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Citgo recupera el control de sus acciones luego de dos años de litigios legales. Desde 2019, la compañía estaba bajo el control de la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó, pero la semana pasada lograron recuperar el control total. La empresa designó una junta directiva ad hoc de Pdvsa para supervisar la gestión de Citgo.
El conflicto se originó debido a un préstamo que Rosneft, una empresa rusa, hizo a Citgo a través de su subsidiaria Rosneft Trading. Los abogados de PDV Holding, propietaria de Citgo, presionaron a Rosneft para devolver el control de las acciones, argumentando que no se tenía conocimiento del estado del préstamo. Rosneft finalmente accedió a devolver el certificado de acciones.
La situación de Citgo aún no se ha resuelto por completo. La compañía enfrenta demandas de empresas expropiadas durante la presidencia de Hugo Chávez y de inversores que compraron bonos de Pdvsa. Estos acreedores buscan embargar a Citgo para cobrar sus deudas. El gobierno interino está en negociaciones con los bonistas y Crystallex, una empresa que busca cobrar una deuda relacionada con la expropiación de una mina de oro en Venezuela.
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Crystallex es el único acreedor con una medida de embargo inapelable y se espera que el juez inicie pronto el proceso de subasta de las acciones de Citgo. Otra empresa, ConocoPhillips, también busca embargar acciones de Citgo para cobrar una deuda. La junta directiva de Pdvsa está en conversaciones con ConocoPhillips y otros acreedores para llegar a acuerdos de pago.
A pesar de estos desafíos, Citgo registró una ganancia neta de 2.800 millones de dólares en 2022 gracias a inversiones inteligentes y al aumento de los precios del combustible. Sin embargo, si se ordena la subasta de las acciones de Citgo, el proceso podría ser largo y complicado.
El gobierno de Nicolás Maduro considera ilegal la decisión de embargar las acciones de Citgo y acusa a Estados Unidos de pretender apoderarse de la empresa. Maduro afirma que Venezuela no permitirá que Citgo sea saqueada y robada por intereses imperialistas. Las demandas contra el estado venezolano y Pdvsa suman un total de 21 mil millones de dólares, una cifra que requerirá una reestructuración de la deuda del país.
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