Carlos Dürich, TatuyTv
La palabra indignación hace referencia, como señala su línea etimológica, a la unión compuesta del prefijo in (negación, ausencia, suspensión) y a la palabra latina dignus (mecedor de respeto, de acción o de ejercicio); en tal sentido la indignación se podría describir como la sensación apremiante de habitar el mundo condenado a la falta de respeto, a la imposibilidad de acción y a la ausencia de ejercicio. En resumidas cuentas, habitar el mundo excluido de la posibilidad de dotarse a sí mismo o su colectivo de historia y destino propio.
La indignación, como dice Dussel, representa el grito de una conciencia ético-política que despierta ante un evento tan impactante que estremece sus más integrales condiciones[1]. Indignarse es reaccionar con irritación ante un hecho plena y absolutamente desconcertante, que elimina cualquier posibilidad de acción o influencia de nuestra parte. Es la forma más visceral en la cual reaccionamos a la exclusión de nuestro propio mundo y de nuestra historia.
Esta sensación de irritación y alienación de nuestra realidad es lo que sentimos muchos de nosotros ante la reciente trama de corrupción rebelada en los últimos días, una trama que compromete a distintos funcionarios de diversas jerarquías y responsabilidades en la función pública.
La lista incluiría, diputados, alcaldes, jueces, abogados, superintendentes, exministros, militares y empresarios. Cabe destacar que nuestra indignación no se formula contra el ataque a la corrupción, acción absolutamente coherente y consonante con nuestras leyes y los valores éticos del proceso bolivariano.
La indignación por la incapacidad de acción
La indignación remite al entramado de una de estas colusiones de corrupción, me refiero a la que incluye a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP) y el sistema de comercialización de Petróleos de Venezuela (PDVSA), los cuales, según datos extraoficiales, habrían generado un desfalco de entre 3000 a 5000 millones de dólares para la república.
Como si esto fuera poco, también se reveló, que PDVSA habría facturado ventas por un monto superior a los 25 mil millones de dólares, desde enero del 2020 hasta marzo de 2023, esto a pesar de que en las memorias y cuentas entregadas por el presidente de la república entre 2020-2022 PDVSA solo registra ingresos por el orden de los 7.2 mil millones de dólares.
De los 25 mil millones facturados por PDVSA solo se habrían confirmado la recepción de poco más de 4 mil millones en pagos, acumulándose más de 21 mil millones de dólares en cuentas por cobrar. Esta anomalía se debería a los nuevos mecanismos de comercialización utilizados desde el 2020 para tratar de esquivar las sanciones que pesan el crudo venezolano, sin embargo esta metodología habría permitido la apropiación ilícita de recursos por la mafia de SUNACRIP y PDVSA.
La primera razón de mi indignación remite a la sensación de incapacidad de generar acciones para frenar el saqueo de PDVSA. Hay que recordar que desde el 2017 hasta la fecha, según datos otorgados por el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, se han judicializado y procesado veintisiete tramas de corrupción en PDVSA con casi 200 ejecutivos detenidos.
Lo que significa que esta nueva trama sería la número veintiocho en tan solo 6 años, promediando más de 4 intervenciones al año por corrupción en PDVSA desde el 2017. Hay quienes podrían interpretar estos datos como la muestra evidente de una política implacable contra la corrupción, porque después de todo, entre más corruptos se meten presos, más eficientes se es en eliminar su flagelo, pero eso sería caer en demagogia, porque el ataque a la corrupción no solo consiste en castigar el delito, sino fundamentalmente en prevenirlo.
Luchar contra la impunidad no consiste únicamente en ser certeros en desmontar y judicializar las tramas de corrupción, amerita también crear estructuras, mecanismo y metodologías que permitan auditar a la empresa, que permitan la participación de amplias mayorías en el análisis de la información contable, comercial y financiara de forma transparente y clara.
La indignación de no poder ejercer control
Esto nos lleva a la siguiente razón de la indignación, la imposibilidad del ejercicio auditable. En el caso específico de PDVSA tenemos 7 años sin contar con un informe de memoria y cuenta, desconocemos cuánto cuesta producir un barril de petróleo, cuánto producimos y bajo qué convenios lo hacemos. Desconocemos el estado de las empresas mixtas y hasta el día de hoy sigue sin ser público el convenio firmado entre PDVSA y Chevron en diciembre pasado.
