Sectores de la población se han movilizado para manifestar su respaldo al presidente Gustavo Petro y a las reformas que impulsa.
Petro denunció que la oposición y parte de la institucionalidad emprendieron una campaña de persecución jurídica y política contra el Pacto Histórico.
El pasado 14 de febrero, el presidente colombiano Gustavo Petro presentó ante la opinión pública un grupo de reformas legislativas (trabajo, salud y pensiones) para defender los derechos de la población, explicando que no son las únicas ni las últimas, pero todas buscan construir democracia y paz total.
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Subrayó que “el derecho universal es para todos y para todas (…) Se denomina así porque nadie puede ser excluido. El derecho no es para quien pueda pagarlo”.
El jefe de Estado añadió que el cambio que Colombia necesita no se puede lograr sin el pueblo, que será más profundo a medida que participe en él la mayoría de la sociedad.
Propósito social de las reformas
Desde los actos de campaña, Petro precisó que las reformas pretenden crear mejores condiciones de vida para todos y recuperar derechos refrendados en la Constitución, pero no cumplidos.
La reforma a la salud busca “crear un fuerte sistema de atención primaria y preventiva, que no existe en Colombia en realidad, y poderlo ampliar a todo el país”, valoró Petro, así como restar peso a prácticas que inciden en la mercantilización de los servicios sanitarios.
La reforma de pensiones procura ampliar la cobertura para que todos los colombianos tengan derecho a una renta básica, incluso sin haber aportado suficiente en salarios. Con el sistema existente hoy, solo obtiene una pensión uno de cada cuatro colombianos.
En cuanto a la reforma laboral, se busca establecer una jornada laboral de ocho horas al día, el pago de horas nocturnas, la equiparación salarial entre hombres y mujeres, priorizar la contratación a tiempo indefinido y eliminar el acoso laboral y sexual en el entorno de trabajo, además de otros pasos para incrementar la productividad.
Debatir, consensuar, construir juntos
Petro convocó a los sindicatos y a los gremios empresariales a debatir las reformas a través de espacios de concertación, de modo que avancen al Congreso con amplio consenso y construcción colectiva.
Fueron presentadas al Legislativo como resultado de un análisis inclusivo y conectado a la realidad.
Durante los últimos meses no faltaron espacios de convocatoria para que el pueblo las respalde, como las movilizaciones en el ámbito nacional ocurridas el 16 de marzo, el 1° de mayo y este 7 de junio.
La derecha mueve sus piezas
Dado el sentido social y democrático de las reformas, desde el principio quedó claro que se opondrían a ellas los grandes intereses económicos y financieros, que han utilizado recursos políticos, comunicacionales y de otro tipo para frenarlas.
En lugar de sumarse al debate nacional aportando ideas y admitir que dichas legislaciones benefician al país, la oposición, el empresariado y los medios hegemónicos han explotado coyunturas para cuestionar al Ejecutivo y “vender” la tesis de que ha perdido legitimidad, de modo que con ello se congele el análisis de las reformas en el Legislativo.
Lo que la prensa hegemónica dice y lo que no
27 de febrero – Los medios corporativos cuestionan al presidente luego de anunciar que saldrían de sus cargos los ministros de Cultura (Patricia Ariza), de Educación (Alejandro Gaviria) y del Deporte (María Isabel Urrutia).
26 de abril – Petro solicita la renuncia protocolaria a su Gabinete. Con posterioridad, anuncia un nuevo Gabinete para seguir trabajando por el cambio.
5 de mayo – El Consejo de Estado anula la decisión del senador oficialista Roy Barreras, presidente del Congreso.
Luego de la denuncia hecha por un medio local, Petro exige al fiscal general, Francisco Barbosa, información sobre graves violaciones de derechos humanos (DD.HH.) cometidas por el Clan del Golfo y de las cuales la Fiscalía habría tenido previo conocimiento.
En este caso, los medios también vendieron la idea de que Petro es contrario a la independencia jurídica, a la separación de poderes y a la institucionalidad, así como que tiende al autoritarismo.
19 de mayo – La Cámara de Representantes del Congreso aprobó 93 artículos del proyecto de reforma de salud, equivalentes al 84 por ciento del texto normativo.
31 de mayo – La reforma laboral se presenta a primer debate en la comisión séptima de la Cámara, pero no dispuso del quorum necesario para iniciarlo.
Mientras ello ocurre, medios colombianos difunden que el exembajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, y la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia, están presuntamente implicados en un caso de abuso de autoridad y escuchas telefónicas.
3 de junio – Petro confirma la salida del Gobierno de Benedetti y Sarabia. Deja claro que su Gobierno no ordenó escuchas telefónicas ilegales, como hizo su predecesor, Iván Duque.
5 de junio – El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anuncia que se paraliza el debate en el Legislativo de las tres reformas hasta que “podamos no solo dialogar de nuevo, sino reconstruir la coalición de Gobierno y dar el trámite debido a discusiones tan importantes con esas”.
Además de subrayar que estaría en marcha un golpe blanco, Petro denunció que la oposición y parte de la institucionalidad, como la Fiscalía, emprendieron una campaña de persecución jurídica y política sin pruebas contra el Pacto Histórico.
Estos hechos se producen en momentos en que, en el ámbito nacional, bajaron la inflación, el desempleo, la pobreza multidimensional y la cotización del dólar, y el país reportó récord en inversión extranjera y mayores incautaciones de drogas.