Ninguna persona, organización política, social o religiosa, puede ser indiferente ante la violación de los Derechos Humanos. Su defensa resulta una postura ética y un principio de vida, una posición que define a la humanidad.
El respeto a los Derechos Humanos es hoy día un concepto aceptado universalmente, una conquista del hombre, una evolución avanzada respecto a la vida y Derechos Fundamentales, alcanzada luego de las traumáticas experiencias vividas a lo largo de su historia.
Tuvimos que transitar y algunas veces asistir a la barbarie de los imperios, la brutalidad de la conquista, la inquisición, el horror de la guerra, el nazi-fascismo y las trágicas experiencias de persecución, represión política, genocidios, limpiezas étnicas y religiosas, para finalmente alcanzar conciencia respecto a la importancia de los Derechos Humanos en el mundo.
A partir de allí, se han establecido definiciones y categorías precisas que han conformado el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, creando un Sistema Internacional de Defensa de éstos, cuyo asiento institucional radica en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tanto por intermedio de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, dependiente del Secretario General, como del Consejo de los Derechos Humanos, electo en el seno de la Asamblea General de la organización.
El Sistema Internacional de los Derechos Humanos ha identificado y diferenciado, de forma precisa y clara, la responsabilidad del Estado y de los individuos en la violación de los Derechos Humanos. No hay manera de que unos u otros traten de excusarse o enmascarar este tipo de delitos.
Tal vez, uno de los aportes más cercanos que tenemos los latinoamericanos, a lo que constituye la violencia del Estado, es el estremecedor informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), presidida por el escritor argentino Ernesto Sabato (Informe Sabato), titulado “Nunca más”, donde se registra, sistemáticamente, los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Jorge Videla, Eduardo Massera, Leopoldo Gartieri y el resto de la Junta Militar en Argentina entre 1976 y 1983, como parte de una política de Estado.
El Informe revela que no se trataba sólo de policías, torturadores y militares asesinos, sino que, las atrocidades contra el pueblo argentino, responden a la Doctrina de Seguridad y Defensa empleada por la dictadura en contra de los ciudadanos de ese país.
El Informe Sabato permitió, en 1985, la realización del juicio a los militares represores que lideraron la dictadura, conocido como el “Juicio a las Juntas”, cuya sentencia dictó condena a 5 militares, incluyendo condena perpetua a Videla y Massera (un relato que se puede observar en la película “Argentina 1985”).
Es a partir de estas experiencias, de la institucionalidad y el marco jurídico y conceptual de la Doctrina de Defensa de los Derechos Humanos, que se redactan Textos Fundamentales GARANTISTAS de los Derechos del Hombre –como nuestra Constitución– y se crean instituciones y organizaciones, como la Corte Penal Internacional, la cual es el resultado de la suscripción del Estatuto de Roma, del año 1998, del cual, nuestro país se hizo parte en el 2000, gracias a la visión y previsión del entonces Presidente Hugo Chávez.
Lamentablemente, toda esta institucionalidad y marco jurídico, son muy recientes en términos históricos; no llegaron a tiempo para detener la barbarie del fascismo, ni del franquismo, ni las atrocidades de Stalin en sus purgas políticas; ni los asesinatos perpetrados por la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana y Anastasio Somoza en Nicaragua; ni pudieron detener las matanzas de Campesinos en El Salvador y Guatemala, ni los crímenes de Lesa Humanidad cometidos en la Guerra de Vietnam y en las dictaduras del Cono Sur.
También, habría que decir que, deplorablemente, estos principios y conceptos se aplican con un doble rasero; es decir, hay casos donde las instituciones y gobiernos ceden ante las presiones políticas o guardan silencio ante crímenes, atrocidades y violaciones a los Derechos Humanos, donde el reconocimiento de estas vulneraciones depende de “quién” las comete. Así ha sucedido en Palestina, Irak, Irán, Afganistán, Siria, El Sahara Occidental, Colombia y las Monarquías del Golfo, entre muchos otros.
Esta realidad coloca a los líderes, partidos, gobiernos, instituciones y personas, ante la disyuntiva ética de denunciar o no la violación de los Derechos Humanos, dependiendo de posturas políticas o intereses particulares. Éste es el caso de Venezuela.
