculatura represiva. Aparte de arrestar activistas, los Tigres presuntamente ayudaron a un capo de la droga a escapar estando detenido durante una investigación de los Estados Unidos.
Mientras que la criminalidad violenta creció en Honduras, el desempleo se duplicó. La pobreza extrema aumentó, al igual que el gasto en seguridad del gobierno.
Para fortalecer su ejército, el presidente Juan Orlando Hernández se zambulló en los programas sociales que apenas evitaban que la población mayoritariamente pobre cayera en la indigencia.
Como reportó Alex Rubinstein para The Grayzone, la inestabilidad de la Honduras post-golpe ha sido particularmente severa con los hondureños LGBTTI. Desde 2009, más de 300 han sido asesinados; un repunte dramático en los crímenes de odio reforzados por la retórica homofóbica de la Confraternidad Evangélica que representa el ala sociedad civil del ultraconservador gobierno de Hernández.
Mientras el caos social envolvía a la sociedad hondureña, la migración hacia la frontera entre México y los Estados Unidos comenzó a incrementar a niveles catastróficos. Imposibles de llegar a fin de mes, algunos hondureños enviaron a sus niños solos hacia la frontera, con la esperanza de que temporalmente puedan adquirir estatus de protección o de refugiados.
Para 2014, el contragolpe al golpe de la administración Obama había causado una emergencia nacional. Miles de hondureños terminaban en jaulas en campos de detención dirigidos por el Departamento de Seguridad Nacional, y muchos de ellos siquiera llegaban a los 16 años.
Aquel verano, Obama fue al Congreso a pedir 3.7 mil millones de dólares en fondos de emergencia para redoblar la militarización de la frontera y deportar a cuantos menores centroamericanos sin compañía fueran posibles.
Biden usó la oportunidad para reunir de forma improvisada un millardo de dólares adicionales, explotando la crisis para financiar un enorme proyecto neoliberal que vislumbraba a Honduras como una base para oportunidades financieras internacionales. Su plan fue rápidamente ratificado, y así comenzó la primera fase de la Alianza para la Prosperidad.
Fiebre de la industria energética condena a comunidades indígenas y defensores de derechos humanos
La implementación de la Alianza para la Prosperidad fue supervisada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una institución financiera internacional dominada por los Estados Unidos y radicada en Washington, D.C., que apoya la inversión corporativa en Latinoamérica y el Caribe.
Una gráfica del portal del BID resume los objetivos del plan en un lenguaje anodino que oculta una agenda agresivamente neoliberal.
Por ejemplo, el BID prometió “el fomento de la integración energética regional”. Esta es una clara referencia al Plan Puebla-Panamá, un plan de acción de desarrollo neoliberal a escala regional que fue concebido como una bendición para la industria energética. Bajo el plan, el BID recaudará dinero de los impuestos de los latinoamericanos para pagar la expansión del tendido eléctrico que llevará electricidad de México hasta Panamá.
Honduras, con sus ríos y recursos naturales, le proveyó al proyecto con un gran centro de producción energética. Sin embargo, para que la energía del país sea comercializada y transmitida a otros países, el Fondo Monetario Internacional dio la orden de que la compañía eléctrica nacional fuera privatizada.
Desde que se empleó ese componente del Plan Biden, los precios de la energía comenzaron a trepar para los consumidores residenciales hondureños. En un país con un índice de pobreza del 66 por ciento, la privatización de la electricidad convirtió a la vida de precaria a prácticamente imposible.
En lugar de languidecer en la oscuridad por largas horas con facturas pendientes que se acumulan, muchos ciudadanos desesperados han viajado en dirección norte hacia la frontera con Estados Unidos.
Como era de esperarse, el plan de integración energética regional de la Alianza para la Prosperidad ha estimulado la entrada de compañías energéticas multinacionales a Honduras. Represas hidroeléctricas y plantas generadoras comenzaron a aparecer en el exuberante bosque de pinos y ríos sinuosos que definen a la biósfera hondureña, forzando a muchas comunidades indígenas rurales a una lucha de vida o muerte.
Este julio, The Grayzone viajó a Reitoca, una comunidad agraria remota ubicada en el corazón del “corredor seco” hondureño. Los residentes indígenas Lenca de este pueblo dependen del río local para la pesca, recreación, y aún más importante, el agua para irrigar los cultivos que les proveerá sustento. Pero la fiebre de la inversión energética trajo a una compañía ítalo-chilena llamada Progelsa al lugar para construir una enorme central hidroeléctrica río arriba.
Wilmer Alonso, miembro del consejo indígena Lenca de Reitoca habló con The Grayzone, agitado de emoción mientras describió las consecuencias de la represa para su comunidad.
