Abogaron por la independencia del Poder Judicial
por Reynaldo Mozo Zambrano | @reymozo3 noviembre, 2023
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas culminó el V Examen Periódico a Venezuela con la publicación de una serie de recomendaciones al gobierno de Nicolás Maduro, en un documento de 13 páginas que se publicó este viernes 3 de noviembre.
Desde hace ocho años el Estado venezolano no se sometía a una evaluación con el Comité, que integran 18 expertos y se realizó en Ginebra, Suiza.
Después de dos audiencias públicas en la que los expertos criticaron el lenguaje de los voceros de Miraflores e incluso la actitud del fiscal general de la República, Tarek William Saab, las recomendaciones van desde preocupaciones por detenciones arbitrarias y torturas hasta el papel que desempeñan organismos como la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo.
Generalmente durante la publicación de las recomendaciones, el Comité de Expertos de Naciones Unidas escoge tres o cuatros para hacerle cumplimiento en un lapso de tiempo determinado. Un relator especial del organismo se encargará de evaluar si el Estado las cumple o no.
De las casi 50 recomendaciones realizadas por el Comité tras su evaluación final, el Estado deberá demostrar, el 3 de noviembre del año 2026, que implementó las mejoras en los siguientes tres aspectos fundamentales para el grupo de expertos: independencia del Poder Judicial, libertad de expresión y derecho a la participación en asuntos públicos.
🧑🏽⚖️ Independencia del Poder Judicial
La independencia del Poder Judicial preocupó mucho a los expertos del Comité. Esto quedó en evidencia durante las audiencias públicas que se realizaron en Ginebra.
En el párrafo 36 del documento publicado este viernes, instan al Estado a tomar medidas inmediatas para asegurar y proteger la plena autonomía, independencia e imparcialidad del Poder Judicial y el Ministerio Público, para así garantizar el libre ejercicio de sus funciones sin que se vean sometidos a ningún tipo de procesos o injerencia indebidas por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
“Debe proseguir sus esfuerzos para corregir a la mayor brevedad posible la situación de provisionalidad en la que se encuentra la mayoría de los jueces y fiscales, garantizando concursos de oposición de forma transparente y basados en el mérito para su admisión y progresión en la carrera, y definiendo normas precisas sobre su destitución, y considerar reaplicar el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”, dice el documento.
El Comité señala que el Estado debe tomar medidas de no interferencia del TSJ en materia de destitución de representantes públicos elegidos democráticamente y de negación de sus privilegios e inmunidades constitucionales.
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Libertad de expresión
La segunda recomendación, a la que el Comité le hará un seguimiento especializado, se encuentra en el párrafo 38 del documento y se refiere a la libertad de expresión en Venezuela.
Para los especialistas de la ONU, el Estado debe adoptar medidas inmediatas para que toda persona pueda ejercer libremente el derecho a la libertad de expresión. Además, para que toda restricción al ejercicio de este derecho cumpla las limitaciones establecidas en el artículo 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Comité insta al Gobierno a prevenir y combatir eficazmente los actos de acoso, intimidación y violencia contra periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, activistas indígenas y políticos para que sean libres de realizar su trabajo sin miedo a sufrir actos de violencia o represalias.
Recomendaron efectuar investigaciones rápidas, efectivas e imparciales de las denuncias de amenazas o actos de violencia contra periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, defensores de los derechos humanos y activistas políticos y llevar a los autores ante la justicia y proporcionar a las víctimas reparaciones efectivas, incluida una indemnización.
No encarcelar periodistas
La ONU exigió al Estado abstenerse de procesar y encarcelar a periodistas, ni siquiera amparándose en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios electrónicos de 2010 o en la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, de 8 de noviembre de 2017, trabajadores de los medios de comunicación, defensores de los derechos humanos y activistas políticas como medio de disuadirlos o desalentarlos para que no expresen libremente sus opiniones.
