Pasqualina Curcio Curcio*
Desde que se nacionalizó la industria petrolera venezolana en 1976, el gran negocio de la burguesía, tanto nacional como transnacional, ha sido hacerse de las divisas que ingresan por exportación de petróleo y sus derivados.
Según datos del Banco Central de Venezuela (BCV), desde 1970 y hasta el año 2018 (últimos datos disponibles) han ingresado a Venezuela US$ 1.268.657 millones, de los cuales, US$ 624.286 millones han sido asignados al sector privado. Esta suma representa el 49,2% del total de los ingresos por concepto de exportación de petróleo durante dicho período, lo que equivale, en promedio. Desagregados de la siguiente manera: US$ 125.103 millones, por concepto de repatriación de capitales; US$ 150.458 millones depositados en cuentas en el exterior (de acuerdo con los datos publicados por el BCV en la balanza de pagos) y US$ 348.724 millones de sobrefacturación en las importaciones (estimaciones propias)i.
La burguesía en Venezuela nunca ha exportado, ni la nacional ni la transnacional. En promedio, desde 1970, el 90% de las exportaciones corresponden al sector petrolero cuya actividad está en manos del Estado, el 10% de exportación no petrolera ha estado conformado por la venta de productos minerales (26%), de las industrias químicas (45%), plásticos y cauchos (3%), y metales (10%); todos producidos por el sector público. La exportación del sector privado no ha superado, en promedio, el 6% del total. Desde 1976 hasta 2018 ingresaron US$ 1.268.657 millones por exportación de petróleo y solo ingresaron US$ 85.551 millones por exportaciones del sector privado. A diferencia de otros países, en lugar de exportar para generar sus propias divisas, o en el caso de las transnacionales traerlas a través de la inversión, se han llevado las que genera el Estado por la venta internacional de petróleo. Divisas que, de paso, han captado muy baratas, especialmente en los períodos que regía un tipo de cambio fijo en los que la moneda estaba sobrevalorada, especialmente la década de los 80 y 90.
Al respecto, es oportuno desmontar la narrativa de que Venezuela es un país monoproductor, que solo produce petroleo y que por lo tanto, los venezolanos no trabajamos porque vivimos de la renta petrolera. En primer lugar, Venezuela no es un país monoproductor: en promedio entre 1970 y 2017, la producción petrolera solo representó el 15%. Quienes han vivido de los ingresos petroleros han sido los dueños de los grandes capitales mientras que la clase trabajadora ha vivido de su fuerza de trabajo. De hecho, el PIB en Venezuela ha aumentado en términos constantes 160% entre 1970 y 2017 (no incluimos los últimos años por la situación particular de la guerra económica). La economía venezolana creció, en promedio, 5,84% todos los años desde 1920 hasta 2013. Tal incremento del PIB es el valor agregado a la economía, y quiénes sino los trabajadores son los que agregan valor con su fuerza de trabajo. Ha sido la burguesía la que se ha apropiado de los ingresos petroleros, los cuales han ido a parar a paraísos fiscales y no han sido invertidas en la economía nacional, por el contrario, desde 1970 la inversión privada con respecto al PIB disminuyó 63%. La formación bruta de capital fijo del sector privado pasó de 24%, con respecto al PIB en 1977, al 10% en 1998 y al 6% en 2014.
En 2003, dada la característica estructural de la fuga de divisas, el presidente Chávez estableció un control de la administración y uso de los ingresos petroleros. A partir de ese momento se controlaría la asignación de divisas al sector privado en función de lo que se requería importar, ya sea para la producción o el consumo nacional, política que fue efectiva a pesar de que la burguesía comenzó a evadir los controles y a apropiarse de las divisas por la vía de las sobrefacturaciones. No obstante, si comparamos el período 1970-1998 con el 1999-2014 observamos que antes del control, el sector privado se apropió del 113% de los ingresos petroleros, es decir, mas de lo que ingresa debido que se apropiaba incluso de los ingresos provenientes del endeudamiento externo. Después de 1998 dicho porcentaje se redujo al 42%.
Apropiarse de las divisas que genera el Estado constituye uno de los mejores negocios de la burguesía en Venezuela. En primer lugar, es una nueva modalidad de extractivismo: antes de la nacionalización de la industria petrolera, era la empresa privada la que exploraba, explotaba, producía, distribuía y vendía el petróleo, es decir, lo extraía directamente y se beneficiaba de su venta. Después de 1976, todo ese trabajo lo hace el Estado y luego de que genera los ingresos por petróleo se los entrega baratos a los capitales.