La gran mayoría de los venezolanos desconocíamos los nuevos mecanismos de comercialización del crudo que PDVSA está ejecutando, a pesar de que el petróleo es un bien de la nación, la nación carecía de esta vital información, incluso las autoridades que tenían la responsabilidad de divulgar dicha información jamás lo hicieron.
Un mes antes de rebelarse las irregularidades en la comercialización de PDVSA, El diputado William Rodríguez, presidente de la subcomisión de Hidrocarburos de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional (AN) advertía, refiriéndose a la comercialización de petróleo, “hemos tenido que tercerizar, hemos tenido que buscar buques como lo decimos en el lenguaje petrolero “fantasmas” que tienen que apagar los GPS internacionales para hacer los trasbordos para poder comercializar nuestro crudo, con las sanciones nosotros hemos tenido que inventar cosas y bueno… algunas han salido mal otras han salido muy bien”
Jamás se especificó lo que estaba saliendo mal, jamás se le dijo al país que literalmente los intermediarios se estaban llevando el petróleo sin pagar, lo único que se nos dijo fue que el petróleo tenía dificultades de comercialización por culpa de las sanciones y que se estaba haciendo algo y que “en silencio se tenía que hacerse”. De forma irónica, precisamente por “hacerse en silencio” hemos llegado hasta acá, con la indignación de no tener la posibilidad de ejercer auditoria sobre el silencio.
La indignación por el irrespeto a los valores de la revolución.
Es obvio que los actos de enriquecimiento ilícito, el uso de tráfico de influencias, el cobro de coimas y demás actuaciones desviadas de las responsabilidades y fueros públicos, son perfectamente reprochables, como también es evidente que tales acciones contravienen los valores y principios de todo cuadro revolucionario, tanto en responsabilidades de dirigencia como de gestión.
Es inobjetable la traición que este tipo de acciones heredadas de los viejos antivalores individualistas del capitalismo refleja frente al ideal bolivariano de construcción del bienestar común. Pero también es cierto que los mecanismos turbios y opacos que han florecido a la sombra de las sanciones, tanto desde el marco legal como por debajo de él, han erosionado los pilares del proceso bolivariano. A saber, el protagonismo y la participación del pueblo en el ejercicio de gobierno y en las grandes decisiones de la nación.
¿El pueblo conoce la forma en la que se comercializa su petróleo? ¿Tiene hoy posibilidad de tener alguna participación o protagonismo en la defensa de su costo, en las formas de auditoria? ¿O ha sido el silencio el único participante y protagonista? ¿No hay alternativa para el pueblo? Estas mismas preguntas se podrían hacer de forma transversal a la actual forma de gobernar y de ejercer la política. Creo que sería necesario y honesto hacer estas preguntas, sobre todo de cara a empujar y fortalecer la revolución.
Cabría en este punto citar al compañero Álvaro García Linera, quien al referirse a una revolución en marcha señala:
“Existen posibilidades de una revolución social en marcha si los modos organizativos del pueblo en acción superan la cáscara fosilizada de la democracia representativa e inventan nuevas y más extendidas maneras de participación plena de las personas en la toma de decisiones sobre los asuntos comunes. Existen tendencias socialistas si la revolución genera mecanismos que incrementan por oleadas y exponencialmente la participación de la sociedad en el debate, en las decisiones que le afectan; y, más aún, si estas decisiones que toman, las toman pensando en el beneficio colectivo, universal de toda la sociedad y no solamente en el rédito individual o corporativo” Sobre esta reflexión la indignación debe convertirse en audacia e ingenio para aportar en el fortalecimiento del proyecto bolivariano. Cada caída es una oportunidad para levantarnos más fortalecidos. Esta coyuntura que sacude las altas esferas del gobierno debe dar pie a la ampliación
Artículo publicado en tatuytv.org: https://bit.ly/40zsQtE