En nuestro país, la violación de los Derechos Humanos se ha convertido en una Política de Estado. No solamente lo ha declarado así la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la ex presidenta Michelle Bachelet, en su Primer Informe sobre la situación de nuestro país, de fecha 4 de julio de 2019; sino que, ha sido reafirmado y profundizado en tres sucesivos Informes de la “Fact Finding Commission” (Comisión para la Determinación de Hechos), ordenados por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, según resolución 42/25 , de fecha 27 de septiembre de 2019, la cual, desde entonces, ha sido renovada anualmente.
El Informe de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, es un documento muy importante y muy valiente, puesto que, no solo se realizó con base en la metodología establecida en el seno de las Naciones Unidas para evaluar estos casos, sino que, la ex presidenta chilena, es una figura muy respetada en América Latina y una persona de posiciones de izquierda, que sufrió en carne propia la violencia del Estado chileno durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Los tres Informes de la “Fact Finding Commission”, no solo responden a un MANDATO del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, sino que se basan, estrictamente, en los mismos procedimientos utilizados en otras situaciones, como es el caso, por ejemplo, de las violaciones de los DDHH en los territorios ocupados de Palestina, la dictadura de Pinochet en Chile o el golpe de Estado a Manuel Zelaya en Honduras, por nombrar algunos Informes. Es decir, en estos Informes, no hay sesgo, ni fueron hechos a la medida de Venezuela; su contenido y conclusiones son luego aprobados en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas .
Los Informes, abarcan tres aspectos fundamentales de la situación a la violacion de los DD.HH. en el país: el primero, recoge la denuncia de los casos; el segundo, establece la responsabilidad de la Fiscalía y el Poder Judicial, como instrumentos de la represión del gobierno; y, el tercero, identifica la responsabilidad y la cadena de mando directa de los distintos cuerpos represivos.
En el primero de estos Informes, que compilan más de 400 casos, producto de entrevistas con las víctimas, se identifica un Patrón de Conducta en los mismos, lo cual, constituye un elemento fundamental para establecer que la violación de los Derechos Humanos, responde a una Política de Estado.
Entre éstos patrones de conducta resaltan: las detenciones arbitrarias, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las persecuciones políticas, la represión selectiva, el control de altas autoridades sobre los organismos represores, existencia de centros clandestinos de tortura, desaparición temporal de personas, el “lawfare” (judicialización de la política) y el “Sippenhaft” (secuestro de familiares), entre otras.
Al menos en cuatro de estos patrones de conducta en la violación de los Derechos Humanos, mi familia y yo, hemos sido víctimas directas y permanentes de la violencia del gobierno, lo cual demuestra el ensañamiento de maduro y su gobierno en mi contra.
En su última arremetida –además de las agresiones judiciales contra mi esposa– se produce la detención arbitraria de mi hermano Fidel Ramírez, reconocido médico internista y gastroenterólogo, que nunca ha estado involucrado en cargos de gobierno, quien se encuentra secuestrado desde hace 9 meses en los calabozos de la DIGCIM, en Boleíta.
Mi hermano Fidel Ramírez, tiene por la medicina un apostolado, y ha estado al servicio del sistema público y privado por casi 40 años, salvando vidas y acudiendo al auxilio de quien lo requiriera, tal como hizo con el presidente Chávez en su momento.
El caso del secuestro de mi hermano, que responde a una clara retaliación política en mi contra (lo que configura el patrón identificado de la aplicación del método “Sippenhaft” nazi), es, además de injusto, un hecho muy grave, pues –como se ha señalado oportunamente al Fiscal y el Juez de la “causa”– mi hermano padece una enfermedad hereditaria que si no se atiende en un espacio y forma adecuada, puede resultar mortal.
De esta situación han sido informados las Organizaciones Internacionales de defensa de los Derechos Humanos, la ONU, la CPI y los gobiernos, presidentes y líderes de América Latina y Europa. Incluso, el mismo Nicolás Maduro y otros altos jerarcas del gobierno están al tanto de la situación y conocen a mi hermano Fidel.
La defensa de los Derechos Humanos, debe asumirse sin distingo de ningún tipo, como un asunto urgente, impostergable, humanitario, más allá de diferencias políticas, ideológicas, la intolerancia o –peor aún– de intereses circunstanciales.
