Escrito por Andres Macias Tolosa 

El fracaso de los ceses al fuego es un golpe duro a la política de Paz Total, pero era un golpe previsible por la falta de reglas y protocolos bien definidos. El gobierno necesita cambiar su estrategia.

Los primeros pasos

La Ley 2272 de 2022, conocida como ley de Paz Total — que prorrogó el marco legal para que el gobierno nacional negociara con grupos armados ilegales— sentó las bases para la política de paz de la administración Petro.

En ese momento el gobierno resaltó la importancia que se les daría a los procesos de diálogo, negociación, sometimiento a la justicia y desmantelamiento de grupos armados organizados, lo cual dio origen a las esperanzas o las expectativas de la población y de los propios actores armados.

El gobierno había logrado una victoria temprana, que fue el anuncio de la reapertura   de conversaciones con el ELN en octubre de 2022, lo que para muchos fue un buen augurio de lo que estaba por venir.

Un hito posterior fue el anuncio del gobierno a comienzos de 2023, de un supuesto acuerdo de cese bilateral de hostilidades con cinco grupos armados: el ELN, las disidencias de la Segunda Marquetalia, las disidencias del Estado Mayor Central, el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada.

Pero lo que en su momento se anunció con bombos y platillos, resultó ser el comienzo de una serie de tropiezos que han ido desdibujando un proyecto de paz ambicioso —tal vez demasiado ambicioso— que puede quedarse en el papel y en el discurso, ya que su puesta en marcha se ve cada vez más difícil y complicada, tal como lo han demostrado acciones ofensivas y anuncios recientes de estos grupos.

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Sin acuerdos previos, sin reglas claras, y sin verificación

Cuando el gobierno anunció los ceses al fuego bilaterales, inmediatamente salió a la luz pública que dichos ceses no habían sido formalmente acordados con todas las partes involucradas. El ELN fue el primero en manifestarse contra la afirmación del gobierno e indicó que el cese era solo una propuesta.

Pero lo que en su momento se anunció con bombos y platillos, resultó ser el comienzo de una serie de tropiezos que han ido desdibujando un proyecto de paz ambicioso -tal vez demasiado ambicioso- que puede quedarse en el papel y en el discurso

Tal situación puso en aprietos el principal logro del gobierno hasta ese momento: el proceso de negociación con ese grupo entró en crisis y se tuvo que recurrir a reuniones de emergencia para salvarlo. Ese fue el primer susto y llamado de atención, pero parece que no se aprendió la lección.

Y es que un cese al fuego sin reglas claras no se puede poner en marcha. Para que este funcione, los actores deben tener certeza sobre cuáles acciones, armadas o no, van a dejar de realizarse y cuáles otras se podrán mantener en el terreno. Eso debe quedar plasmado en unos protocolos que las partes se comprometen a cumplir y que un tercero debe entrar a verificar.

Precisamente allí había otro vacío: en el momento del anuncio de los ceses de hostilidades no se habían diseñado los mecanismos de monitoreo y verificación de los protocolos.

Meses después del anuncio del gobierno nacional, aún no había protocolos y tampoco se habían puesto en marcha los mecanismos de monitoreo y verificación: por ejemplo, el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC se instaló apenas a finales del mes de abril.

Pasó lo que tenía que pasar

No resulta sorprendente que pocos días después de la instalación del mecanismo, el gobierno nacional tuviera que anunciar la suspensión del cese debido al asesinato de cuatro indígenas menores de edad, en el Putumayo.

Tampoco sorprende que ese grupo armado respondiera denunciando que había sido la fuerza pública quien violó el cese desde un comienzo, ya que en varias ocasiones habían adelantado acciones ofensivas armadas en su contra.

Ese rifirrafe demuestra lo frágiles que eran los ceses bilaterales que el gobierno tenía en mente, al no tener protocolos claros y mecanismos de verificación instalados. Pero, además, lo insostenibles que estos ceses iban a ser en el corto plazo, debido al complejo contexto de violencia que vive el país.

