La detención y ejecución social de Julian Assange es la prueba más evidente que existe sobre la inexistencia del derecho a estar informados.
PorLÚH Redacción.
POR RONALD ÁNGEL PARA EL CIUDADANO
El caso de Julian Assange es el de una necrológica que se publica cada cierto tiempo en medios occidentales. Un caso muerto, de un hombre muerto, en una sociedad muerta, señala el analista político Luis Gonzalo Segura.
Assange no solo es una víctima ejecutada en los callejones oscuros del poder, colgada en la plaza mediática como advertencia y enterrada en una fosa virtual como castigo final, sino que también es la instantánea más precisa y reveladora de la necrosis que en la actualidad carcome a Occidente y del ciclo vital que cualquier denunciante de corrupción o malas prácticas padece en las denominadas democracias occidentales, añade Segura en un artículo de opinión.
Assange, cada día más inocente…
Cualquier repaso somero del caso de Julian Assange demuestra cómo la inocencia de Assange cada día es más evidente y la culpabilidad de Estados Unidos cada día más insoportable, lo que no evita que sea Assange el detenido y los Estados Unidos su perseguidor. No es el mundo al revés, es Occidente.
Por un lado, la Fiscal superior de Suecia, Eva-Marie Persson, que reabrió el caso de violación y abusos sexuales contra Assange abierto en 2010, casualmente, después de las informaciones de WikiLeaks, decidió cerrarlo en noviembre de 2019. Pero lo relevante no se encuentra en el qué, sino en el cómo: el caso quedó cerrado por el debilitamiento de las evidencias y la falta de base para una acusación.
«¿Cómo puede ser posible que una agencia norteamericana se plantee el secuestro de un ciudadano en una embajada de Reino Unido y ello se tome por una cuestión menor?»
Una argumentación tan sorprendente como delirante, ya que la Fiscal superior Persson asevera que «la denunciante ha presentado un relato creíble y fiable, sus explicaciones son claras, largas y detalladas. Pero consideró que la evidencia ha perdido fuerza en grado tal que ya no hay motivo para seguir la investigación»: ¿alguien puede explicar cómo una denuncia puede ser jurídicamente «creíble y fiable» y que a la vez la evidencia pierda fuerza con el paso del tiempo o por qué justo cuando tenían la posibilidad de pedir la extradición de Assange, tras casi diez años, no lo hacen?
El asunto, cuanto menos refleja contradicciones insalvables, incluso punibles: ¿puede un fiscal dejar de perseguir al responsable de un delito cuyo «relato resulta creíble y fiable» con «explicaciones claras, largas y detalladas»? ¿Por qué la denunciante no ha ejercido acciones legales contra la Fiscal superior Eva-Marie Persson tras dejar de investigar a un delincuente de una denuncia «creíble y fiable»? Discúlpenme, pero esta patraña no hay quien se la crea y jurídicamente se enmarca en el disparate más absoluto.
Y Estados Unidos, cada día más culpable
Por otra parte, en España, el juez Santiago Pedraz, uno de esos magistrados españoles en los que todavía se puede creer, ha enviado una comisión rogatoria a Estados Unidos para que remita la información que posea el Comité de Inteligencia del Congreso norteamericano (United States House Permanent Select Committee on Intelligence) al respecto de la investigación por el espionaje que sufrió Julian Assange por una empresa española durante su estancia en la Embajada de Ecuador en Londres. Varias agencias están involucradas, entre ellas, claro está, la CIA.
«Todo apunta a que tendrá serias dificultades para continuar adelante: el escándalo fue conocido hace tres años; los avances parecen escasos; y los medios de comunicación españoles informan del caso como si de un anuncio de venta de artículos de segunda mano se tratase».
