Por Laclase.info
Caracas, 10 de febrero de 2022.- El pasado jueves 3, la Asamblea Nacional controlada por el gobierno de Maduro, aprobó en segunda discusión la llamada ley de impuestos a las grandes transacciones financieras, donde se grava las operaciones bancarias y comerciales con divisas, como el dólar y el euro. Esto, cuando en la actualidad la economía del país se encuentra inmersa en una dolarización real de facto, después de más de cuatro años de hiperinflación.
En ese sentido, hemos conversado con Manuel Sutherland, economista e investigador del Centro de Investigaciones y Formación Obrera (Cifo), sobre los efectos económicos y las consecuencias para las trabajadoras y trabajadores de la nueva ley de impuestos a las grandes transacciones financieras.
1.- ¿Cómo afecta a las trabajadoras y trabajadores la nueva ley de impuestos a las grandes transacciones financieras?
La reforma de la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras es un adefesio jurídico, prácticamente sin precedentes, que parte de convertir a casi toda la clase obrera en contribuyente, cuando por diseño ese tipo de impuestos debería ser pagado por grandes empresas en el momento que hacen operaciones de gran tamaño. Entonces, esta reforma legal lo que hace es convertir en contribuyente directo a todas las trabajadoras y trabajadores que puedan comprar con divisas cualquier bien o servicio a un llamado sujeto pasivo especial, por eso es una especie de súper IVA.
Los llamados sujetos pasivos especiales, son aquellas y aquellos que tengas ventas anuales por encima de 30 mil unidades tributarias, que son 600 bolívares; entonces es un disparate porque todas y todos serían sujetos pasivos especiales y toda la clase obrera que salga a comprar, por ejemplo una mano de cambur o un litro de leche, puedo pagar entre 2,5 y 20% de impuesto, lo cual disminuiría sensiblemente su ya menguado poder adquisitivo y atacaría el poder adquisitivo que tienen sus salarios, pensiones, remesas familiares e ingresos más inmediatos. Esto, por supuesto, provocaría una disminución de la capacidad de consumo de la clase obrera.
Por otra parte, los sectores del capital y la élite burocrática no tendrían mayor inconveniente en pagar ese impuesto, porque aunque le sea oneroso, tienen los recursos para hacerlo. Entonces, el problema es que una trabajadora o trabajador debe pagar un impuesto al comprar por ejemplo un kilo de plátano cuando utiliza divisas en efectivo o cuentas en divisas depositadas en un banco venezolano; lo que es más absurdo aún, porque cuando un comprador usa divisas, depositadas en un banco venezolano para una operación comercial, el vendedor recibe bolívares.
El impuestos a las grandes transacciones financieras anterior, porque es un tipo de impuesto que se ha usado al menos desde 1994, y que se ha utilizado en períodos de crisis económica: 1994, 2009, 2015 y ahora. Y se supone que es para responder a emergencias fiscales. Entonces, siempre ha sido para operaciones al interior del sistema financiero, y ahora se grava la compra con divisas de por ejemplo un perro caliente al ser considerada como una operación en el sistema financiero y no es así. Por eso, el nombre, la estructura legal y las consecuencias de la reforma de la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras son nocivas, dañinas y reaccionarias para la población obrera.
2.- ¿Cómo caracterizas a la estructura tributaria del Estado venezolano en el actual gobierno de Maduro? ¿Hay un cambio con la nueva ley de impuestos a las grandes transacciones financieras?
La estructura tributaria actual es completamente atomizada, porque existen diferentes tributos dispersos nacionales, estadales y municipales y después sectoriales. Hay un IVA muy alto. Entonces, hay un conjunto de impuestos dispersos y atomizados que es imposible de darle seguimiento y de entender su funcionamiento concreto; porque tampoco hay datos de su recaudación. No obstante, las estimaciones arrojan que el impuesto sobre la renta ha sido desplazado por el IVA, lo que recauda el Estado por el IVA es mucho más alto que lo recaudado por el ISLR por factores como la hiperinflación. Lo que hace que personas con más ingresos no pague nada y que más pague la población obrera a través del IVA, un impuesto indirecto que favorece la desigualdad social y que penaliza a personas que deberían de tener inmunidad tributaria porque están viviendo con ingresos cercanos o muy por debajo del mínimo vital.
