La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU presentó este 20 de septiembre su cuarto informe sobre las violaciones de los derechos humanos en el país y advirtió que el espacio cívico y democrático enfrenta serios ataques del gobierno de Nicolás Maduro.
En esta entrega la Misión también explica y detalla numerosos casos de arbitrariedades de cuerpos de seguridad, torturas y ejecuciones extrajudiciales, entre otras vulneraciones a derechos fundamentales en territorio venezolano.
Igualmente, documenta los continuos atropellos contra medios de comunicación y periodistas en el país, las inhabilitaciones políticas, las protestas por reivindicaciones laborales y la actuación poco eficiente de las instituciones judiciales.
Incluye hechos recientes de corrupción o violencia armada como el caso de malversación del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y los enfrentamientos entre el pueblo Yupka y militares a mediados de 2023.
Describe también la injerencia gubernamental en la Cruz Roja (con la designación de una junta interventora), alerta sobre la renuncia de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y enumera algunos de los obstáculos que ha enfrentado la oposición venezolana al organizar sus elecciones primarias, previstas para octubre de este año.
Tras presentar los hallazgos, la Misión exhortó al Estado a llevar a cabo investigaciones “rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes” necesarias para dar respuestas a los puntos que se mencionan en esta oportunidad. A continuación, Efecto Cocuyo identificó cinco claves fundamentales que contiene el informe:
1️⃣ Menos denuncias que en 2021
“En relación con el período posterior a principios de 2021, la Misión recibió menos denuncias de privaciones arbitrarias de la vida cometidas contra personas opositoras al Gobierno, o percibidas como tales; así como de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y violencia sexual”, apunta el informe.
No obstante, aclara la Misión, eso no significa que haya dejado de recibir casos de violaciones a derechos humanos en Venezuela. Agrega que las denuncias continúan llegando, especialmente de personas opositoras al gobierno de Maduro o señaladas como tales.
Entre enero de 2020 y agosto de 2023, registró al menos cinco privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración, 58 detenciones arbitrarias, 28 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas, incluidos 19 casos de uso de violencia sexual y de género contra hombres y mujeres.
2️⃣ Más represión contra ONG y activistas
La reducción del espacio cívico en el país es una de las principales preocupaciones de los expertos de la ONU. Señalaron que ahora los ataques gubernamentales están dirigidos a personas específicas, especialmente a los líderes sociales o los que ocupan un rol en la defensa de derechos humanos.
“Si bien la Misión ha recibido menos denuncias de este tipo de violaciones, las mismas se han llevado a cabo de manera más focalizada contra líderes específicos y conocidos de la sociedad civil, tales como periodistas, dirigentes sindicales y personas defensoras de derechos humanos, así como otros que sirven de ejemplo disuasivo a los disidentes”, reza el texto.
En el informe se menciona el caso de los seis sindicalistas condenados recientemente a 16 años de prisión, así como el de los trabajadores de las empresas siderúrgicas de Bolívar detenidos a principios de año por protestar por sus derechos salariales.
La Misión advierte que decenas de detenidos han sido víctimas de tortura, desapariciones forzosas y otros tratos crueles o degradantes. Asegura que los actos documentados por la misión incluyeron golpizas (especialmente en la
cabeza, las costillas, los glúteos, los genitales, las piernas y los dedos de las manos y los pies) y suspensión por las muñecas o los tobillos.
También hay testimonios asfixia con bolsas en la cabeza, a veces rociadas con insecticida, exposición a bajas temperaturas y baños fríos, quemaduras con cigarrillos, gas lacrimógeno, privación del sueño, incluida luz constante las 24 horas del día y música a alto volumen, celdas de castigo de espacio reducido que permiten sólo estar de pie y aislamiento prolongado.
“La misión recibió información sobre el uso de tortura psicológica, incluyendo amenazas de hacer daño a las parejas e hijos de los detenidos, imponerles mayores períodos o peores condiciones de detención, o someterlos a torturas o violación”, apunta el informe.
3️⃣ El caso de la Cruz Roja
En el apartado de la intervención judicial a organizaciones, la Misión determinó que el Estado venezolano toma parte de manera indebida en el funcionamiento de diferentes tipos de figuras asociativas, nombrando juntas directivas ad hoc.
Se refirió específicamente a la Cruz Roja, que fue intervenida por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el pasado agosto, a pesar de las múltiples quejas de decenas de miembros de la sociedad civil y las denuncias a instancias internacionales.
El informe indica que estas acciones “…no parecen estar justificadas por ningún motivo legítimo, en violación de la normativa internacional en la materia. La Misión observa que dichas intervenciones están orientadas a inmiscuirse en las actividades de dichas organizaciones, generando serias restricciones al espacio cívico, toda vez que la independencia de las asociaciones se ve severamente limitada”.
También advierte de otras acciones gubernamentales que afectan a organizaciones independientes, como obstáculos para registrarse legalmente o hacer trámites simples en instituciones públicas.
4️⃣ Continúan vigentes métodos de las Faes
Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron señaladas en años anteriores por la Misión debido a su papel en graves violaciones de derechos humanos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales en el marco de las operaciones de seguridad. Si bien fueron “disueltas” el año pasado, expertos de la ONU aseguran que solo adquirieron otro nombre.
Afirman que sus tácticas fueron heredadas a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la PNB, que fue creada a mediados de 2022.
“…la Misión tiene motivos razonables para creer que la DAET es el resultado de una transición de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) que operaron como componente de la Policía entre julio de 2017 y julio de 2022”, resume el informe.
Sostiene que la maquinaria de represión estatal no ha cambiado en esencia y que “está asociada a la incapacidad de la República Bolivariana de Venezuela para abordar los patrones previos de violaciones y las responsabilidades asociadas a la mismas”.
Puntualiza que la impunidad de cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policia Nacional Bolivariana (PNB), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) son un ejemplo de “la falta de voluntad de las autoridades nacionales para investigar y enjuiciar genuinamente esos crímenes”.
5️⃣ El gobierno se niega a cooperar
Finalmente, el informe puntualiza que el gobierno de Nicolás Maduro sigue sin cooperar en el transcurso de las investigaciones. No hay respuestas eficientes a los intentos de los expertos de la ONU de trabajar en terreno venezolano.
“La Misión lamenta que, transcurridos cuatro años de ejercicio de su mandato, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela aún no haya permitido que sus miembros ni personal de su secretaría visiten el país para poder llevar a cabo una investigación en el territorio venezolano”, especifica.
Así mismo, realizó un total de 24 recomendaciones al Estado, entre las que están llevar a cabo un análisis de la legalidad de las detenciones en los casos mencionados en los informes de la Misión y adoptar las medidas pertinentes para atenderlos de acuerdo con la ley vigente en el país y los principios del derecho internacional.
