Desde el Comité por los Derechos del Pueblo de La Vega lamentamos informar que el pasado 17.02.23
la jueza 9na de juicio del Área Metropolitana de Caracas, Eiling Valdéz, condenó, sin pruebas, a 5 años
de prisión a DARWIN RIVAS POLANCO por los delitos de porte ilegal de armas y agavillamiento, al
mismo tiempo que le concedió una medida de libertad bajo presentación cada 30 días. En el caso de
JOSÉ FÉLIX MAÍZ, quien también estaba siendo investigado en este proceso, se declaró extinguida la
acción penal como consecuencia de su fallecimiento el pasado 31.01.23 producto de las indignas
condiciones de reclusión en que se encontraba. Esta injusta y antijurídica decisión agrava las violaciones
a los derechos humanos que hemos venido denunciando en contra de nuestros muchachos, desde hace
casi dos años. Han sido víctimas de violación a sus derechos a la libertad personal (detención arbitraria),
a la justicia (siembra de evidencia, mora procesal, acusaciones fiscales y sentencias sin sustento
probatorio), a la integridad personal (condiciones indignas de reclusión) y, en el caso de JOSÉ FÉLIX
MAÍZ, a la vida. La violación a sus derechos ocurre porque, como señalaba el comandante Chávez, la
justicia en Venezuela es “clasista y racista”, es complaciente con los poderosos y con quienes tienen
dinero y se ensaña contra los pobres, lo que implica una violación estructural del derecho a la igualdad y
no discriminación.
HECHOS Y PROCEDIMIENTO QUE DIERON LUGAR A LA DETENCIÓN
DARWIN RIVAS POLANCO y JOSÉ FÉLIX MAÍZ fueron detenidos el 12 de junio de 2021 por separado en
el contexto del operativo policial, mal llamado, “Gran Cacique Guaicaipuro”, dirigido a desmantelar las
bandas de crimen organizado que operan en la parroquia La Vega y territorios aledaños.
DARWIN estaba dentro de su vivienda; en compañía de su madre, hermanas y otros familiares; cuando
la policía ingresó arbitrariamente, exigió a todas las personas sus cédulas y al enterarse que DARWIN
poseía antecedentes penales le exigieron acompañarlos a la patrulla en donde iban a “radiarlo”.
DARWIN no opuso resistencia a los funcionarios y salió de su casa con ellos mientras les explicaba que él
ya no le debía nada a la justicia y actualmente estaba trabajando como albañil. Los funcionarios hicieron
caso omiso a las palabras de DARWIN, lo montaron en una patrulla y se lo llevaron. Más adelante los
funcionarios policiales metieron en la patrulla a JOSÉ FÉLIX MAÍZ, a quien detuvieron mientras se dirigía
a comprar un kilo de arroz para sus hijos con un dólar que se había ganado por ayudar a algunas familias
de su comunidad a cargar agua. DARWIN y JOSÉ FÉLIX, no solo no estaban juntos, sino que ni siquiera se
conocían.
DESARROLLO DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA DE NUESTROS MUCHACHOS
De acuerdo con el acta de investigación penal, único medio de prueba en contra de nuestros
muchachos, a DARWIN y JOSÉ FÉLIX los detuvieron en una zona boscosa en posesión de un rifle
neumático, balas de fusil (no compatibles con el rifle neumático) y una pistola 9mm que, como se
demostró con la experticia realizada durante el juicio, no tiene capacidad de percutir por el grave
deterioro que presenta.
Importante es resaltar, además, que existen testigos que señalan que DARWIN y JOSÉ FÉLIX no fueron
detenidos en las condiciones que señalan los funcionarios, ni tenían armas ni municiones en el momento
de su aprehensión. Se trata de un caso de simulación de hechos punibles (siembra de evidencias)
producto, según testimonios de varios funcionarios de la PNB, de las cuotas de personas detenidas que
les exigieron sus superiores en el marco del mencionado operativo policial.
Las deficiencias en las técnicas de investigación penal explican que la policía, frente a la necesidad de
mostrar resultados en el combate a las bandas, termine recurriendo a la detención de personas
inocentes. Las políticas de seguridad cuyos indicadores de eficacia se miden según el número de
personas detenidas y/o muertas, lamentablemente, conlleva a este tipo de prácticas.
Este Comité ha señalado de manera reiterada que es un deber del Estado garantizar la seguridad
ciudadana a toda la población y, en consecuencia, combatir a las bandas que operan en estos territorios,
pero denunciamos que la forma de hacerlo no puede implicar la acción arbitraria del aparato penal
hacia personas inocentes. En esos casos, es el propio Estado quien, al vulnerar los derechos humanos de
los jóvenes de los sectores populares, agrava además su situación de inseguridad. Así, al despotismo de
los grupos armados se suma el despotismo de los cuerpos de seguridad y, en casos como el que
denunciamos, el despotismo de todo el aparato penal.
