RADIOGRAFÍA DEL PACTO HISTÓRICO: COMPOSICIÓN Y RANGO DE GOBERNABILIDAD

A pocos días de su toma de posesión, Gustavo Petro y su coalición han seguido aglutinando voluntades políticas y popularidad para un Gran Acuerdo Nacional que garantice la gobernabilidad y la paz en Colombia (Foto: Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)

Como una alianza de distintas fuerzas políticas, cada una de ellas con autonomía e independencia política y orgánica, se define el Pacto Histórico (PH), formación que surgió con el propósito de llegar al poder y cuyos miembros se comprometieron a defender los seis puntos de su programa o acuerdo fundamental:

1. La defensa de la vida y el Acuerdo de Paz.
2. La reactivación económica, la defensa del empleo y el trabajo digno.
3. La desmercantilización de los derechos sociales y la defensa de lo público.
4. La preservación de los recursos naturales y el medio ambiente.
5. La apertura democrática y el fortalecimiento de la participación popular.
6. La defensa de la soberanía nacional y el impulso de la integración Latinoamericana y Caribeña como zona de paz.

Inicialmente estuvo conformado por siete partidos: Colombia Humana, Unión Patriótica-Partido Comunista, Polo Democrático Alternativo, Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Partido del Trabajo de Colombia, Unidad Democrática y Todos Somos Colombia. Participó por primera vez en las elecciones legislativas y en las consultas internas del 13 de marzo de 2022.

La conformación del Congreso Nacional es uno de los puntos clave para que dicha coalición, a cargo del nuevo gobierno colombiano, cumpla sus promesas electorales y enrumbe al país hacia el cumplimiento de las demandas que han hecho los movimientos sociales del país desde hace muchos años.

Un detalle novedoso es que, desde la instalación del congreso el pasado 19 de julio, las víctimas del conflicto armado ocupan 16 bancas en la Cámara de Representantes, que estarán vigentes por ocho años, además de las 10 destinadas en ambas cámaras a los integrantes de Comunes, según el acuerdo de paz, que expiran en 2026.

ALIANZAS PARA UN ACUERDO NACIONAL

Una vez aclarados los resultados de las elecciones legislativas, sucedieron distintas sesiones de diálogo entre el PH con otros movimientos y partidos políticos para agregar curules a su alianza y poder ejercer la mayoría en el Congreso. El partido liderado por el ahora presidente electo Gustavo Petro, que obtuvo 20 bancas en el Senado y 28 en la Cámara de Representantes, no había logrado alcanzar la mayoría. El resultado de las negociaciones ha sido que hoy cuentan con el apoyo de 64 de los 108 senadores (59%) y 106 de los 188 representantes en la Cámara (56%).

El Partido de la U, que agrega al PH 27 congresistas (10 senadores y 17 representantes a la Cámara), ha sido uno de los fichajes recientes, aun cuando es sabido que esta organización fue fundada para acompañar la reelección del expresidente Álvaro Uribe en 2005, también es conocido su apoyo al acuerdo de paz liderado por el expresidente Santos y que en 2018 respaldó al presidente saliente Iván Duque.

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Por primera vez en Colombia, las víctimas del largo conflicto armado interno tendrán voz y voto en el Congreso con 16 representantes que provienen de zonas donde históricamente se ha concentrado la violencia (Foto: AP Photo)

También logró sumar el apoyo del Partido Conservador, que logró 15 puestos en el Senado y 27 en la Cámara, y de Cambio Radical, que tiene 11 senadores y 18 representantes. A pesar del incidente en el que la vicepresidenta electa, Francia Márquez, llamó «neoliberal» al expresidente colombiano César Gaviria, el tradicional Partido Liberal se adhirió al bloque del PH con sus 14 senadores y 33 representantes a la Cámara. Lo propio hizo la Alianza Verde con ocho senadores y 12 miembros de la Cámara de este partido de centro.

La Alianza Social Independiente (ASI), Comunes y agrupaciones indígenas y afros agregaron 11 puestos en el Senado y siete a la Cámara de Representantes mientras que Fuerza Ciudadana y Gente en Movimiento sumaron dos curules y nueve de los 16 representantes de las curules de paz.

Entretanto, el partido del gobierno saliente fundado por Uribe, Centro Democrático (CD), alcanzó 13 puestos en el Senado y 16 en la Cámara de representantes. Han manifestado que se opondrán «a políticas gubernamentales de altos impuestos» y que defenderán al sector agropecuario de la expropiación y de los impuestos confiscatorios.

El excandidato presidencial y magnate de bienes raíces Rodolfo Hernández, derrotado por Petro, afirmó en sus redes sociales que «su compromiso será hacer oposición». En una reunión con el recién elegido presidente del Congreso, Roy Barreras, Hernández conversó sobre la creación de una nueva comisión accidental que se encargue de impulsar medidas anticorrupción y que, según Barreras, va a presidir Hernández, quien está investigado por corrupción.