“El pueblo entero está involucrado en esta lucha”, dijo Alonso. Todos están conscientes de la catástrofe que crearía la construcción de la planta hidroeléctrica”.
Explicó que Progelsa, como muchas otras multinacionales en Honduras, emplean un ejército privado de matones para intimidar a los manifestantes: “La empresa privada usa el ejército y la policía para reprimir. Nos acusan de invasores, pero ellos son los que están invadiendo nuestra tierra”.
Estados Unidos refuerza “los factores que más generan violencia en nuestra sociedad”
La Alianza para el Progreso también ofreció el trasfondo para el asesinato de la reconocida organizadora ambientalista y feminista Berta Cáceres.
El 3 de marzo de 2016, Cáceres fue asesinada a tiros en su casa en la Honduras rural. Una figura sobresaliente de su comunidad con presencia en la escena internacional, Cáceres liderizaba la pelea contra el proyecto hidroeléctrico dirigido por DESA, una poderosa compañía energética hondureña apoyada por la USAID que está controlada por poderosos ex oficiales del ejército.
El representante que DESA envió para firmar los acuerdos con la USAID, Sergio Rodríguez, luego fue acusado de planificar el asesinato de Cáceres, junto a oficiales del ejército y antiguos empleados de la compañía.
En marzo de 2018, la policía hondureña arrestó al presidente ejecutivo de DESA, Roberto David Castillo Mejía, acusándolo de “suministrar logística y otros recursos a uno de los autores materiales” del asesinato. Castillo era un egresado de West Point (la principal academia militar estadounidense) que trabajó en la industria energética mientras servía como oficial de la inteligencia hondureña.
The Grayzone visitó a la familia de Berta Cáceres en La Esperanza, un pueblo anidado en el verdor de las montañas de Intibucá. La madre de Cáceres, doña Berta, vive bajo vigilancia policial las 24 horas, pagados por grupos de derechos humanos.
La casa de las Cáceres está erizada con cámaras de seguridad, y los miembros de la familia se desplazan en automóviles blindados. En la sala de su casa, conocimos a Laura Zúñiga Cáceres del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el grupo de derechos humanos que fundó Berta, su madre.
“La violencia en Honduras genera las caravanas migrantes que desgarran a la sociedad, y todo tiene que ver con este extractivismo, esta violencia”, le dijo Zúñiga Cáceres a The Grayzone. “Y la respuesta del gobierno de los Estados Unidos es enviar más soldados a nuestra tierra; es reforzar uno de los factores que más genera violencia en nuestra sociedad”.
“Recibimos informaciones de nuestros camaradas sobre la presencia militar estadounidense en territorio Lenca”, agregó. “¿Para qué? ¿Ayuda humanitaria? Con armas. Su violencia. Su persecución”.
Desmantelando la salud pública, creando más migración
La Alianza para la Prosperidad también comisionó la privatización de los servicios de salud a través de un programa con el engañoso nombre de Ley Marco de Protección Social.
Promovida por el presidente Juan Orlando Hernández como una reforma necesaria, el plan se puso en marcha a través de un episodio clásico del tipo doctrina del shock: en 2015, personas cercanas a Hernández desviaron alrededor de 300 millones de dólares del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) hacia negocios privados, privando a hospitales de suministros y causando unas miles de muertes innecesarias, la mayoría entre los pobres.
Con el sector médico arruinado, los hondureños se vieron forzados a buscar salud en las compañías privadas que habían para proveer servicios bajo el plan de “protección social” de Hernández.
“El dinero que fue robado [en el escándalo del IHSS] se usó para justificar la Ley Marco de Protección Social”, le dijo a The Grayzone la investigadora y coordinadora de la Red de Solidaridad con Honduras, Karen Spring. “Los hospitales fueron dejados en condiciones horribles sin capital humano viéndose obligados a ser subcontratados por hospitales privados”
Cuando las hondureñas y hondureños van a los hospitales, les dicen que necesitan ir a una clínica privada, y a través de las deducciones de sus trabajos tendrán que pagar mucho de sus bolsillos”, dijo Spring. “A través del viejo sistema universal estarías cubierto no importa qué tuvieras, de un brazo roto a cáncer. Ya no más”.
En respuesta a esto, los hondureños salieron a las calles, organizando la Marcha de las Antorchas: su primera gran oleada de protestas continuas contra Hernández y su administración corrupta.
En marzo de 2015, en el medio de la crisis, Joe Biden voló a ciudad de Guatemala para abrazar a Hernández y restaurar la confianza en la Alianza para la Prosperidad.