En segundo lugar, la fuga permanente de divisas ha implicado que las reservas internacionales siempre tiendan a cero, de hecho, históricamente, la cuenta corriente de la balanza de pagos en Venezuela ha sido superavitaria, es decir, las exportaciones han sido mayores que las importaciones, mientras que la cuenta financiera ha sido deficitaria, siendo el flujo de las reservas internacionales negativo. Los bajos niveles de las reservas internacionales han generado una dependencia económica y por tanto un endeudamiento externo a pesar de los US$ 1,2 billones de dólares que han ingresado desde los 70. Lo insólito en este negocio redondo para la burguesía es que nos endeudamos con los mismos grandes capitales corporativos y financieros que se han llevado nuestras dividas, a quienes de paso, hay que pagar servicios por la deuda. Insistimos que no solo es un negocio redondo en lo económico para esos capitales, sino que genera una dependencia que además de económica es política.
Hoy, a pesar de la guerra económica por parte del imperialismo contra el pueblo venezolano que ha incluido un bloqueo financiero, pero también la afectación directa a Petróleos de Venezuela y por lo tanto la reducción de las exportaciones petroleras que pasaron de US$ 29.810 millones en 2018 a US$ 15.379millones en 2022 (OPEC, https://asb.opec.org/ASB_
En 2018, no solo fue levantado el control de la administración de las divisas implementado por Chávez en 2003, sino que, el BCV, en el marco de un dogma monetarista y liberal, comenzó a intervenir en el mercado cambiario ofreciendo las pocas divisas que han ingresado en el contexto de un bloqueo, monto que ascendió a US$ 3.300 millones en 2022 y US$ 4.129 millones lo que va del 2023 (https://www.bancaynegocios.
El BCV busca justificar tal intervención cambiaria afirmando que en la medida en que aumenta la oferta de divisas podrá controlar la depreciación del bolívar, lo cual no es cierto, ya que, dicha depreciación ha estado siendo inducida desde por lo menos el 2010 por la vía de la manipulación mediática y política del tipo de cambio del bolívar con respecto al dólar como parte de la guerra económica. Por lo tanto, no es la oferta y la demanda de divisas lo que está fijando el valor del bolívar con respecto al dólar., motivo por el cual, el BCV no solo no logra contener la depreciación, sino que facilita la fuga de las escasas divisas que están ingresando por exportación de petróleo.
Adicionalmente, el BCV aumenta la liquidez monetaria en bolívares cada vez que ofrece divisas en el mercado cambiario, lo hace por la vía del crédito a la banca privada y a tasas de interés relativamente muy bajas. En otras palabras, el ente monetario crea los bolívares y se los entrega a los capitales financieros para que puedan comprar las divisas que se están ofreciendo en el. Mercado cambiario.
Este último aspecto es muy importante de cara a nuestra hipótesis con respecto a la eventual dolarización formal y legal de la economía venezolana, y es que, para poder adquirir las divisas que ofrece el Estado a través del BCV, la burguesía necesita bolívares. La dolarización formal (a todas luces inconstitucional dado que la Carta Magna establece que la moneda de circulación nacional es el bolívar) implicará la desaparición del bolívar y con esta la desaparición del gran negocio que ha representado para la burguesía la compra barata de las divisas que genera la exportación de petróleo.
De hecho, el año 2018, en el marco de la campaña para las elecciones presidenciales, el candidato de oposición al gobierno, Henry Falcón, propuso la dolarización de la economía, siendo la Federación de Empresarios (Fedecamaras) la primera en oponerse, no precisamente por razones de soberanía e independencia económica, sino porque anula su principal y más rentable negocio.
La eventual dolarización formal de la economía venezolana, uno de los principales objetivos imperiales en el contexto de la guerra económica, requiere de la aprobación de la burguesía nacional y transnacional, a menos que, a cambio, se les permita regresar al viejo modo extractivista mediante la privatización (a todas luces inconstitucional) de, no solo la industria petrolera, sino también la de minerales, incluyendo el tan preciado y buscado oro.
(*) Economista venezolana, profesora titular e investigadora Universidad Simón Bolivar (USBVe), Directora del Instituto de Altos Estudios de America Latina (IAEAL) de la USBVe, escritora, Dra en Ciencias Políticas, miembro de la REDH.