En Washington hay una discusión de método y formato respecto a la estrategia sobre Venezuela, y no un cambio de paradigma en las relaciones (Foto: CrisisGroup)
Las jornadas de protestas docentes estas semanas se dan en un clima donde, a la par de la presión inflacionaria de inicios de este 2023, parecieran empalmar con un tipo de movilización que ha venido paulatinamente expresándose, a nivel nacional, con gremios y otros actores «visibles» de la «sociedad civil», teniendo como trasfondo los avances y tensionamientos alrededor del proceso de diálogo gobierno-oposición en México.
En medio de esto, el colapso definitivo del «proyecto Guaidó», el ajuste de cuentas de Voluntad Popular con el G3 y la pérdida de iniciativa de las oposiciones en general, parecen obligar a una corrección del enfoque sobre Venezuela. En esta oportunidad, el intento de enmienda no proviene de los círculos de toma de decisión tradicionales de la Casa Blanca o del Departamento de Estado, sino de aparatos intelectuales bien engranados a los pasillos de poder de Washington como el influyente Wilson Center.
¿CRISTALIZACIÓN OFICIAL DE LA ESTRATEGIA?
El Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, habitualmente referido como Wilson Center, publicó en diciembre de 2022 su informe «Venezuela en 2023 y más allá: trazando un rumbo distinto«.
Producto realizado por el Grupo de Trabajo para Venezuela dentro del Programa para Latinoamérica, el informe lo firma el académico estadounidense Are Loewenthal como resultado, según afirma, de «discusiones virtuales en grupo, entrevistas al grupo en su conjunto o miembros individuales llevadas a cabo con actores y expertos venezolanos, un número de papers anteriores, y el intercambio extensivo de perspectivas entre nosotros» (pp.3-4), refiriéndose a la lista de nombres que acompañan al documento.
Co-firmado por 19 signatarios (incluyendo su autor), el informe consta de 28 páginas y 17 apartados donde se esboza lo que, en sentido estricto, es la visión del think tank radicado en Washington D.C. sobre el establecimiento de una estrategia y ruta de acciones a seguir para la resolución del «conflicto venezolano».
El Wilson Center es financiado por el Congreso estadounidense y es miembro integral del complejo del sistema educativo y red de centros de estudios del gobierno, cuyo nombre honra al expresidente norteamericano Woodrow Wilson.
Este think-tank también recibe un profuso financiamiento de las corporaciones del Fortune 500. Su lista de donantes está constituida por individualidades (la madrina de la doctrina del R2P, Anne Marie Slaughter), instituciones del Poder Ejecutivo (el Departamento de Estado), embajadas (como la de Qatar), hasta imperios empresariales de la talla de Amazon, Chevron, PepsiCo, Northop Grumman, ExxonMobil o JP Morgan Chase, según su registro de patrocinantes de 2021.
El dato en sí ya nos dice de forma contundente cuál es el esquema de intereses alrededor de la presunta «resolución» del «conflicto venezolano». Pero algo pudiera otorgarle aún más valor político y peso operativo a la entidad. A falta de una política delineada o específica en términos oficiales de Estados Unidos respecto a Venezuela, este documento pareciera aproximarse, más que cualquier otra cosa, a eso: un documento oficial sobre los posibles pasos realmente concebidos y existentes de Washington respecto a Venezuela.
Otro elemento a destacar, que establece otro significante en relación al lenguaje alrededor del informe en sí y lo que dice propiamente, es el tipo de autor principal. Abraham Loewenthal es un animal político-académico profundamente engranado en el sistema think tank-establishment académico y político-corporaciones.
Su profusa hoja de vida incluye prácticamente todas las universidades de «peso» dentro del sistema (Harvard, Oxford, Brown, Princeton), así como de la red de centros de estudios y think tanks (CFR, Brookings Institution, Inter-American Dialogue). Es, también, miembro del Consejo de Investigación del Foro Internacional de Estudios Democráticos del National Endowment for Democracy, la NED. Se especializa, entre otros campos, en globalización, gobernabilidad, América Latina y, con particular énfasis, en transiciones de gobiernos autoritarios hacia la democracia.
