El nuevo «campo de lucha» de las ONG venezolanas son los efectos negativos de las 502 medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos y la Unión Europea contra Venezuela (Foto: Archivo)
UNA CARACTERIZACIÓN
En todo el mundo hay grupos y organizaciones que se presentan como independientes y sin ánimo de lucro, en las que no participa el Estado y que pretenden incidir en la vida pública a través de la gestión independiente de asuntos sociales, de desarrollo económico o en relación con los derechos humanos. Así son definidas las llamadas Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Vale la pena revisitar las luces y las sombras de estas instituciones para así poder caracterizarlas y dar un marco de comprensión para entenderlas, cuáles son sus propósitos, sus estructuras y sus límites.
QUÉ SON
Se trata de entidades de carácter privado que hacen sinergia con proyectos comúnmente llamados «de cooperación» y son financiadas por gobiernos y corporaciones, aunque su nombre intente reflejar otra cosa. Cuando se habla de cooperación, se refieren a un interés por «garantizar el bienestar público»; así lo define la ONG Oxfam.
El formato actual con que se conocen surgió a inicios de la década de 1960 a partir de diversos grupos de expertos y voluntarios con preocupaciones sociales, económicas, ambientales, culturales y de diversa índole, especialmente en regiones del mundo con mayorías marginalizadas. Sin embargo, periodistas y analistas como Aram Aharonian, que han seguido la pista a este tipo de organizaciones, plantean que forman parte de estrategias contrainsurgentes no militares.
Respecto a ellas, dice el artículo 71 de la Carta de la Organización de Naciones Unidas:
«El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales que se ocupen en asuntos de la competencia del Consejo. Podrán hacerse dichos arreglos con organizaciones internacionales y, si a ello hubiere lugar, con organizaciones nacionales, previa consulta con el respectivo Miembro de las Naciones Unidas».
A diferencia de las instituciones gubernamentales, cuentan con relativa autonomía y libertad porque pueden definir sus métodos y ritmos de trabajo. Buena parte de ellas responde más a intereses, tendencias, modas y mitos que a las necesidades de los grupos sociales que reciben su apoyo. Así justifican el empleo de los fondos y obtienen resultados inmediatos y espectaculares.
Algunas de sus limitaciones:
- Proyectos de promoción de técnicas (como energías verdes o agricultura climáticamente inteligente). Se realizan con un enfoque de mercadeo, sin considerar realmente si corresponden con la necesidad de los grupos o con sus nociones de soberanía.
- Proyectos asistencialistas. Típicos de algunos organismos de cooperación privada que hacen donativos y fomentan una mentalidad de subsidiados entre los destinatarios y que, por otro lado, suelen competir deslealmente con la producción local.
- Proyectos de «desarrollo corporativo». Retoman la lógica productivista de los grandes aparatos de cooperación mediante la instalación de empresas que no toman en cuenta, por ejemplo, la lógica de los sistemas productivos del campesinado local.
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Asistencialismo y promoción de técnicas enfoque de mercadeo forman parte de la cooperación que promueven muchas ONG (Foto: Counterpunch)
Poseen gran influencia en las distintas instancias de gobierno y han escalado, junto con las élites transnacionales, a las asociaciones de múltiples partes interesadas (multistakeholder partnerships, MSP) que son espacios de mediación y participación donde ejercen la representación de los distintos sectores de la sociedad.
QUÉ NO SON
No se trata solo de entidades enfocadas en «enriquecer los procesos democráticos y satisfacer las necesidades de los ciudadanos» como lo pontifica la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Desde su auge en los años 1980 y 1990, durante la administración de Ronald Reagan y el fin de la guerra fría, sus campos de intervención se han diversificado: emergencia humanitaria, alimentación, derechos humanos o medio ambiente. Ello les permite imbricarse en las diversas facetas de la política interna de los países.
Un arsenal de organizaciones ha recibido sistemáticamente financiamiento de la Agencia de la USAID, de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) y sus satélites, Freedom House y Open Society Foundations de George Soros, todas vinculadas directamente con el aparato gubernamental estadounidense.
Parte de su metabolismo narrativo consiste en afirmar que no son organizaciones que se propongan «salvar» a nadie. Oxfam afirma que es todo lo contrario, se supone que sus «proyectos de ayuda al desarrollo» buscan erradicar las causas que hacen que miles de personas estén sumidas en la pobreza. De allí que términos como «empoderamiento», «incidencia pública» y «sociedad civil» sean monedas de curso legal en cuanto a estrategia se trata.
Aunque el discurso con que se conciben se muestra plural, en el plano real muchas de ellas no sostienen un enfoque neutral respecto al modelo económico que propugnan. Explica Aharonian:
«(…) no forman parte de la resistencia sindical, ni de las luchas barriales, ni de las organizaciones campesinas clasistas, ni de los sectores del pensamiento y la intelectualidad orgánica a un proyecto nacional, popular y antiimperialista. Por el contrario, concentran su actividad en proyectos privados locales, promocionando el discurso de la empresa privada en las comunidades locales a través de los microemprendimientos».
Así plantea la USAID su asociación con las ONG, dentro del modelo neoliberal y globalizador que intenta imponer Estados Unidos en el mundo. Los problemas que abordan, y que forman parte de las agendas de cooperación, siempre guardan relación con una determinada concepción unilateral sobre la organización socio-económica deseable y de inserción de los países que la reciben.
Muchos donantes tienen políticas que dictan las circunstancias bajo las cuales se puede realizar la cooperación. Por ejemplo, cuatro años después del terremoto en Haití de 2010, una proporción sustancial de los fondos estadounidenses para el desarrollo en el país todavía se canalizaban a través de empresas estadounidenses, en lugar de empresas haitianas. Aun cuando la razón pudo haber sido la corrupción de los locales, hubo un escándalo de fondos «extraviados» en torno a la Fundación Clinton.
