Se trata de un procedimiento legal que garantiza poder destituir a un cargo público si se demuestra que ha cometido delitos graves.
Daniel Delgado14/01/202111 minutos de lectura
El impeachment, término que aparece en los últimos años del siglo XIV y cuya traducción literal podría ser “acusación”, es un proceso legal con el que se plantea la destitución de un cargo público (generalmente de alto rango) debido a un incumplimiento de sus deberes para con la sociedad o a un abuso de sus facultades y poderes. De forma resumida, y teniendo en cuenta las variantes que han existido a lo largo de los años, un impeachment es un juicio político y un proceso de destitución.
Esta forma legal es muy propia del derecho anglosajón y de los sistemas políticos presidencialistas (el presidente es elegido directamente por los votantes y no por los miembros del Congreso). En Gran Bretaña, el impeachment era reconocido en el derecho constitucional como método por el cual los ministros del rey podían rendir cuentas por su labor pública y es precisamente a través de las islas británicas como llega hasta los Estados Unidos. Alexander Hamilton, mano derecha de George Washington durante la Guerra de Independencia y miembro del Congreso Continental, definió las causas que siempre llevarían a un impeachment como “mala conducta de los hombres públicos, o en otras palabras de abuso o violación de la confianza pública”.
¿Cómo funciona un ‘impeachment’?
En los Estados Unidos, las causas de un impeachment, así como los distintos procesos según el cargo al que se acuse o los casos en que el presidente podría emitir un indulto, aparecen establecidos en la Constitución [Art. I Sec. 2 (5), Sec. 3 (6–7); Art. II Sec. 2 (1), Sec. 4]. Precisamente en el Artículo II, sector 4, se dispone que “el presidente, vicepresidente y todos los oficiales civiles de los Estados Unidos” podrán ser destituidos tras un proceso de impeachment en el que se les declare culpables de “traición, soborno, u otros crímenes o delitos graves”. Con todo, las leyes federales no establecen unos pasos a seguir o parámetros en el impeachment, por lo que históricamente son las propias cámaras que lo llevan a cabo las que concretan estos detalles. El expresidente Gerald Ford dijo en 1970 que un delito por el que se pueda plantear un impeachment es “aquello que una mayoría de la Cámara de Representantes considere que es” y que “la condena deriva de cualquier delito o crimen que dos tercios del otro cuerpo (Senado) consideren suficientemente graves”.
Si nos centramos en los casos que afecten directamente al presidente, el proceso de impeachment comienza en la Cámara de Representantes, donde cualquier miembro puede presentar una resolución y reclamar la destitución del máximo cargo del poder ejecutivo en los Estados Unidos. Una vez presentadas las acusaciones, se constituyen una serie de comisiones que realizarán una primera investigación a puerta cerrada. Con las pruebas e indicios reunidos y analizados por estos comités, la Cámara debate y vota por mayoría simple (51%) si se inicia o no una investigación. Si la propuesta sale adelante, los comités redactan informes tras escuchar a los testigos y establecen los cargos por los que se podría acusar al presidente, que podrán aceptarse o rechazarse a través de una votación del comité de Justicia. Los cargos aprobados se transmiten a la Cámara de Representantes y sus miembros votan si tendrá lugar o no el proceso de destitución.
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En caso de que el “Sí” salga adelante, se elige a los miembros de la Cámara que ejercerán de fiscales (acusación), a los abogados defensores del presidente y se entregan los cargos al Senado. El presidente de la Corte Suprema presidirá el juicio y los propios miembros del Senado actuarán como jurado. A partir de este punto hablaríamos de juicio como tal, dividido en varias etapas.
La primera comenzaría con una citación al acusado para que responda a las preguntas del Senado (a lo que puede negarse), el establecimiento de las normas que seguirá el juicio, los alegatos de ambas partes para proseguir o terminar con el impeachment y las preguntas de los senadores. En cualquier momento un miembro del Senado como la defensa del presidente puede pedir un sobreseimiento del caso, a lo que seguiría una votación y el fin del proceso en caso de obtener mayoría. Si el juicio continúa, el Senado decidirá si desean continuar con la investigación y se procederá a la exposición de pruebas y testimonios.
