Pasqualina Curcio
Más de 41.500 personas murieron el año 2020 en Estados Unidos, no precisamente por causa del covid-19, fallecieron víctimas de disparos. En plena pandemia, se registraron 592 tiroteos masivos en el mencionado país del norte, algo así como 1,6 enfrentamientos armados cada día. En 2019 fueron 415.
Las ventas de armas de fuego batieron récord en 2020, 23 millones en menos de un año, 64% más que las ventas registradas en 2019 cuando se registraban más armas en manos de civiles estadounidenses que habitantes: la relación era 120,5 armas por cada 100 habitantes. Más de 8 millones que compraron armas en 2020 lo hicieron por primera vez (Fundación Nacional de Deportes de Tiro).
Para vergüenza de la humanidad, no fue solo George Floyd quien murió asfixiado mientras un policía presionaba, con la rodilla, su cuello. Según datos de Mapping Police Violence, 316 afrodescendientes murieron a tiros por la policía de Estados Unidos, lo que representa el 28% de las 1.127 personas asesinadas por los cuerpos de seguridad con armas de fuego en 2020.
A raíz de tal atrocidad, cientos de protestas contra el racismo se dieron en el país norteamericano dejando un saldo de más de 10.000 manifestantes arrestados, entre ellos 117 periodistas. De acuerdo con The Guardian, los policías golpearon y rociaron con gas pimienta a los reporteros. En cambio, solo el 2% de los policías involucrados en tiroteos fueron acusados de delito.
Esta flagrante violación de los derechos humanos a la vida, a la libertad de manifestar y de expresión, al debido proceso y a la no discriminación por raza o etnia fue invisibilizada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero además ocurrió en medio de una de las peores pandemias que aflige a la humanidad.
Mientras cada hora morían cinco estadounidenses víctimas de armas de fuego, 64 fallecían de covid-19 por la incompetencia de un gobierno que, a pesar de hacerse llamar potencia mundial, de disponer de cuantiosos recursos y sin estar bloqueado financieramente ignoró desde sus inicios los riesgos del virus otorgando prioridad a la actividad económica por encima de la vida de la población. Estados Unidos encabeza la lista mundial de contagios y muertes a causa del coronavirus, por lo que los derechos a la salud y a la vida están seriamente vulnerados en el país del norte.
William Foege, el ex director del Centro de Enfermedades Contagiosas de ese país calificó de masacre lo que el gobierno de EEUU ha desencadenado por su incompetencia para contener el virus. Por su parte, The Washington Post calificó las acciones del gobierno con respecto a la pandemia como “asesinatos autorizados por el Estado” donde “los ancianos, los trabajadores de las fábricas y los afroamericanos e hispanoamericanos” son deliberadamente sacrificados.
Ni siquiera el derecho a la educación ha sido garantizado. El acceso a internet es fundamental para la prosecución educativa en pandemia. No obstante, en el país con el supuesto mayor avance tecnológico del mundo (después de China) 17 millones de niños viven en hogares sin conexión a internet y más de 7 millones no tienen computadora (según el censo de 2018).
La desigualdad y por lo tanto la pobreza y el hambre en Estados Unidos aumentaron en 2020. Más de 50 millones de personas, es decir, el 17% de la población sufrió de inseguridad alimentaria en 2020, es decir, no tenía qué comer, de ellos 1 de cada 4 niños (Feeding América). Recordemos que, en 2019, según la Oficina de Censos, 40 millones de estadounidenses vivían en condición de pobreza y más de medio millón carecía de refugio permanente, cifras que aumentaron en pandemia (Informes sobre la violación de derechos humanos en Estados Unidos elaborados por la Oficina de Información del Consejo de Estado de China).
Alrededor de 20,5 millones de estadounidenses perdieron sus empleos durante la pandemia y la tasa de desocupación llegó a 21,2%. Paradójicamente, en menos de 12 meses, los 614 multimillonarios de ese país aumentaron su riqueza en US$ 931.000 millones (Forbes) gracias a las políticas del gobierno que estuvieron orientadas a la protección del mercado bursátil. Los 50 estadounidenses más ricos tienen tanta riqueza como los 165 millones de personas más pobres del país (Bloomberg).
Ni hablar de la violación de los derechos humanos por parte del gobierno de EEUU a la población migrante. En 2020 murieron 21 personas bajo custodia de inmigración. De los 266.000 niños migrantes detenidos y separados de sus padres o familiares, más de 25.000 han sido detenidos durante más de 100 días, 1.000 por más de 1 año y algunos han pasado más de cinco años bajo custodia. Varios solicitantes de asilo fueron amenazados y obligados a firmar sus propias órdenes de deportación, aquellos que se negaron fueron ahogados, golpeados, rociados con gas pimienta y esposados para tomar sus huellas dactilares (Oficina de Información del Consejo de Estado de China).
No conformes con violar los derechos humanos de su propia población, los gobiernos de Estados Unidos, mediante medidas coercitivas, pero también con otras acciones económicas, psicológicas y políticas enmarcadas en las guerras no convencionales, también vulneran los de todos aquellos pueblos que no se alinean a sus intereses al punto de incurrir en crímenes de lesa humanidad. Tratan de justificar sus acciones con la supuesta violación de derechos humanos en nuestros países, además del discurso del Estado fallido, de la presencia de supuestos regímenes dictatoriales, y más recientemente con la narrativa de terrorismo y narcotráfico. Discurso que, por supuesto, difunden sin la más mínima prueba.
A pesar de los múltiples llamados hechos por Naciones Unidas solicitando el levantamiento de las denominadas “sanciones” durante la pandemia, el gobierno de Estados Unidos intensificó el bloqueo financiero y económico contra Cuba, Irán, Venezuela, por mencionar algunos países.
No sabemos qué nos sorprende más, si la vergonzosa, pública y notoria doble moral de los gobiernos de EEUU en materia de derechos humanos o la desfachatez al no acatar las decisiones que democráticamente se han tomado en el seno de la ONU contra las medidas coercitivas. ¿Cuántos años llevamos votando contra el bloqueo genocida al pueblo cubano? Por lo menos desde 1992. ¿Nos hemos preguntado por qué EEUU no obedece las decisiones tomadas por la evidente y abrumadora mayoría de los países miembros de la ONU?
Esas votaciones, aunque muy importantes en la medida en que muestran la voluntad de la mayoría de los países que apuestan por la justicia, la paz y la autodeterminación de los pueblos, se han convertido en una especie de juicio moral que, por lo visto tiene sin cuidado al país del norte.
Algo no estamos haciendo bien, es necesario revisar la estrategia que los países han adelantado contra las medidas coercitivas unilaterales. Estas votaciones no han sido suficiente. A nuestro modo de ver lo que los países deben debatir y votar en la Asamblea de la ONU es, no solo manifestar si están a favor o en contra de las medidas coercitivas unilaterales, sino avanzar en la creación de una nueva arquitectura económica y política mundial para impedir que EEUU “sancione”, amenace, bloquee y someta a pueblos enteros para imponer sus normas, su sistema económico y apoderarse de sus riquezas. Al respecto, haremos propuestas en la próxima entrega.