14 AGOSTO, 2022
Tras cuatro años de trabajo en Colombia de la Comisión para el Establecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; o simplemente Comisión de la Verdad, que analizó causas y consecuencias del conflicto armado que por más de 60 años continúa enlutando a ese país, el 28 de julio, el ente entregó su informe final de 896 páginas, titulado “Hay futuro si hay verdad” y en él afirma que el conflicto armado interno en Colombia dejó cerca de 800.000 muertos entre 1985 y 2018.
Pero esa cifra aparece sólo en una nota al pie de la página 140 del informe; que explica la referencia 113. La nota indica que los 800.000 son una estimación del subregistro potencial. “por falta de datos” lo cual impide “desagregar las diferentes tipologías” de crímenes entre “masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos selectivos”.
El informe, cuyo primer ejemplar fue entregado a Gustavo Petro, siendo éste presidente electo de Colombia, y no a Iván Duque, cuando aún era primer mandatario, fue presentado por Francisco De Roux presidente de la Comisión de la Verdad, quien señaló el desgarrador dato de que 800.000 muertes en 33 años representan casi 3 muertes por cada hora transcurrida durante el lapso estudiado. Agregó que en esos 33 años fueron desaparecidas 121.768 personas, pero los subregistros apuntan a que pueden llegar a ser 210.000, es decir, casi 565 cada mes.
Los asesinatos confirmados durante poco más de tres décadas de las más de seis que Colombia ha vivido una guerra interna ininterrumpida tras el estallido de las insurgencias que pretendieron infructuosamente poner fin a siglo y medio de dominación de castas sanguinarias criollas, señala que “450.664 personas han perdido la vida a causa del conflicto armado entre 1985 y 2018” y acota que “entre 1995 y 2004, el periodo más álgido del conflicto, hubo aproximadamente la mitad de las víctimas (45%)”. El informe detalla que 90% de las víctimas fueron civiles: 45% a manos de paramilitares de extrema derecha, 27% por insurgencias (guerrillas) y 12% fue asesinado por el Estado.
A pesar de Duque
El trabajo de la Comisión ocurrió en la presidencia de Iván Duque; acérrimo detractor del acuerdo de paz alcanzado por su antecesor, Juan Manuel Santos, firmado en noviembre de 2016, en La Habana, Cuba, entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (Farc-EP); con Duque al mando, desde el Ejecutivo se entorpeció la labor de investigación que comprometería al mentor del presidente, el máximo promotor del paramilitarismo, Álvaro Uribe, durante cuyo gobierno se estrenó la práctica de los falsos positivos, uno de los mayores crímenes de lesa humanidad que se registran aún en Colombia. Con Duque, el acuerdo sufrió severos retrocesos y se recrudeció la violencia.
La Comisión de la Verdad realizó 14.000 entrevistas y se establecieron conversaciones con más de 30.000 personas de todos los sectores sociales, regiones, identidades étnicas, experiencias de vida, tanto en Colombia como en el extranjero y analizaron más de mil informes de las instituciones públicas, de entidades privadas y de movimientos sociales.
La comisión destaca que “dentro de las limitaciones de tiempo, del contexto político y de salud pública”, fue “amplia y plural, asertiva y reparadora” al escuchar a las partes y “se activaron conversaciones inéditas entre sectores otrora enemigos, entre víctimas y responsables, entre partes de la sociedad que piensan diferente, y que nunca antes se pudieron encontrar para un diálogo constructivo y sereno”. Vale destacar que el referido “contexto político” es el de una Colombia convulsionada por manifestaciones antigubernamentales sin precedentes desde el estallido del conflicto por la llegada de las guerrillas.
En 2021, una sociedad colombiana harta de la violación sistemática de sus derechos salió a las calles a pesar de la pandemia. Ese estallido social fue caldo de cultivo para el triunfo de Gustavo Petro como el primer presidente ajeno a las élites de derecha y ultraderecha que gobiernan el país hace 200 años. Es así como un político salido de las filas de la insurgencia urbana del Movimiento 19 de Abril (M19), es decir, un guerrillero, ahora comanda las Fuerzas Armadas de Colombia, las mismas que combatieron y aún combaten a las guerrillas y que, en colusión con las mafias paramilitares, es responsables de 57% de los asesinatos computados por la Comisión en esos 33 años.
El país de la muerte
La comisión limitó su cómputo a los El 28 de julio se entrgó el informe final de la comisión. Gustavo Torrijos años entre 1995 y 2018, pero la actual guerra interna de Colombia data de 1960 y, por irónico que parezca, es un conflicto asimétrico de baja intensidad que siguió al período de “La Violencia”, guerra civil entre liberales y conservadores que ocurrió de 1928 a 1958, que según los cálculos más halagüeños causó entre 113.000 y 330.000 muertos y el desplazamiento de dos millones de campesinos.
Es la guerra que describe Gabriel García Márquez en su aclamada Cien años de soledad. Petro, en su discurso de asunción el 7 de agosto frente a la espada de El Libertador al cumplirse 203 años de la Batalla de Boyacá en la que las tropas de Simón Bolívar sellaron la independencia de la hoy Colombia, instó a “terminar, de una vez y para siempre con seis décadas de conflicto armado”, luego interrumpió la lectura y acotó fuera del texto “yo diría que con dos siglos de guerra permanente; la guerra eterna, la guerra perpetua de Colombia”. “No podemos seguir en el país de la muerte, tenemos que construir el país de la vida”, exigió Petro tras referir el dato de las 800.000 muertes por la violencia que calcula la Comisión, y luego acotó que fueron “en su mayoría humildes”, tras lo cual preguntó si tal paz es posible e indicó que el suyo es “el gobierno de la paz, de la vida y así será recordado”, dijo.
“La paz es posible si desatamos en todas las regiones de Colombia el diálogo social, para encontrarnos en medio de las diferencias, para expresarnos y ser escuchados, para buscar a través de la razón los caminos comunes de la convivencia.
Es la sociedad toda la que debe dialogar sobre cómo no matarnos y sobre cómo progresar.”, aseguró durante el acto lleno de simbolismos a favor de la paz y la justicia social y ambiental.
Símbolos
En una ceremonia llena de simbología, tras su juramentación el 7 de agosto, Petro ordenó (siendo su primera instrucción como presidente de Colombia) que la espada de Bolívar estuviera en su discurso ante los miles de asistentes a la Plaza Bolívar de Bogotá para la ceremonia, que por lo general es a puerta cerrada y reservada a unos pocos políticos y diplomáticos.
Petro pidió que la espada guardada por décadas como si le temieran “que nunca más esté enterrada… nunca más esté retenida; que solo se envaine, como dijo su propietario, El Libertador, cuando haya justicia”. Al paso de los custodios hacia el escenario en el que Petro pronunció sus palabras, miles de personas corearon la consigna “alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina”.
Adicionalmente, la banda presidencial le fue impuesta por la senadora María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro Leongómez, guerrillero y máximo líder del M-19 entre 1986 y 1990 cuando lo asesinan paramilitares, esto siendo candidato presidencial con amplio favoritismo. 1990 fue el año cuando se desmovilizó esa guerrilla urbana a la que perteneció Petro desde su adolescencia y de cuya entrada a la legalidad él fue parte.
Pizarro fue precursor de la Constituyente de 1991; para Petro “el último acto político” del líder guerrillero, cuya hija ese domingo le impuso la banda al primer presidente de izquierda de Colombia.