Por último, pidió fortalecer las medidas para garantizar el funcionamiento imparcial e independiente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), así como garantizar la trasparencia en el marco de la aprobación y renovación de licencias, particularmente, de los operadores de medios radioeléctricos.
El Comité evaluará si el Estado cumple o no con las recomendaciones
Elecciones e inhabilitaciones
La tercera medida que deberá implementar el Estado está enmarcada en el ámbito electoral.
El Comité señaló que el Estado debe tomar las medidas necesarias para que sus normativas y sus prácticas electorales se ajusten plenamente al Pacto. Exhortó al Estado a tener en cuenta las directrices para los Gobiernos sobre la puesta en práctica efectiva del derecho a participar en la vida pública.
Pidieron al Gobierno garantizar el disfrute pleno y efectivo del derecho a la participación política de todos los ciudadanos, incluidos los pueblos indígenas, revocando todas las disposiciones electorales que afecten su derecho a participar en asuntos públicos sin restricciones indebidas, y a los jóvenes, a quienes pide se les asegure su inscripción en el registro nacional electoral.
Abogaron por la celebración de elecciones nacionales, regionales y municipales justas, transparentes, inclusivas y pluralistas, donde se garantice el debido proceso y la transparencia en los procedimientos administrativos llevados a cabo por la Controlaría General de la República con respecto a las inhabilitaciones de candidatos a cargos públicos, en las que se garantice un recurso judicial efectivo contra tales inhabilitaciones.
El Comité pidió la protección de candidatos de la oposición contra medidas arbitrarias y sin garantías judiciales adecuadas de inhabilitación.
👉🏿Qué dijeron de la Defensoría del Pueblo
Sobre la Defensoría del Pueblo demandaron que cumpla con las funciones que establece para ella la Constitución venezolana de 1999 al cuestionar su transparencia y falta de independencia.
“El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para garantizar la plena transparencia e independencia de la Defensoría del Pueblo, asegurando que el procedimiento para la designación de los miembros sea transparente, inclusivo e independiente de los partidos políticos”.
Nombraron informes donde se cuestiona el papel que desempeña este organismo, una de las tres instituciones que conforman el Poder Moral en el país.
“En particular, le preocupan al Comité los informes que aluden a la incapacidad de la Defensoría del Pueblo de pronunciarse sobre los problemas de derechos humanos en el Estado parte de forma equilibrada, imparcial y objetiva, poniendo en duda la independencia de esa institución”.
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Prohibición de la tortura y tratos crueles
El Comité “notó con satisfacción” las medidas implementadas para prevenir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, incluida la formación y sensibilización de los funcionarios públicos.
Pero pese a esto los expertos siguesn preocupados por los informes que indican el persistente uso de la tortura y malos tratos en lugares de investigación y detención por parte de las autoridades estatales así como de actores no estatales controlados o apoyados por el Estado como forma de represalia o castigo utilizado para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno y, en algunos casos, para obtener confesiones fabricadas o declaraciones falsas.
Para los expertos es preocupante que las víctimas frecuentemente eligen no denunciar por temor a las represalias, y lamenta que la delegación del Estado parte no haya proporcionado información específica al respecto.
“El Estado parte debe adoptar, de manera inmediata, medidas para erradicar la tortura y los malos tratos”, se lee en el documento.
Para el Comité es importante que todos los casos de tortura y malos tratos se investiguen de forma rápida, independiente y exhaustiva y los autores sean llevados ante la justicia y sancionados adecuadamente.
Pidieron que las víctimas reciban una reparación integral y se proteja a los denunciantes frente a represalias, se investiguen todos los casos de represalias de forma rápida, independiente y exhaustiva, se procese a los presuntos autores y se los castigue en caso de ser declarados culpables.