“Provengo de un estado que, de hecho, es la capital corporativa de los Estados Unidos. Ahí hay más corpraciones radicadas que en cualquier otro lugar”, se jactó Biden, con Hernández y los presidentes de Guatemala y El Salvador a su lado. “Ellas quieren venir para acá. Las corporaciones estadounidenses quieren venir”.
Haciendo énfasis en la necesidad de mayores medidas de seguridad y contra la corrupción para atraer inversión financiera internacional, Biden apuntó al Plan Colombia como su modelo reluciente; y a él mismo como su arquitecto. “Hoy Colombia es una nación transformada, tal como ustedes esperan ser dentro de 10 a 15 años”, proclamó el vicepresidente.
Luego de la visita de Biden, la privatización de la economía hondureña siguió a toda velocidad, lo mismo hizo la corrupción, la represión y el inquebrantable apoyo desde Washington.
Los hondureños van a las calles, terminan en super-prisiones de máxima seguridad estilo estadounidense
Para 2017, el movimiento en Honduras que se había galvanizado contra el golpe orquestado por los Estados Unidos en 2009, encontraron su oportunidad más inmediata para la transformación política en las urnas electorales. El presidente Hernández se lanzaba para la re-elección, violando una provisión constitucional al límite de cada período de gobierno. Su oponente, Salvador Nasrallah, era una figura popular de la televisión que ofrecía una opción de consenso centrista para los distintos elementos que se opusieron al régimen golpista.
Cuando la votación culminó el 26 de noviembre, la victoria de Nasrallah parecía asegurada, con exit polls enseñando una cómoda ventaja de varios puntos. Pero, de repente, el gobierno anunció que un apagón requirió la suspensión del conteo de votos. Días después, Hernández fue declarado el ganador con una ventaja de casi 1 por ciento.
El fraude fue tan transparente que la OEA, normalmente un brazo de los intereses estadounidenses en América Latina, declararó en un informe preliminar que “errores, irregularidades y problemas sistémicos”, así como “una improbabilidad estadística extrema”, volvían inválidas a las elecciones.
Pero, de todos modos, los resultados fueron reconocidos por los Estados Unidos, dejando a hondureños privados de todo derecho con la protesta como único recurso.
“Los hondureños intentaron cambiar lo que pasó en su país mediante las elecciones de 2017, no sólo a Hernández, sino toda la implementación de estas políticas que el Plan Biden han financiado e implementado todos estos años desde el golpe”, explicó Karen Spring, de la Red de Solidaridad con Honduras.
“Intentaron cambiar la realidad a través del voto y cuando las elecciones resultaron en fraude, miles de personas se quedaron con la única opción de salir a las calles”.
Al frente de las protestas de 2017 estaba el compañero desde hace mucho tiempo de Spring, el activista hondureño Edwin Espinal. Luego de una protesta en noviembre de ese año donde hubo daños a la propiedad, Espinal fue arrestado a punta de pistola en su casa y acusado de incendiar la puerta principal de un hotel. Fervientemente negó todas las acusaciones, acusando al gobierno de perseguirlo por su activismo político.
De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares a Espinal en 2010 en respuesta a intentos previos de presionarlo legalmente.
El gobierno puso a Espinal en prisión preventiva en La Tolva, una prisión de máxima seguridad formato Estados Unidos normalmente reservada para criminales violentos y narcotraficantes. En octubre de 2018, Espinal y Spring se casaron en la cárcel, rodeados de guardias enmascarados.
“Desde el Plan Biden, las contratistas han ido a Honduras a construir estas prisiones de máxima seguridad a la estadounidense”, dijo Spring. “Ahí es donde tienen retenido a mi esposo, Edwin Espinal”.
“Dicen que la compañía es hondureña pero no hay manera de que los hondureños pudieran construir algo así sin arquitectos estadounidenses y constructoras de los Estados Unidos que les den los planos”, agregó. “He estado en esa prisión y es como si hubieran arrojado una cárcel estadounidense en el medio de Honduras”.
Reflexionando sobre la persecución contra su esposo, Spring explicó que “Edwin quería quedarse en su país para cambiar la realidad que ha causado la migración masiva. Él es una de las personas que enfrentó las consecuencias de ir a la calle. Y ha enfrentado la persecución por años porque él es uno de los hondureños que querían cambiar su país quedándose y dando la pelea. Berta Cáceres era otra”.
“Los hondureños querían usar su voto para cambiar el país y ahora votan con sus actos”, continuó. “Así que si el Plan Biden realmente atendía las causas originales de la crisis migratoria, ¿por qué la gente no se pregunta por qué la migración empeoró? Los hondureños están votando por el Plan Biden yéndose del país y diciendo que su plan no funcionó y empeoró la situación mientras huyen hacia la frontera”.