El modelo de participación cívica basado en las ONG tampoco es neutral, como tampoco lo son los gobiernos que más lo promueven. En 2001, la orden ejecutiva 13.224 (Ley Patriota ratificada en 2004) del gobierno estadounidense estableció la prohibición de las transacciones con personas y organizaciones que el Poder Ejecutivo, no el Judicial, considerara asociadas con el terrorismo. Esto permitió al gobierno congelar los activos controlados o en posesión de estas entidades y de quienes las apoyan.
En contraposición, la USAID financió con 248 millones de dólares el «apoyo a la democracia» en la segunda mitad de 2022 en países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), conformado por los antiguos estados soviéticos Rusia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán y Uzbekistán. La administradora de la mencionada agencia, Samantha Power, aclaró que invirtieron solo 243 millones en todo 2021.
Estados Unidos ha luchado durante mucho tiempo para expandir su influencia y su poder blando en la CEI, por ello la USAID ha aumentado significativamente sus inversiones en la región, sobre todo en Armenia, Georgia y Moldavia, Estados periféricos de la CEI, donde los mayores beneficiarios de las nuevas subvenciones han sido las ONG y los medios de comunicación.
¿LIBRES?
Aun cuando la legislación de Europa y Estados Unidos está repleta de normas que dicen garantizar la libertad de asociación, las ONG no funcionan a discreción propia. El Comité de Ministros del Consejo de Europa emitió en 2007 la Recomendación 14 a los Estados miembros sobre la condición jurídica de las ONG en Europa y estableció como causa de terminación de su personalidad jurídica el que «haya cometido falta grave en el sentido de participar voluntariamente en actividades que sean incompatibles con los objetivos por los cuales se fundó la ONG (inclusive ser un organismo esencialmente no lucrativo)» (Literal 89).
Las normas internacionales relacionadas con requisitos de información y divulgación para ONG, emitidas por el Consejo de Europa en 2018, estipulan los deberes de los funcionarios públicos de revelar a alguna autoridad supervisora su pertenencia a ciertos tipos de ellas; también les obliga a presentar informes anuales de actividad, además de los estados financieros.
Vía Ley Patriota, un funcionario del gobierno estadounidense puede establecer multas y penas de prisión de hasta 15 años a quien dé apoyo material o recursos que se utilicen en actos calificados como terroristas. La pena puede ser perpetua si el funcionario considera que el acto provoca la muerte de una persona.
La regulación jurídica de las actividades de las ONG en el Norte Global busca crear registros que obliguen a la declaración de su existencia, sus actividades y sus fuentes de financiamiento, así como las relaciones que puedan mantener con otros sujetos, nacionales o internacionales. Además, para Europa la financiación de estas organizaciones está limitada por leyes «relativas a la financiación de elecciones y partidos políticos», como lo analiza un estudio sobre el estatus legal de las ONG.
CARRUSEL DE DINERO
La llamada cooperación internacional parte de que los países del Norte Global poseen una masa de recursos económicos, financieros, humanos, técnicos y militares que pueden ser transferidos al Sur Global, para que cada país «desarrolle capacidades y adopte acciones de política para resolver determinados problemas». La fachada altruista y humanitaria de aquellos países oculta que esos fondos provienen de la ganancia acumulada que han conseguido los países del Norte haciendo uso de los recursos de los países del Sur.
Así lo demuestra un estudio liderado por Jason Hickel, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), en España, que ha analizado la huella ambiental para calcular la escala y el valor del acaparamiento de recursos del Sur entre los años 1990 y 2015.
No hay igualdad de condiciones en el mundo oenegero. Un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reveló que 20% de las ONG concentran 80-90% de todos los recursos disponibles. Esto lleva a una competencia furiosa entre ellas para obtener fondos entre los donantes.
En Venezuela se han develado aspectos claves de cómo influyen en la política nacional y de la transparencia de sus acciones. El pasado martes 31 de enero, Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales del partido Alianza del Lápiz, denunció el destino de los 1 mil millones de dólares de supuesta ayuda humanitaria que reveló el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en su último libro Nunca cedas ni un centímetro:
«Nosotros revisamos informes de la USAID en los que se revela que este organismo de cooperación deja en evidencia que, de 100% de los recursos asignados por concepto de ayuda humanitaria, apenas 2% llegó a personas que realmente lo necesitaban. Es decir, apenas 2% de los 1 mil millones que decía Mike Pompeo en el libro tuvieron la capacidad de llegar a la gente. El otro 98% no es auditable, se perdió en el camino».
La nueva avanzada de las ONG en Venezuela no solo privilegia el asunto de los derechos humanos sino que se ha comenzado a ampliar el espectro hacia otras áreas como ambiente, salud, gremios, género, asistencia social, activismo LGBTIQ+, entre otros. Esta tribuna ha analizado cómo han intentado ejercer presión social convirtiendo en «campo de lucha» los efectos socioeconómicos sufridos por la población trabajadora a consecuencia de las 502 medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos y la Unión Europea contra Venezuela a favor de una agenda que podría volcarse a lo destituyente, o al menos hacia la creación de una masa crítica a la gestión gubernamental de los efectos de la guerra continuada.
Detrás de los circuitos financieros establecidos para el funcionamiento de las ONG, habita la visión de un Sur que requiere ser «civilizado»; esta visión legitima la intervención y la injerencia.
Ya es costumbre que muchas de estas organizaciones formen parte de las ofensivas de las élites globales contra gobiernos, organizaciones y personalidades políticas para intentar asegurar la unipolaridad del orden global. Aunque dicho orden presuma estar «basado en reglas», queda la pregunta sobre quién las impone y cómo las hace cumplir.
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