Nadie debe guardar silencio ni mirar hacia otro lado. Nadie puede ser indiferente. No se puede invisibilizar ningún crimen, ninguna violación a los Derechos Humanos; no se puede mentir. No se puede, ni se debe, aceptar que existan torturadores buenos y torturadores malos, muertos buenos y muertos malos.
Esto es más grave aún cuando éstas posturas provienen de sectores de la izquierda o progresismo en países de América Latina como Argentina –víctimas de atroces crímenes de lesa humanidad– o de sectores de la izquierda venezolana o del chavismo. El discurso liberador, progresista, revolucionario, siempre ha sido contrario a la violación de los DDHH en nuestro país y en América Latina. Entonces, ¿Cómo es posible que ahora se guarde silencio, o se trate de invisibilizar o se pretenda ignorar estos hechos tan graves?
Lo que sucede en Venezuela es público y notorio, es inocultable:
En el país se han reeditado prácticas de violencia del Estado vergonzosas, crueles, que obedecen a intereses de grupos, intereses políticos y económicos, conductas absolutamente ilegales para reprimir y controlar a todo un pueblo, para imponer el miedo, para imponer un modelo económico brutal, empobrecedor, injusto, impopular, un modelo que no funciona, que solo ha traído pobreza y desesperanza en el país, un país del que huyen millones de venezolanos.
Allí están los nombres de las víctimas: Nelson Martínez, ex ministro de Petróleo, a quien dejaron morir en custodia, teniendo conocimiento de su precaria situación de salud y a pesar de los ruegos de su esposa y familiares para obtener una medida cautelar; allí está el caso del Capitán de Corbeta Rafael Arévalo Méndez, torturado hasta provocarle la muerte; también está el caso del Concejal Albán, lanzado desde el piso 10 del SEBIN, hecho que el fiscal Tarek William Saab negó mil veces; otro es el caso del General Raúl Baduel, héroe del 13 de abril, a quien dejaron morir de COVID en la “Tumba”.
Son solo cuatro casos, los más notorios, pero han muerto al menos 12 detenidos políticos en custodia del Estado desde 2019; se han reportado más de 14 mil ejecuciones extrajudiciales en los barrios de Caracas y del resto del país, cuando el FAES y otros cuerpos represivos arremetieron con una “limpieza social” a través de las llamadas operaciones “OLP”, administrando la pena de muerte; allí están más de 280 presos políticos de la oposición, más de 120 trabajadores de PDVSA y otras empresas del Estado, detenidos injustamente; allí están los oficiales y militares secuestrados; allí están los testimonios, ante la CPI, de 8.000 víctimas de la represión en el país.
El gobierno tiene que cesar la violación de los DDHH en el país, liberar a todos los presos políticos, a los familiares secuestrados, a los trabajadores y a los militares. Los factores políticos del país deben incorporar en su discurso el cese a la violación de los DDHH, que cese la persecución política, sin diferencias de ningún tipo, sean chavistas, sean opositores, civiles o militares.
La defensa de los Derechos Humanos debe asumirse como una posición de principios, una postura ética, humana, de rechazo a la violencia del Estado. Ninguna institución, ningún partido, ni líder político puede guardar silencio, nadie puede bajar la cabeza.
¿Dónde está la Iglesia Católica? ¿El legado del Padre Luis Ugalde? ¿Dónde están los periodistas y diputados valientes, como en su momento José Vicente Rangel y su denuncia del asesinato de Fabricio Ojeda o su “expediente Negro”?, ¿Dónde están las voces de los que ayer fueron víctimas de la tortura y la represión en la IV República? ¿Por qué el silencio, por qué la indiferencia?
Exigir el respeto a los Derechos Humanos, es exigir el respeto y la plena vigencia de nuestra Constitución, una de las más avanzadas y garantistas del mundo, hoy día violada permanentemente por el gobierno.
En la lucha por retomar el camino de la Constitución, el camino de la política, de la democracia y de la soberanía popular, pasa inexorablemente, como eje de acción, el respeto a los Derechos Humanos, el cese a la violencia, el cese de lo que configura una conducta fascista.
Como dijera el Arzobispo Oscar Arnulfo Romero antes de ser asesinado por escuadrones de la muerte en El Salvador “Les suplico, les ordeno, les ruego, ¡Cese la Represión!”, palabras que le costarían la vida, pero que lo consagraron como una voz de la conciencia humana en América Latina.