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No tomo la parte por el todo. La detención de una alcaldesa y dos diputados del PSUV involucrados en la menos socialista actividad del planeta, el narcotráfico, no descalifica toda una organización. Un mero auto de detención no condena, pero plantea interrogantes. ¿En un partido progresista se infiltran quienes son todo lo contrario? ¿Se les confían candidaturas para cargos administrativos y legislativos en demérito de militantes honestos y fieles al programa partidista? ¿Están enjuiciados todos los que son? ¿Son todos los que están? Tropiezos de esta índole ocurren en las mejores familias. Recordemos al comandante Ochoa, héroe de la Revolución cubana, descubierto en delitos de narcotráfico, enjuiciado y ejecutado.
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Capital ilegítimo aspira a legitimarse para multiplicar ilegitimidades. Desde fines del siglo pasado alerto sobre una nociva infiltración de personas y fondos provenientes de vecinas Repúblicas, con objetivos igualmente indeseables. Publicaciones colombianas como Semana informan que invierten en bingos, casinos y garitos. Es vox populi que crean supuestas agencias de protección privada, cobran vacunas e imponen toques de queda. Se habla de continuas adquisiciones extranjeras de fundos en estados fronterizos o estratégicos, donde laboran braceros importados controlados por paracos foráneos. Se añade que casi dominan cultivos vitales y empresas de transporte. Que estas informaciones no son fábulas lo comprueba el intento de magnicidio del Presidente Hugo Chávez Frías en 2004 por mercenarios disfrazados de soldados venezolanos, al cual dedicamos Miguel Ángel Pérez Pirela y quien suscribe el libro La invasión paramilitar (2012). Recientes batallas campales en vísperas de elecciones y otros eventos políticos, protagonizadas por bandas como las del Koki en la Región Central y las que asaltan Apure, confirman lo innegable. Enfrentamos una invasión frontal del crimen organizado que pretende infiltrarse en el poder político para suplantarlo. Estamos en el derecho y el deber de defendernos.
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Narcotráfico, venta de armas y petróleo son las tres industrias más rentables del mundo. No extraña que la primera use la segunda para apoderarse de la tercera. Casi todo crimen se comete para conseguir capital como instrumento de nuevos crímenes. El dinero lavado disfruta de ventajas de las cuales no goza el delincuente que lo acumuló: protección por las autoridades, regímenes de privilegio, refugios inmunes a toda inspección y tributación, métodos de multiplicar más privilegios, más capital.
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Una provocada carencia de circulante incrementa la necesidad de recurrir a divisas foráneas. La masa monetaria de un país debe equivaler a la mitad de su Producto Bruto Interno. Señala Pasqualina Curcio que por ello deberían circular en Venezuela unos 80.500.000.000 bolívares. Pero por las políticas restrictivas de circulación del dinero del BCV y según datos de éste, circulan apenas Bs 4.337.008.226, vale decir, 18,56 veces menos bolívares de los necesarios. Como el dinero es un instrumento indispensable, ello fuerza al público a utilizar otras divisas, recurso nada fácil, dado que el sector privado históricamente apenas ha traído al país el 2,5% de los dólares ingresados. Según encuesta de Últimas Noticias en mayo de 2021 los pagos en bolívares por punto de venta efectúan el 64,5% de las transacciones, por pago móvil 12,8%, en efectivo 1,4%, por transferencia bancaria el 4,7%; mientras que los pagos en dólares en efectivo cubren sólo 13,2%, y por Zelle o similares, 1,7%. El dólar ocuparía sólo 14,9% de nuestra circulación monetaria.
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Las medidas internas que restringen la circulación del bolívar fuerzan así a recurrir a otras divisas diferentes.Una política que prioriza el ingreso de capitales debe ante todo precaverse de ellos. La inquietante vecindad del primer productor de cocaína del mundo, cuyas autoridades fueron penetradas por la narcopolítica, exige extrema cautela sobre el origen y planes de los fondos atraídos por las ventajas de casi total exención tributaria que les ofrece Venezuela y por el cuasi reconocimiento de transacciones en monedas que no son de curso legal que efectúa la “Ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley de impuesto a las grandes transacciones financieras”.
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Ignacio Gómez, del medio colombiano Noticias Uno y cambio, informa que “En reunión de comandantes de la Brigada 29 del Ejército Nacional, el general Jorge Hernando Herrera Díaz admitió su relación con la banda de Los Pocillos que administra un corredor por el que fluyen 150 toneladas de cocaína al año, el 15 por ciento del consumo mundial. Es el mismo oficial que propicia intervenirnos, afirmando que “la violencia que vive la región colombiana del Arauca ´se origina en Venezuela´”. A lo cual nuestro General en Jefe Vladimir Padrino López contesta: “Molano: atiende tus calamidades internas, remítete a las alianzas estratégicas de tu ejército con Los Pocillos para hacer tu ´pu… guerra´ y deja de mirar a los lados” (El Informante, 14/2/2022).
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Pero a los lados es que miran muchos de los inconfesables intereses involucrados en el conflicto colombiano, a fin de lavar sus capitales e instaurar un nuevo Paraíso narcopolítico. ¿Cómo defendernos? El Presidente Nicolás Maduro afirmó el primero de enero en entrevista con Ignacio Ramonet que durante 2020 “el 77,3 % de las transacciones comerciales del país se hicieron en bolívares por métodos de pago digital”. El Sondeo de Últimas Noticias eleva esa cifra al 82%, que incluye pagos en bolívares por punto de venta, pago móvil y transferencia bancaria. Asimismo informa el gobierno que avanza hacia “la digitalización al 100% de la economía”.
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Economía digitalizada es economía controlable. El sistema Tecnología de Administración de Precios que propone el ingeniero Rafic Derjani, puede verificar en tiempo real la conformidad del gasto público con el Presupuesto, precios justos y razonables de cuanto se compra y se vende, y origen y legitimidad de los capitales. De nosotros depende que ese 100% de digitalización lo sea también de honradez.