De este modo, como hablante principal (mas no el único), el lenguaje político y su sistema de señales queda claramente establecido. Y, de forma indirecta, el documento puede alcanzar un rango de oficialidad que difícilmente lo harían otros papeles de trabajo.
- Dato extra: Antony Blinken también es miembro del Wilson Center.
EL CONTENIDO
La premisa esencial del trabajo radica en que no existe otra vía para salir del «callejón sin salida» de la cuestión venezolana que no sea a través de un proceso de negociación, uno mediante el que se labren acuerdos que toquen «los intereses tanto del gobierno venezolano como de la oposición democrática» (p.4), advirtiendo que no se trata de fórmulas mágicas que resolverán los «resentimientos profundos entre venezolanos» o que garanticen una recuperación económica inmediata (p.5).
Por otro lado, el papel de trabajo señala que el nuevo objetivo de la oposición ya no es buscar el cambio de régimen acelerado sino que, tutelado por Estados Unidos, se presenta como una oposición que busca atender y resolver las «emergencias humanitarias», los derechos humanos, «la reconstrucción de la economía» y, en especial, un aspirado marco de gobernabilidad y consenso rumbo a unas elecciones (presidenciales, regionales y municipales, en 2024 y 2025) que sean «justas» y «monitoreadas internacionalmente», tal como afirma el documento del Wilson. El think tank se refiere como «la oposición» exclusivamente a la Plataforma Unitaria.
En esa medida, Loewenthal et al aseguran que cualquier escalada de «medidas coercitivas» no solo no se justifican, sino que «endurecerían las hostilidades» (p. 11). Igualmente, desde Estados Unidos, apuntan la necesidad de crear un apoyo bipartidista que definitivamente se aleje de la máxima presión para, en cambio, «alentar negociaciones, construir coexistencia, proteger los derechos humanos, facilitar una gobernabilidad democrática efectiva y promover la recuperación económica» (p.15).
Ya en este punto, si le agregamos además la implosión definitiva de la «estrategia Guaidó», Estados Unidos parece oficializar, en materia de formas, el final de la lógica operativa que signó los años de confrontación directa de la administración Trump.
Se puede afirmar que es un reconocimiento indirecto de una sucesión de fracasos que obligan al reconocimiento del Gobierno Bolivariano, y al presidente Nicolás Maduro, como actores innegables e imposibles de esquivar. Sin embargo, hasta aquí pudieran identificarse las premisas más o menos amistosas o de «humanización» del adversario. Pero a pesar de los atenuantes, se puede detectar que el campo semántico de la lógica del cambio de régimen permanece.
Se ve, con toda claridad, en dos elementos: el primero es la caracterización de «la crisis» y del gobierno, y en segundo por el objetivo final de las negociaciones.
En el primer elemento, se trata de un marasmo cuyos únicos supuestos responsables han sido los gobiernos chavistas, donde es urgente el papel de una «robusta sociedad civil» que participe del proceso a distintos niveles y la supervisión de la «comunidad internacional» para poder «reinstitucionalizar» (p.6) el desorden de un gobierno y un grupo de poder «atrincherado» (p.11), que todavía al día de hoy, según el informe, cierra medios, comete delitos ambientales, viola derechos humanos, etc.
En el segundo, el papel de trabajo no logra disimular del todo que el objetivo fundamental es una «transición política» (p.5) con una «transferencia de poder» (p.2), y la «reconstrucción» (p.14) política y nacional, luego en la búsqueda de la superación de un «período traumático que le ha hecho mucho daño a Venezuela, desestabilizado la región y dañado a millones de compatriotas» (p.20), de acuerdo a los cánones habituales del catecismo liberal, codificado en el marco ideológico del Partido Demócrata.
