Por Carlos Dürich
“Dejar el error sin refutación equivale a estimular la inmoralidad intelectual”Karl Marx
Desde hace algunos días distintos sectores de la clase trabajadora venezolana se movilizan en varios estados del país bajo la bandera de la reivindicación salarial. La mayoría de ellos se encuentran suscritos a la nómina pública nacional, habiendo nuevamente con estas movilizaciones un debate, tanto al interior del sector oficialista gubernamental como de las amplias mayorías nacionales, en torno a la dignificación de los ingresos de la clase obrera venezolana.
Posiciones
Como es costumbre por lo menos desde el 2020, el debate genera un extraño fenómeno de polarización, no política sino ideológica.
Por un lado, están los que afirman y argumentan la imposibilidad, al menos por el momento, de la tan anhelada solución salarial del sector público. Este sector señala a las prácticas imperialistas de bloqueo y sanciones como las principales culpables de la situación, por los graves daños que han generado a los ingresos del Estado venezolano.
Estos apologistas del bloqueo como causa de la crisis económica, asumen como evidente la necesidad de apretarse el cinturón en espera de la generación de nuevos recursos que sostenga en el tiempo una política salarial digna en algún futuro promisorio.
Estos mismos defensores de la gran “misión” de evangelizar con “la verdad”, también advierten sobre el terrible error que representa hacerle el juego al imperio, a la derecha, a la CIA, al Mosad y a los villanos antagonistas de “Súper Bigote”, al promover en los sectores involucrados una discusión y un debate abierto y fundamentado sobre las políticas económicas referentes al salario del trabajador venezolano. Después de todo, bajo la filosofía de la fortaleza sitiada, cualquier opinión adversa es una impepinable traición.
Hay otros que, por respeto a los principios más profundos de solidaridad con los trabajadores, nos negamos a caer en la trampa del chantaje, el beneplácito y las lisonjas de las versiones oficiales irrestrictas. Quienes exigimos volver a los principios del protagonismo y participación democrática del ejercicio político que el movimiento bolivariano nos inculcó.
Los que consideramos que la lucha de clases no es un cuento de hadas, sino el elemento más evidente de nuestras cotidianidades; los que conocemos el costo de la “Pax económica” que vivimos y que, en esta, como en otras ocasiones similares, padecemos y nos vemos obligados a pronunciarnos. No desde la demagogia como algunos señalan, sino desde los propios hechos, o como dice uno de los promotores de la verdad financiera, “desde el análisis concreto de la realidad concreta”.
Cuentas claras conservan amistades
Como comúnmente sucede los especuladores de la verdad sostienen sus afirmaciones sin presentar datos, solo asumen posiciones tecnócratas y oportunistas, demostrando lo escueto de sus pruebas.
En nuestro caso, asumiendo el tema con mayor seriedad recurriremos a datos oficiales, tanto de la memoria y cuenta presentada por el presidente hace pocos días en la Asamblea Nacional, como de algunas series estadísticas del Banco Central de Venezuela (BCV) y de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), sobre algunos aspectos económicos que consideramos importantes al referirnos al debate salarial.
De lo primero que quisiéramos dejar constancia acá es de nuestro total y absoluto reconocimiento de los daños causados por el bloqueo a las arcas nacionales. No negamos los más de 230 mil millones de dólares en pérdidas que el bloqueo ha generado a PDVSA, o los más de 20 mil millones en activos que permanecen congelados en distintas cuentas y fondos internacionales que pertenecen a la república. Por ese motivo, nos sumamos entusiastamente al pedido de cese del bloqueo y la devolución incondicional de los activos congelados.
Sin embargo, esta actitud de denuncia termina siendo estéril sin una pauta de resistencia y ofensiva ante la realidad. Es menester, en este caso, reconocer el inmenso esfuerzo que el gobierno ha ejecutado para superar las barreras comerciales impuestas a nuestro principal rubro de exportación, el petróleo.