Lo otro es que está dispersión y atomización tributaria tiene estrecha relación con el desorden monetario que impide una organización fiscal formal. El desorden monetario tiene que ver con el desorden económico, que impide una planificación macroeconómica seria, que otorgue estabilidad al país y permita proyectar escenarios con tributos estables. Por ejemplo, una persona que consuma cien litros de gasolina en un yate puede no pagar nada de la nueva reforma del impuesto a las grandes transacciones financieras y una persona que compre una medicina y pague con dólares puede pagar hasta el 20% del precio. Una persona que tenga un lote de camionetas Four Runner puede no pagar nada y cuando en otros países modernos se paga impuestos por tener vehículos adicionales, como por tener casas, por ser millonario. Aquí, al contrario, la mayor carga tributaria la paga la clase obrera mediante el IVA.
Ahora, la reforma al impuesto a las grandes transacciones financieras es una profundización radical, porque no solo aumenta la alícuota como base al 3% y lleva el techo al 20%, además convierte en contribuyente a cualquier persona que use divisas. Se parte de una premisa errónea, y más en una economía con una dolarización real de facto como la de nuestro país, porque se considera que cualquier persona con divisas tienen la capacidad económica para pagar un impuesto adicional. Entonces, se rompe la inmunidad tributaria que deberían de tener las personas con ingresos cercanos o por debajo del mínimo vital, que en vez de pagar impuestos deberían de recibir una transferencia real de ingresos.
Por lo tanto, se viola un principio constitucional que es la progresividad tributaria, que implica que aquellas y aquellos con más ingresos deberían de pagar más impuestos y aquellas y aquellos que menos tienen deberían de pagar menos impuestos; porque se amplía la base social tributarias al convertir a los pobres en contribuyentes y con una alícuota exagerada. Pero, además, se viola el principio de participación política porque la ley ha sido inconsulta, sin rondas de discusión de esa normativa legal, ni la consulta a especialistas económicos y tributarios.
Hasta este momento, el impuesto a las grandes transacciones financieras todavía no tiene un reglamento que estipule su implementación, que será muy difícil, porque va a estimular la evasión fiscal, con la no presentación de facturas y a los pagos por vías alternas sin registro y va a retrasar la necesaria formalización económica de las grandes empresas grandes, medianas y pequeñas.
3.- ¿Cuáles pueden ser los efectos de la nueva ley de impuestos a las grandes transacciones financieras?
Yo vi una alocución de Maduro donde dijo que los impuestos contentivos en esta ley serían solo aplicados a los grandes capitales, tendremos que ver si hay cambios y mejoras en la reforma de la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras; porque es necesario poner un mínimo para la compra en divisas que pueda ser sujeta al impuesto, por ejemplo si tu compras un bien de al menos dos mil dólares, entonces debes pagar el impuesto, para evitar que las personas de menos recursos tengan que pagar por una compra de hasta un solo dólar.
También habría que ver las consecuencias en el sistema financiero, porque lo que va a generar el impuesto, es que las personas que tengan divisas en los bancos nacionales las saquen y trasladen a bancos internacionales donde las puedan utilizar en operaciones comerciales y financieras sin tener que pagar este impuesto.
Entonces, el impuesto a las grandes transacciones financieras como se encuentra diseñado hoy puede tener un efecto inflacionario importante, porque es un impuesto avalancha, porque cada parte de la cadena de suministro, hay un agente económico que puede poner el impuesto y esto se iría sumando a lo largo de la cadena suministro, entonces al final cada bien o servicio puede ser entre 10 o 15% más caro que al inicio, y a esto habría que agregarle el impuesto final que va a pagar el consumidor y el IVA. Por ello, puede afectar mucho más la capacidad de consumo.
Lo otro es que este impuesto puede hacer que aumente la informalidad en las operaciones comerciales y financieras para lograr la evasión fiscal en el proceso de facturación y, como respuesta gubernamental, generar una campaña de fiscalización y esto podría ahuyentar posibles inversiones económicas. Además, también puede desalentar el tímido proceso de recuperación económica dependiendo del tamaño porcentual del impuesto que se fije en el reglamento final. Aunque, es bastante probable que el PIB en el 2021 haya mostrado cierto crecimiento.
Este impuesto a las grandes transacciones financieras también es una mala señal porque ha sido creado de manera autoritaria y despótica, no tiene nada que ver con el desarrollo de diálogos y conversaciones con diferentes actores de la sociedad que puedan permitir salir de la crisis económica. Entonces, yo no veo nada positivo para la clase obrera en este nuevo impuesto del gobierno y más bien es un ataque artero y voraz en contra de sus limitados ingresos.
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