Así, en lo primero, el informe no solo recomienda, sino que ve conveniente que mientras continúe el proceso de diálogo y negociación, las «sanciones» no le sean levantadas a los principales actores políticos del chavismo y que, en caso de no avanzar, puedan rápidamente «reinstituirse» (snap back) a la hora de cualquier intransigencia, no sin antes recomendar mediante los actores internacionales en torno al diálogo un relajamiento aparente como «incentivo».
En ambos casos, ya en este punto, se puede afirmar que el informe abandona lo que pudiera tener de «novedoso» para reproducir los lugares comunes habituales, toda vez que lo aparentemente estratégico vuelve a ser sencillamente una serie de recursos tácticos de presión abierta.
Cualquier persona más o menos familiarizada con los métodos de resolución de conflicto entiende que una premisa esencial es que nadie «gane», y decididamente, este no es el caso: al menos como aspiración tiene un claro deseo de que una de las partes sea victoriosa.
Es, entonces, una discusión de método y formato, y no un cambio de paradigma en las relaciones.
Por debajo de las aparentes preocupaciones humanitarias y bienestar societario, opera el objetivo político central, el cambio de régimen, empleando de forma manifiesta su palanca central: las elecciones. Para ello, será necesario contrapuntear parte del contenido con otros elementos visibles y verbalizados desde otras instancias.
LA «HOJA DE RUTA» SIN ENVOLTORIO CONCILIADOR
El cambio de aproximación y de forma en la relación Estados Unidos-Venezuela y, dentro de eso los elementos de forma que efectivamente se han modificado, pudiera decirse que en cierta medida antecede al informe del Wilson Center, que por más elocuente, descriptivo e intelectualmente acabado que puede ser, tampoco se puede asumir como el alfa y omega del «plan» de la oposición tutelada.
La noción de las elecciones, en primer lugar, las presidenciales de 2024 y, al menos en principio, las regionales de 2025 como el punto de inflexión y la ventana overton para, ahora sí, alcanzar el cambio de régimen puede verse también en otros lugares de enunciación en materia de opinión y también en políticas de instituciones del sistema estadounidense con mayor continuidad o no sujetas a las contingencias, que pudieran incidir en momentos en la rama ejecutiva.
El 15 de septiembre de 2022, Marcela Escobari, Administradora Adjunta para América Latina y el Caribe de la USAID, ofreció testimonio al Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano sobre el «caso» venezolano.
Luego de establecer el mismo cuadro habitual sobre la «crisis venezolana» donde destaca sin sorpresa la migración, el «autoritarismo», la poca libertad de prensa, la corrupción, la ineptitud y la represión, la funcionaria cierra con la forma en que la USAID apostará a la «transición democrática» en Venezuela.
Vale decir que el retrato (y las fuentes) tanto de Escobari como del informe del Wilson son en esencia lo mismo, con igual piso de datos para establecer el discurso y justificar las acciones a tomar. Sin embargo, no es lo único en que coinciden, más allá de que el estilo destemplado y apocalíptico de Escobari marca considerable distancia con el de Loewenthal en el documento hasta aquí reseñado.
En tal sentido, Escobari afirma que son tres áreas desde donde la USAID busca operar hacia la «transición democrática» en Venezuela, teniendo también como centro a las propias jornadas electorales de 2024 y 2025. Siguiendo el mismo y exacto camino, donde el mejoramiento de las condiciones electorales es un principio regidor, la USAID deja claro, primero, que apoyará a la oposición.
Según Escobari, las elecciones «subnacionales» (sic), es decir, las regionales de 2021, demostraron que según esa lógica es posible valerse del recurso del voto a pesar de no ser libres, según ella, para demostrar que sí se pueden alcanzar objetivos por la vía electoral.
Graciosamente también afirma que la oposición se granjeó una victoria abrumadora con las elecciones de enero de 2022 en Barinas, pero eso es apenas un ornamento.
Lo que sí importa de su afirmación es certificar que para Estados Unidos y la administración Biden, la doble derrota electoral en Barinas es la demostración definitiva y palmaria del modelo a seguir. Esto, en materia de opinión, ha sido más o menos una constante que se puede encontrar, por ejemplo, en el plano de la opinión desde los medios del corretaje estadounidense.