Por eso es necesario reconocer que en el pasado 2022 los ingresos por petróleo casi sextuplicaron los ingresos por el mismo concepto en 2020. Para aquel año de profunda desesperación, apenas se registró 743 millones de dólares por comercialización de hidrocarburos, que en el 2022 llegó a superar los 4700 millones[1], ingreso casi similar al registrado en 2018.
Este último dato es realmente resaltante, porque para finales de 2018 el sueldo mínimo alcanzó los 28 dólares y para finales de 2022 el sueldo mínimo cerró en 7 dólares. ¿Será porque los recursos se usan de forma distinta?
Por su parte, el esfuerzo dirigido a aumentar la recaudación fiscal por parte del Estado, también ha rendido frutos. En el 2022 la recaudación alcanzó los 4744 millones de dólares[2], prácticamente triplicando la de 2020, cuando, para ese año, apenas fue de 1.571 millones de dólares. Curiosamente en enero de 2020 el sueldo mínimo era de 6.7 dólares, rivalizando con los 7 dólares del actual, esto a pesar de la gran diferencia en cuanto al volumen de entradas para el Estado entre ambos años.
Estos datos ameritan por lo menos un llamado de atención y una mayor profundidad y fundamentación en cuanto a la hipótesis de la falta de recursos señalada por los sacerdotes de la verdad. Acá también cabría exigir una mayor información sobre los recursos ingresados a la república por la venta de metales preciosos extraídos del arco minero, que no se desglosan con claridad en la memoria y cuenta del 2022.
De mismo modo, en la memoria y cuenta se echó de menos la información correspondiente a las ganancias por los múltiples convenios realizados bajo el amparo de la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, que establece en su artículo N° 18 que “Los ingresos adicionales que se generen con ocasión de la aplicación de las disposiciones de esta Ley Constitucional, luego de costos, gastos, inversiones y recursos atados a la administración de pasivos, se registrarán separadamente dentro de las disponibilidades del tesoro nacional”, lo cual, como sabrán mis amigos abogados, ameritaría un desglose financiero específico.
Algunos aspectos teóricos importantes
En el marco de las metas para el 2023 el presidente ha insistido en la necesidad de combatir la desigualdad económica, según él, causada también por el bloqueo y la guerra económica. Este último elemento está estrechamente vinculado con el régimen salarial y con la dinámica del ingreso.
Por definición, la desigualdad en el ámbito económico se traduce en una desigual participación en la distribución de la ganancia o de la riqueza, esto se combina con una dispar captación de la rentabilidad por parte del capital sobre el trabajo dentro del proceso de circulación y valorización. En resumidas cuentas, se trata de un acto visceral y formal de explotación en lo productivo, que implica una mayor participación del capital estable (maquinaria, capital, tecnología, etc.) que del variable (salarios).
Todas las anteriores son dinámicas sobredeterminadas, por lo tanto, no pueden dejar de cumplir su dinámica repetitiva de generación de desigualdad. No se puede simplemente confiar en el mercado, en los designios de un Dios proveedor o al beneplácito y complacencia de una burguesía revolucionaria para su disminución. Es una pugna de clases de lo que hablamos y como resultado, es la lucha de clases la única que puede romper dicha dinámica.
En este marco hay dos posibilidades de acción. La primera es la apropiación del proletariado de los medios de producción, y la segunda, la utilización de mecanismos del Estado liberal burgués para forzar una lucha indirecta o coyuntural contra la desigualdad. Como no quiero ser tildado de izquierdista, radical, desorientado o no pragmático, no me detendré en la primera posibilidad y más bien profundizaré en la segunda, aprovechando el reciente amor que ciertos dirigentes mantienen con el Estado liberal burgués o de bienestar.
Los Estados (incluyendo el venezolano) tienen algunas herramientas para afrontar dicha problemática. Las más comunes son los impuestos o las políticas fiscales y tributarias (cualquier economista recordará haber escuchado de esto en las clases de macroeconomía con el amigable nombre de «Teoría del Ingreso»). Estas políticas pueden ser progresivas, lo cual quiere decir que se genera mayor captación fiscal entre la clase más pudiente para establecer una distribución entre las clases más desfavorecidas.