UNA AGENDA DE REFORMAS COMO PUNTO DE PARTIDA

Una de las primeras iniciativas del nuevo Congreso es la reforma del mismo legislativo. El sector que apoya al PH intentaría reducir el salario de los congresistas, disminuir las vacaciones, aumentar las causales por las que los congresistas pueden perder su cargo y limitar la reelección de congresistas a tres periodos. En el pasado naufragaron unos 13 proyectos de ley que pretendían reducir el salario de los congresistas, cuatro más que buscaban modificar las vacaciones y otros cinco que golpeaban el ausentismo.

Los congresistas que abanderan la propuesta aún están definiendo la magnitud de la reducción de los salarios y su entrada en vigencia. Actualmente, es de unos 7 mil 800 dólares mensuales, más de 30 veces el salario mínimo de un trabajador en el país.

El senador Humberto de la Calle, excomisionado de Paz, declaró antes de su posesión que el de Colombia sería «un Congreso protagonista» debido a que por allí pasarán las reformas del gobierno de Petro como la tributaria, agraria, política, entre otras. De la Calle y Daniel Carvalho, elegidos por el partido Verde Oxígeno, anunciaron que tendrán una posición independiente frente al gobierno electo de Gustavo Petro, y que lo apoyarán en algunos temas legislativos tras la expulsión de su partido por no estar de acuerdo con las posturas de su fundadora, Ingrid Betancourt.

El pasado lunes 25 de julio, el Partido Comunes, antes FARC, radicó varios proyectos de ley «para impulsar el acuerdo de paz y proteger los derechos fundamentales». Estos van desde una reforma política y electoral que permita la construcción de una paz estable y duradera hasta un tratamiento penal diferenciado para pequeños agricultores que estén o hayan estado vinculados con los cultivos ilícitos o actividades derivadas.

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Jóvenes reinsertados de las FARC, el ELN y las AUC se capacitan como técnicos en fruticultura en Valle del Cauca, mediante un plan que apoya el Gobierno, la empresa privada y organismos internacionales (Foto: Pixabay)

Asimismo, la propuesta pretende impulsar reformas en los campos de Reforma Política y Electoral, Elección a Órganos de Control, Tratamiento Penal Diferenciado, Garantías a la Protesta Social, Jurisdicción Agraria, Parques Nacionales con Campesinos. En rueda de prensa se refirieron a los 333 firmantes de Paz asesinados como muestra de la ausencia de garantías humanitarias en el país y refrendaron la intención de solucionar la crisis humanitaria de campesinos, exguerrilleros, comunidades indígenas, afros y urbanas desatada durante el gobierno de Iván Duque que no atendió este renglón social.

Otro tema de agenda, aprobado el pasado martes 26 de julio, es la ratificación por parte del Congreso del Acuerdo de Escazú que firmó el Estado colombiano. Dicho instrumento tuvo muchas dificultades para avanzar en su trámite debido a las dudas que manifestaron varias bancadas como la del CD, Partido Conservador y la mayoría de gremios por los eventuales efectos que tendría en los proyectos de desarrollo.

Hablamos de un tratado que tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un medioambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a los grupos étnicos y la sociedad civil. Esto se busca a través de tres elementos clave: el acceso a la información pública, la participación ciudadana en las decisiones que se tomen sobre el sector y la justicia ambiental.

Ya la senadora María Fernanda Cabal, del CD y vinculada a escándalos de parapolítica, indicó que «como hicieron en Chile, en Colombia Petro hará aprobar el Tratado de Escazú, que acabará con la soberanía jurídica y afectará el ordenamiento jurídico. Empieza a implementarse la agenda 2030 que destruye todo, bajo el disfraz de las causas justas».

CLAVES PARA MANTENER LA GOBERNABILIDAD

Aun cuando se dudaba de la posibilidad de que el economista no pudiera gobernar por ser el primer presidente de izquierda y vinculado a una organización guerrillera en su momento, por la desconfianza en los cuarteles, los mercados, la prensa y el equilibrio del Congreso, los últimos sucesos en la política colombiana parecieran prefigurar otros escenarios.

La popularidad de Petro va en aumento, su aprobación es de 64% tras las elecciones del 19 de junio, es el dato más alto de un mandatario desde 2005. Más que Uribe, que fue un hito en 2002 y 2006; y casi igual a Juan Manuel Santos en 2010. Logró que dos de sus aliados, los congresistas Roy Barreras y David Racero, se quedaran con la presidencia del Senado y la Cámara.