Los ceses bilaterales, por su misma naturaleza, estaban dirigidos a reducir la violencia directa entre los grupos armados organizados y la fuerza pública, y en algunos casos la violencia directa contra las comunidades, pero no lograrían reducir la violencia horizontal, entendida como la violencia entre los mismos grupos ilegales.

Entonces, estos podrían enfrentarse entre ellos sin que eso configurara una violación de los ceses bilaterales. Y así ocurrió: los enfrentamientos han persistido y aumentado por el interés de esos grupos en asegurar su control territorial y dominar las rentas derivadas de las economías criminales en muchas zonas del país.

Ahora bien, en medio de esa confrontación, la población civil seguía siendo una víctima de la violencia. La misión constitucional de la fuerza pública es protegerla, así que las fuerzas militares y de policía estaban llamadas a intervenir en todo momento, — violando potencialmente cualquier cese bilateral de hostilidades que estuviera vigente —.

Por cualquier lado, era inevitable cometer una infracción a los ceses tal como se diseñaron, lo que los hacía insostenibles desde un comienzo.

Es cierto que los incidentes armados entre enero y abril de 2023 se redujeron considerablemente en comparación con años anteriores, pero apenas aquellos que se daban entre la fuerza pública y los grupos armados ilegales.  Tal situación ha reducido el número de uniformados víctimas de esa violencia, y ese es un punto que el gobierno ha querido resaltar como un resultado positivo.

Sin embargo, ese es un resultado agridulce, ya que la violencia horizontal no cesó y los grupos armados organizados, al ver reducido el riesgo de ser afectados por acciones ofensivas de la fuerza pública, han logrado fortalecerse. Además, las masacres han persistido y las afectaciones humanitarias a la población no han parado.

Lo que debe seguir

Con la suspensión del cese de hostilidades con las disidencias del Estado Mayor Central, solo quedan vigentes dos de los cinco ceses anunciados por el gobierno nacional. Es decir que el objetivo que tenía ese segundo gran hito del gobierno en su política de Paz Total, que era reducir los niveles de violencia en el país, se ha visto frustrado.

El gobierno nacional debe por tanto reevaluar los ceses bilaterales que aún persisten, aprendiendo rápidamente de los errores cometidos con los procesos que ya se suspendieron.

Y es que un cese al fuego sin reglas claras no se puede poner en marcha. Para que este funcione, los actores deben tener certeza sobre cuáles acciones, armadas o no, van a dejar de realizarse y cuáles otras se podrán mantener en el terreno. Eso debe quedar plasmado en unos protocolos que las partes se comprometen a cumplir y que un tercero debe entrar a verificar.

Por el otro lado, debería reactivar con la mayor contundencia posible, las acciones armadas ofensivas contra los demás grupos armados organizados que no han mostrado una clara voluntad de paz.

En estos meses de una débil ejecución de la política de Paz Total, el gobierno ha perdido la posibilidad de imponer las condiciones de negociación y acercamiento con los grupos ilegales, y debe hacer lo posible por recuperarla con mucha rapidez.

Para ello, es vital aumentar la presión militar contra los grupos armados organizados, que los lleve a sentir que la mejor salida es retomar los acercamientos con el gobierno.

Asimismo, es fundamental que, tan pronto como sea posible, se logren nuevos resultados positivos en el camino hacia la Paz Total —como lo fue en su momento el restablecimiento de las negociaciones con el ELN—, para que no se agote el respaldo que aún le queda al gobierno nacional entre la población colombiana.

Si bien los ceses bilaterales al fuego están al borde del fracaso —un fracaso anunciado—, aún hay tiempo para que la política de Paz Total no caiga en el mismo abismo. Es necesario robustecer el liderazgo civil de la fuerza pública para enfrentar a los grupos armados organizados y recuperar el poder de negociación que se necesita para avanzar en el camino a la paz.

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ANDRES MACIAS TOLOSA

*Ph.D. en Estudios de Paz y Conflicto de Tokyo University of Foreign Studies en Japón, investigador de la Universidad Externado de Colombia.