Hace un poco más de un año, el 17 de noviembre de 2021, el Juez 8vo de Juicio, Aquiles Vera, había
condenado a DARWIN y JOSÉ FÉLIX, sin pruebas que demostraran su culpabilidad, a 6 años de prisión
por el delito de porte ilegal de armas. Producto de la movilización de este Comité se logró que la
Defensa Pública tramitara un recurso de apelación. La Sala 6ta de Apelaciones conoció del recurso y lo
decidió a favor de los jóvenes, ordenando realizar nuevamente el juicio.
El 15 de agosto de 2022 se dio apertura al nuevo juicio, que consistió exclusivamente en escuchar los
testimonios contradictorios de los policías y exponer las experticias a las armas sembradas, que
demostraron su inoperatividad. El proceso fue interrumpido varias veces, por falta de comparecencia de
los funcionarios policiales citados y por problemas de salud de la jueza.
Entre tanto, la salud de JOSÉ FÉLIX sufrió un grave deterioro como consecuencia de las indignas
condiciones de reclusión en que se encontraba en el Centro de Detención Policial de San Agustín. En
noviembre de 2021 se le solicitó a la jueza 9na de juicio, Eiling Valdéz, una medida humanitaria, que no
concedió, a pesar de los evidentes signos que demostraban la urgencia de la atención médica requerida.
Ante el empeoramiento de los síntomas y la inexplicable inacción de los funcionarios policiales que
estaban a cargo de su custodia en el Centro de Detención Policial de San Agustín, el 20.01.23
trasladamos a JOSÉ FÉLIX, por nuestros propios medios, para recibir atención médica de emergencia.
Fue hospitalizado hasta el 31.01.23, fecha en que ocurre su muerte. El diagnóstico de JOSÉ FÉLIX, según
informe médico, fue sepsis, pancitopenia, candidiasis faringoeosofágica, síndrome de desgaste orgánica
y tuberculosis. Patologías en su mayoría asociadas a las indignas condiciones de reclusión en que se
encontraba. El Estado que lo privó arbitrariamente de su libertad, también lo privó de su vida, al
incumplir el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala que: “El
Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”.
El 17.02.23, finalmente se realiza la última audiencia de juicio y pese a la falta de fundamento
probatorio y a las múltiples contradicciones que existen en las versiones rendidas por los funcionarios
que actuaron durante el procedimiento, la jueza 9na de juicio, Eiling Valdez, decidió condenar a 5 años
de prisión a DARWIN RIVAS POLANCO por los delitos de porte ilícito de armas y municiones y
agavillamiento, contrariando de manera flagrante la Sentencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal
Supremo de Justicia No 225 de fecha 23-06-2004, ratificada en la Sentencia No 167 de fecha 21 de mayo
de 2012 en virtud de la cual se establece: “El solo dicho de los funcionarios policiales, no es suficiente
para inculpar al procesado, pues ellos, solo constituye un indicio de culpabilidad”. En el caso de JOSÉ
FÉLIX MAÍZ, se declaró extinguida la acción penal como consecuencia de su fallecimiento.
¿POR QUÉ SE CONDENA A UN CHAMO POBRE PESE A SU EVIDENTE INOCENCIA?
Quienes conformamos el Comité por los Derechos del Pueblo de La Vega, militantes y base social de la
Revolución Bolivariana, nos preguntamos cuál es la razón por la que se decide condenar a un joven del
barrio por unos delitos que no cometió, pese a la evidente falta de pruebas en su contra y la certeza de
los operadores de justicia sobre su inocencia. ¿Qué explica que cometan tal injusticia? ¿Quién o qué
gana con este fracaso de la justicia? Sin duda, sigue ganando el orden desigual e injusto que la
Revolución Bolivariana se propuso transformar. Sigue ganando la policía corrupta y violadora de los
derechos humanos que Chávez se propuso reformar desde 2006. Sigue ganando un poder judicial al
servicio de poderosos y del capital y de espaldas al pueblo. Los responsables políticos, fiscales,
defensoriales y judiciales de esta sentencia nadan a contravía de los objetivos igualitarios y radicalmente
democráticos de la Revolución Bolivariana. Esta sentencia reproduce la desigualdad de clase que
denunció el comandante Chávez y pretende desmoralizar y desmovilizar a los sectores populares que
luchan por sus derechos. En el Estado, sin embargo, hemos conseguido solidaridades con nuestra lucha,
hermanas y hermanos de clase que investigaron el caso, comprendieron la inocencia de nuestros
muchachos, se indignaron por la injusticia y actuaron a su favor. Su acción y la nuestra no fue suficiente,
pero la lucha por la justicia se mantiene abierta.
Entendemos que, por ahora, no hemos logrado los objetivos: perdimos a uno de nuestros muchachos en
indignas condiciones de reclusión y otro fue condenado pese a una total ausencia de pruebas. Pero no
nos detendremos hasta lograr justicia. Lo mejor que este pueblo ha logrado, en el marco de la
Revolución Bolivariana, ha ocurrido cuando se mantiene movilizado por sus derechos. Así lo aprendimos
con Chávez y así continuaremos, junto a todxs lxs que tienen “hambre y sed de justicia”.
¡En La Vega nos siguen faltando 5!