Este es el punto central, que debe complementarse con los otro dos que también establece puentes con el documento del Wilson. El apoyo a «medios independientes» y a la «sociedad civil democrática» como la vía para mantener marcado y denunciado al gobierno, y, en esa misma dirección, lo mismo con los «defensores de derechos humanos que documentan la represión».
El Wilson Center, por su lado, recomienda, variando un poco el enfoque, la importancia de que en principio el gobierno y la Plataforma Unitaria «diseñen y acuerden sobre los procesos que documenten violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la supresión de las libertades democráticas y la grotesca corrupción», algo que, según recomiendan, debería hacerse en consultas «con activistas y defensores de derechos humanos tanto venezolanos como internacionales», así como las víctimas, sentando el piso para una presunta justicia reparatoria (p.17).
Para la USAID, que desde 2018, el año en que se abrieron las compuertas a través de la ONU a distintas modalidades de «ayuda humanitaria» como mecanismo en primer lugar de descompresión política, para septiembre de 2022 había anunciado el haber destinado 367 millones de dólares en «asistencia humanitaria adicional». En el mismo sentido, la NED declara, según su última rendición de cuentas (2021, en febrero publicarán la de 2022) haber destinado públicamente bajo sus estándares la abultada cifra de 4 mil 324 millones 293 dólares, toda vez que es un incremento de aproximadamente un millón de dólares respecto al año anterior.
Lo que pudiera establecer la interrogante de hasta dónde, en realidad, estos presuntos dividendos efectivamente están siendo destinados a asistir a personas en la precariedad extrema, en la inopia o la desesperación (que mucho tiene que ver con el también muy reconocido cuadro de depresión económica producto de las «sanciones») y cuánto, en realidad, se está destinando para el «robustecimiento» de esa «sociedad civil democrática», «defensores de derechos humanos» o «medios independientes».
Y aquí llegamos, en este momento de análisis comparado, a lo que quizás sea una de las premisas esenciales del documento del Wilson, que pasamos a citar in extenso:
«Parte de este esfuerzo [de construir condiciones para negociar y enrumbarse a la ‘transición’] debería ser en diplomacia pública: no el abrir conversaciones confidenciales al ojo público, pero de proveer informes periódicos que construyan confianza en los negociadores [de la Plataforma Unitaria y el Gobierno Bolivariano] y su trabajo. La oposición democrática no debería perder de vista la probable utilidad de organizar manifestaciones de calle, no para derrocar al gobierno, sino para aumentar el apalancamiento de la oposición. Combinando presión y concesiones, en distintas maneras en momentos diferentes, a veces es una estrategia valiosa para las negociaciones» (p.19).
Esta afirmación, naturalmente, nos obliga a contrastar los eventos más o menos por acumulación que se vienen manifestando desde los gremios y otras instancias de organización por sector de la sociedad venezolana en los últimos días, ofreciendo una profundidad de campo a dichos movimientos y acciones.
Acciones que, sí, tienen como base elementos concretos y tangibles de la realidad, como el valor del salario y por consiguiente las dificultades económicas, en un marco internacional donde se han anunciado muchos posibles pasos en materia de avances desde el diálogo, entre ellos la liberación de una cifra importante de fondos secuestrados que deberían destinarse, de forma coordinada, para aliviar dificultades en materia de educación, salud e infraestructura de servicios.
Ya en este punto se puede establecer la conclusión preliminar que no es la situación humanitaria lo que moviliza todo esto, sino los cálculos políticos en función de una lógica táctica de smart power que combine concesiones reales con mecanismos de presión en el marco del contexto pre-electoral, en un momento en que las instancias partidistas convencionales se encuentran francamente en crisis y reorganización, incapacitados de construir directamente una agenda y un clima político.