Cualquiera que conozca mínimamente cómo funcionan las agencias occidentales, el nivel de fiscalización de estas y la calidad demócrata occidental, tendrá pocas dudas al respecto del espionaje al que estaba siendo sometido Julian Assange. Porque el espionaje a Assange no es ni mucho menos un caso aislado, he ahí el reciente escándalo del caso Pegasus —el cual afectó a más de medio centenar de catalanes en España y hubo más espiados en el resto del planeta—. Pero, tras la publicación de un reportaje en Yahoo News, en el que agentes de la CIA reconocieron no solo que se le estaba espiando, sino que en el año 2017 se planteó la posibilidad de secuestrarle, Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia, solicitó hace un año, en octubre de 2021, que los servicios de espionaje informasen al respecto. Y, claro, el juez Pedraz quiere saber qué es lo que han informado. No lo tendrá sencillo. Antes de seguir: ¿cómo puede ser posible que una agencia norteamericana se plantee el secuestro de un ciudadano en una embajada de Reino Unido y ello se tome por una cuestión menor?
La razón por la que el caso está siendo investigado en España se debe a que la empresa involucrada, UCE Global SL, es española —su sede se encuentra en el Sur de España (Jerez de la Frontera, Cádiz)—. Además, se encuentra dirigida por el exmilitar español David Morales. Tal y como reveló El País, esta empresa española grabó durante meses las conversaciones privadas de Assange con sus abogados, médicos, visitantes, congresistas, periodistas y otras personalidades. Tras ello, David Morales fue detenido, aunque en la actualidad se encuentra en libertad condicional acusado de delitos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones entre un abogado y su cliente, apropiación indebida, cohecho y blanqueo de capitales. Pero ¿será condenado?
Pedraz se ha tomado el asunto en serio, muy en serio, ya que no solo ha detallado que entre los espiados se encontraban el congresista republicano Dana Rohrabacher, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa e, incluso, el exjefe de los servicios de inteligencia de este país, Rommy Vallejo, sino que ha solicitado las declaraciones, mediante comisión rogatoria, del exdirector de la CIA y ex secretario de Estado, Mike Pompeo, y el exjefe de contrainteligencia norteamericano, William Evanina. Sin embargo, todo apunta a que tendrá serias dificultades para continuar adelante: el escándalo fue conocido hace tres años, en el año 2019; los avances parecen, a pesar de la voluntad del juez, escasos; y los medios de comunicación españoles informan del caso como si de un anuncio de venta de artículos de segunda mano se tratase.
«La detención y ejecución social de Assange es la prueba más evidente que existe sobre la inexistencia del derecho a estar informados y la libertad de expresión en Occidente. Porque en las democracias occidentales se puede hablar de todo… menos de las democracias occidentales».
Poco importa que existan serios indicios judiciales, ya que el exjuez José de la Mata, anterior titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, ya intentó sin éxito conseguir la colaboración norteamericana. La Fiscalía Federal norteamericana solicitó conocer las fuentes del caso y más información para permitir el acceso a la información solicitada —direcciones IP desde las que se accedió a los servidores de UC Global SL en los que se almacenaba toda la información del espionaje a Julian Assange—. ¿Para qué quieren conocer las fuentes? No sé, pero ofrecer las fuentes de una denuncia a un país que ejecuta en cualquier parte del planeta sin ningún tipo de juicio a quien considera culpable y que plantea el secuestro de ciudadanos con una normalidad que causa escalofríos no parece muy recomendable.
Manifestaciones en México
Mientras, activistas de ‘#24F Coalición Vida y Libertad’ pidieron la liberación de Julian Assange al responsable de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, y se manifestaron frente a las embajadas de Estados Unidos y Reino Unido en Ciudad de México. Edith Cabrera pidió «respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión y la reivindicación del nombre de Assange, que ha sido muy difamado» porque la detención de Assange, que lleva cuatro años en prisión, atenta contra el «derecho a estar informados y a la libertad de expresión».
Por desgracia, se equivocan y mucho: la detención de Julian Assange, su ejecución social, no atenta contra el derecho a estar informados y la libertad de expresión de todos, porque para que una acción atente contra un derecho, este tiene que existir. La detención y ejecución social de Julian Assange es la prueba más evidente que existe sobre la inexistencia del derecho a estar informados y la libertad de expresión en Occidente. Porque en las democracias occidentales se puede hablar de todo… menos de las democracias occidentales. De lo contrario, el caso de Julian Assange no sería una pequeña necrológica publicada cada cierto tiempo en los espacios más marginales de los diarios, sino portada de diarios, radios y televisiones.