Esto último puede ser de forma directa, por medio de retribución o bonificaciones salariales, o indirecta por medio de la inversión social en salud, educación, vivienda, etc. Por otra parte, también se pueden ejecutar políticas regresivas, es decir, aquellas que van a generar una menor o nula captación de impuestos en las clases más pudientes de la población o las que reducen el gasto social in situ.
Cabe destacar que mientras mayor sea la desigualdad en una sociedad, más se hacen necesarias las políticas fiscales progresivas. No solo por una obligación moral, sino también (¡Y escuchen bien los empresarios!) por un asunto estratégico económico. La distribución considerablemente desigual del ingreso no permite la nivelación progresiva de los índices de productividad de los diferentes sectores de la economía, lo que constituye un hecho concomitante del desarrollo económico. O para utilizar términos marxistas, el proceso de producción necesita del consumo para desatar el proceso de valorización.
Entonces, más allá de la moralidad inherente en el principio de redistribución, existe un mandato estructural dentro de la economía de mercado para generar una política fiscal progresiva.
Este preámbulo sobre el problema de la desigualdad es meritorio, porque en mayor o menor medida la polémica salarial debe extenderse también al problema de la distribución de la riqueza social.
Un dato al respecto, sobre el problema regresivo de nuestras políticas fiscales, es que, en promedio, el 50% de la recaudación fiscal se realiza mediante el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y menos de un 30 % es fruto del Impuesto Sobre la Renta. A a esto se suma el gran número de aranceles e impuesto exonerados al sector privado en los últimos años. Esto parece exceder el tema salarial, pero mostraré a continuación que es parte del mismo.
Según las disposiciones generales encontradas en el capítulo I del título III, “Sobre la Justa Distribución de la Riqueza y las Condiciones de Trabajo”, dispuesto en el artículo 96 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica del Trabajo, se establece que “La riqueza es un producto social, generado principalmente por los trabajadores y trabajadoras en el proceso social de trabajo. Su justa distribución debe garantizar una vida digna junto a su familia, cubriendo las necesidades materiales, sociales e intelectuales”, acá debe entenderse por justa redistribución no solo el salario nominal, sino también las garantías sociales ofrecidas por el Estado, como salud, educación y demás. Es probable que algún franco amigo se caiga de su asiento al acusarme de demagogo por pedir garantías sociales que no se pueden costear.
En ese caso también se debería acusar a Jorge Rodríguez de demagogo cuando dice que con poco más de 3000 millones de dólares (mucho menos que la recaudación fiscal del 2022) se recuperarían 2300 escuelas de manera integral en el territorio nacional, se cumpliría con el plan de inmunización total de todos nuestros niños y niñas en el país, se obtendría medicamentos para la atención de 60 mil pacientes de cáncer y pacientes de VIH y SIDA, además de recuperar todo el sistema de radioterapia a nivel nacional, más 11 bancos de sangre, todos los hospitales maternos infantiles y, según este dirigente político, se aumentará la generación eléctrica en 465 megavatios.
Aunque parece un pliego para una campaña electoral, se trata de los objetivos propuestos para invertir en ellos los 3300 millones de dólares recuperados tras el diálogo entre oposición y oficialismo en México, pero uno se pregunta si todo eso se puede hacer con 3300 millones, imagínense lo que se pudo hacer con más de 4700 millones.
Seguir el ejemplo que los empresarios dieron
Uno esperaría que, si se viene practicando una política regresiva en lo tributario y fiscal, esa política se traduzca en una participación más activa del sector privado empresarial en la dinámica económica del país, después de todo nuestra burguesía solo necesitaría un empujoncito por parte del Estado para convertirse en revolucionaria y patriota, ¿o no?
Lo cierto es que no. Según datos entregados por Conindustria, para finales de 2022 el 63% del sector industrial reconocía haber aumentado sus ventas entre el tercer trimestre del 2021 y el tercer trimestre de 2022. Sin embargo, más del 54% de las empresas también reconocía no haber aumentado sus inversiones, y casi el 23% admitía haberlas disminuido[3].
