Estimado Compatriotas, tengan todos uds muy Buenos, elevó al conocimiento público este asunto dado que mis gestiones como profesional del derecho con varias décadas de experiencia y mi compromiso durante más 50 años con la defensa de los derechos humanos no parecen ser suficiente para demandar como en efecto he demandado de altos funcionarios aquí nombrados sin haber logrado los resultados esperados en justicia. El caso es que a Abril de este año fueron virtualmente secuestrados, incomunicados y víctimas de malos tratos y torturas los ciudadanos Gleen Eduardo Cuicas Bonsignore y Víctor Miguel Martin Yanez residenciados en Maracay, Estado Aragua por parte de funcionarios adscritos a la División de Búsqueda y Captura del Cicpc de Parque Carabobo. A la presente fecha llevan más 8 meses privados de sus libertades por obra y gracia del abuso y tráfico de influencias de un empresario ( Raúl Gorrin) que para apoderarse de las acciones de un conocido Casino ubicado en el CCCT consiguió que el mismísimo Fiscal Gral y jueces venales urdieran una burda maniobra penal para enjuiciar por un delito de acción privada ( Difamación e Injuria) a dos personas inocentes con lo cual se consumo una práctica aberrante de usar al sistema judicial y al Ministerio Público para inhabilitar a unos socios de un negocio privado ( Casino) que tuvieron el coraje de exigir rendición de cuentas y entrega de dividendos de las ganancias mensuales que por más un año ha administrado ese empresario dueño de Globovisión; quien por cierto no parece poseer acreditación en el acta constitutiva y estatutos de ese Casino ni siquiera de una sola acción. Para apoderarse del Casino y desprenderse arbitrariamente de los socios, Gorrin logró que el Cicpc junto a los Fiscales 94 ( cumpliendo supuestamente órdenes superiores) practicarán la detención sin previa orden de aprehensión de un juez, entre el domingo 23/4/23 y el lunes 24/4/23 de Victor Miguel Martin y Gleen Eduardo Cuicas, mantenerlos secuestrados en la División de Búsqueda y Captura del Cicpc ( Parque Carabobo) dónde uno de los detenidos recibió malos tratos y tortura, y allí secuestrados e incomunicados con la anuencia y complicidad de los Fiscales 94° y del juez 13° de Control de Caracas Franklin Mejias Caldera a quienes recuse por avalar tamañas violaciónes a los ddhh fueron presentados al mismo juez que acordó extemporáneamente las órdenes de aprehensión y de intervención de sus comunicaciones privadas de sus teléfonos celulares en flagrante e inaceptable violación de los artículos 44 y 49 de la CRBV para privarlos de sus libertades por tres delitos inexistentes en el corrompido proceso judicial ( Delito de promoción y excitación al odio, denuncia o acusación falsa y asociacion para delinquir). Esa treta judicial fue desmontada punto por punto en nuestros escritos y defensas ante los jueces a quien ha correspondido conocer y a pesar de que invocamos la NULIDAD ABSOLUTA de todo lo actuado y varias excepciones que demostraban lo irritó, ilegal e inconstitucional de ese proceso lo que implicaba la libertad plena de esos dos ciudadanos no logramos imparcialidad, idoneidad, probidad y respeto al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al derecho a la defensa de parte de los operadores de justicia ( jueces de control y algunas Salas de la Corte de Apelaciones de Caracas). Recuse a los Fiscales y al juez a quien también nos vimos obligados en denunciar ante la Inspectoría General de Tribunales y de nada ha servido porque fueron pasados a juicios por delitos no cometidos pero lo que es más grave aún, por el tráfico de influencias que ese empresario de un canal de Tv logro para perseguir a unos ciudadanos que un pasquín publicado en Instagram lo mencionan como estafador y apoderarse del Casino del CCCT dejando por fuera a los socios verdaderos. Insólito que una controversia privada entre comerciantes de un Casino se dirima y judicialice penalmente para acallar el reclamo de unos derechos a percibir unos dividendos y ganancias no canceladas. Dónde queda el postulado del artículo 2 de nuestra Constitución y las flagrantes violaciones de los derechos y garantias Constitucionales de un par de ciudadanos cuyo único delito ( pecado) fue reclamarle a un desacreditado comerciante de un medio de comunicación sus derechos a recibir garancias de un negocio licito de enviar y azar aunque moralmente cuestionable si lo analizamos como fuente de ingresos económicos? Porque fue puesto todo el aparato que el Estado posee para garantizar un «Estado democrático y social de derecho y de justicia» dónde debe existir