La creación de un clima político no-orgánico demanda un tiempo de maduración, y la dispersión por rencillas internas y demás factores de implosión de la actualidad no pareciera facilitarle la unidad de mando, la construcción de acuerdos o la armonización en la ejecución de una agenda específica, como se pudo labrar, por ejemplo, a lo largo de 2016 con la primera mitad de 2017 con un clímax que alcanzó lo insurreccional.
Los propios análisis de situación de algunas firmas de oposición admiten en términos más amplios un clima general de desmovilización, algo que según afirma por ejemplo el politólogo Ricardo Sucre Heredia, permea a todo el escenario nacional, así se exprese de maneras distintas y el chavismo demuestre otros elementos más movilizados o movilizadores.
Se sustenta Sucre Heredia en los últimos estudios de opinión de Delphos y Datanálisis realizados a finales del año pasado. Con todos los sesgos a considerar en esta clase de estudios, sin embargo, admite pasajes como estos, tomado de su último informe del 16 de enero:
«Otro resultado es que bajó la disposición a protestar contra el gobierno y por los servicios públicos. En el primero, de 41% a 21% entre julio y noviembre de 2022, y en la segunda, pasó de 55% a 37% respectivamente que explicaría porqué salieron de las noticias las protestas por los servicios. Ya no suenan mucho. En general, la gente no quiere salir a protestar».
A la luz de esta muestra, tanto del análisis como de lo presentado en él a partir del estudio de Delphos, se puede ir planteando la pregunta de dónde se encuentran entonces los motores de calentamiento de la calle en los últimos días.
Desde mediados del año pasado, con las reacciones y protestas del «instructivo de la Onapre», se ha evidenciado una gremialización de los conflictos. Estructuras que en su mayoría han sido históricamente controladas por partidos o elementos de la oposición, hoy, al menos en teoría, al margen de las estructuras partidistas de la dispersa oposición.
El año 2014 inició con un escenario que en ese aspecto en particular resuena: los partidos, en líneas generales, en franca retirada luego de la derrota electoral de las municipales de finales de 2013, pero que por la baranda actores antipolíticos harto conocidos, junto a estructuras preparadas y entrenadas para la ocasión, como el «movimiento estudiantil», lograron instaurar la reconocida agenda de violencia y conflicto.
Independientemente de que el propio discurso alrededor del «qué hacer» opositor y de Estados Unidos en este momento en líneas generales se enfoca en las negociaciones de cara a la cita electoral, las manifestaciones gremiales (hoy en día docentes), al menos en principio y en su núcleo organizativo, parecen tener un grado de organización y método que rebasa el cuadro de acciones espontáneas.
En algunas regiones del país, donde parecieran tener mayor efecto movilizador, estos programas de acción fueron programados para acciones durante toda la semana, en varios municipios, con distintos grados de intensidad y alcance, y en la búsqueda de la constitución de comités de conflictos, en esta oportunidad «en todas las instituciones educativas», buscando acumular fuerzas y canalizar de malestar con perspectivas de base más amplia.
En estos tres niveles estudiados, el del think tank, el del organismo estatal estadounidense y el que se refleja de forma incipiente y aún algo disgregada en la calle, parecieran ir esbozando entre el piso doctrinario y la acción directa, el piso político o bien para ir engranando mecanismos de presión, o bien, quizás, con objetivos y fines no manifiestos, pero tampoco descartados en materia de conflictividad, todos, los tres analizados, con el fin «superior» del cambio de gobierno y de forma más ampliada, de régimen histórico y sociopolítico.
«Ninguna ruta está exenta de riesgos dentro de circunstancias tan conflictivas. Aún así los riesgos de explorar por completo un camino hacia la gobernabilidad democrática, la coexistencia respetuosa y la recuperación económica de Venezuela deberían tomarlas todos los actores relevantes, tras tantos años de polarización, represión y privaciones. El momento para un esfuerzo total para la negociación de soluciones a las múltiples crisis de Venezuela es ahora. Ese es nuestro mensaje central» (p.23), remata el documento del Wilson Center.
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