También el 68% de las empresas confesaba no haber aumentado la cantidad de trabajadores/as en sus medios de producción y el 10 % apuntaba haber disminuido su planta laboral.
Finalmente, el sector reconoció una inflación en los precios de sus productos en torno a un 120% durante los primeros 9 meses del año, pero a pesar de esto los salarios solo crecieron en el mismo periodo un 32%[4].
Es decir, los empresarios venezolanos no desean invertir a pesar de aumentar sus ventas, no crean empleos a pesar de sus ganancias, encarecen más sus productos y en términos reales pagan peores sueldos.
A pesar de que los ingresos del sector privado empresarial son mejores que los del sector público, las pruebas demuestran que se encuentran muy rezagados, incluso con respecto a su propio sector industrial en cuanto al costo de la producción, el trabajador industrial terminó entregando más plusvalía que antes y en muchos aspectos en peores condiciones.
Entonces, ¿qué hacer?
Lenin siempre recomendaba empezar por identificar qué dinámica de fuerzas existe, qué sujetos se movilizan y qué contradicciones se manifiestan. Es obvio que esta nueva “Pax económica” se ha sostenida gracias a la entrega sostenida de poder al empresariado, ya sea a través de mejores condiciones o de la desaparición de cualquier tipo de restricción a sus negocios.
El propio Estado se ha convertido incluso en infractor de sus propias normas laborales, lo cual hace plausible un incremento en la escalada de fuerzas entre el sector obrero venezolano y esa nueva clase tecnócrata-empresarial que maneja las finanzas del país.
El sujeto movilizado en principio es el trabajador público, pero este puede llegar a arrastrar al obrero del sector privado también, debido a que en principio ambos son explotados a pesar de la diferencia de remuneración, pueden ganar distinto, pero la miseria y la desigualdad los vinculan.
Muchos compañeros se encuentran preocupados por la posibilidad, muy real, de que la derecha capitalice el honesto proceso reivindicativo de los trabajadores, sin embargo, yo plantearía hacer una pregunta: ¿qué está haciendo la izquierda ante las movilizaciones? ¿Está generando politización o siquiera una política que encause el descontento? En muchos aspectos la respuesta que, al menos en gran parte de la izquierda gubernamental, se está dando es simplemente recurrir a la criminalización de la protesta o, peor aún, al desconocimiento de esa lucha.
Si la derecha capitaliza el descontento de los trabajadores no es necesariamente porque esté operando una conspiración a gran escala, es simplemente por nuestra inoperancia en cuanto a acompañar las demandas populares en momentos apremiantes.
Si no entendemos que, como bien decía la querida Rosa Luxemburgo, ante la confusión y el desconcierto, la audacia política es la única repuesta. Si no entendemos ese principio, seremos condenados a ser despedazados por las contradicciones de estos tiempos y no por la virtud de la derecha.
Este artículo plantea en definitiva colocar elementos de análisis para ser reflexionados en el marco del debate salarial, desde la dinámica y transparencia con que se manejan los datos financieros hasta la naturaleza de las nuevas estrategias financieras del ejecutivo, todo en el marco de la revolución, siempre desde la necesaria crítica fundamentada y con el imperativo de desenmascarar el oportunismo. No cabe duda que hay que apoyar las movilizaciones y reivindicaciones, siempre con la premisa de acompañar las luchas obreras por la justa redistribución de la riqueza.
Como se deja claro, la lucha por un salario digno es más que una lucha, es la condición esencial para sostener un modelo de país, una condición para la reconstrucción o profundización de una auténtica revolución, con premisas democráticas en lo económico y en lo social. Como el propio Chávez buscaba enfatizar al firmar el decreto que le daba rango de Ley a la LOTT, aquel 30 de abril del 2012: “Ninguna conquista de los trabajadores y trabajadoras ha ocurrido sin que haya habido un largo proceso de resistencia, de lucha y de sufrimientos, incluso”.
[1] https://www.youtube.com/watch?v=4GINUtSqzAU
[2] https://www.youtube.com/watch?v=4GINUtSqzAU
[3] https://bit.ly/3C758vi
[4] https://bit.ly/3i7zTZY