La segunda fase del juicio pasaría por el establecimiento de qué testigos y documentos se tendrán en cuenta tanto por parte de la acusación como por parte de la defensa. El Senado puede pedir la presencia de testigos concretos que no hayan sido tenidos en cuenta por ninguna de las dos partes y a los que se les tomará declaración en primer lugar. Una vez hayan sido presentadas todas las pruebas y testimonios, la acusación y la defensa realizarán su alegato final y se pasará a la deliberación del Senado. En esta segunda votación será necesaria una mayoría de dos tercios para que la destitución sea efectiva. De lograrse, el presidente perderá su cargo y el Senado podrá decidir (en otra votación posterior) si se le inhabilita para la futura ocupación de cargos públicos.
Casos de impeachment A.T. (antes de Trump)
Hay que aclarar que un proceso de impeachment puede llevarse a cabo contra cualquier cargo público de los Estados Unidos. Aunque por razones obvias los que más revuelo generan son los que se dirigen contra la presidencia, son muchos los juicio políticos que han tenido lugar en el país norteamericano. Según un informe del Congressional Research Service publicado en noviembre de 2019, se han llevado a cabo un total de 20 impeachments contra senadores, jueces, secretarios de guerra y presidentes desde 1799. Este listado solo incluye los casos en los que el impeachment llegaba hasta el Senado sin diferenciar aquellos en los que se encontró a los acusados culpables o inocentes.
Antes del impeachment a Donald Trump, solo dos presidentes habían tenido que hacer frente a un proceso de destitución: el republicano Andrew Johnson en 1868 y el demócrata Bill Clinton en 1998.
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Andrew Johnson era vicepresidente del gobierno cuando tuvo que asumir la presidencia en 1865 tras el asesinato de Abraham Lincoln. La Guerra de Secesión estaba muy reciente y los planes de Lincoln de lograr una reconciliación se truncaron con su muerte, dejando a Johnson una situación difícil de manejar. Las ideas del nuevo presidente chocaron directamente con los miembros de la Cámara y el Senado (incluso con los de su propio partido) y, para limitar su capacidad de acción, el Congreso aprobó una ley que impedía a Johnson remplazar a los miembros de su gabinete sin la aprobación previa del Senado. Andrew Johnson se saltó esta ley al destituir a su Secretario de Guerra y eso le llevó al impeachment por una amplísima mayoría del “Sí” en la Cámara de Representantes. Curiosamente, Johnson se libró de la destitución a falta de un solo voto para lograr los dos tercios requeridos.
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En el caso de Bill Clinton, los procesos judiciales en su contra plagaron su legislatura. En 1993 se abrió una investigación sobre un acuerdo comercial fallido en el que Bill Clinton y su mujer Hillary habían perdido mucho dinero en el llamado escándalo Whitewater; y en 1994 Paula Jones le denunció por acoso sexual. Fueron los abogados de Jones quienes revelaron que Clinton mantenía relaciones sexuales con una joven llamada Monica Lewinsky, hecho que tras filtrarse a la prensa hizo que tanto ella como Clinton declararan la falsedad de estas acusaciones bajo juramento. Las pruebas e informes que confirmaban la relación entre Clinton y Lewinsky fueron tan abrumadoras que resultó imposible seguir negándolo. Como Bill Clinton había mentido bajo juramento, se propuso un impeachment que le acusara de perjurio (jurar en falso) y obstrucción a la justicia. Sin embargo, y a pesar de que varios congresistas demócratas rompieron la política de partido y apoyaron el impeachment, no se lograron los dos tercios necesarios en el Senado y Clinton fue declarado no culpable.
Aunque solo salieron adelante tres casos de impeachment a presidentes, han sido muchos los que han visto la sombra de la destitución cerniéndose sobre ellos. Algunos nombres conocidos son los de Herbert Hoover, Ronald Reagan, George Bush padre o Barack Obama pero el más caso más llamativo es el de Richard Nixon.
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Es curioso que el responsable y supervisor de uno de los casos más escandalosos de la historia de Estados Unidos, los sabotajes y espionajes al Partido Demócrata y los posteriores intentos de cubrir sus acciones en la trama del Watergate, no fuese sometido a un impeachment. Lo cierto es que no fue por falta de ganas, sino por previsión del susodicho Nixon. Si bien el presidente conservaba el apoyo de los miembros de su partido en los órganos del legislativo, la situación cambió tras la publicación de unas grabaciones en las que se escuchaba al propio Nixon planeando formas de sabotear la investigación que estaba llevando a cabo el FBI. Después de tantear a los senadores republicanos y darse cuenta de que el impeachment saldría adelante, Nixon decidió renunciar al cargo. Si no hay presidente, no hay juicio.