Aún así, las tensiones no desaparecen: durante la instalación del Congreso el pasado 20 de julio, los senadores y representantes a la Cámara levantaron carteles con mensajes que serán su bandera durante los próximos cuatro años y con reclamos al gobierno saliente. El Pacto Histórico recordó a los líderes sociales y excombatientes asesinados mientras el uribismo, el único partido en oposición, mostró imágenes de miembros de la fuerza pública fallecidos y carteles con el mensaje «Dos visiones, un mismo país», con fotos de los destrozos de las protestas sociales del año pasado.

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El presidente saliente, Iván Duque, fue abucheado por la oposición que también exhibió carteles con rostros de líderes sociales asesinados mientras el mandatario daba el discurso de instalación del Congreso de mayoría opositora a su gobierno (Foto: Juan Pablo Pino / AFP)

Sin embargo, hay datos que dan cuenta de la posibilidad de que logre sostener la gobernabilidad durante los próximos cuatro años. Ha hecho nombramientos simbólicos y meticulosamente anunciados en ministerios y embajadas, algunos son:

• Francia Márquez, vicepresidenta, abogada afro y feminista de 40 años que viene del activismo ambiental en el Cauca (en el suroccidente), sumó votos de las zonas más pobres del país, históricamente abstencionistas y de mayoría negra. Dirigirá al naciente ministerio de la Igualdad y la Mujer.
• Iván Velásquez, exmagistrado experto en Derechos Humanos de 67 años cuya llegada al ministerio de Defensa es un mensaje para el ejército y los grupos armados dado que investigó a los «parapolíticos» y denunció los asesinatos extrajudiciales de militares. Las Fuerzas Armadas no han sido reformadas tras el proceso de paz con la guerrilla en 2018.
• Álvaro Leyva, de 79 años, conservador nato que ha llevado la contraria dentro de la derecha colombiana al defender las negociaciones con los grupos armados ilegales. Pondrá el diálogo con las guerrillas y el respeto a los derechos humanos como prioridad, también la relación con Venezuela.
• Cecilia López, liberal, exministra y académica de 79 años será la encargada de llevar a cabo la esperada y compleja reforma rural a cargo del ministerio de Agricultura.
• José Antonio Ocampo, economista de 69 años, el investigador del área más citado en la academia mundial. Profesor de la Universidad de Columbia, en Nueva York que fue ministro en la década de 1990 y ha hecho parte de casi todas las entidades que crearon el modelo económico colombiano. Buscará un cambio de modelo comprometido con la ortodoxia fiscal.
• Luis Gilberto Murillo, futuro embajador en Estados Unidos, país que es el principal socio comercial y militar de Colombia. Ingeniero afro experto en medio ambiente que estudió en la Unión Soviética y en el MIT, en Boston. Fue gobernador del Chocó, el departamento de mayoría afro.
• Leonor Zalabata, 64 años, lideresa social de origen arahuaco, una comunidad del norte del país, que se ha dedicado a defender los derechos sociales, ambientales y ancestrales de las comunidades indígenas.

Con ellos pretende reactivar la agenda de paz, parcialmente archivada por Iván Duque, y moderar la figura del izquierdista. Algunos nombramientos asociados a la política tradicional han desatado cuestionamientos sobre la autenticidad del cambio prometido por el Pacto Histórico.

La relación con Estados Unidos será otro de los puntos cruciales de la coalición para lograr la gobernabilidad. En ese sentido, Petro, Murillo y Leyva se reunieron el pasado 23 de julio con funcionarios de la administración Biden en Colombia enfocados en revisar el Tratado de Libre Comercio, entre otros temas como la paz, la migración y el cambio climático.

El modo como se ha configurado el frente político en torno a Petro prefigura un lapso de tiempo de estabilidad y gobernabilidad, lo que dependerá de las condiciones económicas que deje el actual gobierno. La apertura de la llamada «coalición petrista» a un amplio espectro de «fuerzas» de la sociedad, políticos, académicos, intelectuales y dirigentes ha aumentado la confianza en Petro y ha matizado las percepciones negativas sobre su imagen política.

La puesta en marcha de un Gran Acuerdo Nacional ha hecho que distintos actores nacionales que antes podían haber sido rivales pudieran construir una unidad dentro de la diversidad, sin fusionar pensamientos en la homogeneidad, pero apuntando a un mismo horizonte. Queda en el aire la sentencia de Jorge Eliécer Gaitán en 1946:

«En Colombia hay dos países: el país político y el país nacional. El país político que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder, y el país nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendidos por el país político. El país político tiene rutas distintas a las del país nacional. ¡Tremendo drama en la historia de un pueblo!».

Una paz que depende de esa suma de voluntades colectivas, que busca renovación en medio de un modelo y una clase política agotada, ese es el horizonte que el Pacto Histórico procura poniendo todo el peso en busca de consensos, con todo y el precio que cuesta ello en Colombia.

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