El próximo 21 de noviembre en Venezuela se llevarán a cabo unas megaelecciones donde más de 21 millones de venezolanos podrán escoger a gobernadores, alcaldes, legisladores regionales y concejales.
Para estos comicios se ha desatado un nivel de participación que ha alcanzado a la oposición extremista que desde 2017 se había decantado por una agenda abstencionista acusando de “parcial” al Consejo Nacional Electoral y bajo el discurso de “no existen condiciones que hagan confiable el proceso”.
Este mantra que los rigió desapareció del discurso de quienes llegaron incluso a autoexiliarse acusando al Gobierno de Nicolás Maduro de perseguirles y de poner en riesgo sus vidas. Muchas fueron las cartas que a través de las redes sociales publicaron quienes hoy recorren las calles de varios estados del país llamado a votar.
“Mi esposa, mi hijo de pocos meses de nacido, mi madre y mi hermano están siendo perseguidos (…) Ya no se limitan a perseguir al político (…) Me uniré momentáneamente a las voces que luchan desde afuera.”
José Manuel Olivares, 26 de julio de 2018, hoy aspira a ser candidato en La Guaira
¿Cómo se llega a las megaelecciones?
Este proceso electoral fue producto de un acuerdo alcanzado en la Mesa de Diálogo Nacional donde participan el Gobierno y un sector de la oposición que se autodenomina “democrática” y, que consecuente con su apuesta por el voto, participó en las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 y en las legislativas del 6 de diciembre de 2020, comicios a los que el sector extremista decidió calificar de “farsa” e “ilegítimos”.
Para que se pudiera concretar este mega proceso, por acuerdo de los parlamentarios de oposición y Gobierno se aprobó la Ley Derogatoria de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, abriendo el paso para que todos estos cargos que estaban condicionados a realizarse por separado se puedan realizar en un solo proceso.
“Esta nueva Asamblea Nacional viene allanando todo el camino y viene retirando los obstáculos para que pueda haber cada vez más participación y expresión del pueblo a través de las elecciones.”
Jorge Rodríguez, 26 de febrero de 2020
A la par desde la nueva AN surgida del proceso de diciembre de 2020, se dio la designación de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) que regirán los procesos electorales hasta el 2028, periodo en el cual se prevé las elecciones presidenciales de 2024 y las regionales y locales de 2025.
Fue este CNE designado por la AN que sectores extremistas señalan como “ilegítima” quienes elaboraron el cronograma de estas megaelecciones y los que supervisarán todos los procesos.
¿Cambiaron las condiciones?
En el discurso esgrimido por el extremismo opositor estaba la “ausencia de condiciones electorales” bajo la acusación de un CNE “parcializado” y un sistema de votación automatizado al que señalaron de “poco confiable” y “manipulable”.
“… debemos seguir dando la lucha por condiciones electorales, para que haya elecciones presidenciales y parlamentarias, pero con un Consejo Nacional Electoral reconocido por todos y con reglas de juego que permitan que el voto sea respetado. Eso no existe en ese momento.”
Juan Pablo Guanipa, 4 de septiembre de 2020, hoy aspirante a candidato para la gobernación de Zulia.
Desde ese 2020 en que los extremistas insistieron en su agenda abstencionista de cara a las legislativas, el único cambio sustancial que se ha realizado con respecto a los procesos electorales anteriores es la designación de nuevos rectores a manos de un parlamento que han calificado como “ilegítimo” y que contó con el voto del ala opositora que se autodenominada “democrática” y a la cual, personajes como Guanipa, califican de “alacranes”.
La plataforma digital a ser utilizada, las máquinas de votación y el sistema de totalización de votos sigue siendo el mismo que ha regido los procesos electorales anteriores en los cuales los extremistas han decidido abstenerse.
¿Qué los empujó?
Los cambios que se han suscitado no se circunscribe a las condiciones electorales sino a la situación política interna y externa tal y como son la extinción del intento de “gobierno” paralelo liderado por Juan Guaidó y la salida de Donald Trump de la presidencia de los Estados Unidos, personaje que había fungido como principal promotor y protector de este plan de “interinato” hoy desvanecido.
A inicios de este 2021, tras la juramentación de la nueva Asamblea Nacional el 5 de enero, la Unión Europea que había fungido como aliada de EEUU en la estrategia del gobierno paralelo, decide retirar el reconocimiento que había mantenido a Guaidó y a partir de ese momento comienza a señalarlo como representante de la AN saliente, dejando atrás el adjetivo de “presidente interino”.
“La UE mantendrá su compromiso con todos los actores políticos y de la sociedad civil que luchan por devolver la democracia a Venezuela, incluido en particular Juan Guaidó y otros representantes de la Asamblea Nacional saliente, elegida en 2015.”
Comunicado de la Unión Europea, 6 de enero de 2021
A la par, tras el ascenso de Joe Biden a la presidencia estadounidense el 20 de enero de ese mismo año, se inicia un proceso de ruptura con el plan trumpista y en mayo se filtra información sobre el ultimátum que habría dado la nueva administración de la Casa Blanca en torno al fin del reconocimiento de su Gobierno hacia Guaidó, la cual habría sido notificada a los involucrados por parte del “embajador” James Story en una reunión llevada a cabo en Bogotá.
“Tenemos información fidedigna y cierta de que hasta el 1 de diciembre le da plazo Estados Unidos al interinato. Es una decisión del Departamento de Estado y Story la hizo oficial en una reunión con el G-4 en Bogotá”, refirió Oswaldo Muñoz, presidente del Grupo Editorial El Venezolano, en entrevista concedida a PanAm Post
Todas estas variantes que evidencian el hundimiento de la apuesta insurreccional ha tenido su última expresión en la instalación de la Mesa de Diálogo de México, donde el extremismo opositor decidió emprender negociaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro al que reconocen como legítimo en el memorando firmado en Ciudad de México el pasado 13 de agosto, donde decidieron denominarse como “Plataforma Unitaria de Venezuela”, la cual ratificó que irá a elecciones entre aplausos y vítores en una rueda de prensa ofrecida este martes.
Hoy, luego de cuatro años de llamados a la abstención, de desconocimiento de las autoridades y de atacar al sistema electoral venezolano, los sectores extremistas de la oposición hacen su apuesta por el voto en un intento por reinsertarse en la vida política democrática a la que renunciaron aupados por la Casa Blanca en manos de Trump y apoyados por un ya extinto “Grupo de Lima” y una Unión Europea que intenta zafarse de la agenda que a trocha y mocha le impusieron desde el Departamento de Estado.
“Voy a votar, eso lo tengo claro. Y tenemos que asumir este proceso que está a la vuelta de la esquina sin complejos. Tenemos que presentar candidatos y liderazgos locales a todo el país y aglutinar el descontento.”
Henrique Capriles Radonski, 11 de agosto de 2021 / Abstencionista, hoy promotor de aspirantes a candidaturas del partido Primero Justicia
Por otra parte, para las fuerzas que representan al Gobierno venezolano, este cambio de postura extremista, que pasó de abstencionista a promotor del sufragio, se limita a una orden emitida por la Casa Blanca a la que señalan de liderarlos y mandatarlos.
“Ellos van a participar y saben por qué lo van a hacer, porque Estados Unidos les dio la orden a la oposición de que participaran en las elecciones.”
Diosdado Cabello, 25 de agosto de 2021