El exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, aparece como favorito para ganar las presidenciales de mayo. / Cubahora
Tras más de 50 años de guerra, el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) decidieron sentarse por segunda a la vez a la mesa de negociaciones en 2012, y sellaron cuatro años después un acuerdo de paz que no llega a materializarse.
La violencia ha aumentado en algunas zonas rurales y se culpa a las autoridades de no invertir lo suficiente para disminuir la desigualdad y la pobreza, como fue estipulado. Se sigue cobrando vidas de líderes campesinos, sociales, populares; una oleada de otros grupos armados ha continuado combatiendo, y los principales problemas vinculados a la tenencia de tierra y el reconocimiento de derechos figuran en un peligroso limbo. Los ciudadanos están hartos de la política actual y lo demostraron en mayo del año pasado, cuando miles salieron a las calles durante más de un mes para protestar por las penurias, que empeoraron con la pandemia.
El centro de la problemática
Fue el acceso desigual a la tierra el detonante de décadas de guerra. Por ello éste punto abrió la mesa de diálogo y en él la guerrilla insistió desde el primer hasta el último día. La reforma rural y la consiguiente entrega de los títulos de tierra a los campesinos que la laboran aún quedan por implementarse, lo que exacerba la violencia que hoy se vive. A ello se suma al hecho de que en cinco años solo se han erradicado 45 000 hectáreas de cultivos de coca y únicamente cerca de 100 000 familias dedicadas a estas labores han logrado entrar en los programas de desarrollo rural integral que les propicia erradicar sus plantaciones ilícitas.
Pero el mayor inconveniente se centra en la garantía de la vida. Según afirmó recientemente el secretario general de la ONU, “se requieren avances reforzados en todos los puntos, incluidas las disposiciones pendientes sobre garantías de seguridad y una mayor presencia del Estado para hacer efectivo el potencial transformador del acuerdo, y permitir que las instituciones civiles proporcionen efectivamente los tan esperados bienes y servicios en todo el país”. Antonio Guterres viajó a Colombia en el marco de las celebraciones por los cinco años de los Acuerdos de La Habana y verificó in situ el resultado. Su informe incluye alertas sobre la vulneración de los derechos humanos: aumentos de masacres, asesinatos de líderes y excombatientes, amenazas de los grupos armados y desplazamiento de miles de personas.
De acuerdo con investigaciones publicadas por el Instituto para el Desarrollo y la Paz de Colombia (Indepaz), desde la rúbrica del Acuerdo, en noviembre de 2016, al mismo mes de 2021 fueron asesinados 1 270 líderes(as), 299 de ellos firmantes. Además, entre enero de 2020 y noviembre de 2021 se registraron 179 masacres, al tiempo que las comunidades de 115 municipios fueron víctimas sistemáticas de estas agresiones y de la violencia armada.
Más de 500 organizaciones sociales han recibido amenazas que impactan a por lo menos 4 000 líderes. Igualmente, el desplazamiento forzado atañe a más de 250 000 personas, con impacto grave en 50 municipios. Tan solo el año pasado fueron asesinados 171 líderes sociales y defensores de los derechos humanos, así como 43 exguerrilleros, sin contar las matanzas, que en ese lapso sumaron 96. En lo que va de 2022, hasta el 12 de febrero, ya habían ocurrido 19 exterminios. Solo en 2021 se registró una disminución importante en el asesinato de líderes y firmantes, comparado con las cifras del año anterior. Esto indica que es posible cambiar la tendencia de aumento, aunque para ello se requiere que se mantenga la disminución uno o dos años y así poder asegurar que hay un cambio sostenible, conforme a Indepaz.
Desplazamientos forzados
Cada media hora, una persona es forzada a desplazarse en Colombia. / RCN/Noticias
Un papel importante en todo este entramado de muertes e incumplimientos lo tienen los grupos paramilitares que pululan en el país desde los mandatos de Álvaro Uribe y que son los principales protagonistas de agónicos desplazamientos en aras de preservar las vidas. La Defensoría del Pueblo habla de 4 408 personas obligadas a dejar sus viviendas. Los departamentos más afectados por este flagelo son Arauca, que completa más de 1 200 desplazados, y Chocó, que ha sufrido cuatro desalojos masivos, en los cuales al menos 1 177 lugareños salieron huyendo. La cifra en verdad es alarmante: en comparación con los datos del 2020 el desplazamiento forzado en el país ha aumentado 74 por ciento.
Otro de los fenómenos señalados en el informe de la ONU es el confinamiento masivo, en el cual las personas no pueden realizar sus actividades diarias debido a indicaciones dadas por grupos ilegales o por enfrentamientos entre estos mismos. Al menos, 1 573 familias han resultado afectadas este año. Gran parte de estos actos están sucediendo en zona fronteriza con Venezuela, donde reina la violencia. Las Naciones Unidas destacan además que, a lo largo de seis décadas de conflicto interno en Colombia, poco más de ocho millones han sido desplazados, lo que representa el 16 por ciento de la población actual del país (50 millones), según el registro estatal de víctimas.
Tendencia a la izquierda
Solo un mes separa al país de las elecciones legislativas, cuyos resultados dejarían avizorar lo que ocurrirá el 29 de mayo, para cuando están previstos los comicios generales y se asegura una contienda fuerte en las boletas. El descontento generalizado con el actual presidente Iván Duque podría llevar al izquierdista Gustavo Petro como el candidato perfecto contra la derecha que ha hundido al país. Una veintena de aspirantes intentan llegar a la Casa de Nariño, pero los más conocidos se agrupan en tres coaliciones: una de izquierda, encabezada por Petro; una de centro, a la que se une la exsenadora y retenida durante seis años por las FARC-Ep Ingrid Betancourt; mientras la de derecha está integrada por miembros abanderados del gobierno actual.
Petro, economista de carrera, figura como favorito para una contienda en la que sabe que no tendrá descanso y que le exigirá arriesgarse y salir a buscar el voto en la calle. Esa es, como él mismo reconoce, la única vía para alcanzar la jefatura de Estado y coronar una intensa vida política. A sus 61 años ha sido guerrillero del M-19, senador y látigo de Álvaro Uribe, alcalde de Bogotá y el candidato presidencial que en 2018 quedó segundo, con más de ocho millones de votos. Ante una realidad para nada escondida debajo de una piedra, el electorado colombiano podría buscar en las urnas un modelo distinto al que ha dado continuidad Iván Duque, considerado peón de Estados Unidos, desocupará la silla presidencial en medio de una caótica crisis y con 70 por ciento de desaprobación. A fines de mayo tendremos la respuesta.
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