Nixon sería indultado de cualquier acusación por su sucesor, Gerald Ford.
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¿La caída de “covfefe”?
El caso más reciente ha afectado al polémico Donald Trump, empresario reconvertido en político que ganó las elecciones en 2016 con más votos en el Colegio Electoral (los que realmente determinan quién gobierna) pero menos votos populares. El impeachment fue propuesto por la demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, que acusaba a Trump de haber presionado al presidente de Ucrania para que investigara y sacara trapos sucios del principal rival político de Trump, Joe Biden. Cuando, a través de una filtración, se publicaron grabaciones en las que se escuchaba a Donald Trump hablando con el ucraniano Volodymyr Zelensky y condicionando la ayuda militar a Ucrania a favores personales, la propuesta de impeachment salió adelante. En diciembre de 2019, la Cámara de Representantes aprobó por mayoría simple acusar a Donald Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso.
Ya en manos del Senado, el juicio tuvo lugar según los pasos descritos anteriormente y condujo a una votación en la que el resultado fue “No”. Los demócratas necesitaban dos tercios del total (67 votos) para lograr la destitución de Donald Trump pero por entonces eran minoría en el Senado (45 votos) y los republicanos cerraron filas dn apoyo a su presidente, votando todos en contra y logrando así que Donald Trump fuera declarado inocente.
Recientemente, la situación ha vuelto a dar un giro inesperado al poner al presidente Trump ante un nuevo juicio político. Los resultados de las elecciones de noviembre de 2020 dieron la victoria (con mayor margen que el que Trump había sacado a Hillary Clinton) al demócrata Joe Biden. Nada más conocerse los resultados, Donald Trump desplegó todo su arsenal al intentar sembrar una duda razonable sobre la legitimidad de las elecciones, llegando a proclamarse ganador cuando todavía no se había completado el recuento y esgrimiendo que todo había sido un fraude (cosa que fue rechazada en más de 60 procesos judiciales iniciados por él y sus aliados). Tras semanas defendiendo esta supuesta conspiración sin aportar ninguna prueba material, Trump fue elevando el tono y animando a sus seguidores a rechazar los resultados y no rendirse en su empeño de revertir el resultado electoral. Estas arengas encontraron terreno fértil en los sectores más radicales de un país que ha ido polarizándose durante estos últimos cuatro años y desembocaron en un hecho sin precedentes: un asalto violento al Capitolio de los Estados Unidos, sede de la democracia del país.
Estos hechos, que todavía están investigándose, provocaron una ola de indignación en las más altas esferas de la política nacional y muchos senadores y congresistas (incluidos algunos republicanos) acusaron directamente a Trump por haber permitido y alentado lo sucedido. Tras la negativa del vicepresidente Mike Pence de destituir a Trump del cargo amparándose en la 25ª Enmienda de la Constitución, la presidenta del Congreso Nancy Pelosi abrió un nuevo proceso de impeachment exprés a seis días de la toma de posesión de Joe Biden como nuevo presidente. Si bien es cierto que la propia Pelosi alegó que Trump era ‘un peligro presente y real’ y que se le debía sacar del poder incluso cuando le quedan pocos días en el Despacho Oval no hay que olvidar que un impeachment podría inhabilitar a Donald Trump para ocupar cualquier cargo público, lo que le impediría volver a presentarse como candidato a futuras elecciones.
Si bien es cierto que el impeachment obtuvo un rápido y contundente ‘Sí’ en la Cámara de Representantes (incluyendo bastantes votos republicanos) y parece estar un poco más cerca de salir adelante que la vez anterior, su paso por el Senado no será fácil y siguen siendo necesarios muchos votos republicanos que no están garantizados.
Daniel Delgado
Periodista en construcción. Soy de los que puede mantener una conversación solo con frases de ‘Los Simpson’ y de los que recuerda sus viajes por lo que comió en ellos. Es raro no pillarme con un libro o un cómic en la mano. Valhalla or bust.
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