la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político» y en concreto se disponga de la administración de justicia representada por el poder judicial y el Ministerio Público y además se haya hecho uso de un cuerpo de policía judicial auxiliar de la justicia para detener sin previa orden de aprehensión, y mantener secuestrados e incomunicados por más de tres días consecutivos a dos jóvenes comerciantes porque supuestamente estaban involucrados en una información difamatorias o injuriosa ( delito de acción privada) por las redes de Instagram que solo la leyeron 57 personas, escrito difamatorio que afecto a un mortal en su vida privada y que no ostenta cargo público, ni lidera ningún partido o movimento político para suponer que pueda aplicarse el delito de promoción y excitación al odio entre habitantes de la República? Porque las máximas autoridades que representan al poder judicial y al Ministerio Público permitieron que un simple ciudadano convirtiera su problema personal y comercial entre socios de un Casino en un problema de Estado y se les haya impedido a esos ciudadanos privados de sus libertades ejercer sus derechos a la defensa y demostrar como quedó plenamente en esta fase previa de juicio penal sus respectivas INOCENCIAS? Como puede explicarse y tolerarse que los Magistrados que integran la Sala 3 de la Corte de Apelaciones de Caracas no se hayan querido pronunciar ni en favor ni en contra de las Apelaciones interpuestas en abril de este año en flagrante DENEGACIÓN de justicia lo que constituye un delito contra la administración de justicia conforme lo dispone la Ley Contra la Corrupción? En qué País estamos viviendo mi estimados compatriotas que los organismos llamados a investigar y corregir estás graves anomalías que demuestran un abierto TRÁFICO DE INFLUENCIAS de un particular de instancia juridiccionales para favorecer y proteger sus intereses privados y no se percaten que tan odioso proceder mantiene privado sin causa ni razón legal alguna a dos socios de un conocido y próspero Casino en el CCCT? Cómo activista de los ddhh soy conocido y mis actuaciones en defensa de esos derechos se remontan en tiempos de los años 70, 80 y 90 pero aún después con el advenimiento del Gobierno de Hugo Chávez Frías y de quién hoy día le sucede he tenido la necesidad de denunciar graves violaciones a los ddhh que aún persisten en las viejas prácticas policiales que lamentablemente cuentan excepcionalmente con la complicidad y anuencia de Fiscales y Jueces de la República. De igual forma me he opuesto a las calumniosas campañas de ongs de ddhh y factores políticos de la oposición que nos quiten situar como el País promotor de las más graves violaciones a los ddhh que existe en el Planeta y tratar de conseguir incluso que el presidente Nicolás Maduro pueda ser enjuiciado por Delitos de Lesa Humanidad ante la Corte Penal Internacional como me he opuesto públicamente a las parcializadas posturas de altos funcionarios para los ddhh y Refugiados de la ONU cuando nos acusan y condenan sin pruebas suficientes. Pero lo que no puedo permitir es que hayan en nuestro sistema de justicia, funcionarios con una conducta tan falaz e inaceptable como la protagonizada por los Fiscales 94° del MP y un juez como el 13° de Control de Caracas para secuestrar, incomunicar, maltratar, privar de libertad y terminar enjuiciando a dos ciudadanos por un supuesto y negado delito de Difamación e injuria; pese a ser un delito de acción privada y con una pena ínfima en caso de demostrar la culpabilidad. Es posible estimados compatriotas que uds se desentiendan de hechos como el que aquí estoy denunciando? No es el único y estoy seguro que existen muchos mas casos arbitrarios que mantienen a muchos inocentes tras rejas sin cumplir con el debido proceso y una tutela judicial efectiva. Les ruego que desde los distintos cargos que ostentan y la autoridad de la que están investidos investiguen estos hechos denunciados y tomen urgentes medidas y hagan cesar las medidas de privación ilegítima de la libertad de ambas persona, particularmente la de Victor Miguel Martin quien a pesar de sufrir de una delicada lesión ano rectal ( Fístula purulenta) debidamente certificada por una médico forense de Senamecf, permanece presi en el Cicpc del Rosal y no fue posible que el arbitrario juez acordase una medida sustituya de libertad. Seguro de contar con su oportuna y eficaz respuesta, atentamente
Abog. Ignacio Ramírez Romero
Presidente de la Federación Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Venezuela (Fenaddeh)
Msc Relaciones Internacionales.
Doctor en Seguridad de la Nación
correo nachorr18@hotmail.com