“Las confesiones obtenidas mediante tortura o malos tratos, que suponen una violación del artículo 7 del Pacto, no sean aceptadas por los tribunales en ninguna circunstancia y por qué la carga de la prueba en cuanto a la voluntariedad de la confesión recaiga en la acusación”, detalla el escrito.
🤰🏼Interrupción del aborto, mortalidad materna y falta de estadísticas
También mencionaron que les preocupa la eliminación de la discriminación contra la mujer y la criminalización del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, incesto o grave malformación del feto y el acceso limitado de las mujeres a servicios seguros de aborto y de atención posterior del aborto en Venezuela.
El nte internacional está alerta ante el alto índice de mortalidad materna y la falta de estadísticas sobre el número de abortos clandestinos y embarazo de adolescentes.
“El Comité nota con preocupación los informes indicando que persisten las esterilizaciones practicadas bajo coacción en el marco del Plan Quirúrgico Nacional (arts. 6, 7 y 8). 22. A la luz del párrafo 8 de la observación general núm. 36 (2018) del Comité, relativa al derecho a la vida, el Estado parte debe: revisar su legislación con miras a garantizar un acceso seguro, legal y efectivo al aborto cuando la vida o la salud de la mujer o la niña embarazada estén en peligro y cuando llevar a término el embarazo pueda causarle dolor o sufrimiento graves, y en particular cuando el embarazo resulte de una violación o un incesto o no sea viable”, se lee en el documento.
Exigieron poner fin inmediatamente a la práctica, e investigar las denuncias de las esterilizaciones bajo coacción y exigir el consentimiento libre, previo e informado de la mujer para cualquier intervención médica que afecte su salud y sus derechos sexuales y reproductivos. Llamaron al Estado a Incrementar sus esfuerzos para prevenir los embarazos no deseados, especialmente entre las adolescentes, y reducir la mortalidad materna.
🥷🏼 Lucha contra la corrupción
Aunque admiten que recibieron informes de la lucha contra la corrupción en el país, señalaron que hay falta de transparencia, la rendición de cuentas y permitir el acceso a la información pública sobre la utilización del presupuesto general del Estado.
El Comité mostró preocupación por la criminalización con cargos espurios como “asociación para delinquir” y “revelación de información confidencial” de defensores de derechos humanos y de funcionarios públicos quienes hayan denunciado casos de corrupción en los que estaban implicadas autoridades estatales.
Exigieron que velen por que todas las denuncias de corrupción, incluidas las relacionadas con los procesos de adquisiciones y contratación públicas, se investiguen sin demora y de forma exhaustiva, independiente e imparcial, los responsables sean debidamente enjuiciados y castigados, y las víctimas reciban una reparación integral.
Pidieron revisar y completar el marco jurídico para garantizar una protección adecuada a quienes denuncian irregularidades, a los testigos y a las víctimas de la corrupción, asegurando que no estén criminalizados.
👉🏼Otras recomendaciones
Aunque reconocen que el Estado acogió el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instan al gobierno que adopte las leyes necesarias para garantizar los derechos que contempla este instrumento, así como su protocolo facultativo.
“El Estado parte debe adoptar todas las medidas institucionales y legislativas necesarias para que los derechos protegidos por el Pacto se reconozcan íntegramente en el ordenamiento jurídico interno. Asimismo, el Estado parte debe procurar mejorar el conocimiento del Pacto y su aplicabilidad en el plano nacional entre los jueces, fiscales y abogados, de modo que sus disposiciones sean tenidas en cuenta y aplicadas por los tribunales”, dijeron.
También pide que cumplan las recomendaciones del Comité de DDHH de la ONU.
Dicen que “debe considerar la conveniencia de adoptar una ley que reconozca a los autores de comunicaciones a cuyo favor este Comité haya acordado alguna medida de reparación el derecho a exigir su ejecución ante los órganos jurisdiccionales internos. Asimismo, el Estado parte debe aumentar sus esfuerzos para garantizar la pronta aprobación del segundo plan nacional de derechos humanos”.
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